15 Octubre 2024
“Áreas críticas para legislar sobre la debida diligencia y derechos humanos en empresas“, es el título del nuevo documento elaborado por la académica e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Judith Schönsteiner, en materia de debida diligencia y derechos humanos. Se trata de una propuesta desarrollada en conjunto con Pedro Cisterna, investigador senior del Proyecto REDAR quien defendió hace unas semanas su tesis doctoral sobre derecho climático y protección de poblaciones vulnerables frente a los efectos del cambio climático en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido.
“Es una contribución del Centro de Derechos Humanos de la UDP a un proyecto financiado por la Unión Europea, llamado REDAR, que es liderado por la ONG FIMA”, explica la profesora Schönsteiner. “Lo hemos presentado, junto a la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, y lo presentaremos pronto en la Cámara de Diputados y Diputadas, así como al público en general”, adelanta la académica.
El documento pretende definir los puntos críticos e indispensables que requieren ser incluidos en un proyecto de Ley sobre Debida Diligencia Empresarial y Derechos Humanos, comprometido por el gobierno de Chile. Cada uno de los puntos propuestos constituyen supuestos fundamentales para una legislación que considere estándares internacionales y circunstancias nacionales, poniendo especial atención a riesgos e impactos laborales, ambientales y climáticos.
Las áreas críticas que se proponen se basan en los tres pilares de los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas de la Organización de Naciones Unidas de 2011, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y las Guías de Debida Diligencia respectivas, así como la experiencia comparada. En la elaboración de esta propuesta se han tenido presente también los actuales procesos legislativos sobre debida diligencia en América Latina, así como los estándares interamericanos y universales sobre responsabilidad legal de las empresas por abusos en derechos humanos.
“Este ejercicio de reconocimiento de áreas críticas pretende abordar la obligación concreta de las empresas, las consecuencias de su incumplimiento, el enlace con el sistema jurídico existente, y el desarrollo de derechos de acceso procedimentales”, señalan Schönsteiner y Cisterna. “La propuesta, consideramos, responde a las obligaciones del Estado de Chile de regulación y fiscalización en virtud de los tratados ambientales y de derechos humanos que ha ratificado”, profundizan.
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