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El proyecto de cursos de Derechos Humanos gratuitos en línea, MOOC Chile ha lanzado su tercer curso, llamado Igualdad de Género y Diversidad Sexual, el cual ya se encuentra disponible desde el 31 de agosto. En él, se repasarán las principales instituciones e hitos de la lucha por la igualdad de género y los derechos de las minorías sexuales. 

 El curso consta con un total de 30 clases, cada una de 10 a 12 minutos de duración, las cuales se encontrarán disponibles a un ritmo tres o cuatro clases por semana. Para cursarlo, no existe un límite de tiempo para registrarse ni para terminar las clases, así como tampoco existe un cupo limitado de alumnos. 

El curso online cuenta además con videoclases de los investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y profesores de la misma casa de estudios, Judith Schonsteiner, Tomás Vial y Lidia Casas.

Para inscripciones y más información, visite el siguiente enlace.

El Estudio Línea Base es el primero que se efectúa en Latinoamérica. Se hizo público hoy, como una de las ponencias en un seminario sobre empresas y derechos humanos que organizaron el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El Estudio abarca por un lado las actividades económicas del Estado propiamente tales –empresas estatales, Chilecompra, SERCOTEC, los fondos de emprendimiento como CORFO, y las concesiones. Por otro lado, y ésta es la mayor parte del Estudio, se dedica a analizar si el Estado cuenta con regulación eficaz para garantizar el respeto a los derechos humanos en las actividades económicas de las empresas chilenas y extranjeras en el país, así como en las actividades de empresas chilenas en el exterior. Todas estas preguntas se derivaron de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011 y de las obligaciones de tratados de derechos humanos que Chile ha contraído.

Los principales hallazgos del Estudio Línea Base se relacionan con la falta de regulación de materias relacionadas con las actividades empresariales; las debilidades en la fiscalización de las actividades empresariales, especialmente, las extractivas; y el impacto grave de la falta de planificación territorial. Además, los tratados de inversión y comercio ratificados por Chile y por ratificar como el TPP, no contienen las suficientes garantías en materia de derechos humanos. Finalmente, el acceso a la justicia y reparación en materia de empresas y derechos humanos es claramente deficiente, tal como en general, la capacidad de prevención de las violaciones mediante recursos judiciales, políticas públicas o medidas administrativas. Sin embargo, existen iniciativas puntuales de buenas prácticas que deberían ser fortalecidas e integradas en una política transversal en materia de empresas y derechos humanos.

En cuanto al primer punto, la regulación (Principio Rector 1), especialmente, la sectorial, no garantiza que las empresas respeten el derecho a la salud de las comunidades aledañas, los derechos laborales individuales y colectivos de los mismos trabajadores, o los derechos a la participación o consulta previa, libre e informada de las comunidades, particularmente, las indígenas. En ese sentido, las normativas de emisiones en general, y de calidad de aire no corresponden a los estándares requeridos de la Organización Mundial de Salud; no existe normativa sobre la calidad y contaminación de los suelos, ni sistema moderno de tratamiento y reciclaje de la basura; la regulación minera no garantiza la seguridad minera en relación a los tranques de relave y otros depósitos mineros, con graves consecuencias actuales o posibles en el evento de acontecimientos naturales o errores humanos; la regulación forestal no prevé la compatibilidad de la actividad industrial con otras actividades productivas (actuales o futuras) sobre los mismos suelos o suelos aledaños, por no regular el uso de agua y la permanencia de la agricultura de subsistencia. La pesca industrial y acuicultura no están reguladas de forma que garanticen el derecho al trabajo de los pescadores artesanales. La agricultura no respeta el derecho a la salud de los y las trabajadore/as, y comunidades aledañas, en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas.

Además, el trabajo de temporeros y temporeras no se encuentra regulado conforme a los estándares internacionales en derechos humanos, especialmente, en cuanto a un pago justo, el derecho a formar sindicatos, y el derecho a la seguridad social.

