Opinión

Columna de Lidia Casas: A un año del estallido

18 Octubre 2020

Columna publiciada originalmente en The Clinic el 18 de Octubre de 2020

Alguien diría que todo comenzó el 18 de octubre de 2019 con un centenar de estudiantes que se habían organizado para evadir en forma simultánea el cobro del pasaje del Metro. Pero pronto fueron miles los que se sumaron a lo largo del país; ello sólo se explica por la desigualdad estructural, con el crédito como gran puerta de acceso al consumo y una promesa de bienestar que es esquiva para la mayoría. Los indicadores macroeconómicos nos mostraban como el buen ejemplo para el vecindario, pero que el bienestar era más bien aparente, pues debajo del consumo germinaba el descontento social.

Desde antes de el estallido, el Ejecutivo siempre miró las manifestaciones sociales con displicencia, y mostraba su completa desconexión con las necesidades de la vasta mayoría. El ahora exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, llamaba a los pasajeros a levantarse más temprano para gozar de tarifas rebajadas y no tener que viajar en horario punta. Tiempo antes, el ex-Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, señalaba que las personas llegaban a tempranas horas para obtener un número para atención en los consultorios porque a la gente gustaba de la interacción y vida social que allí se produce. Y el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondía sobre la carestía de algunos productos de primera necesidad con que el precio de las flores había bajado. Es decir, un Ejecutivo completamente desvinculado de la realidad de los millones de habitantes de Chile, como alguien dijo, un país atendido por sus propios dueños. La protesta social nunca fue por los 30 pesos.

Un estudio recientemente conocido (https://www.encuestacirculodedirectores.org/) sobre las brechas de percepción de la elite –política, económica, líderes de opinión y académica- muestra en forma evidente esta desconexión. Se instaló un discurso de que Chile es habitado por una gran clase media que abarca desde el presidente Piñera, uno de los hombres más ricos del país, hasta el empleado que vive en Maipú. Sin embargo, los datos indican que solo el 20% de la población está en ese segmento (no cerca el 57%, como cree la elite según el mismo estudio) y que el 77% de los chilenos son pobres. Por eso, aquellos que protestaban en un clásico barrio de clase media como Ñuñoa, lo hacían y hacen desde su precariedad de “clase media”, y que su “malestar” es parte de esa desigualdad que algunos no ven.

La élite, muestra este estudio, sobreestima la cantidad de afiliados a Isapres: cree que es 39% de los sectores medios, pero en realidad es un 18%; también cree que un 8% de los más pobres están afiliados, cuando no hay ninguno. Perciben que los desafíos para una sociedad más justa se refieren a la educación y el empleo (43%), luego la igualdad de oportunidades (33%), y sólo en último término al problema de la redistribución de la riqueza (16%). En este contexto, hace pleno sentido la declaración del ex Ministro de Salud Jaime Mañalich, quien se mostró sorprendido que en algunas comunas de Santiago existiese tal nivel de pobreza y hacinamiento.

A un año del estallido social, la falta de sintonía permanece. Si el mundo político se mantiene desconectado de ese Chile real, si los intelectuales y distintos sectores políticos no advierten que la violencia se va normalizando no podremos construir una sociedad más justa.

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