La garantía desigual de los derechos sociales y ambientales en Chile – con algunos grupos de la población gozando de una excelente salud, pensión, vivienda, educación, y otros estando lejos de los mínimos definidos por el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Chile ha ratificado, es una de las principales brechas en el cumplimiento con las obligaciones internacionales que el país ha contraído. La discriminación estructural que caracteriza el acceso a los derechos sociales ha sido reclamada por décadas y especialmente, durante el estallido social de 2019, a pesar de los avances, hasta 2020, en la reducción de la pobreza y pobreza extrema.

La pandemia de Covid-19 pone en peligro no solo estos avances sino muestra, con mayor crudeza, la discriminación estructural, en la afectación de derechos laborales, a la alimentación, vivienda, educación de calidad, pensiones dignas y salud.

El Centro de Derechos Humanos ha ido instalando, desde sus inicios, la temática de los derechos sociales como materia de derechos humanos. El trabajo en materia de empresas y derechos humanos es, en gran medida, un trabajo sobre derechos sociales, a causa de la priorización de la privatización de todos los servicios que debieran garantizar estos derechos. En este contexto, destaca el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos.

En materia del derecho a la educación, el Centro de Derechos Humanos colabora con la Facultad de Educación de la UDP; en sus estudios sobre derechos laborales, con Karla Varas y César Toledo, especialistas en derecho laboral.

Desde 2010, además, el Centro de Derechos Humanos ha contribuido al monitoreo de los derechos ambientales, en colaboración con el Programa de Derecho y Política Ambiental de la UDP.