Además, mientras la garantía de los derechos individuales de los trabajadores ha mejorado considerablemente en los últimos años, la regularización en relación a los derechos colectivos no corresponde al derecho internacional. Tampoco existe garantía eficaz alguna para contrarrestar la discriminación en el acceso al trabajo, a saber, al momento de postular y ser rechazado por razones de origen social o nivel socio-económico, de actividades anteriores en sindicatos u organizaciones, por discapacidad, género, o por ser indígena.

Finalmente, no existe mecanismo eficaz para garantizar la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, indígenas y no- indígenas, personas con o sin discapacidad.

La regulación es más completa, pero deficiente en puntos clave en relación a los servicios públicos privatizados, como la salud, la educación escolar, el transporte público, el cuidado, vivienda, el agua potable y los servicios sanitarios (Principio Rector 5 y Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales). El problema transversal que surge en relación a estas áreas, es doble: primero, la reducida capacidad de fiscalización de los órganos del Estado, por falta de recursos pero también por falta de coordinación entre sí y por falta de competencias; y segundo, en relación a los ámbitos de salud y educación, la incapacidad del Estado, por la estructura de competitividad del sistema en relación a los profesionales, de proveer servicios de calidad al 80% de la población que se atiende en la salud pública, y más del 90% de alumnos que asiste a colegios públicos o particulares subvencionados. En relación al agua potable, y los sistemas sanitarios incluyendo los residuos, el Estado ha sido incapaz de garantizar que las empresas reaccionen de manera preventiva a los riesgos externos al suministro de los servicios, lo que constituye una violación a la garantía del derecho humano al agua potable, y a la sanitación. En el transporte público se evidencia, lo que en mayor o menor medida es correcto para todos los servicios privatizados: en regiones, el acceso es considerablemente reducido en comparación a la región metropolitana. Esto constituye discriminación en el derecho internacional.

En relación a la fiscalización preventiva y la reacción al incumplimiento de normativa por parte de los actores empresariales, Chile cuenta con un sistema en continua mejora, pero aun sumamente deficiente (Principio Rector 3). Esto se evidencia por falta de recursos, falta de competencias, y falta de coordinación entre las Superintendencias. En cuanto a la falta de competencias, destaca por ejemplo la falta de competencia del SERNAC en relación al ámbito de salud; o la completa falta de fiscalización preventiva en relación a casas de cuidado ilegales donde podrían estar encerradas personas con discapacidad postradas o adultos mayores. Finalmente, la fiscalización parece considerablemente menos eficaz en los ámbitos de pesca y minería, donde por política de los servicios a cargo, las fiscalizaciones se anuncian previamente a los fiscalizados.

Sobre el impacto grave que tiene la falta de planificación territorial en el goce y la garantía de los derechos humanos para las personas que habitan en Chile, el Estudio identifica que no hay armonización eficaz de los distintos usos de suelo; no hay planificación territorial de inversiones energéticas, mineras, forestales, o inmobiliarias por ejemplo. Como evidenciaron, además, casos como Campiche en la Corte Suprema o Curtido Blas en el Tribunal Constitucional, no existe acceso a la justicia eficaz conforme al derecho internacional de los derechos humanos en relación a posibles situaciones puntuales que podrían violar los derechos a vivir en un medioambiente sano, el derecho a la salud, o a la privacidad. En este contexto, también se constató un deficiente régimen de propiedad de subsistencia y propiedad ancestral indígena, en cuanto a la falta de garantías de acceso a la justicia para su protección, especialmente, la falta de asesoría legal gratuita y de calidad (Principio Rector 25 y Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 25), y la deficiente regulación de la consulta previa, libre e informada.

En relación a los tratados económicos internacionales que Chile ha ratificado o pretende ratificar, éstos no pasan por una evaluación de impacto en materia de derechos humanos. Eso significa que su efecto tiende a limitar la capacidad del Estado de Chile de hacer políticas y tomar decisiones a favor de la garantía de los derechos humanos en materia de inversiones. Por ejemplo, el TPP obligaría a Chile – a menos que el Congreso exigiera introducir una reserva al respecto – ratificar el UPOV-91, un tratado sobre propiedad intelectual que perjudicaría gravemente la capacidad de los pequeños agricultores y comunidades indígenas y campesinas de seguir sustentándose.

