19 Noviembre 2026
Evelyn Matthei, Mónica Pérez, Pedro Ramírez y Tomás Vodanovic comentaron la 24° edición del estudio, elaborado por el Centro de Derechos Humanos UDP. Sus reflexiones abordaron educación, niñez, libertad de prensa y gestión pública, entre otras.
La distancia entre los derechos reconocidos y las condiciones para ejercerlos en la vida cotidiana fue uno de los ejes de la presentación del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2026. El encuentro se realizó el martes 17 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y reunió a representantes del ámbito político y del periodismo para comentar sus hallazgos y recomendaciones.
La actividad contó con las intervenciones de la editora general, Marcela Zúñiga; Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia; Mónica Pérez, periodista y máster en Relaciones Internacionales; Pedro Ramírez, director de CIPER; y Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú. Moderó Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos UDP.
En sus ya 24 años, este documento se ha consolidado como una de las evaluaciones más influyentes del país en esta materia. Con un enfoque socio-jurídico independiente, crítico y basado en evidencia, el Informe examina el cumplimiento del Estado chileno respecto de los estándares internacionales. La versión 2026, disponible gratuitamente en formato PDF y eBook, reúne investigaciones de más de veinte especialistas distribuidas en ocho capítulos temáticos sobre niñez, institucionalidad autónoma, periodismo investigativo, vivienda, educación pública, justicia laboral, salud de personas trans y reparación de víctimas del estallido social.
Bajo la idea de «volver a las bases», Zúñiga explicó que el Informe examina obligaciones que permanecen, aunque cambien las prioridades de los gobiernos. “Evaluamos al Estado como una entidad permanente”, señaló. En su presentación conectó cuatro ámbitos (institucionalidad, desalojos de campamentos, salud trans y reparación de víctimas del estallido social) para advertir que la continuidad de los mandatos, los equipos y los recursos resulta fundamental para evitar retrocesos.
La editora relevó la falta de registros para verificar las condiciones de ejecución de los desalojos y dimensionar las necesidades de reparación de las víctimas del estallido. También destacó la importancia de resguardar las capacidades de los organismos de derechos humanos. Sobre el INDH y su facultad de querella, sostuvo que “un instituto que sólo opina no protege a nadie”.
Las condiciones para hacer efectivos los derechos también estuvieron presentes en la intervención de Matthei, quien comentó el capítulo sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Valoró su dedicación exclusiva a la educación y las posibilidades de reducir inequidades territoriales y compartir buenas prácticas. “Es un trabajo espectacularmente bueno, serio, fundamentado, con cifras, con buenas entrevistas a directores de SLEP”, afirmó sobre la investigación.
Desde su experiencia municipal, la exalcaldesa planteó la necesidad de reforzar el bienestar emocional del estudiantado y los apoyos profesionales para la inclusión. Asimismo, llamó a mejorar los aprendizajes sin reducir la evaluación de las escuelas a los resultados del Simce.
Pérez abordó el capítulo sobre niños y niñas menores de 14 años con conductas transgresoras y destacó el esfuerzo por reunir registros estatales dispersos, cuyas unidades de conteo no permiten sumarlos ni compararlos directamente. La periodista vinculó esas brechas con una respuesta institucional tardía y con la responsabilidad de los medios al informar sobre la niñez. “Estamos hablando de niños, de niños chicos y tenemos también que tener el máximo resguardo respecto de cuando hablamos de ellos”, expresó.
El papel del periodismo en la protección de los derechos fue retomado por Ramírez, quien advirtió sobre los riesgos de debilitar los consensos democráticos y de restringir la difusión de antecedentes de interés público. “Hoy día en Chile tenemos una Corte Suprema más limpia que ayer, porque el periodismo hizo su pega”, afirmó. También conectó las demoras de la justicia laboral con las dificultades para ejercer derechos en la vida cotidiana.
Por su parte, Vodanovic vinculó la protección de las personas con las capacidades de las instituciones para responder a sus necesidades. “Creo que también el respeto de los derechos humanos es un desafío de gestión pública”, afirmó. El alcalde de Maipú describió la importancia del trabajo preventivo y del acompañamiento a las familias en los desalojos, y llamó a sostener intervenciones de largo plazo en niñez, incluso cuando tienen menor visibilidad pública.
En el cierre, Casas destacó el aporte de la investigación al diseño de políticas y el valor de la deliberación plural. Definió como una tarea central “producir evidencia, para que las políticas públicas frente a la protección de los derechos humanos se hagan efectivas”. Asimismo, subrayó la importancia de la democracia, los contrapesos institucionales y los medios de comunicación para construir una sociedad más justa.
La Universidad Diego Portales invita a revisar en detalle los hallazgos y recomendaciones de este Informe, que representa un esfuerzo colaborativo y riguroso para ofrecer una visión completa de la realidad de los derechos humanos en Chile. En un contexto marcado por profundas transformaciones sociales y políticas, este documento busca contribuir a una reflexión informada y proactiva, orientada a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos en el país.
Revisa y descarga la versión 2026 del Informe (formato PDF y eBook) en el siguiente [enlace].
Revive la presentación del Informe Anual sobre DDHH en Chile 2026 a continuación:





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