27 Agosto 2018

Esta columna fue públicada originalmente en La Tercera el 27 de Agosto 2018

SEÑOR DIRECTOR

Ante las intoxicaciones masivas en Quintero, cabe reiterar que el problema no es nuevo. Se tomaron medidas después del incidente “La Greda” de 2012, pero éstas son insuficientes, tal como demuestra lo ocurrido esta semana. Las intoxicaciones sufridas son violaciones al Derecho Humano a la salud. ¿Por qué?

El Estado debe proteger los Derechos Humanos. Eso significa que debe prevenir los daños significativos a la salud de las personas, mediante la regulación y fiscalización de actores privados y públicos. Para esto, se deben tomar todas las medidas razonables. Pero los estándares de emisiones y calidad de aire son más permisivos que lo indicado por la OMS, y hay un problema con la transparencia de métodos de medición y con los planes de contingencia.

Así, mientras no se sabe cómo se comportan los componentes químicos emanados en su conjunto, y si los identificados son todos los que hay, se dificulta también el tratamiento adecuado para las personas intoxicadas. En estos casos, el Estado debe aplicar el principio de precaución y requerir de todas las empresas un actuar diligente, incluyendo la instalación de aparatos que puedan detectar todas las posibles emisiones en casos de accidentes o emergencias, no solo para las emisiones usuales; debe regular más estrictamente las emisiones máximas y exigir planes de emergencia para todas las empresas (también las antiguas).

Sabiendo desde hace décadas de los riesgos y daños en Quintero-Puchuncaví, los órganos del Estado competentes parecen haber fallado, otra vez, a sus obligaciones de prevenir las emergencias.