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Con el auspicio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la UDP  convoca a todos y todas a un Coloquio Compras Públicas. Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene como objetivo presentar y discutir los resultados del Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos que se refieran a las compras públicas. El estudio fue elaborado por la profesora Judith Schönsteiner y un equipo de la Facultad de Derecho de la UDP, por encargo de y con financiamiento del Instituto Danés de Derechos Humanos.

  

Programa:

Presentación del estudio, Judith Schönsteiner, Directora, Centro de Derechos Humanos UDP

Comentarios

Trinidad Inostroza, Directora, Chilecompra

Dante Pesce, Miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Preguntas y debate del público

La actividad se desarrollará el día 26 de junio, entre las 18.30 y 20.00 horas, en el Auditorio N° 1 del Edificio de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UDP, República 112. Inscripciones con Carmen Gloria Alvarez, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , o llamando al 2-2676-8806.

Para mayor información, consultar el siguiente enlace.

Entre los días 31 de mayo y 2 de junio se llevó a cabo un Taller de Capacitación sobre Nacionalidad y Apatridia para Organizaciones de la Sociedad Civil y Clínicas Legales de las Américas en la sede de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

El taller fue organizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y contó con el apoyo de la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia (Red ANA). Participaron 31 personas de diferentes países (Canadá, Estados Unidos, Bahamas, Mexico, Chile, Colombia, República Dominicana, Haití, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil) quienes se desempeñan como profesores de Clínicas Jurídicas o funcionarios de ONGs.

De acuerdo al Informe Anual de la Red ANA, la apatridia afecta a más de 200,000 personas en las Américas debido a las brechas existentes en las leyes de nacionalidad, la privación arbitraria de nacionalidad y los restrictivos procesos administrativos a los que las personas están sujetas. La carencia de una nacionalidad trae aparejada una serie de vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas, y obstaculiza el acceso y el goce efectivo de entre otros, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la identidad y a los derechos políticos. En Chile hay cerca de 3.000 niños y niñas a quienes se les ha desconocido su nacionalidad chilena, y el Estado es uno de los pocos de la región que aún no adhiere a ninguna de las dos Convenciones sobre Apatridia.

En el año 2015, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, la Clínica de Inmigrantes de la Universidad Alberto Hurtado y el Servicio Jesuita a Migrantes presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un reclamo de nacionalidad colectivo por la situación de 167 niños y niñas que residían en el norte del país en riesgo de apatridia. En el marco de dicha acción judicial, el gobierno reconoció la nacionalidad de dichos niños y niñas y se comprometió a adoptar medidas para reparar la situación de las otras personas a quienes se les había desconocido la nacionalidad y permanecen en situación de riesgo de apatridia.

A la fecha, aún siguen viviendo en Chile miles de niños sin nacionalidad en Chile quienes enfrentan obstáculos para acceder a sus derechos fundamentales. Junto a otras organizaciones nacionales y regionales y el INDH, desde el Centro de Derechos Humanos seguiremos abogando para que pronto no exista ningún niño sin nacionalidad en Chile.

Se le invita cordialmente a una presentación del Portal del Sistema Individual de Peticiones de la CIDH. La presentación tendrá lugar el día jueves 9 de junio de 4:30 p.m. a 6:30 p.m., en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Auditorio República 105, Santiago de Chile; en el marco del 158º Período Extraordinariode Sesiones de la CIDH.

Mediante la presentación del Portal, se demostrarán las ventajas y facilidades que podrán aprovechar los usuarios del Sistema Interamericano. Con esto se pretende atender el requerimiento de los actores del Sistema Interamericano de mejorar los mecanismos de acceso a la información en formato electrónico de las peticiones y casos, para los Estados, peticionarios y víctimas. Contribuyendo así a una mayor transparencia de los procedimientos y celeridad en el trámite de los mismos a través del uso de tecnología y herramientas automatizadas de gestión.

Este Portal forma parte del sistema integral de manejo de documentos de la Comisión sobre peticiones y solicitudes de medidas cautelares, y constituye una herramienta de transmisión de información. A través del Portal las partes podrán enviar comunicaciones y anexos, visualizar documentos emitidos por la Comisión y consultar sobre el estado de sus asuntos.