El acceso a la justicia para personas que no tienen los recursos económicos para solventar los gastos de un abogado particular, es estructuralmente limitado en Chile. Eso es verdad para todos los ámbitos civiles, ambientales, de consumidores, constitucionales y económicos, aunque haya diferencia de grados. La mayor falta de acceso existe en materia civil, que sería el foro idóneo para resolver una gran parte de los juicios por acceso a la reparación. La única institución estatal que provee asesoría legal gratuita es la Corporación de Asistencia Judicial, que trabaja con estudiantes en práctica y una falta considerable de personal con experiencia, y solamente en relación a ciertas temáticas, lo que reduce la calidad del servicio, y el acceso a la justicia. Por ejemplo, existe oficina de derechos humanos solamente para la región metropolitana. Mientras hay apoyos adicionales para grupos especialmente vulnerables, éstos no son suficientes y generalmente, se basan igualmente en la CAJ, con su problema estructural antes mencionado. El sistema pro bono es casi inexistente en materia de empresas y derechos humanos, por los conflictos de interés que tendrían muchos estudios de abogados que podrían participar de un sistema pro bono, ya que las empresas son sus principales clientes.

Al mismo tiempo, existen iniciativas puntuales que constituyen buenas prácticas en materia de sustentabilidad y derechos laborales, que se pueden considerar un avance en la promoción de los derechos humanos en el sector empresarial. Estas iniciativas son en general voluntarias para las empresas; así, existen iniciativas en el Consejo de Producción Limpia de incentivar acuerdos entre empresas para fomentar la sustentabilidad, y un piloto para acuerdos de pre-inversión que adelantan el involucramiento de las comunidades en los procesos de inversión. Los Acuerdos de Producción Limpia, sin embargo, no contemplan aún lenguaje de derechos humanos. En el Ministerio de Energía, se desarrolló una guía sobre participación de las comunidades en el desarrollo de proyectos energéticos, que recoge algunos estándares de derechos humanos. El Ministerio de Desarrollo Social ha llevado adelante varios estudios sobre “desarrollo social inclusivo” en iniciativas público- privadas y en las empresas. Codelco como empresas estatal, tiene una política de derechos humanos, y de relacionamiento con las comunidades, incluyendo las indígenas, que se refieren a derechos humanos. La empresa está en parte sujeta a la Ley de Acceso a la Información Pública (Principio Rector 4). El Ministerio de Minería está empezando a evaluar qué estrategia adoptará para hacer más seguros los cientos de relaves abandonados en el país. La Superintendencia de Valores y Seguros incorporó una normativa interna de “reportar o explicar” para la presencia de mujeres en directorios, gerencias y fuerza laboral.

Adicionalmente, Chilecompra promueve entre los distintos ministerios, la incorporación de estándares ambientales, laborales y sociales en las licitaciones de compras públicas (Principio Rector 6). Una vez que los ministerios se comprometen con ellos, pasan a ser obligatorias para las empresas que responden a las licitaciones. Finalmente, Chile ha adquirido el compromiso de crear un Punto Nacional de Contacto para la promoción e implementación de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que incluyen también un capítulo sobre derechos humanos. Este Punto de Contacto ha mejorado  su procedimiento en cuanto a la transparencia en la tramitación de las instancias específicas de mediación que lleva adelante, y el seguimiento a los acuerdos de las partes que hayan buscado su servicio de mediación. Por falta de recursos, y por la falta de coordinación de este mecanismo de mediación con políticas más transversales de promoción de la inversión en otros ministerios, sin embargo, es aún poco conocido entre los actores privados, y entre la sociedad civil.

Cabe destacar que en general, ninguna de estas iniciativas responde a una política coordinada o transversal en materia de derechos humanos. En este sentido, el esfuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Economía de coordinar estos esfuerzos a través de un Comité Interministerial, y un Consejo para la Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, respectivamente, son iniciativas muy necesarias en esa dirección. La coordinación interministerial es imprescindible si se pretende avanzar hacia el respeto y la garantía de los derechos humanos en materia empresarial. Para el Estudio, se hicieron 54 solicitudes de entrevistas a órganos públicos, de las cuales fueron otorgadas 41. Además, se hicieron 12 entrevistas de contexto con actores no- gubernamentales y gremiales. Finalmente, el Estudio se basa en varias decenas de solicitudes de acceso a la información pública que en su mayoría fueron contestadas. La primera conclusión de los autores es, en relación con este punto, que sin un mecanismo eficaz de acceso a la información pública un estudio como el que se presenta, no sería posible realizar de forma independiente. El Estudio también incluye un análisis del conflicto social en la Araucanía.

