11 Septiembre 2025

Lidia Casas y Marcela Zúñiga – CIPER

“Una investigación desarrollada entre la Academia de Derecho Civil UDP y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales sistematizó y analizó cómo la Corte Suprema ha resuelto demandas por indemnización por daño moral derivadas de tortura y prisión política. Litigar se transforma para las víctimas en un nuevo peldaño hacia el reconocimiento de los daños sufridos (…) No se trata solo de secuelas físicas, sino también psicológicas y de las huellas profundas en los proyectos de vida de los sobrevivientes”.

“Ante esta realidad, constatamos la porfía del Consejo de Defensa del Estado que persiste en invocar la prescripción para impedir el acceso a indemnizaciones por daño moral. Llamativo resulta que algunos abogados integrantes en procesos penales buscan aplicar la media prescripción a los condenados y declarar la prescripción civil. Es decir, una negación de justicia por donde se le mire. Una y otra vez, la Corte Suprema revierte esas posiciones, subrayando la incoherencia de considerar que la acción penal por delitos de lesa humanidad como la tortura es imprescriptible, pero que su correlato civil indemnizatorio sí estaría sujeto a la prescripción. El máximo tribunal ha sostenido con claridad que esa postura contraviene las obligaciones internacionales asumidas por Chile, que obligan a otorgar reparación integral a las víctimas. Además, la Corte ha declarado que las reparaciones otorgadas por ley no son incompatibles con las indemnizaciones judiciales por daño moral”.

“La terquedad del Consejo de Defensa del Estado no solo ha dilatado el cumplimiento de esta obligación: ha revictimizado a las víctimas. Y si bien la Corte Suprema lleva más de una década reconociendo la obligación de reparar, sigue siendo difuso qué constituye un “monto justo” frente al dolor y sus secuelas (…) El tiempo, la desidia y la mezquindad institucional han jugado en contra de las víctimas. ¿Acaso el Consejo de Defensa del Estado espera que cada una de ellas deba litigar individualmente? ¿Que sean ellas quienes denuncien la negación de justicia ante instancias internacionales? ¿Se apuesta, en el fondo, a ganar por cansancio y a que el paso del tiempo termine por silenciar a los sobrevivientes que mueren lentamente? Chile ha avanzado, es cierto, pero aún ofrece respuestas tardías, parciales y condicionadas a quienes resistieron el horror de la tortura y la prisión política”.

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