En caso de aceptar esta invitación, rogamos acreditar la participación por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

El taller se realizó a una veintena de funcionarios públicos ligados a municipios, poder judicial y corporaciones de asistencia judicial. A fines del año 2015, la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales a través del Centro de Derechos Humanos, firmó un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), para realizar un curso­taller sobre discapacidad y derechos humanos dirigido a funcionarios públicos y organizaciones que trabajan en la ayuda de personas que presentan algún tipo de habilidades especiales.

De acuerdo con el investigador del Centro de Derechos Humanos UDP, el abogado constitucional, Tomás Vial, este curso buscó profundizar conocimientos sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Público referido a las personas que padecen algún grado de discapacidad. Explicó que durante el desarrollo de estos talleres se pudo hacer un análisis de cómo las instituciones del sistema internacional de los derechos humanos resuelve las problemáticas asociadas a la discapacidad a partir de los mecanismos de protección nacionales e internacionales, haciendo además una revisión de la jurisprudencia comparada en temáticas relacionadas a la capacidad jurídica, derechos sexuales y reproductivos, entre otras.

Vial apuntó a que “el centro asume la política de la UDP de servir a la sociedad no sólo por medio de la enseñanza e investigación, sino que también fomentado su relación con las organizaciones sociales, los órganos del Estado y la sociedad en general. A su vez, estima que para el pleno respeto y protección de los derechos humanos es esencial tener funcionarios públicos con los conocimientos necesarios sobre estas respectivas temáticas”.

Durante el encuentro – que contó con la participación de más de 20 personas que provienen de diversos servicios u órganos públicos, tales como: municipalidades, poder judicial y la Corporación de Asistencia Judicial­ se discutieron diversas temáticas asociadas al derecho internacional de los Derechos Humanos, donde se incluyeron órganos, fuentes e interpretación; además de algunos temas relativos específicamente a la discapacidad con temas referentes a los derechos de la niñez y la capacidad jurídica.

Los talleres estuvieron a cargo de los investigadores de la Facultad de Derecho UDP: Ricardo Lillo, Judith Schönsteiner, Tomás Vial y Juan Pablo González. También participaron los representantes del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis): Christian Finsterbusch y Sebastián Pino; además de la colaboración del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sebastián Pino.

Según el profesor Vial, en esta capacitación se aplicó una metodología donde se impartieron clases magistrales que permitieron una activa participación de las y los alumnos a partir de la discusión de determinados casos.

Santiago de Chile, 26 de mayo de 2016

Sr. Heraldo Muñoz

Ministro de Relaciones Exteriores

Presente.

 

Estimado señor Ministro,

Los y las abajo firmantes somos abogados, abogadas, académicas y académicos interesados en temas de Derechos Humanos y queremos manifestarle nuestra enorme preocupación por la crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que de no solucionarse significaría una enorme disminución de sus capacidades para cumplir con sus múltiples tareas.

A las y los firmantes nos consta la importancia de la Comisión y en general del sistema interamericano de derechos humanos para el avance en Chile y en el continente de algunos de los temas clave de nuestra democratización, tales como la solución de las violaciones ocurridas durante la dictadura, el progreso de la libertad de expresión, el avance en los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas, así como los de los grupos de diversidad sexual, entre muchos otros.

La Comisión y el sistema no solo han sido fundamentales en relevar casos chilenos de gran importancia para la consolidación de nuestra democracia, sino que además ha ejercido su función de promoción mediante visitas in loco e informes temáticos y de país, que han contribuido indudablemente al avance de los derechos humanos en Chile.

Los costos de la Comisión no son significativos en relación con la importancia de su función. No solo resultan muy bajos si los comparamos con las instituciones nacionales que cumplen funciones en la misma área, como son el sistema judicial, los ministerios de áreas relacionadas o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que también lo son respecto de otras instituciones internacionales en las que Chile participa como son la Corte Penal Internacional, la OECD y otras.

La perdida de capacidades de la Comisión significaría para Chile un grave deterioro en su propio sistema institucional, un grave retroceso en la causa de los derechos humanos y un aumento de la vulnerabilidad de nuestra democracia y Estado de Derecho. Además, la falta de financiamiento a un órgano principal de la OEA, según su propia Carta, cuestionaría la legitimidad y salud de la organización como un todo.

