14 Octubre 2020

Columna publicada originalmente en El Mostrador.

Miércoles, 14 Octubre 2020

Hace varios años, el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales viene insistiendo en que aquellas personas que se vinculan con la protección y promoción de derechos humanos han estado en una situación de vulnerabilidad: reciben amenazas, golpizas, se les ha despedido de sus trabajos, e incluso se investiga la muerte de defensores sociales que han estado al centro de protestas por la protección de derechos sociales y ambientales en distintos territorios. En otras ocasiones se les criminaliza. Así, dirigentes en comunidades como Petorca han sido hostigados por su ardua lucha por el acceso al agua; o los de Quintero- Puchuncaví por la contaminación y zona de sacrificio ambiental en que viven.

Para muchos no es claro quiénes son defensores de derechos humanos. El sistema internacional de protección de los derechos humanos procura ciertas definiciones: una de ellas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que se trata de “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional”. En esta definición se incluyen a profesionales, como los operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados/as defensoras quienes a través de su función contribuyen a la realización del acceso a la justicia, ya sea investigando, litigando o juzgando.

Hoy en Chile hay fiscales que viven bajo amenazas. Es conocida por la opinión pública la situación de la fiscal Ximena Chong, quien dirige la investigación por un joven empujado al Río Mapocho por parte de de un carabinero de Fuerzas Especlales, con presunta intencionalidad. Pero la persecutora también participa de indagaciones de otros hechos vinculados a la violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado desde el pasado 18 de octubre.

La labor del Estado, a través de todos sus poderes es asegurar que los defensores estén protegidos en el desempeño de su labor. Relativizar, o señalar que es normal que la fiscal reciba las amenazas, como ha declarado el Senador Iván Moreira por su labor “politizada” de investigar delitos, da cuenta de una profunda crisis política y social.

Creo que es el momento que todos los estamentos adviertan la gravedad de la situación, que el Ministerio Público sea proactivo y consciente en la investigación de las amenazas a dirigentes sociales, que el poder político sea capaz de reaccionar en forma efectiva revisando y modificando las actuales condiciones dentro de Carabineros, y que los jueces se aseguren que no haya impunidad.