El trabajo fue encomendado y financiado por el Instituto Danés de Derechos Humanos. Colaboraron los investigadores Fernando Araya y Pablo Soto, la investigadora Karla Varas, los ayudantes senior Orielle Ahumada y Carlos Miranda, y los ayudantes Vicente Martínez, Gabriela Labra y Nicolás Álvarez, todos de la UDP.

El Estudio se puede revisar en nuestra página. Cuenta con un mecanismo de observaciones y retroalimentación para los servicios y órganos aludidos en el Estudio. Una versión con recomendaciones se publicará en la semana del 30 de mayo.

Se espera que el Estudio no solo sirva como insumo a los diálogos participativos sobre el Plan de Acción Nacional que el gobierno convocará, para que las distintas partes interesadas puedan comentar, complementar o criticar sus conclusiones. Sino también, que sea un insumo para el Comité Interministerial sobre Empresas y Derechos Humanos que deberá adoptar durante este año, el Plan de Acción Nacional.

Las próximas actividades sobre el Estudio se desarrollarán en la Facultad de Derecho de la UDP, el 9 de junio de 2016, a las 19 horas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y el 20 de junio de 2016 a las 18.30 horas con el Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, Amerigo Incalcaterra, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Dante Pesce, y la Directora de Chilecompra, Trinidad Inostroza.

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1 Por formar parte de una institución de educación superior, los autores consideraron que pudiera parecer que existen conflictos de interés en relación a una evaluación de las universidades. Por tanto, no se desarrolló esta parte del estudio.

Por su trabajo en pro de una sociedad más inclusiva y sin discriminación, en cuarta versión de los “Premios Todo Mejora”

Con el propósito de poner en discusión temáticas relativas a la institucionalidad de los derechos humanos en Chile y América Latina, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organizaron el seminario internacional “Institucionalidad de Derechos Humanos: Desafíos para su creación e implementación”, el que contó con exposiciones del director de la División de las Américas del Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; de la directora del INDH, Lorena Fries, y de la directora del Centro, Judith Schönsteiner, entre otros.

Durante la actividad se generó una instancia de discusión en torno a la institucionalidad autónoma del país, la que permite evaluar si las medidas que se están tomando para la modernización de la misma, responden efectivamente a las obligaciones internacionales de derechos humanos que pesan sobre el Estado de Chile.

En ese sentido, el representante del observatorio de derechos humanos remarcó los esfuerzos que está haciendo el Estado para crear una institucionalidad autónoma en ese ámbito -que hasta el momento ha dado origen a la Subsecretaria de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Derechos Humanos-, además de la posible incorporación del llamado Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y la Defensoría del Pueblo en temáticas relacionadas con la niñez.

“La realidad chilena está muy alejada a los casos extremos de violación a los derechos humanos que se viven América Latina, pero no estamos ajenos a las necesidades de un desarrollo institucional mucho más fuerte o de un impulso decidido a construir una institucionalidad vigorosa que esté al margen de las presiones políticas o partidarias y que se pueda desarrollar en términos ejemplares con la confianza y con el apoyo de la ciudadanía”, afirmó José Miguel Vivanco.  

Asimismo, el representante del organismo internacional señaló que en los últimos años América Latina ha experimentado importantes avances en materia de modernización de sus constituciones, las que se han preocupado por proteger valores jurídicos y derechos humanos relacionados con el medioambiente o la garantización de la salud, alimentación, igualdad de género y educación. 

No obstante, “la realidad que se vive en la región dista mucho de la norma jurídica, porque los retrocesos que se han registrado en materia de DD.HH. en países como Venezuela, Colombia, Bolivia u otros países de Centro América son muy serios”. Agregó que es muy preocupante que “acá en Latinoamérica se asuma que la sola incorporación en los respectivos textos constitucionales de un concepto demandado por el electorado y por las grandes mayorías, es suficiente para asumir que se transformen en plenos derechos”.