Finalmente, ante indicaciones de varios países en la sesión del Consejo Permanente de esta semana de que la falta de financiamiento surgiría de una "falta de confianza", y criticando el organismo por falta de "equidistancia y ecuanimidad", como lo resumió el Embajador chileno, instamos que Chile retome de forma clara y decidida su liderazgo en la defensa de la Comisión ante el intento de debilitamiento de sus facultades, y especialmente, su independencia en la interpretación de los tratados que fundan su mandato.

Lo que hemos escuchado, vinculado con la falta de financiamiento, corresponde a una grave y preocupante amenaza a la independencia de la CIDH. Desde el retorno a la democracia, Chile ha defendido la labor independiente de la Comisión. Le pedimos asegurar que esto siga siendo así.

Por las razones expuestas le solicitamos que Chile lidere una iniciativa de las democracias latinoamericanas más consolidadas, destinada a conseguir a corto, mediano y largo plazo los fondos para financiar adecuadamente a la Comisión y a fortalecer al conjunto del sistema de Derechos Humanos que tantos servicios ha prestado a nuestro país y al continente.

 

Atentamente,

Cristián Riego, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

Dra. Judith Schönsteiner, Directora del Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales

 

Adhieren:

1. Lidia Casas, Universidad Diego Portales

2. Dr. Tomás Vial, Universidad Diego Portales

3. Delfina Lawson, Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales

4. Dra. Cecilia Medina Quiroga, doctora en derecho Universidad de Utrecht

5. Dra. Alejandra Zúñiga, Universidad de Valparaíso / Universidad Diego Portales

6. Dr. Luis Villavicencio Miranda, Universidad de Valparaíso

7. Dr. José Zalaquett, Ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

8. Juan Vargas, Decano de Derecho, Universidad Diego Portales

9. Pablo Soto, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

10. Domingo Lovera, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

11. Sergio Fuenzalida, Facultad de Derecho, Universidad Central

12. Ricardo Lillo, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

13. Leonor Etcheberry, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

14. Félix Aguirre, Instituto de Sociología, Universidad de Valparaíso

15. Antonio Glaría Bengoechea, Escuela de Ingeniería Civil Biomédica, Universidad de Valparaíso

16. Dr. Nicolás Espejo Yaksic, Kellogg College, Universidad de Oxford

17. Dr. Javier Couso, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

18. Mauricio Duce, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

19. Dr. Jaime Bassa Mercado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso. 

20. Dr. Cristián Delpiano, Facultad de Derecho, Universidad Católica del Norte

21. Dra. Paola Bolados García, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso

22. Macarena Vargas, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

23. Dr. Héctor Arancibia Martini, Universidad de Valparaíso.

24. Marcela Cubillos Poblete, Instituto de Historia y Ciencias sociales, Universidad de Valparaíso

25. Dr. Gastón Tagle Orellana, Universidad de Valparaíso

26. Dr. Manuel Antonio Nuñez, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso

27. Evelyn Farías Vargas, Universidad de Valparaíso

28. Dr. José Luis Guzmán Dalbora, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso.

29. Alejandra Mera, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

30. Juan Francisco Lobo, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

31. Sebastián del Pino, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

32. Dr. Jaime Couso, Director del Departamento de Derecho penal y procesal penal, Universidad Diego Portales

33. Pilar Muñoz, Facultad de Educación, Universidad Diego Portales

34. Katherine Becerra Valdivia, Escuela de Derecho Coquimbo, Universidad Católica del Norte

35. Dra. Verónica Undurraga, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibañez

36. Ximena Ceballos, Carrera Nutrición y Dietética, Universidad de Valparaíso

37. Dr. Claudio Nash, Facultad de Derecho, Universidad de Chile

38. Claudio Fuentes Maureira, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

39. Dr. Rodrigo Barcia Lehmann, Universidad Finis Terrae

40. Dra. Elisa Ansoleaga, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales

41. Verónica Munilla Espinoza, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibañez

42. Rodrigo Silva Montes, Universidad Miguel de Cervantes / Universidad Adolfo Ibáñez

43. Bernardo Busel, socio de Quintanilla & Busel Niedmann / Universidad Adolfo Ibáñez

44. Diego Morales López, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

45. Karla Varas Marchant, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

46. Dr Mario Párraga San Román, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso

47. Oscar Silva Álvarez, Magasich & Cía.

48. Jorge Osorio-Vargas, Escuela de Psicología, Universidad de Valparaíso

49. Catalina Novoa Muñoz, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

