Al ratificar la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), Chile asumió el compromiso internacional de implementar una nueva forma de entender la discapacidad. 

A través de un modelo social basado en los derechos humanos, la CDPCD obliga a incluir en distintos ámbitos de la vida a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. 

Esto significa terminar con el modelo médico rehabilitador e ir avanzando hacia una educación inclusiva con ajustes razonables, empezando con la educación primaria, que constituye una obligación inmediata.

Sin embargo, la Cámara de Diputados solicitó el 20 de septiembre a la Presidenta incluir en la reforma educacional las escuelas para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Mientras es loable la preocupación de los parlamentarios por niños y adolescentes con discapacidad, es incomprensible que se desconozca el artículo 24 de la CDPCD y las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial, una de las cuales es terminar con las escuelas especiales.

La creciente evidencia en que se basa la CDPCD muestra que la educación inclusiva no sólo proporciona el mejor entorno educativo a todos los alumnos, sino que también ayuda a derribar barreras y a poner en cuestión estereotipos, para crear una sociedad que acepta la discapacidad en lugar de temerla.

Enrique Accorsi