Elementos filtrados por fecha: Septiembre 2018

Alejandra Donoso, Dominique Hervé y Judith Schönsteiner, todas profesoras de la Facultad de Derecho UDP, presentarán un análisis del Caso Quintero- Puchuncaví desde la perspectiva de los derechos humanos y de la justicia ambiental.

A su vez, participará Victoria Caroca, química de la Universidad de Santiago de Chile e investigadora de la Fundación Relaves, quien se referirá a la situación de contaminación existente en la zona.

Inscripciones aquí: http://tinyurl.com/quinteropuchuncavi

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Sábado, 08 Septiembre 2018 00:00

Dichos de defensora de la Niñez

Carta publicada originalmente en El Mercurio junto a los/as profesores/as que firman al final del texto.

Señor Director:


Un grupo de diputadas y diputados de Renovación Nacional sostuvo en una carta a este medio que les sorprende que la defensora de la Niñez vuelva "a asumir un papel de activista, esta vez a favor del proyecto de identidad de género". Califican el actuar de la defensora de "activismo ideológico", puesto que supuestamente ninguno de los textos legales que rigen su mandato reconoce el derecho a la identidad de género de niños y niñas, y agregan que ello "empaña el ejercicio de su cargo" y excede el ámbito de sus atribuciones.

La carta descansa en errores ostensibles sobre el uso del Derecho Internacional. Al sostener que un derecho humano no es tal porque no se declara literalmente en un tratado o la Constitución, se demuestra desconocimiento respecto de cómo opera a nivel doméstico el sistema de fuentes del Derecho Internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por primera vez el derecho a la identidad de género precisamente en un fallo en contra de Chile (Atala Riffo e Hijas vs. Chile). Posteriormente, la Corte ha señalado que el derecho a la identidad de género se reconoce también a niñas y niños (Opinión Consultiva No. 24/2017).

La Corte Suprema ha reconocido expresamente el "carácter autoritativo" de dicha Opinión en un fallo de mayo de este año, con lo cual no hay dudas que lo establecido por el Derecho Internacional en esta materia tiene aplicación doméstica. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado de interpretar autoritativamente la Convención sobre Derechos del Niño, ha afirmado que la identidad de género es una de las categorías prohibidas a efectos de trazar discriminaciones en contra de niños, niñas y adolescentes (Observación General No. 15/2013).

Sostener que los dichos de la defensora de la Niñez son nada más que "activismo ideológico", como hacen estos representantes, es no solo imprudente porque crea un manto de desconfianza, sino que además es jurídicamente incorrecto.

Lidia Casas B.; Domingo Lovera P. Tomás Vial
Universidad Diego Portales
Jorge Contesse Singh
Rutgers University
Ximena Gauché Marchetti
U. de Concepción
Catalina Lagos T.; Macarena Rodríguez
Universidad Alberto Hurtado
Claudio Nash Rojas
Universidad de Chile
Luis Villavicencio; Alejandra Zúñiga F.
Universidad de Valparaíso 

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Sábado, 08 Septiembre 2018 00:00

Adultos mayores y Derechos Humanos en Chile

Columna publicada originalmente en El Mostrador el 8 de Septiembre

¿Hemos aprendido algo cómo sociedad de las tragedias acaecidas a los niños bajo responsabilidad del SENAME? ¿No fueron esas situaciones de vulnerabilidad e infracciones de derechos —que fueron denunciadas una y otra vez tanto por personas como por organizaciones nacionales o internacionales— pero ante las cuales las autoridades responsables poco o nada hicieron, y respecto a las que tanto el legislador como el Ejecutivo solo reaccionaron tardíamente?

Estas preguntas se pueden hoy levantar también en relación a una realidad que estos días muestra una cara trágica. Y esta es la de los adultos mayores en establecimientos de larga estadía (ELEAM) develada por la terrible muerte de 10 ancianas postradas en la comuna de Chiguyante, perecidas en un incendio. Pese a que, por lo que se informa en la prensa, se trata de una residencia de alto nivel y con larga experiencia, y que además había sido recientemente fiscalizada por la autoridad competente, la gravedad de los hechos no puede sino justificar levantar numerosas preguntas sobre la existencia y calidad de los procedimientos existentes para situaciones como esta y sobre las fiscalizaciones sobre esos procedimientos. 