50. Dr. José Miguel Valdivia, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

51. Héctor A. Morales Zúñiga, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

52. Dra. Susana Espada Mallorquín, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

53. Eduardo Irribarra Sobarzo, economista

54. Mónica Peña Ochoa, Facultad Psicología, Universidad Diego Portales

55. Veronika Wegner A., Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

56. Dr. Carlos Pizarro, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

57. Eduardo Court, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.

58. Carolina Gutierrez, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

59. Felipe Caballero Brun, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

60. Marcelo Montero Iglesis, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

61. Marcelo Silva Ahumada, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales / Universidad San Sebastián

62. Juan Pablo González Jansana, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

63. Raúl Andrés San Martín Rodríguez, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

64. Alejandro Carcamo Righetti, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales / Pontificia Universidad Católica de Chile

65. Sylvana Mariangel Cavada, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

66. José Ignacio Escobar Opazo, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica

67. Javier Andrés Contreras Olivares, Abogado, Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

68. Joaquín Paillamanque Concha, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso

69. Dr. Rodrigo Bustos Bottai, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

70. Francisca Barrientos, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

71. Carlos Briceño, economista.

72. Dra. Rita Lages, Facultad de Derecho, Universidad de Chile

73. Dr. Enrique Letelier Loyola, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Antofagasta

74. Myrna Villegas Diaz. Directora (s) Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho, Universidad de Chile

75. Dra. Liliana Galdamez, Facultad de Derecho, Universidad de Talca

76. Dr. Kamel Cazor Aliste, Facultad de Derecho, Universidad Católica del Norte

77. Tamara Carrera Briceño, Abogada UDP

78. Dr. Lusitania Villablanca Cerda, abogada.

El proyecto de cursos de Derechos Humanos gratuitos en línea, MOOC Chile ha lanzado su tercer curso, llamado Igualdad de Género y Diversidad Sexual, el cual ya se encuentra disponible desde el 31 de agosto. En él, se repasarán las principales instituciones e hitos de la lucha por la igualdad de género y los derechos de las minorías sexuales. 

 El curso consta con un total de 30 clases, cada una de 10 a 12 minutos de duración, las cuales se encontrarán disponibles a un ritmo tres o cuatro clases por semana. Para cursarlo, no existe un límite de tiempo para registrarse ni para terminar las clases, así como tampoco existe un cupo limitado de alumnos. 

El curso online cuenta además con videoclases de los investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y profesores de la misma casa de estudios, Judith Schonsteiner, Tomás Vial y Lidia Casas.

Para inscripciones y más información, visite el siguiente enlace.

El Estudio Línea Base es el primero que se efectúa en Latinoamérica. Se hizo público hoy, como una de las ponencias en un seminario sobre empresas y derechos humanos que organizaron el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El Estudio abarca por un lado las actividades económicas del Estado propiamente tales –empresas estatales, Chilecompra, SERCOTEC, los fondos de emprendimiento como CORFO, y las concesiones. Por otro lado, y ésta es la mayor parte del Estudio, se dedica a analizar si el Estado cuenta con regulación eficaz para garantizar el respeto a los derechos humanos en las actividades económicas de las empresas chilenas y extranjeras en el país, así como en las actividades de empresas chilenas en el exterior. Todas estas preguntas se derivaron de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011 y de las obligaciones de tratados de derechos humanos que Chile ha contraído.

Los principales hallazgos del Estudio Línea Base se relacionan con la falta de regulación de materias relacionadas con las actividades empresariales; las debilidades en la fiscalización de las actividades empresariales, especialmente, las extractivas; y el impacto grave de la falta de planificación territorial. Además, los tratados de inversión y comercio ratificados por Chile y por ratificar como el TPP, no contienen las suficientes garantías en materia de derechos humanos. Finalmente, el acceso a la justicia y reparación en materia de empresas y derechos humanos es claramente deficiente, tal como en general, la capacidad de prevención de las violaciones mediante recursos judiciales, políticas públicas o medidas administrativas. Sin embargo, existen iniciativas puntuales de buenas prácticas que deberían ser fortalecidas e integradas en una política transversal en materia de empresas y derechos humanos.

