14 Junio 2016

Columna de opinión publicada en La Tercera, 14 de junio de 2016.

El término del período de la actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Lorena Fríes, da pie a una evaluación de esta institución creada hace ya siete años. Quizás para realizarla sea bueno hacernos algunas preguntas básicas. Comencemos con la más fundamental. ¿Es necesario el INDH? ¿Por qué debiera existir si ya hay tribunales, Congreso, Contraloría, etc.? Es decir, una serie de órganos que deben proteger los derechos de los ciudadanos. La respuesta parte por considerar que Chile ha contraído un vasto número de obligaciones en materia de derechos humanos, es decir, derechos de naturaleza universal que el Estado se obliga a respetar y proteger y que, por consiguiente -algo que a veces se olvida o derechamente se ignora de mala fe- jurídicamente es el Estado el único que los pueden infraccionar.

Sin esta constatación básica no se entiende la necesidad de un ente que en forma especializada y necesariamente autónoma del poder político, pueda abogar, estudiar, revisar, aconsejar y, en algunos casos, directamente accionar, por la protección de esos derechos frente al Estado. Es absolutamente cierto que los derechos humanos son una obligación de todo el Estado, pero la labor que como órganos especializados realizan el tipo de instituciones como el INDH, de las cuales hay en la actualidad más de 160 en el mundo, es en gran parte educativa y de análisis. Hay razones de conocimiento técnico que explican la utilidad de ellas. Pero no sólo eso, pues como las obligaciones en materia de DD.HH. son de todo el Estado, es bueno que haya un ente que pueda estudiar cómo el mismo Estado las cumple o no. Eso justifica que sea un órgano con autonomía funcional de los poderes del mismo, pues sin ella carece de sentido.

La segunda pregunta es si el INDH ha cumplido con su mandato legal y, en lo central, si ha contribuido a una mejor protección de los DD.HH. en Chile. Para ello hay que considerar que sus funciones son acotadas y sus recursos limitados. El INDH no es la respuesta a los problemas de derechos humanos en el país. Pero sí tiene un rol, y ese rol, si se juzga desde una perspectiva de derechos humanos y no desde el lente de un sector político, ha sido sin duda positivo. Por de pronto, porque ha balanceado en sus informes y actuaciones -para quien los lea y no se informe sólo por la prensa, a veces muy parcial- el estudio, análisis y denuncia de las violaciones a los derechos de sectores y grupos muy diversos. Es el caso de quienes se encuentra en oposición al Estado, incluso en forma violenta, como activistas mapuche o personas en privación de libertad; minorías, como migrantes, pueblos indígenas o personas LGTBI, y grandes sectores de la población, como sucede con el derecho a la educación, a la salud, o los derechos de las mujeres, sin dejar, al mismo tiempo, de considerar el legado de las violaciones producidas en la dictadura.

Es evidente que para cualquier órgano, y también para quien lo dirija o represente, como ha sido el caso de la actual directora, es imposible satisfacer plenamente a todos los sectores en estos y en muchos otros aspectos. Pero si el INDH nos obliga como sociedad a pensar, a discutir, aunque sea polémica y apasionadamente, sobre qué son los derechos humanos y a qué nos hemos comprometido como país, habrá ya más que justificado su existencia.