16 Septiembre 2015

“Es importante notar que el interés público de acceso a la información no solo está vinculado a entes estatales. Lo sabemos al menos desde el caso Claude Reyes, pero también en las múltiples iniciativas de accountability del sector privado en la economía. Es de interés público saber cómo las figuras públicas que detentan poder, lo ejercen. Eso vale también para la Iglesia Católica y, especialmente, en casos que se relacionan con posibles delitos penales que, por definición, son de interés público.”

Columna de opinión publicada en El Mostrador, 15 de septiembre de 2015.

El encubrimiento del abuso sexual y del poder no es algo “privado”. Por algo, están tipificados como delitos, y la Fiscalía debería investigarlos ex officio. El caso Karadima fue declarado admisible en la justicia penal (se sobreseyó por prescripción) y civil, y no solamente en la justicia eclesiástica. No es privado. Esto, a pesar de las aseveraciones del Arzobispado de Santiago, respondiendo a la publicación de correos entre los cardenales Ezzati y Errázuriz en El Mostrador, indicando que la definición de estrategia ante el nombramiento de Juan Carlos Cruz en la Comisión Pontificia de Previsión de abusos sexuales era un intercambio privado. Lo reiteró el cardenal Ezzati en una entrevista en La Tercera el domingo.

Más allá de discutir la dogmática del derecho a la privacidad, y sus límites, en términos de un balance de derechos –que estoy convencida sería favorable a la publicidad de los correos–, quiero hacer algunas observaciones más generales como abogada de los derechos humanos. Pero también como católica que soy.

Primero, creo que es importante notar que el interés público de acceso a la información no solo está vinculado a entes estatales. Lo sabemos al menos desde el caso Claude Reyes, pero también en las múltiples iniciativas de accountability del sector privado en la economía. Es de interés público saber cómo las figuras públicas que detentan poder, lo ejercen. Eso vale también para la Iglesia Católica y, especialmente, en casos que se relacionan con posibles delitos penales que, por definición, son de interés público. Más aún si consideramos que a nivel de jerarquía, por lo menos a nuncios o cardenales se les considera –también– agentes estatales ante el derecho internacional de los derechos humanos, por ser “funcionarios” de la Santa Sede, que ha ratificado varios tratados de derechos humanos. Sea cual sea el estatus, el interés público legítimamente existe. Así lo indica el derecho penal interno, el derecho penal del Vaticano y el derecho internacional de los derechos humanos.

Pero más allá de la justicia penal, aquí hay evidencia –nadie niega la autenticidad de los correos, ni siquiera el Arzobispado– de una visión sobre los hechos que carece de humanidad, capacidad de autocrítica, y demuestra una demonización de la persona de quien hablan, al punto que me pregunto: ¿cuáles son los criterios de discernimiento que dicen aplicar los señores cardenales?

A mi modo de ver, no son los de los derechos humanos, ni los de la ética, ni los del evangelio, ni de los santos que invocan en los correos. Y la entrevista a Juan Carlos Cruz en ‘Tolerancia Cero’ confirma que, por lo menos, hay que investigar más seriamente su actuar –y el actuar reciente aún no prescribió–. En los hechos hacen burla de las peticiones de perdón y del “nunca más” que la Conferencia Episcopal Chilena pronunció, pues el lenguaje de los correos es profundamente despreciativo, no considera ni en lo más mínimo que Juan Carlos Cruz está solicitando garantías de no-repetición –reparación y reconocimiento del encubrimiento– que en el derecho internacional de los derechos humanos se conciben como parte de ese compromiso con el “nunca más”. El derecho internacional de los derechos humanos sabe que una institución debe tomar medidas concretas para asegurar que la voluntad del “nunca más” se materialice. Es lo mismo acá.

¿Qué explica que dos correspondientes no logran ver ese mal estructural? No es Juan Carlos Cruz quien hace daño. Él solo está pidiendo una justa reparación por el daño que sufrió por años, y el fin al encubrimiento. De hecho, muchos y muchas creemos que está haciendo un gran favor a la Iglesia pidiendo esto. La obliga a enfrentar una reforma estructural, que permita más transparencia, más participación y, por qué no decirlo, más humildad.

Ante lo que pasa por el nombramiento del obispo Juan Barros en Osorno, cuyo nombramiento fue criticado por su cercanía con Karadima, y entre Santiago y Roma, parece que es el tiempo de los laicos y de las laicas para decir “no así”. Justamente, para preservar lo que en la Iglesia es humano y justo y contribuye a la sociedad en la que actúa. Es verdad que existen iniciativas locales, de la Conferencia Episcopal, de la Santa Sede, para actuar contra los abusos. Pero acá, en un caso tan grave como el de Karadima, estamos viendo que ellas no son suficientes, que fallan, en relación con la estructura y prácticas que permitieron el secretismo alrededor de los delitos.

Desde mi lectura del evangelio y mi estudio de los derechos humanos, llego a una misma conclusión: ambos exigen honradez a los pastores –a los que tienen poder–, y la búsqueda de la justicia y garantías de no-repetición. Es tiempo de los laicos y laicas, de la base de la Iglesia, de hacer ver esa otra Iglesia que está del lado de los que sufren injusticia. Pero especialmente es tiempo de que hagan ver y denuncien las injusticias de la propia Iglesia y las cegueras institucionales, causadas por el poder. Muchas de estas injusticias ya las conocemos. Otras, como ciudadanas y también como católicos, tenemos el derecho de conocerlas. La Iglesia –todos sus miembros, incluyendo los de la jerarquía– debe en este sentido estar agradecida a la justicia “terrenal” que la obliga a clarificar los delitos que se han cometido en su interior.

En definitiva, en casos como el de Karadima, la postura que tomemos ante las víctimas, ante la justicia, ante la verdad y la reparación, es el test de cuán en serio nos tomamos los valores de ese Reino de Justicia (en lenguaje de los cristianos) y de los derechos humanos (en lenguaje de todos). Por ello, claramente, lo que ha sucedido no es un “asunto privado”, sino todo lo contrario.