En cuanto al primer punto, la regulación (Principio Rector 1), especialmente, la sectorial, no garantiza que las empresas respeten el derecho a la salud de las comunidades aledañas, los derechos laborales individuales y colectivos de los mismos trabajadores, o los derechos a la participación o consulta previa, libre e informada de las comunidades, particularmente, las indígenas. En ese sentido, las normativas de emisiones en general, y de calidad de aire no corresponden a los estándares requeridos de la Organización Mundial de Salud; no existe normativa sobre la calidad y contaminación de los suelos, ni sistema moderno de tratamiento y reciclaje de la basura; la regulación minera no garantiza la seguridad minera en relación a los tranques de relave y otros depósitos mineros, con graves consecuencias actuales o posibles en el evento de acontecimientos naturales o errores humanos; la regulación forestal no prevé la compatibilidad de la actividad industrial con otras actividades productivas (actuales o futuras) sobre los mismos suelos o suelos aledaños, por no regular el uso de agua y la permanencia de la agricultura de subsistencia. La pesca industrial y acuicultura no están reguladas de forma que garanticen el derecho al trabajo de los pescadores artesanales. La agricultura no respeta el derecho a la salud de los y las trabajadore/as, y comunidades aledañas, en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas.

Además, el trabajo de temporeros y temporeras no se encuentra regulado conforme a los estándares internacionales en derechos humanos, especialmente, en cuanto a un pago justo, el derecho a formar sindicatos, y el derecho a la seguridad social.

Además, mientras la garantía de los derechos individuales de los trabajadores ha mejorado considerablemente en los últimos años, la regularización en relación a los derechos colectivos no corresponde al derecho internacional. Tampoco existe garantía eficaz alguna para contrarrestar la discriminación en el acceso al trabajo, a saber, al momento de postular y ser rechazado por razones de origen social o nivel socio-económico, de actividades anteriores en sindicatos u organizaciones, por discapacidad, género, o por ser indígena.

Finalmente, no existe mecanismo eficaz para garantizar la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, indígenas y no- indígenas, personas con o sin discapacidad.

La regulación es más completa, pero deficiente en puntos clave en relación a los servicios públicos privatizados, como la salud, la educación escolar, el transporte público, el cuidado, vivienda, el agua potable y los servicios sanitarios (Principio Rector 5 y Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales). El problema transversal que surge en relación a estas áreas, es doble: primero, la reducida capacidad de fiscalización de los órganos del Estado, por falta de recursos pero también por falta de coordinación entre sí y por falta de competencias; y segundo, en relación a los ámbitos de salud y educación, la incapacidad del Estado, por la estructura de competitividad del sistema en relación a los profesionales, de proveer servicios de calidad al 80% de la población que se atiende en la salud pública, y más del 90% de alumnos que asiste a colegios públicos o particulares subvencionados. En relación al agua potable, y los sistemas sanitarios incluyendo los residuos, el Estado ha sido incapaz de garantizar que las empresas reaccionen de manera preventiva a los riesgos externos al suministro de los servicios, lo que constituye una violación a la garantía del derecho humano al agua potable, y a la sanitación. En el transporte público se evidencia, lo que en mayor o menor medida es correcto para todos los servicios privatizados: en regiones, el acceso es considerablemente reducido en comparación a la región metropolitana. Esto constituye discriminación en el derecho internacional.

En relación a la fiscalización preventiva y la reacción al incumplimiento de normativa por parte de los actores empresariales, Chile cuenta con un sistema en continua mejora, pero aun sumamente deficiente (Principio Rector 3). Esto se evidencia por falta de recursos, falta de competencias, y falta de coordinación entre las Superintendencias. En cuanto a la falta de competencias, destaca por ejemplo la falta de competencia del SERNAC en relación al ámbito de salud; o la completa falta de fiscalización preventiva en relación a casas de cuidado ilegales donde podrían estar encerradas personas con discapacidad postradas o adultos mayores. Finalmente, la fiscalización parece considerablemente menos eficaz en los ámbitos de pesca y minería, donde por política de los servicios a cargo, las fiscalizaciones se anuncian previamente a los fiscalizados.

