12 Julio 2016

Por Judith Schönsteiner, publicado en La Tercera, 12 de julio de 2016 

El gobierno anunció la instalación de una mesa de diálogo con distintos actores de La Araucanía, indígenas y no-indígenas, para generar “propuestas específicas” sobre una solución al conflicto entre Estado, comunidades mapuche y empresariado en La Araucanía. Pensamos que esta iniciativa debiera tomar en cuenta el contexto del conflicto que la región está viviendo. Este contexto incluye el rol de las empresas y el impacto de sus actividades en materia de derechos humanos. El reciente estudio del Centro de Derechos Humanos de la UDP sobre empresas y derechos humanos dedica una sección a este asunto. Esta columna pretende contribuir al debate con un breve resumen de su análisis y conclusiones.

 

A la luz de los estándares internacionales, en el conflicto entre Estado, comunidades indígenas y empresas, se han infringido derechos de propiedad, integridad e incluso, el derecho a la vida. En la medida que el Estado no proporciona acceso a la justicia, éstas infracciones se convierten en violaciones a los derechos humanos. Así, por ejemplo, mientras el Estado está avanzando en el acceso a la justicia en el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay (2013), no ha proporcionado debido acceso a la justicia en todos los cuatro casos de comuneros jóvenes muertos por parte de Carabineros; entre ellos, Alex Lemún (2002). Este caso fue declarado admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por uso desproporcional de la fuerza policial, y por denegación de acceso a la justicia a causa del uso del sistema de justicia militar donde se alegaron faltas al deber de investigación y sanción, principalmente. El Estado tampoco ha cumplido con el deber de prevención de violaciones a los derechos de niños y niñas mapuche que resultan heridos por balines y perdigones en allanamientos, situación que hace años ya ha preocupado a Unicef y la Cruz Roja.

 

En cuanto a los daños a maquinaria de camioneros o empresas forestales, el gobierno ha mencionado crear un fondo para superar la falta de acceso a la indemnización en estos casos; sin embargo, aún no se han conocido mayores detalles sobre esta iniciativa. Tampoco en estas situaciones, el Estado en este momento no logra cumplir con el deber de prevención.

 

Además, el nivel de remuneración promedio para personas no-indígenas es un 43% más que para personas indígenas. Esto confirma la discriminación hacia estas últimas. Además, como el acceso a formación de calidad es otro factor sujeto a discriminación, por tanto se generan efectos de discriminación indirecta que se suman a los de discriminación directa: así, incluso si se mide entre personas con un mismo oficio, sin tomar en cuenta el diferencial en educación, esta brecha salarial se mantiene entre el 29% y 34%.

El origen del conflicto se enraíza en la falta de reconocimiento de territorios ancestrales de las comunidades mapuche, en desacuerdos profundos sobre el modelo de desarrollo y uso de las tierras, y en la falta de reconocimiento y representación políticos del pueblo mapuche en la institucionalidad estatal. Estas situaciones constituyen en sí, violaciones sistémicas y estructurales de los derechos de los pueblos indígenas, y marcan el contexto de la creciente tensión y violencia que estamos observando desde hace más o menos 10 años. La violación de los derechos humanos conlleva más violaciones de los derechos humanos.

Por tanto, estas violaciones estructurales deben ser resueltas si el Estado pretende seriamente bajar los niveles de conflictividad y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y no-discriminación. Estas obligaciones también tienen consecuencias para las empresas que desarrollan su actividad en la zona.

 

El Estudio de la UDP concluye que entre otras cosas, las empresas, especialmente las forestales y la piscicultura, tendrán que aceptar mayor regulación económica y ambiental, así como limitaciones a sus proyectos de expansión para que el Estado pueda encontrar un equilibrio en la protección de los derechos, especialmente, en relación a la escasez hídrica y el empobrecimiento de los suelos causados por los monocultivos. Además, el Estado debe considerar la posibilidad de expropiar terrenos para poder restituir territorios ancestrales a las comunidades, y así crear este balance de derechos. La Ley de Fomento Forestal también requiere una revisión a la luz de los derechos humanos. Finalmente, los pueblos deben participar en la definición de las prioridades políticas y de desarrollo en la región.

 

Este desafío no es sólo para el Estado. No es suficiente que la empresa deje de aprovecharse de la desigualdad de poder; al contrario, las empresas deberían tomar iniciativas propias para mejorar la desigualdad de remuneración, el cambio de uso de tierras sobreexplotadas, la protección del agua en la región, adelantándose en esta materia incluso, a la regulación del Estado, tal como indican los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Más importante, sin embargo, no deberían impedir que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

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