En Naciones Unidas, se ha reconocido hace algunos años que las empresas tienen responsabilidad en prevenir, mitigar y remediar sus impactos en derechos humanos, mientras los Estados tienen la obligación de proteger estos derechos ante el riesgo de su violación por los actores económicos. Así, los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados en 2011, detallan esta materia, definiendo tres pilares para la materia: el pilar I (estatal) de proteger, el pilar II (empresarial) de respetar y observar la debida diligencia de derechos humanos, y el pilar III (compartido) de acceso a la justicia y remediación.[1]

El primer y tercer pilar incorporan, con especificaciones para los reguladores de la economía y justicia en cada Estado, así como para las empresas estatales, las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído mediante la ratificación de tratados internacionales y regionales de derechos humanos.

En virtud de la recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (GT), Chile se ha propuesto elaborar un Plan de Acción Nacional (PAN), y lanzó la fase preparatoria del Plan en marzo de 2015. En julio de 2016, se abrirá la fase de diálogos participativos sobre las prioridades y medidas asociadas a este Plan, que será elaborado por un Comité Interministerial.

En el entretanto, y como insumo al proceso de elaboración del Plan, el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR, por sus siglas en inglés) encargó al Centro de Derechos Humanos de la UDP elaborar una Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, siguiendo una maqueta que ya se había aplicado en otros países y que el Centro editó ligeramente para agregar algunas preguntas especialmente relevantes para países latinoamericanos.
El estudio identifica el estatus quo en la protección de los derechos humanos en relación a actividades empresariales en Chile, incluyendo las del propio Estado, abarcando la regulación de los sectores privados, empresas estatales, y servicios públicos privatizados. Describe, en este sentido, la regulación existente que se puede considerar proclive a esta protección; y las brechas de protección en la normativa y en la práctica, siempre en contraste con los estándares de derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha reconocido.

Las brechas que así se identifican, han sido encontrados vía la siguiente metodología, usual en el derecho internacional de los derechos humanos: posterior al levantamiento de datos en los distintos ámbitos, se evaluó, a la luz de todos los tratados de derechos humanos aplicables a Chile, y la correspondiente interpretación autoritativa de parte de los órganos de supervisión (Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, Comités de Tratados de las Naciones Unidas, y los órganos de supervisión de la Organización Internacional del Trabajo), la conformidad de estos hechos regulatorios, de políticas, buenas prácticas o iniciativas, con las obligaciones internacionales que Chile tiene y a las que se refieren los Principios Rectores en sus pilares I y III.
En seguida, puede encontrar los documentos principales del Estudio. El Centro de Derechos Humanos y el Instituto Danés de Derechos Humanos han querido ponerlos todos a disposición de todos los actores interesados, para que se pueda generar un diálogo sobre cuáles deben ser las prioridades en materia de empresas y derechos humanos en nuestro país.

Documentos del proyecto

Informe de conclusiones y recomendaciones (castellano)

Report of conclusions and recommendations (English)

Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile

Matriz de estándares internacionales en materia laboral para Chile (OIT)

Matriz de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos para Chile (ONU y SIA)

Comentarios, observaciones y retroalimentación

Para contribuir a un diálogo sobre empresas y derechos humanos a nivel país, a partir del Estudio Línea Base sobre Derechos Humanos que publicamos, hemos creado un mecanismo de retroalimentación para los órganos públicos que están aludidos en el Estudio. Podrán enviarnos sus observaciones llenando el formulario que se proporciona, durante el año 2016. Publicaremos las respuestas en la medida que no exceden la extensión indicada, y si lo consideramos pertinente para el proceso de diálogo, evaluaremos la información entregada a la luz de los estándares internacionales que se aplicaron en el Estudio.

FORMULARIO PARA OBSERVACIONES

COMENTARIOS Y RETROALIMENTACIÓN RECIBIDA

DIRECON, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

SERCOTEC

Después de la publicación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (2011) y un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Cuestión de las Empresas Transnacionales y otras entidades empresariales (2015), queda manifiesto que estos documentos no han podido resolver con la suficiente precisión jurídica, la pregunta sobre la responsabilidad de las empresas de propiedad del Estado en materia de derechos humanos. En este contexto, la investigadora Judith Schönsteiner se adjudicó, en 2015, el Fondecyt Nº 11150853 sobre Responsabilidad internacional directa e indirecta por acciones y omisiones de empresas estatales en materia de derechos humanos.

Resultados principales de la investigación

La investigación permitió determinar con mayor precisión los criterios de atribuibilidad de acciones u omisiones de empresas de propiedad del Estado a este último, según el derecho internacional. Estudiando la jurisprudencia de tribunales regionales de derechos humanos, tribunales arbitrales y documentos de la OCDE, además de la doctrina, identificó el control sobre la empresa, y si la empresa cumple una función pública, como criterios principales. Además, la investigación se dedicó a identificar con mayor detalle el alcance y contenido de las obligaciones que tienen las empresas de propiedad del Estado en materia de derechos humanos – y cuáles definitivamente corresponden al Estado regulador.