Sobre el impacto grave que tiene la falta de planificación territorial en el goce y la garantía de los derechos humanos para las personas que habitan en Chile, el Estudio identifica que no hay armonización eficaz de los distintos usos de suelo; no hay planificación territorial de inversiones energéticas, mineras, forestales, o inmobiliarias por ejemplo. Como evidenciaron, además, casos como Campiche en la Corte Suprema o Curtido Blas en el Tribunal Constitucional, no existe acceso a la justicia eficaz conforme al derecho internacional de los derechos humanos en relación a posibles situaciones puntuales que podrían violar los derechos a vivir en un medioambiente sano, el derecho a la salud, o a la privacidad. En este contexto, también se constató un deficiente régimen de propiedad de subsistencia y propiedad ancestral indígena, en cuanto a la falta de garantías de acceso a la justicia para su protección, especialmente, la falta de asesoría legal gratuita y de calidad (Principio Rector 25 y Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 25), y la deficiente regulación de la consulta previa, libre e informada.

En relación a los tratados económicos internacionales que Chile ha ratificado o pretende ratificar, éstos no pasan por una evaluación de impacto en materia de derechos humanos. Eso significa que su efecto tiende a limitar la capacidad del Estado de Chile de hacer políticas y tomar decisiones a favor de la garantía de los derechos humanos en materia de inversiones. Por ejemplo, el TPP obligaría a Chile – a menos que el Congreso exigiera introducir una reserva al respecto – ratificar el UPOV-91, un tratado sobre propiedad intelectual que perjudicaría gravemente la capacidad de los pequeños agricultores y comunidades indígenas y campesinas de seguir sustentándose.

El acceso a la justicia para personas que no tienen los recursos económicos para solventar los gastos de un abogado particular, es estructuralmente limitado en Chile. Eso es verdad para todos los ámbitos civiles, ambientales, de consumidores, constitucionales y económicos, aunque haya diferencia de grados. La mayor falta de acceso existe en materia civil, que sería el foro idóneo para resolver una gran parte de los juicios por acceso a la reparación. La única institución estatal que provee asesoría legal gratuita es la Corporación de Asistencia Judicial, que trabaja con estudiantes en práctica y una falta considerable de personal con experiencia, y solamente en relación a ciertas temáticas, lo que reduce la calidad del servicio, y el acceso a la justicia. Por ejemplo, existe oficina de derechos humanos solamente para la región metropolitana. Mientras hay apoyos adicionales para grupos especialmente vulnerables, éstos no son suficientes y generalmente, se basan igualmente en la CAJ, con su problema estructural antes mencionado. El sistema pro bono es casi inexistente en materia de empresas y derechos humanos, por los conflictos de interés que tendrían muchos estudios de abogados que podrían participar de un sistema pro bono, ya que las empresas son sus principales clientes.

Al mismo tiempo, existen iniciativas puntuales que constituyen buenas prácticas en materia de sustentabilidad y derechos laborales, que se pueden considerar un avance en la promoción de los derechos humanos en el sector empresarial. Estas iniciativas son en general voluntarias para las empresas; así, existen iniciativas en el Consejo de Producción Limpia de incentivar acuerdos entre empresas para fomentar la sustentabilidad, y un piloto para acuerdos de pre-inversión que adelantan el involucramiento de las comunidades en los procesos de inversión. Los Acuerdos de Producción Limpia, sin embargo, no contemplan aún lenguaje de derechos humanos. En el Ministerio de Energía, se desarrolló una guía sobre participación de las comunidades en el desarrollo de proyectos energéticos, que recoge algunos estándares de derechos humanos. El Ministerio de Desarrollo Social ha llevado adelante varios estudios sobre “desarrollo social inclusivo” en iniciativas público- privadas y en las empresas. Codelco como empresas estatal, tiene una política de derechos humanos, y de relacionamiento con las comunidades, incluyendo las indígenas, que se refieren a derechos humanos. La empresa está en parte sujeta a la Ley de Acceso a la Información Pública (Principio Rector 4). El Ministerio de Minería está empezando a evaluar qué estrategia adoptará para hacer más seguros los cientos de relaves abandonados en el país. La Superintendencia de Valores y Seguros incorporó una normativa interna de “reportar o explicar” para la presencia de mujeres en directorios, gerencias y fuerza laboral.

