8 Diciembre 2018

Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso el 6 de Diciembre de 2018

Las políticas públicas, tales como el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas (PAN), no son medidas idóneas para responder a situaciones de crisis, como la contaminación masiva en la bahía Quintero-Puchuncaví. Sin embargo, en la percepción pública, su éxito se mide -en gran medida- considerando si resuelven los problemas estructurales que están a la base de las situaciones más graves en materia de impacto empresarial a los derechos humanos.

La única medida concreta sobre la bahía que se incluyó en una política de derechos humanos está en el Plan Nacional de Derechos Humanos: los Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) para tres lugares del país, entre ellos, Quintero y Puchuncaví. Según informa la Subsecretaría de Derechos Humanos, se encuentra en ejecución y debería cumplirse en 2019.

Sin embargo, el problema persiste y actores de la sociedad civil, del sector empresarial y de algunos sectores gubernamentales han reconocido que las medidas adoptadas son aún insuficientes. Efectivamente, las medidas no lograrán, por sí solas, asegurar la protección del derecho a la salud y del derecho a vivir en un medioambiente sano de las personas que viven en la bahía ni el derecho a la educación y el derecho a la vivienda.

Si bien el PAN es el segundo en Latinoamérica y, por tanto, un avance, sus medidas no fueron seleccionadas con un enfoque de prioridades y urgencias en materia de empresas y derechos humanos. La actualización del PAN, que debe realizarse entre 2019 y 2020 con una eficaz participación ciudadana, necesita, por tanto, realizarse a la luz de los compromisos del Estado de Chile adquiridos por la ratificación de los tratados de derechos humanos, especialmente, sobre derechos económicos y sociales. Debe abarcar los desafíos estructurales que impiden la remediación y prevención futura de violaciones de derechos humanos como las que siguen ocurriendo en Quintero-Puchuncaví. Eso no es posible sin adoptar legislación adicional que obliga a empresas privadas y estatales hacerse cargo de sus impactos negativos actuales, futuros y del pasado.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP 2018 recomienda involucrar al Congreso, al Poder Judicial y también a los gobiernos regionales y los municipios en la actualización del PAN, comprometiéndose que el desarrollo económico del país y la generación de utilidades por empresas privadas y públicas no se realice en desmedro de los y las más débiles.

Las Naciones Unidas -como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)- ya no respaldan el crecimiento económico sin respeto a los derechos humanos. Nuestro gobierno y nuestra sociedad tampoco deberían aceptarlo.

Judith Schönsteiner

Profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos UDP