En relación a las empresas de propiedad del Estado en Chile, la investigación buscó estudiar las distintas empresas – principalmente, Codelco, ENAP, y las empresas reunidas en SEPChile – para determinar en qué medida su estructura corporativa, de control gubernamental y su función pública, sugieren una tesis de atribuibilidad en el régimen de la responsabilidad internacional del Estado. Encontramos que todas las empresas de propiedad del Estado, deberían operar asumiendo la atribuibilidad en caso que hubiera una demanda internacional. Además, el proyecto busca evaluar, para algunas empresas, el cumplimiento con sus obligaciones internacionales, proponiendo una metodología sistémica para el análisis que permite tomar en cuenta además de las obligaciones de la empresa de propiedad estatal, las obligaciones de los órganos reguladores y fiscalizadores, así como las responsabilidades de las empresas del sector privado según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Publicaciones principales del Proyecto

Publicaciones principales del Proyecto

Schönsteiner, J. / Krajewski, M., Introduction, Preliminary Conclusions and avenues for further research, en: Schönsteiner, J. / Krajewski, M. (eds), Human Rights and Environmental Sustainability in State-Owned Enterprises, Routledge 2024, pp. 1-10; 192-200.

Este libro fue comentado por Christophe Maubernard en el Business and Human Rights Journal.

Material de difusión

Cartillas 6-10 sobre derechos humanos y debida diligencia para directores y directoras de empresas de propiedad del Estado, AlianzaAnticorrupción UNCAC Chile, 2018.

Presentación sobre derechos humanos y empresas de propiedad del Estado, Contraloría General de la República, 23 de octubre de 2018.

Video resumen con los principales resultados de la investigación.

Equipo de Investigación

• Judith Schönsteiner (investigadora responsable)
• Jorge Brower Gougain (tesista, pregrado)
• Macarena Contreras Soto (ayudante, co-autora)
• Vicente Martínez Valenzuela (tesista magister de continuidad, co-autor)
• Carlos Miranda Arrau (ayudante, co-autor)
• Francisco Sánchez Lay (tesista de magister)
• Marco Silva Soto (ayudante)

Este proyecto, financiado por un proyecto Fondecyt regular (Nº 1201380) estudió normas y estándares de derechos humanos y ambientales internacionales aplicables para Estados y distintos actores de la cadena global de valor (CGV) acuícola, con el ejemplo del caso del salmón chileno, ante la identificada y alegada desprotección de trabajadores, comunidades y medioambiente en el Sur de Chile.

El proyecto se enfocó en cómo los Estados y los privados, en particular, los inversionistas y financistas, abordan o no estándares de derechos humanos y ambientales. Todo esto para identificar cómo los Estados pueden o deben regular o incentivar el respeto de las empresas por los derechos humanos y por los estándares ambientales, tal como es exigido por los tratados de los derechos humanos suscritos por Chile y detallado en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (2011), las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2011), y otros instrumentos similares.

Así, este proyecto examinó, tomando de ejemplo la industria del salmón en Chile, los potenciales pressure points en las cadenas de suministro para mejorar el respeto a los derechos humanos, laborales y ambientales en la industria. Los actores que fueron considerados son los consumidores finales, los inversionistas transnacionales y los financistas nacionales y extranjeros de la industria del salmón. Primero, sin embargo, se realizó un estudio de la regulación nacional de la industria y las brechas que ésta revela con el derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha ratificado. Se relevó que, en particular, las brechas en la regulación ambiental y en la fiscalización laboral son muy grandes, resultando en violaciones a los derechos humanos, laborales y ambientales por la industria, incluso con violaciones al derecho a la vida. Desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos es particularmente grave que no había, en el momento de la investigación, datos actualizados sobre la fiscalización laboral desde hace casi 20 años. En materia ambiental, la deficiencia regulatoria está llevándose a tribunales, por parte de la Superintendencia del Medioambiente u organizaciones de la sociedad civil.

Las y los consumidores finales son otro grupo de actores que podría ejercer presión para la mejora del respeto a los derechos humanos, a través de la exigencia de sellos o certificación ambiental o laboral (comercio justo) del producto. Mientras que en países como Estados Unidos existe demanda al respecto, y en Brasil inclusive regulación sobre la materia, el efecto real que se puede esperar de esta demanda es reducido porque la demanda ha sido descrita por la literatura como una limitada (alrededor del 10%) y en otros países – en particular, asiáticos – esta demanda apenas existe. Donde hay mayor demanda es en Europa; sin embargo, solo una ínfima parte de la producción chilena es destinada a este mercado. Parecería que solo se podrían obtener un efecto a través de iniciativas de litigio estratégico en Estados Unidos, Brasil o puntualmente, en Europa. La jurisprudencia sobre estos litigios en relación con otros sectores – por ejemplo, el textil o el de cacao – indica que estas demandas no serían exitosas por lo menos en Estados Unidos.