Adicionalmente, Chilecompra promueve entre los distintos ministerios, la incorporación de estándares ambientales, laborales y sociales en las licitaciones de compras públicas (Principio Rector 6). Una vez que los ministerios se comprometen con ellos, pasan a ser obligatorias para las empresas que responden a las licitaciones. Finalmente, Chile ha adquirido el compromiso de crear un Punto Nacional de Contacto para la promoción e implementación de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que incluyen también un capítulo sobre derechos humanos. Este Punto de Contacto ha mejorado  su procedimiento en cuanto a la transparencia en la tramitación de las instancias específicas de mediación que lleva adelante, y el seguimiento a los acuerdos de las partes que hayan buscado su servicio de mediación. Por falta de recursos, y por la falta de coordinación de este mecanismo de mediación con políticas más transversales de promoción de la inversión en otros ministerios, sin embargo, es aún poco conocido entre los actores privados, y entre la sociedad civil.

Cabe destacar que en general, ninguna de estas iniciativas responde a una política coordinada o transversal en materia de derechos humanos. En este sentido, el esfuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Economía de coordinar estos esfuerzos a través de un Comité Interministerial, y un Consejo para la Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, respectivamente, son iniciativas muy necesarias en esa dirección. La coordinación interministerial es imprescindible si se pretende avanzar hacia el respeto y la garantía de los derechos humanos en materia empresarial. Para el Estudio, se hicieron 54 solicitudes de entrevistas a órganos públicos, de las cuales fueron otorgadas 41. Además, se hicieron 12 entrevistas de contexto con actores no- gubernamentales y gremiales. Finalmente, el Estudio se basa en varias decenas de solicitudes de acceso a la información pública que en su mayoría fueron contestadas. La primera conclusión de los autores es, en relación con este punto, que sin un mecanismo eficaz de acceso a la información pública un estudio como el que se presenta, no sería posible realizar de forma independiente. El Estudio también incluye un análisis del conflicto social en la Araucanía.

El trabajo fue encomendado y financiado por el Instituto Danés de Derechos Humanos. Colaboraron los investigadores Fernando Araya y Pablo Soto, la investigadora Karla Varas, los ayudantes senior Orielle Ahumada y Carlos Miranda, y los ayudantes Vicente Martínez, Gabriela Labra y Nicolás Álvarez, todos de la UDP.

El Estudio se puede revisar en nuestra página. Cuenta con un mecanismo de observaciones y retroalimentación para los servicios y órganos aludidos en el Estudio. Una versión con recomendaciones se publicará en la semana del 30 de mayo.

Se espera que el Estudio no solo sirva como insumo a los diálogos participativos sobre el Plan de Acción Nacional que el gobierno convocará, para que las distintas partes interesadas puedan comentar, complementar o criticar sus conclusiones. Sino también, que sea un insumo para el Comité Interministerial sobre Empresas y Derechos Humanos que deberá adoptar durante este año, el Plan de Acción Nacional.

Las próximas actividades sobre el Estudio se desarrollarán en la Facultad de Derecho de la UDP, el 9 de junio de 2016, a las 19 horas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y el 20 de junio de 2016 a las 18.30 horas con el Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, Amerigo Incalcaterra, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Dante Pesce, y la Directora de Chilecompra, Trinidad Inostroza.

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1 Por formar parte de una institución de educación superior, los autores consideraron que pudiera parecer que existen conflictos de interés en relación a una evaluación de las universidades. Por tanto, no se desarrolló esta parte del estudio.

Por su trabajo en pro de una sociedad más inclusiva y sin discriminación, en cuarta versión de los “Premios Todo Mejora”

Con el propósito de poner en discusión temáticas relativas a la institucionalidad de los derechos humanos en Chile y América Latina, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organizaron el seminario internacional “Institucionalidad de Derechos Humanos: Desafíos para su creación e implementación”, el que contó con exposiciones del director de la División de las Américas del Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; de la directora del INDH, Lorena Fries, y de la directora del Centro, Judith Schönsteiner, entre otros.

Durante la actividad se generó una instancia de discusión en torno a la institucionalidad autónoma del país, la que permite evaluar si las medidas que se están tomando para la modernización de la misma, responden efectivamente a las obligaciones internacionales de derechos humanos que pesan sobre el Estado de Chile.

