10 Noviembre 2025

Marcela Zúñiga – La Tercera

“Chile ha aprendido —a veces tarde y con dolor— que la dignidad no se protege mediante privilegios, sino mediante reglas que valen para todos. Hoy existen cerca de 800 personas privadas de libertad mayores de 70 años. Garantizar atención en salud o cuidados paliativos es una obligación del Estado, pero esa obligación es transversal, no exclusiva. La preocupación humanitaria es legítima, pero no puede ser selectiva”.

“Lo que divide no es la aplicación igualitaria de la ley, sino la persistencia de zonas de privilegio. Mantener regímenes penitenciarios diferenciados para responsables de violaciones de derechos humanos tensiona el principio más básico de toda democracia: todas las personas responden del mismo modo ante la justicia. Cerrar Punta Peuco no divide al país; lo que dividía era aceptar que algunos podían responder menos ante la ley”.

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