18 Octubre 2023

Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2023 – CIPER

“El que sigue es uno de los once capítulos de la edición 2023 del informe que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales publica cada año desde 2003, y que se presentará oficialmente en noviembre. Como adelanto, CIPER comparte en exclusiva «Responsabilidad de los superiores por los delitos cometidos por sus subordinados con ocasión del ‘estallido social’ en Chile», texto a cargo de una investigadora de la Facultad de Derecho de la UDP. A lo largo de sus más de veinte ediciones hasta ahora, el Informe Anual sobre Derechos Humanos ha analizado diferentes áreas de la sociedad chilena desde la perspectiva de estándares del Derecho Internacional sobre derechos humanos. Su nueva edición incluye capítulos sobre reforma a la Salud, restauración medioambiental, migración, análisis del servicio «Mejor Niñez» y agenda de seguridad, entre otros.

«Las protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 en Chile y que dieron origen a lo que se denominó el “estallido social”, fueron escenario de graves violaciones a los derechos humanos, durante la represión de los mismos por parte de las fuerzas de orden y seguridad. Ante esas vulneraciones ha surgido un cuestionamiento respecto a su relevancia jurídica y la eventual responsabilidad internacional del Estado frente a esas violaciones. Resulta de suma importancia, en ese sentido, determinar la responsabilidad individual no sólo de los autores directos o ejecutores de los delitos, sino también —o especialmente— respecto de las autoridades o mandos de las instituciones estatales involucradas que pudieron haber fallado en evitar o controlar adecuadamente a sus subordinados, debiendo hacerlo. Como se verá, tratándose de organizaciones jerarquizadas es en particular relevante el manejo y la reacción de sus miembros superiores —o altos mandos— frente a la comisión de delitos por parte de sus subordinados, en especial si se trata de instituciones estatales armadas. Un control deficiente de sus miembros permite la instauración de un clima de tolerancia respecto de conductas antijurídicas y —si se trata de fenómenos repetitivos y masivos— puede desembocar en el reemplazo de valores institucionales —y patrones de comportamiento— por otros nuevos de carácter criminal. El grave atentado a los derechos humanos que la comisión de este tipo de delitos implica, torna en particular relevante la respuesta del sistema criminal frente a las causas que actualmente se tramitan en el país, pues es deber del Estado investigar, juzgar y sancionar esta clase de hechos».”

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