12 Noviembre 2014
Para efectos de la regulación, resulta irrelevante centrar a nuestro juicio toda la discusión en el riesgo a la vida por embarazos inviables, o debido a embarazos como consecuencia de violencia sexual, como caso más extremo.
Carta publicada en El Mercurio, 12 de noviembre de 2014
Por Lidia Casas Becerra, Camila de la Maza Vent, Delfina Lawson, Camila Maturana Kesten, Helena Olea Rodríguez, Daniela Quintanilla Mateff, Ester Valenzuela Rodríguez
Señor Director:
A pesar del esfuerzo presidencial por abrir el debate sobre el aborto, observamos cómo múltiples voces intentan detenerlo, ya sea porque hay una agenda legislativa recargada o derechamente porque se busca desvirtuar los presupuestos que han motivado el trabajo sobre la necesidad de legislar sobre el mismo. Para efectos de la regulación, resulta irrelevante centrar a nuestro juicio toda la discusión en el riesgo a la vida por embarazos inviables, o debido a embarazos como consecuencia de violencia sexual, como caso más extremo.
El último caso de una niña violada pone al descubierto la violencia estructural a la que se la somete: agredida sexualmente, obligada a gestar y llevar a término un feto inviable. Lo que debe primar en la discusión es el derecho a la libertad y a la autonomía reproductiva de las mujeres, ya que como ha sostenido la Corte Interamericana de DD.HH. en 2012, solo así se puede respetar y reconocer ciudadanía plena a las mujeres. La maternidad obligada es una carga que solo soportan las mujeres; negar la interrupción del embarazo es un acto discriminatorio, que afecta especialmente a las más pobres (la evidencia muestra que ellas acceden a técnicas más inseguras).
Porque lo que sí es claro es que la prohibición total del aborto no ha redundado en que no se practiquen; muy por el contrario, ocurren sin resguardo alguno de la salud y la vida de las mujeres. Las abajo firmantes expresamos la urgencia de abrir el debate sobre aborto, de manera abierta y deliberativa, que permita garantizar los derechos humanos de las mujeres, los cuales Chile se ha obligado a respetar de acuerdo a los tratados internacionales ratificados, terminando con su criminalización y garantizando a las mujeres el legítimo ejercicio del derecho a decidir sobre sus cuerpos.
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