Considerando la debilidad de los incentivos regulatorios nacionales, los incentivos generados por el litigio estratégico por parte de consumidores, y solo potenciales los litigios en materia civil que podrían llegar a proporcionar una indemnización a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el proyecto enfocó sus esfuerzos en el estudio de los pressure points generados por los financistas del sector. A partir de un mapa de actores – incluyendo inversionistas extranjeros a través de private equity, fondos, bonos y préstamos de bancos nacionales y extranjeros (syndicate loans) – se estudiaron las políticas de inversión, las políticas de finanzas sustentables, y la evaluación de riesgos e impactos ambientales, sociales, y de derechos humanos que estos actores hicieron públicos en sus páginas web o a través de los reguladores nacionales respectivos. Los contratos o la descripción del contrato en publicaciones existentes dejan entrever que la efectividad de las cláusulas sobre Key Performance Indicators vinculadas a derechos humanos es limitada.

Tomando en cuenta la escasez de datos y la negativa a nuestras solicitudes de entrevistas por parte de 95% de las instituciones financieras contactadas – lo que en sí constituye un cuestionamiento considerable a la transparencia que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas y las Guías de Debida Diligencia de la OCDE requieren de las empresas – nuestra investigación se enfocó en seguida en los instrumentos de finanzas sustentables elaborados por una quincena de organismos internacionales – públicos y privados – para evaluar su conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Los mecanismos que al parecer más se utilizan en la industria (rating agencies, fondos de pensiones, instituciones financieras o de gestión de inversiones) no cumplen estos estándares.

Los resultados de investigación se consideran útiles para profundizar el debate sobre el green- y whitewashing en la industria financiera, así como la efectividad del las finanzas azules para la protección de los derechos humanos, laborales y ambientales en Chile. Los resultados sobre las brechas en la regulación chilena y tuvieron eco tanto en los gremios de la industria como entre los reguladores respectivos.

Publicaciones del proyecto

Schönsteiner, J. 2023, Kinnari I. Bhatt, Concessionaries, Financiers and Communities. Implementing Indigenous Peoples’ Rights to Land in Transnational Development Projects (Cambridge: Cambridge University Press 2020). Business and Human Rights Journal, 1-3. doi:10.1017/bhj.2023.36.

Contreras, M. / Sánchez, F. / Schönsteiner, J., Banco Estado, en: Schönsteiner, J. / Krajewski, M. (eds), Human Rights and Environmental Sustainability in State-Owned Enterprises, Routledge 2024, pp. 62-83.

Fernández, F. / Schönsteiner, J., Comentarios al Artículo 28 letra F, en: Barrientos, F. et al. (eds), La Protección de los derechos de los consumidores. Comentarios a la Ley sobre protección de los derechos de los consumidores, Segunda Edición ampliada y actualizada hasta la Ley N° 21.398 de 2021, Legal Publishing Chile 2024, pp. 851-871.

Bahamondes, Claudia, Sascha’s Jury y Judith Schönsteiner, Vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de Empresas: Vías de Accountability y Recursos para las Víctimas en el Derecho Privado Chileno, Revista Chilena de Derecho, en imprenta.

Equipo de investigación

• Judith Schönsteiner (investigadora responsable)
• Dominique Hervé (co-investigadora)
• Carlos Miranda (co-autor)
• Diana Venegas Araya (ayudante)
• Paula Godoy Muñoz (ayudante)
• Maximiliano Guiñez Escobar (tesista de pregrado y ayudante)
• Emma Fischer Gilson (tesista de pregrado)
• Daniela Inostroza Barrios (tesista de pregrado)
• Guilherme Lima (tesista de magister)
• Krasna Pereira Pereira (tesista de magister)
• Macarena Contreras
• Tomás Novoa

Difusión en medios de comunicación

El caso Nova Austral y sus financistas; pasado y futuro de la sustentabilidad

Instituciones financieras de desarrollo, sustentabilidad y derechos humanos

Fondos de inversión y su responsabilidad en derechos humanos y ambientales

Regulación de la salmonicultura en Chile: una deuda del Estado

Audiencia. Comisión de Medioambiente, Honorable Senado de la República. Normativa y brechas

Informes técnicos relacionados

Normativa aplicable a la industria del salmón en Chile: Brechas con los estándares internacionales en materia ambiental, laboral y de derechos humanos (2021)

Inclusión y movilidad urbana con un enfoque de derechos humanos e igualdad de género Marco de análisis e identificación de instrumentos de política para el desarrollo de sistemas sostenibles de movilidad (2022)