11 Noviembre 2026

La 24° edición examina el cumplimiento de las obligaciones del Estado en un periodo de cambio de Gobierno. El lanzamiento será el martes 17 de noviembre y contará con los comentarios de Evelyn Matthei, Tomás Vodanovic, Pedro Ramírez y Mónica Pérez.

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales presentará el martes 17 de noviembre su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2026. La publicación, ya instalada como una de las más relevantes del país en la materia y un referente regional en el seguimiento del cumplimiento estatal de las obligaciones de DDHH, reúne ocho capítulos que examinan cómo responde el Estado ante problemas que van desde la protección de la niñez hasta las demoras en la justicia laboral.

En sus 24 años de trayectoria, el Estudio se ha consolidado como un análisis socio-jurídico independiente que evalúa, año a año, el grado de cumplimiento de Chile con los estándares internacionales. La edición 2026, a cargo de Marcela Zúñiga Reyes, abarca un periodo de transición entre dos gobiernos. En su introducción, la editora general propone “volver a las bases”: significa recordar que los derechos humanos son obligaciones exigibles y no aspiraciones, que funcionan como límites al poder y que sirven para evaluar tanto los fines que el Estado persigue como los medios que usa. Desde esa premisa, el Informe evalúa decisiones concretas y sus efectos en las personas, reconoce avances e identifica problemas que anteceden al actual Gobierno.

“En una decisión concreta, eso supone hacer una pregunta antes de actuar: ¿qué obligación del Estado está en juego y cómo la cumple esta medida? La pregunta no es si gastar más o menos, sino qué deber se cumple con ese gasto. Si una medida reduce la protección que ya existía, quien la toma tiene que justificar que es necesaria, que es proporcional y que no había una alternativa menos lesiva”, explica Marcela Zúñiga.

Una de las brechas que atraviesa la edición es la falta de datos para orientar las decisiones públicas. Ester Valenzuela y América Rojas examinaron 14.256 causas ingresadas a los tribunales de familia entre 2020 y marzo de 2026 en la categoría estudiada. Solo en el 27,4% de ellas consta la edad del niño o niña. El capítulo advierte que no existe una cifra consolidada que permita dimensionar el fenómeno y propone integrar los registros, crear el programa especializado que ya contempla la ley y mantener en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. “En síntesis, el Estado debería saber antes de decidir, y cumplir lo que ya está en la ley antes de reformarla”, señala Zúñiga.

Esa dificultad para verificar los resultados de una decisión pública también aparece en los desalojos de campamentos. Tatiana Torres destaca que la Corte Suprema fijó condiciones para ejecutar un desalojo a partir de estándares internacionales, pero advierte que no existe un registro oficial que permita comprobar si esas garantías se cumplen. Su capítulo propone crear ese registro y establecer reglas que aseguren un reasentamiento adecuado para las familias afectadas.

La distancia entre las garantías y su aplicación también aparece en la justicia laboral. Pablo Salinas y Claudio Fuentes muestran cómo las demoras afectan el acceso a una respuesta oportuna. En educación, Liliana Ramos, Miguel Órdenes y Gonzalo Muñoz reconocen el aporte de los Servicios Locales de Educación Pública al acceso escolar y advierten brechas de infraestructura y disponibilidad de profesionales.

El Informe examina además qué condiciones permiten sostener esas garantías en el tiempo.

Matías Órdenes y Francisca Marinakis analizan la autonomía de los organismos de derechos humanos, mientras que Tomás Vial, Simona Paranhos y Catalina Vargas estudian las presiones sobre el periodismo investigativo. En salud, Lidia Casas, Laura Dragnic, María Belén Saavedra y Mercedes Carrasco-Portiño examinan las barreras que enfrentan las personas trans y de género diverso. Por su parte, Elizabeth Lira y Daniela Mansilla reconocen la ampliación de la atención sanitaria para las víctimas del estallido social y advierten que sigue pendiente una política de reparación integral.

La presentación se realizará a las 12:00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho UDP (Av. República 105, Santiago). Comentarán Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia; Mónica Pérez, periodista y máster en Relaciones Internacionales; Pedro Ramírez, director de CIPER; Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú; y Marcela Zúñiga, editora general del Informe. Moderará Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos UDP.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario de inscripción.

El documento completo estará disponible, desde ese mismo día, en formato digital aquí