4 Noviembre 2026

La investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Judith Schönsteiner, publicó el artículo “Sustainable finance taxonomies from a human rights perspective. Taxonomias de finanças sustentáveis sob uma perspectiva de direitos humanos” en la Revista de Direito Econômico e Socioambiental PUCPRESS, de Brasil. La investigación fue realizada en coautoría con Carlos Miranda Arráu, profesor UDP, y es producto del último proyecto Fondecyt de la profesora.

El trabajo examina la compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos de 15 taxonomías de finanzas sostenibles elaboradas por instituciones privadas transnacionales e internacionales hasta junio de 2025. A partir de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las directrices de la OCDE sobre debida diligencia, el artículo analiza las responsabilidades de las entidades que desarrollan estos instrumentos y los criterios que establecen para quienes los utilizan.

Entre sus principales hallazgos, la investigación identifica que, si bien la mayoría de las taxonomías hace referencia a los derechos humanos, pocas incorporan mecanismos efectivos de participación en sus estructuras de gobernanza y solo una establece requisitos sustantivos en esta materia para sus usuarios. Asimismo, ninguna contempla mecanismos adecuados de reclamación que permitan cuestionar, por ejemplo, la definición de una metodología o su aplicación a determinadas actividades económicas.

En este contexto, Schönsteiner explica que su interés por el tema surgió a partir de una investigación sobre los incentivos que debieran existir en las cadenas de suministro transnacionales para que las empresas respeten los derechos humanos. Esto la llevó a estudiar la industria financiera y el desarrollo de las finanzas sostenibles, particularmente el mercado de bonos verdes. “Me parecía que los impactos negativos en derechos humanos – por ejemplo, asuntos laborales – no se tomaban en cuenta en las finanzas verdes”, señala. A partir de esa inquietud, junto a su coautor, analizaron si los criterios utilizados para acreditar proyectos como sostenibles incorporaban efectivamente estándares de derechos humanos.

Uno de los aportes del artículo es ampliar la discusión más allá de los bancos y las empresas que reciben el financiamiento, a la responsabilidad de las instituciones que elaboran estas taxonomías, considerando que sus criterios pueden influir directamente en las decisiones de financiamiento. Al respecto, la investigadora plantea que las emisoras de taxonomías debieran contar con mecanismos de queja y denuncia que permitan corregir errores en sus instrumentos y prevenir prácticas de greenwashing, o whitewashing en materia de derechos humanos.

La participación de las comunidades y de la sociedad civil también constituye un aspecto central. Según explica Schönsteiner, estos actores cumplen un papel fundamental en la detección de mal uso de las taxonomías y especialmente, debieran poder participar de las calificaciones como verde o sostenible de algún financiamiento y poder alertar si se detectara alguna violación de derechos humanos en terreno. Así, la investigación abre nuevas líneas de trabajo en torno a la participación de los distintos grupos de interés en la definición y fiscalización de estándares, así como a la aplicación del marco desarrollado a taxonomías estatales de finanzas sostenibles, como la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Chile (T-MAS) y la Taxonomía Verde de México.

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