En el espacio para los comentarios, el académico UDP Domingo Lovera, la profesora PUC Ángela Vivanco y la académica de la UDC Ximena Gauche; conversaron respecto a las fortalezas y debilidades de la institucionalidad autónoma de los Derechos Humanos en Chile y sobre los proyectos de ley vinculados  a los proyectos  que hacen mención al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y la Defensoría del Pueblo en temáticas relacionadas con la niñez.

Finalmente, el académico UDP Tomás Vial; el representante regional para América del Sur ACNUDH, Amerigo Incalcaterra y Tom  Pegram, del Departamento de Ciencia Política del  London's Global University, reflexionaron respecto a las lecciones aprendidas en el campo del diseño de institucionalidad autónoma de derechos humanos desde una perspectiva comparada.

Actualmente el Estado de Chile ha creado o está en discusión legislativa varias instituciones que tiene por propósito la defensa de los derechos humanos. Este es el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la recientemente publicada ley que crea la Subsecretaria de Derechos Humanos, o la propuesta legislativa de Defensor del Niño. Esta plétora de organismos existentes o por existir levanta varias cuestiones. Una es si acaso eso significará la creación de instituciones sectoriales de Derechos Humanos, parciales y con limitados recursos. Otra es que ello puede implicar una falta de visión integral de los Derechos Humanos por parte del Estado. Existe también el peligro de posibles enfoques contradictorios en discriminación y/o invisibilización de discriminación múltiple y de diferencias en la aplicación de los estándares internacionales.

A fin de discutir estos puntos y de avanzar en un diagnostico de la realidad, que de cuenta tanto de las situación nacional, con sus fortalezas y debilidades,  como también de  mostrar lecciones aprendidas en casos comparados en materia de institucionalidad autónoma de derechos humanos, se ha organizado, en forma conjunta entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, un seminario sobre “Institucionalidad de Derechos Humanos: Desafíos para su creación e implementación”.

En el expondrá José Miguel Vivanco, actual director de la División de las Américas de Human Rights Watch; Tom Pegram, (DPhil Oxford)Profesor de Global Governance y Director Adjunto del Instituto de Global Governance en el Departamento de Ciencia Política y Políticas Públicas, University College London (UCL); Amerigo Incalcaterra, representante regional para América Latina, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Dra. Ximena Gauche, profesora de derechos fundamentales y derecho internacional público de la Universidad de Concepción; la Dra. Ángela Vivanco, profesora de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica; el Dr. Tomás Vial, profesor de derecho constitucional y miembro del Centro de Derechos Humanos, UDP; Domingo Lovera, profesor de derecho constitucional, UDP.

El seminario se desarrollará el día 12 de mayo, en la Facultad de Derecho UDP, entre 15.00 y 19.15 hrs. en el Auditórium de la Facultad, República 105.

Juan Enrique Vargas, decano, y Judith Schönsteiner , directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, saludan e invitan al coloquio internacional “Empresas estatales y derechos humanos: conceptos de derecho internacional y experiencias prácticas”.

En debates sobre la responsabilidad en materia de derechos humanos ocurridos con posterioridad a la adopción de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en Naciones Unidas (2011), empresas privadas y otros actores invocan la función ejemplar de Estado, en cuanto a dar el ejemplo a través de sus empresas e ir un paso adelante en el respeto de los derechos humanos. Esta lógica fue recogida en los Principios Rectores y desarrollada en un informe del Grupo de Trabajo en 2016.

El presente  panel analizará el Informe sobre empresas estatales presentado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, desde la perspectiva académica y práctica.

PANEL
Dante Pesce
, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

Ángel Rodrigo, catedrático de derecho internacional de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos, UDP
Patricio Chávez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, CODELCO
Jorge Avendaño, SEP Chile

Dante Pesce presentará el Informe, y comentará Ángel Rodrigo a partir de reflexiones y conceptos del derecho internacional público, especialmente ambiental; Judith Schönsteiner desde el ángulo del derecho internacional de los derechos humanos y consideraciones de la responsabilidad internacional del Estado; Patricio Chávez y Cristina Orellana (por confirmar) intervendrán desde la experiencia de empresas estatales chilenas en relación a los desafíos y oportunidades en la adopción de medidas en pos del respeto de los derechos humanos.

