11 Noviembre 2024

Víctor Beltrán y Judith Schönsteiner – CIPER

En Chile, la seguridad se ha convertido en una preocupación ineludible. De manera consistente, diversas encuestas han mostrado que los ciudadanos están cada vez más preocupados por el aumento de la violencia y la delincuencia. No se trata sólo de percepciones: en el último tiempo el país ha sido testigo de asesinatos, secuestros y hallazgos de cadáveres en circunstancias vinculadas al crimen organizado. La escalada de violencia y crimen organizado también ha alcanzado al sistema de justicia penal, donde los operadores, como fiscales, jueces y defensores, además de ser piezas claves en su funcionamiento, también se han transformado en objetivos vulnerables de las redes criminales y de la corrupción interna. En esta columna abordamos algunos de estos aspectos y los desafíos que emergen.

En el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2024 de la Universidad Diego Portales (en adelante, el Informe), próximo a ser publicado, analizamos un aspecto central para el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal: la seguridad de fiscales, jueces y defensores. Se trata de un aspecto que debiera ser una prioridad para el Estado, no sólo a través de la adopción de medidas reactivas tras un ataque, sino también mediante la implementación de estrategias preventivas y de debida diligencia, que permitan anticiparse a las amenazas y evaluar, de manera constante, los riesgos a los cuales están expuestos.

Cuando nos embarcamos en el tema, siempre consideramos que la presencia y actividades del crimen organizado eran un punto de riesgo para los operadores. Sin embargo, contrario a nuestra intuición y para nuestra sorpresa, en las últimas semanas no fue sólo el Tren de Aragua u otra organización criminal la que nos llevó a reflexionar sobre nuestros hallazgos. En cambio, los casos Hermosilla y Monsalve resultan útiles para discutir acerca de los retos que enfrenta el Estado para asegurar que los operadores de justicia se desempeñen en las condiciones necesarias de seguridad y libres de corrupción. En lo que sigue discutimos brevemente algunos aspectos de estos casos a la luz del marco de análisis desarrollado en el Informe.

AMENAZAS A FISCALES
En las últimas semanas, se ha denunciado el hostigamiento y amenazas a fiscales que investigan el caso Hermosilla, incluyendo seguimientos e intentos de hackeos e ingresos a sus cuentas y correos institucionales. Esta clase de actos es solo un ejemplo de actividades que ponen en peligro la integridad de los operadores de justicia y con ello del sistema en su totalidad.

¿Cuál es la capacidad del Estado para proteger a quienes trabajan en la persecución penal? A lo largo de los últimos años, las amenazas y ataques contra jueces, fiscales y defensores en Chile han ido en aumento. De acuerdo con datos recopilados para el Informe, entre 2018 y 2024 se registraron 233 incidentes, en su mayoría amenazas, que en gran parte terminaron siendo archivados provisionalmente. La falta de sanción y el archivo sistemático de casos de esta naturaleza son una muestra de que el sistema de justicia no estaría cumpliendo con las obligaciones de debida diligencia. Si los incidentes no son investigados a fondo y los responsables no son identificados y juzgados, podría ocurrir que estas amenazas se normalicen, convirtiendo a los operadores y sus familias en objetivos vulnerables. La consecuencia de ello es más bien evidente: si los operadores de justicia sienten temor de ejercer su función, toda la ciudadanía sufre las consecuencias por la pérdida de la calidad del Estado de Derecho.

Es crucial que el Estado adopte medidas estructurales de naturaleza preventiva y que no se limite únicamente a esfuerzos puntuales. Si bien consideramos valiosa la creación de unidades especializadas en la investigación de amenazas o ataques en contra de los operadores y el desarrollo de protocolos de seguridad específicos, también es fundamental que se avance en una institucionalidad de enfoque preventivo. En particular, una institucionalidad que se encargue de evaluar, de manera continua y sostenida en el tiempo, los riesgos de seguridad a que se exponen los operadores de justicia y sus familias, proporcionando información, capacitación y asesoramiento en materia de seguridad. Solo así se logrará un entorno en el que estos profesionales puedan cumplir su rol sin temor a ser objeto de amenazas, presiones o injerencias indebidas.

Si no se toma en serio el desafío de la seguridad de estos operadores, el riesgo es claro: un sistema de justicia que se tambalea bajo el miedo no puede ofrecer garantías ni para sus funcionarios ni para la ciudadanía que debe proteger.

VULNERABILIDAD ANTE HECHOS DE CORRUPCIÓN
Un segundo aspecto tiene que ver con la vulnerabilidad del sistema de justicia y sus operadores ante la corrupción. Al igual que las amenazas o ataques hacia los operadores, la corrupción debilita fuertemente el Estado de Derecho. El tema ha vuelto a ponerse de relieve. Por una parte, a propósito de los chats filtrados desde el celular de Hermosilla, queda en evidencia la intervención reñida con la ley del exfiscal Guerra en la persecución de causas de financiamiento ilegal de la política. Por otro lado, una arista del caso Monsalve también ha levantado el tema, debido al uso indebido de recursos del Estado y del sistema de inteligencia para su beneficio personal.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la corrupción representa una grave amenaza para el correcto funcionamiento del sistema judicial y sus operadores. Sobornos, regalías o favores, distorsionan el curso de la justicia, haciendo que los intereses particulares prevalezcan por sobre la ley. Peor aún, cuando la corrupción viene desde dentro del propio Estado, se erosiona todavía más la confianza ciudadana en las instituciones y se cuestiona la capacidad del sistema para impartir justicia de manera imparcial. Así, la lucha contra la corrupción se vuelve fundamental para garantizar la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.

El Informe recomienda establecer mecanismos de compliance (alerta) y reformas estructurales en el sector público, con miras a asegurar que las actuaciones de los operadores de justicia y de las instituciones se ajusten a normativas legales y estándares éticos. En la misma línea, fortalecer la supervisión, control y transparencia en las instituciones aparece como un desafío central. Esto no solo mejoraría la protección del sistema de justicia y sus operadores ante la corrupción, sino que también enviaría un mensaje claro a la ciudadanía sobre el compromiso del Estado con garantizar un sistema de justicia íntegro.

Aunque es imposible abordar en esta columna todas las eventuales líneas de acción que deben seguirse, nos parece central destacar que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar la seguridad de los operadores y la integridad del sistema de justicia, de manera tal que no sean vulnerables ante amenazas o redes de poder y corrupción que busquen socavar sus bases fundamentales. Cuando un fiscal o un juez teme por su vida o su integridad, el mensaje que se envía a la ciudadanía es que fuerzas externas pueden doblegar incluso al sistema de justicia. Por ello, la protección de la justicia y sus operadores es, en última instancia, la protección de la democracia misma.

Por Víctor Beltrán y Judith Schönsteiner, académicos e investigadores del Informe Anual sobre DDHH en Chile UDP 2024, en CIPER.

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