11 Agosto 2014

11 de agosto 2014

Se discutió sobre los daños provocados por las empresas al medioambiente, y a las comunidades indígenas residentes en sectores cercanos a las actividades extractivas.

En el marco de la visita a Chile del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, el Observatorio Ciudadano y el Centro de la Universidad Diego Portales, convocaron a académicos y expertos al “Panel Empresas y Derechos Humanos: Tendencias internacionales y realidad en Chile” donde se debatió sobre el rol de las empresas en el medioambiente.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, es una ONG internacional e independiente que se preocupa de ofrecer noticias, documentos y reflexiones sobre los abusos de derechos humanos atribuidos a empresas, además de analizar los impactos y demandas legales relacionadas a más de 5.600 empresas alrededor del mundo.

Para el caso chileno y Latinoamericano en general, la discusión versó en torno a las actividades de empresas nacionales y transnacionales –en particular sobre aquellas que operan en el sector extractivo de recursos naturales– que en el último tiempo han incrementado significativamente su producción, provocando graves daños medioambientales y violaciones a los derechos humanos como es el caso de las comunidades indígenas aledañas a los sectores donde operan las empresas mineras.

Eniko Horvath, investigadora y representante para Europa del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Business & Human Rights Resource Centre), realizó un análisis sobre los pactos internacionales de derechos humanos, y las convenciones de la ONU y la OIT en relación a los abusos cometidos por empresas al nivel mundial, especificando que “a estas supuestas normas voluntarias se han adscritos muchos estados o han aprobado sus principios, pero su cumplimiento o incumplimiento se relaciona más bien con obligaciones de tipo ético o moral”.

Argumentó que “las perspectivas para avanzar en la discusión de la agenda sobre empresa y derechos humanos deberán definir acciones de incidencia con los gobiernos, pero con mucho más énfasis en las organizaciones sociales comunitarias, las instituciones académicas y las ONG para hacer que las empresas asuman las consecuencias de sus operaciones en el respeto de los derechos humanos y la protección del medioambiente”.

Por su parte, Amanda Romero, representante para Latinoamérica y El Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, entregó un enfoque a los retos y la situación actual de América Latina en relación a las empresas o industrias que se dedican a las actividades extractivas, los megaproyectos de infraestructura o las iniciativas turísticas o de servicios en la región; además de identificar a los principales actores afectados, tales como: los pueblos indígenas, los sindicatos, los trabajadores, las organizaciones ambientales, de derechos humanos y sociales.

Romero aclaró que “respecto a las industrias extractivas nosotros ubicamos por lo menos cinco grandes campos, lo que tienen que ver con la extracción del petróleo, el gas, la minería, además de la explotación maredera y los agro-negocios”.

La representante regional aclaró que “muchas de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, recurren a mecanismos de arbitraje, es decir, a mecanismos no judiciales que no necesariamente conducen a resolver conflictos desde el origen, pero sí apalean un poco las consecuencias o los impactos inmediatos del actuar de las empresas”.

Agregó que “los recursos legales a los que pueden optar las comunidades afectadas es contratar a un bufete de abogados en el país donde ocurren las violaciones. Pero nos encontramos con que los abogados carecen, a veces, de un conocimiento más integral y solamente manejan el derecho ambiental, civil o de contratos pero no necesariamente tienen una formación en derechos humanos”.

José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano al referirse a la no aplicación de los principios de derechos humanos en Chile, hizo referencia a los derechos humanos de los pueblos indígenas, indicando que “las actividades económicas en Chile se concentran principalmente en la actividad extractiva y éstas se sobreponen a tierras de propiedad legal o de ocupación tradicional indígena”.

Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP aclaró que uno de los desafíos importantes para el Estado de Chile es la regulación en estas materias, aunque se argumente que esto puede perjudicar la inversión extranjera. Afirmó además que “muchas veces las mismas empresas transnacionales piden –incluso en Chile– más regulación para poder hacer frente a la competencia de empresas que por sus políticas no están obligados a consagrar algunos derechos fundamentales”.