En Chile, la unidad político administrativa de menor tamaño es la comuna, territorio que es administrado de manera local por la municipalidad. El propósito de dicha entidad es “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”2, tal como indica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº18.695.
Actualmente existen 346 comunas en el país que, en cuanto a su extensión territorial y número de habitantes, presentan importantes diferencias. Por ejemplo, la comuna más pequeña tiene apenas 6,5 km2 de superficie, en tanto, la más grande alcanza a 1.250.000 km2. Por su parte, en la comuna con mayor población habitan 568.106 personas y en la menor tan solo 1383. Estas distinciones aumentan ampliamente si se incorporan en la descripción variables culturales y socioeconómicas, dando cuenta de un país altamente heterogéneo entre regiones y al interior de las mismas.
La diversidad presente en el territorio nacional conlleva desafíos para el Estado en el sentido de adoptar un soporte político y económico capaz de contener las diferencias territoriales y a su vez recoger lo dicho en el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”4. Desde una perspectiva local, esta tarea corresponde a la municipalidad, lugar donde se establece el primer contacto de la ciudadanía con el Estado.
Las municipalidades cumplen privativa o compartidamente funciones en los ámbitos de educación, salud, empleo, vivienda, cultura, entre otras, situándose como la ventanilla de entrada en la provisión de las garantías estatales, en otras palabras, el disfrute cotidiano de los derechos sociales tiene una expresión concreta en la gestión municipal.
Ahora bien, al igual que las comunas, sus entidades administrativas presentan diferencias en términos de gestión, ámbito que eventualmente puede afectar el goce de los derechos sociales por parte de sus habitantes, como también generar distinciones con los residentes de otros territorios. De ahí que el administrador local, según el enfoque y medidas que proyecte en el territorio comunal, tiene el potencial de convertirse en un determinante positivo o negativo para el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. A lo anterior se agrega que las funciones municipales se encuentran mediadas por disposiciones y recursos que establece el gobierno central para su logro.

En suma, tenemos un órgano de administración local que se encarga de proveer prestaciones básicas a la población, estableciendo una relación de día a día con los habitantes de la comuna. El funcionamiento de esta entidad, que es esencial en la vida de las personas, se expresa de maneras múltiples atendiendo a la propia gestión y también al marco que entrega el gobierno. Por tanto, resulta relevante indagar si existen parámetros desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos al momento de establecer obligaciones o recomendaciones en las funciones estatales a nivel local. De ahí que la pregunta de investigación que se pretende resolver con la presente tesina es:
¿Qué estándares establece el DIDH sobre las obligaciones de los agentes locales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, aplicables a las municipalidades en Chile?
Para responder esta interrogante, el presente proyecto se plantea como desafío realizar una lectura del municipio en clave de derechos humanos, mirándolo desde tres planos: a) el primero respecto de sus propias funciones y conexión con estándares internacionales; b) el segundo, sobre las desigualdades comunales y; b) el tercero, relacionado con la cooperación entre municipios y las prácticas de gestión municipal progresivas e innovadoras.
La relevancia jurídica de la investigación se encuentra en la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos como punto de análisis y contraste con la gestión municipal, perspectiva que además destaca por tratarse de un empalme escasamente abordado en la doctrina y jurisprudencia.
Respecto de las consideraciones metodológicas, indicar que la investigación corresponde a un estudio exploratorio y descriptivo, basado en la recopilación y análisis de fuentes secundarias de carácter documental.

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Áreas de Trabajo Derechos sociales y ambientales