La actividad tendrá lugar el próximo lunes 12 de septiembrea las 18 horas, en el Auditorio, de la Facultad de Derecho UDP, República 105. Inscripciones en:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Este panel se organiza en el contexto del Proyecto Fondecyt No. 11150853“Responsabilidad internacional del Estado por acciones y omisiones de empresas estatales en materia de derechos humanos”.

El Centro de Derechos Humanos y el Programa de Derecho Público de la Facultad de Derecho de Universidad Diego Portales tienen el agrado de invitarle al Panel: “¿Cómo incorporar el derecho internacional de los derechos humanos en la nueva Constitución?“

Chile se encuentra en pleno proceso constituyente. En este contexto, el panel pretende iniciar un debate sobre la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la nueva Constitución, considerando que las posturas sobre jerarquía del mismo en el ordenamiento constitucional nunca se han logrado reconciliar a partir del Art. 5.2 de la Carta actualmente vigente. Junto a expertos naciones e internacionales, se busca reflexionar sobre varias preguntas relacionadas con la materia.

PANEL

Modera
Rodolfo Figueroa, director Programa de Derecho Público, Universidad Diego Portales.

Exponen
Judith Schönsteiner, directora Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales:
Qué espera el derecho internacional de la protección de los derechos fundamentales

Alexandra Huneeus, académica University of Wisconsin, Estados Unidos:
Una perspectiva empírica comparada

René Urueña, académico Universidad de los Andes, Colombia:
El derecho internacional de los derechos humanos en Colombia

Manuel Núñez, académico Pontificia Universidad Católica de Valparaíso:
Identidad constitucional y derecho internacional de los derechos humanos

Liliana Galdámez, profesora e investigadora Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho Universidad de Chile:
El bloque de constitucionalidad

Raúl Campusano, académico Universidad del Desarrollo:
Incorporación del derecho internacional de los derechos humanos y las implicancias desde el derecho internacional general

 

La actividad se realizará el próximo jueves 25 de agosto, a las 19.00 hrs., en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, República 105, Santiago centro.

Entrada liberada, previa inscripción en el correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Clínica de Interés Público y Derechos Humanos ejecutará un convenio entre el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania denominado: “Intervención Policial: la situación de los derechos humanos en La Legua Emergencia”.

El proyecto que la Clínica AIP llevará a cabo este año 2016, dirigido por el profesor Cristián Riego y con la colaboración de Juan Pablo Delgado, abogado ayudante de la Clínica, consistirá en la producción de un informe que detalle una larga historia de abusos policiales que ha tenido lugar desde  hace varios años en la población conocida como Legua Emergencia, dando así una visión general de lo que ha sido un efecto secundario de la intervención del Estado en un sector estigmatizado por su vinculación con el narcotráfico y la delincuencia.

El contenido del informe será además difundido a través de diversas actividades tanto  en el medio académico como entre los propios habitantes del sector de La Legua.

El objetivo general del proyecto es el de documentar un proceso de intervención que se realizó con el fin de disminuir el narcotráfico y la violencia asociada pero que ha generado como efecto una gran vulnerabilidad de los habitantes frente a los abusos policiales.

El proyecto busca además que por medio de la información que se sistematice y su difusión sea posible mejorar la capacidad de los propios habitantes, sus organizaciones y otros organismo interesados en el problema, para relevar la visibilidad del problema y promover diversas iniciativas y actividades destinadas a superarlo.

  

Seminario organizado por el Centro de Derechos Humanos UDP, contó con la participación de especialistas de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

Con el fin de entregar soluciones concretas respecto al creciente fenómeno migratorio en Chile - y ad portas de la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Migraciones que será presentado al Congreso durante el primer trimestre de 2016 – el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UDP organizó el seminario internacional “Migraciones, Nacionalidad y Derechos Humanos. Tendencias y desafíos en América del Sur”, con el fin de comparar la realidad migratoria chilena con la que enfrentan el resto de los países de la región.

