25 Marzo 2015

La Dra. Nelly Alvarado ha señalado que la interrupción del embarazo por razones de salud no es un problema de salud pública y que no hay una cuestión de derechos de las mujeres que estén al centro del debate, incluso si gestan un embarazo con una malformación congénita inviable o producto de una violación.

Sin embargo, omite que la inequidad social en salud es, a nivel global y en Chile, una de las preocupaciones centrales de la salud pública, siendo el aborto uno de sus mejores ejemplos: la distribución de riesgos de morbilidad y mortalidad en contextos de pobreza y vulnerabilidad es mayor. Los promedios ocultan grandes inequidades sociales: las diferencias no son naturales sino injustas y evitables. La baja en mortalidad en Chile se explica, entre otros factores, por la eficiencia de los servicios clandestinos.

Estos argumentos no se hacen cargo del efecto paralizante y el abrumador estigma social que la actual ley impone sobre las mujeres. Se desconoce que el ejercicio de la autonomía por parte de una persona implica la voluntariedad de exponerse a ciertos riesgos, y que la dignidad implica el reconocimiento del otro como un sujeto moral autónomo. Es la persona la que determina, por ejemplo, someterse o no a una cirugía o a una quimioterapia para tratarse un cáncer.

Rechazar el aborto en toda circunstancia niega toda autonomía para decidir, y en estos casos, niega el derecho de una mujer a no ser sometida a un trato cruel e inhumano. El rechazo a legislar no parece un asunto de incomprensión, sino de argumentos que llevados al extremo presentó Jaime Guzmán en noviembre de 1974 ante la comisión redactora de la Constitución Política del 80: “La mujer debe tener al hijo aunque este salga anormal, aunque sea producto de una violación, o aunque de tenerlo derive en su muerte”.

Cuando se niega la existencia de derechos tan básicos, no hay convicción de que las personas, en este caso las mujeres, tengan derecho a decidir de qué modo quieren vivir circunstancias extremas como las aducidas por el proyecto de ley.

Al impulsar este proyecto, Chile no hace más que ponerse a la altura de la legislación en la mayoría de los países. La ley ante todo debe velar por la igualdad en el ejercicio los derechos, favoreciendo la libertad de todos y protegiendo la integridad de las personas, en este caso las mujeres, titulares de cada uno de esos derechos. Esta propuesta de ley no obliga a abortar, simplemente faculta, en tres casos acotados, y con ello elimina no solo el peso legal, sino el doloroso estigma social, promoviendo de este modo la dignidad y la igualdad de las mujeres.