25 Enero 2016

Columna publicada en La Tercera, 21 de enero de 2016.

Una nube de humos tóxicos cubrió Santiago y sus alrededores. Un incendio en el basural de Santa Marta, al sur de la capital,  fue la causa. Considerando la laxa regulación y casi inexistente fiscalización sobre separación de residuos, además de los efectos notorios en la salud de la población, pareció más que sorpresivo que las autoridades no reconocieran la necesidad de medidas preventivas y remediativas, para por lo menos proteger a la población más vulnerable. No se distribuyeron mascarillas, no se trasladó la población vulnerable, no se decretó emergencia ambiental en las comunas colindantes. Pareciera que se tratara como “un día de esmog en verano” – y ¿por qué preocuparse si en invierno, es a diario? ¿Por qué preocuparse si en la mayoría de las comunas, el viento disipa la nube de humo?-.  Pero mientras la composición del esmog es más o menos conocida, un incendio en un basural libera necesariamente gases y materiales más tóxicos que la quema de leña o incluso, de combustibles. Reconozcámoslo: si el incendio hubiese ocurrido en otras comunas de la RM, las autoridades hubieran lo más probablemente, bajo presión de población más influyente, reaccionado de manera distinta. San Bernardo,según la Casen 2013 publicada en 2015, es una de las comunas más vulnerables de la RM.

Pero hay preguntas adicionales que surgen. Son preguntas de sentido común, pero quiero plantearlas desde una perspectiva de derechos humanos, porque ellas nos permiten ver los problemas estructurales que están detrás de este incidente.

Si el derecho a un medioambiente sano o el derecho a la salud están involucrados, el Estado debe, primero y según el derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha reconocido, investigar y si se confirma, sancionar la responsabilidad civil o penal de la empresa y de sus gerentes se deberá. Ser innovativo en el uso de gases en un relleno, no exime de cumplir con todas las normas ambientales, tampoco el haber certificado a  la empresa en 2004 según la norma ISO 14001. Especialmente, si se considera que esta certificación caduca cada tres años (dato que la empresa no publica en su página web). Según los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU,las empresas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, especialmente, en materia de prevención, manejo de riesgos y reparación por impactos negativos a los derechos humanos.

Existen otros elementos por lo menos igualmente importantes. El Estado debe adoptar medidas de prevención de daños a estos derechos, según la obligación de debida diligencia consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica, en lo concreto, que las autoridades tengan las facultades correspondientes para lograr una protección eficaz – y las puedan ejercer con la suficiente cantidad de recursos, y sin presiones indebidas sobre las decisiones que sean discrecionales. Una investigación en curso del Centro de Derechos Humanos de la UDP confirma que las distintas Superintendencias, especialmente la de Medioambiente, no cuentan con los recursos necesarios para efectuar su labor de fiscalización.

Considerando que en el mundo de los negocios, muchas veces las multas no son detractores de incumplimiento – el relleno sanitario Santa Marta ha sido multado 45 veces en 14 años según La Tercera – se hace necesario que las autoridades sean facultadas para cerrar un establecimiento mucho antes. Si además, podrían operar influencias indebidas – desde corrupción y tráfico de influencias hasta consideraciones de orden pragmático (al estilo de pensar que “es mejor un relleno sanitario con alto riesgo de contaminación y accidentes funcionando, que la basura en la calle o en vertederos ilegales”) – estos cierres de operaciones deberían estar sustraídos de la discreción del fiscalizador y ordenarse automáticamente si ciertos criterios se (in)cumplen.

El tema sin embargo, va aún más allá de esto, aunque sea incómodo reconocerlo. El negocio de la basura es un tan buen negocio porque todos preferimos botar en vez de evitar la basura o reciclar. Sin incentivos estatales e incluso, empresariales en esta materia – regulación o auto-regulación sobre empaques y reciclaje, la promoción de una cultura de “segunda mano”, además de fiscalización estatal de residuos tóxicos de la basura también de casas particulares y del retail, – los basureros y rellenos sanitarios seguirán siendo de altísimo riesgo, simplemente por el coctel de material que allí se reúne.