El encuentro, cuyos coorganizadores fueron el Servicio de Atención Jesuita a Migrantes (SJM), el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS (Argentina), y la Clínica de Atención al Inmigrante de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, puso en discusión la actual normativa, que se basa en una política restrictiva donde los extranjeros son vistos como una amenaza para la fuerza laboral nacional.

En relación a la dirección que debe tomar la futura legislación sobre migrantes en Chile,la profesora de la Clínica Migrantes y Refugiados UDP, Delfina Lawson, aseguró que ésta “tiene que ser una política que debe tener un enfoque en los derechos porque en primer lugar, debemos reconocer el  derecho humano a migrar y, desde ahí queremos que se vaya tiñendo toda la normativa; reconociendo que son personas que deben tener derecho a la salud o a la educación, independiente de su situación migratoria”.

Desde la experiencia argentina, el director Nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, argumentó que “las políticas migratorias voluntaristas y restrictivas han fracasado en el mundo. Ejemplo de esto es la política migratoria de EE.UU., donde el presidente Obama no ha podido superar la discusión respecto a la regularización de 15 millones de personas que hay dentro del territorio de Estados Unidos”. 

En contrapartida –complementó Arias Duval– “el modelo de políticas realistas y abiertas tiene en cuenta la responsabilidad de los estados en el desarrollo humano,  la garantía de los derechos humanos sin discriminación y la necesidad de generar condiciones que favorezcan  o faciliten la integración del migrante a la sociedad de recepción”.

En esa línea, el miembro del Comité de Expertos de las Naciones Unidas,Pablo Ceriani, argumentó que para entregar solución laboral a los más de 100 mil  peruanos, 66 mil  argentinos y 34 mil bolivianos residentes en Chile, debe existir una política pública que vaya en directa relación con la regularización de su situación migratoria.

“En materia de trabajo, sabemos muy bien que la regularidad migratoria es un elemento imprescindible para garantizar el derecho al empleo, porque no existe ninguna ley migratoria –ni siquiera las más avanzadas– que reconoce el derecho a trabajar a una persona en situación migratoria irregular”, enfatizó.

Añadió que “la regularización migratoria en el ámbito laboral también es un elemento que puede contribuir a la prevención y a la reducción de la explotación laboral, del trabajo infantil y  la trata de personas, entre otros”.  

Finalmente, el académico UDP y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, expresó que “yo haría un llamado para que las autoridades de Gobierno, más allá de cuáles sean las circunstancias electorales o políticas, avancen definitivamente en el reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes en Chile, para que estos puedan expresar su derecho a voto, sobre todo, si tienen residencia permanente en nuestro país”. 

Se ha publicado el número 31 del boletín del Observatorio de Justicia Transicional, que cubre noticias en materia de verdad, justicia, reparaciones y memoria en Chile, y en la región, entre julio y septiembre de 2015 inclusive. Es una edición particularmente extensa, lo cual refleja tanto la aceleración reciente de la actividad de los tribunales chilenos en esta materia cuanto el tradicional alza en actividades conmemorativas y de memoria en el mes de septiembre, en que se conmemora el aniversario del golpe de Estado.

Si bien cae fuera del periodo de cobertura del boletín adjunto, estimamos importante reproducir informaciones referentes al bono de reparación económica, aprobado por ley de la Republica el 26 de octubre del 2015, al que tienen derecho las y los sobrevivientes de prisión política y tortura reconocidos por la ‘Comisión Valech’ en cualquiera de sus dos iteraciones (2004 y 2011).

Lamentablemente, este derecho no ha sido extendido de manera automática, sino que se le impone al derecho habiente el ‘deber’ de solicitarlo en forma activa. Las y los residentes en Chile deben acercarse al IPS más cercano; mientras que para las y los residentes en el extranjero, se debe llenar un formulario. El plazo de postulación ya se encuentra abierto, y no hay fecha de vencimiento establecido. El bono se empezará a entregar, solamente a quienes postulan activamente a ello, a partir de diciembre 2015.

Link de descarga del boletín:

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/observatorio/func-startdown/322/