En ese sentido, el representante del observatorio de derechos humanos remarcó los esfuerzos que está haciendo el Estado para crear una institucionalidad autónoma en ese ámbito -que hasta el momento ha dado origen a la Subsecretaria de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Derechos Humanos-, además de la posible incorporación del llamado Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y la Defensoría del Pueblo en temáticas relacionadas con la niñez.

“La realidad chilena está muy alejada a los casos extremos de violación a los derechos humanos que se viven América Latina, pero no estamos ajenos a las necesidades de un desarrollo institucional mucho más fuerte o de un impulso decidido a construir una institucionalidad vigorosa que esté al margen de las presiones políticas o partidarias y que se pueda desarrollar en términos ejemplares con la confianza y con el apoyo de la ciudadanía”, afirmó José Miguel Vivanco.  

Asimismo, el representante del organismo internacional señaló que en los últimos años América Latina ha experimentado importantes avances en materia de modernización de sus constituciones, las que se han preocupado por proteger valores jurídicos y derechos humanos relacionados con el medioambiente o la garantización de la salud, alimentación, igualdad de género y educación. 

No obstante, “la realidad que se vive en la región dista mucho de la norma jurídica, porque los retrocesos que se han registrado en materia de DD.HH. en países como Venezuela, Colombia, Bolivia u otros países de Centro América son muy serios”. Agregó que es muy preocupante que “acá en Latinoamérica se asuma que la sola incorporación en los respectivos textos constitucionales de un concepto demandado por el electorado y por las grandes mayorías, es suficiente para asumir que se transformen en plenos derechos”.

En el espacio para los comentarios, el académico UDP Domingo Lovera, la profesora PUC Ángela Vivanco y la académica de la UDC Ximena Gauche; conversaron respecto a las fortalezas y debilidades de la institucionalidad autónoma de los Derechos Humanos en Chile y sobre los proyectos de ley vinculados  a los proyectos  que hacen mención al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y la Defensoría del Pueblo en temáticas relacionadas con la niñez.

Finalmente, el académico UDP Tomás Vial; el representante regional para América del Sur ACNUDH, Amerigo Incalcaterra y Tom  Pegram, del Departamento de Ciencia Política del  London's Global University, reflexionaron respecto a las lecciones aprendidas en el campo del diseño de institucionalidad autónoma de derechos humanos desde una perspectiva comparada.

Actualmente el Estado de Chile ha creado o está en discusión legislativa varias instituciones que tiene por propósito la defensa de los derechos humanos. Este es el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la recientemente publicada ley que crea la Subsecretaria de Derechos Humanos, o la propuesta legislativa de Defensor del Niño. Esta plétora de organismos existentes o por existir levanta varias cuestiones. Una es si acaso eso significará la creación de instituciones sectoriales de Derechos Humanos, parciales y con limitados recursos. Otra es que ello puede implicar una falta de visión integral de los Derechos Humanos por parte del Estado. Existe también el peligro de posibles enfoques contradictorios en discriminación y/o invisibilización de discriminación múltiple y de diferencias en la aplicación de los estándares internacionales.

A fin de discutir estos puntos y de avanzar en un diagnostico de la realidad, que de cuenta tanto de las situación nacional, con sus fortalezas y debilidades,  como también de  mostrar lecciones aprendidas en casos comparados en materia de institucionalidad autónoma de derechos humanos, se ha organizado, en forma conjunta entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, un seminario sobre “Institucionalidad de Derechos Humanos: Desafíos para su creación e implementación”.

En el expondrá José Miguel Vivanco, actual director de la División de las Américas de Human Rights Watch; Tom Pegram, (DPhil Oxford)Profesor de Global Governance y Director Adjunto del Instituto de Global Governance en el Departamento de Ciencia Política y Políticas Públicas, University College London (UCL); Amerigo Incalcaterra, representante regional para América Latina, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Dra. Ximena Gauche, profesora de derechos fundamentales y derecho internacional público de la Universidad de Concepción; la Dra. Ángela Vivanco, profesora de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica; el Dr. Tomás Vial, profesor de derecho constitucional y miembro del Centro de Derechos Humanos, UDP; Domingo Lovera, profesor de derecho constitucional, UDP.

El seminario se desarrollará el día 12 de mayo, en la Facultad de Derecho UDP, entre 15.00 y 19.15 hrs. en el Auditórium de la Facultad, República 105.