Al respecto, el actual marco legal vigente establece que los establecimientos de larga estadía son fiscalizados por los respectivos Seremis de Salud, según el Decreto Supremo Nº 14 del año 2010, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento para establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Esta norma exige que los establecimientos, a fin de obtener su autorización, posean un certificado de un experto en prevención de riesgos o del Cuerpo de Bomberos que acredite se cumplen los requisitos de prevención y protección contra incendios. Además, los establecimientos deben proveer un plan de evacuación para los distintos tipos de emergencias. ¿Se cumplieron esos requisitos en este caso? De haberlo sido, ¿por qué se llega a producir la tragedia que hoy lamentamos? Y si no lo estaban, ¿por qué no se fiscalizó adecuadamente?

Sin perjuicio de cómo se respondan estas preguntas en este caso, hay muchas otras relativas al respecto de los derechos de los adultos mayores internados en estos lugares, pues ellos están en situaciones de particular vulnerabilidad que exigen una mayor preocupación del Estado.

Esta realidad levanta dudas de cómo el Estado de Chile está cumpliendo sus compromisos internacionales y domésticos en relación a los derechos de los adultos mayores. Y justamente sobre ellos el año pasado se publicó la Convención Interamericana sobre protección de los Derechos del Adulto Mayor, ratificada por Chile, la que impone precisas obligaciones respecto de los adultos mayores que reciben cuidados del largo plazo. Entre ellas (art. 12 letra c), la establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado de largo plazo.

Todas estas cuestiones se levantan a raíz de estos trágicos eventos y nos llevan a prestar atención a un creciente sector de la población chilena, particularmente vulnerable, y que demanda por ello una especial preocupación del Estado en su calidad de garante de sus derechos humanos.  

Tomás Vial

Editor general Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP

 

 

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Los invitamos a leer el reportaje “Acceso denegado”: El portazo de Chile a peticiones de refugio, realizado por The Clinic, que incluye la participación de la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes UDP, Francisca Vargas:

El Departamento de Extranjería y Migración está rechazando peticiones de asilo con un subterfugio: un funcionario realiza una breve entrevista informal y decide sobre el “mérito” del caso, antes de que éste sea debidamente formalizado y evaluado, contraviniendo la ley y tratados internacionales ratificados por el Estado chileno, según denuncian la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales y el INDH. Una venezolana, una cubana y un sirio que llegaron al país que presume ser el “asilo contra la opresión” cuentan a The Clinic de qué venían huyendo y el portazo que recibieron en Extranjería. LEER REPORTAJE COMPLETO AQUÍ

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Con el objetivo de analizar las prácticas de nominación de 22 países en las Américas, Europa y África, con el fin de identificar prácticas destacables, y ofrecer recomendaciones para mejorar el mecanismo de nominación de candidatas/os a organismos internacionales de Derechos Humanos en Chile, el Open Society Justice Initiative (OSJI) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) lanzaron en la Facultad de Derecho UDP el informe “Fortaleciendo desde dentro: Marco legal y práctica en la selección de Jueces/zas y Comisionados/as de Derechos Humanos”.

El texto aborda los mecanismos nacionales para elegir a los nominados/as para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de DD.HH., así como el mecanismo que usa la OEA para la elección de los integrantes de ambos órganos.

La actividad, que se realizó el 22 de agosto, estuvo liderada por la profesora Judith Schönsteiner del Centro de Derechos Humanos UDP y contó con la presencia del comisionado Joel Hernández (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), además de Liliana Gamboa (OSJI) y Katya Salazar (Directora Ejecutiva de la Fundacion para el Debido Proceso-DPLF), quienes comentaron el informe y los desafíos que este tema supone para los países de las Américas.

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La profesora del Centro de Derechos Humanos UDP, Judith Schönsteiner, será una de las 16 personas que compondrán el consejo asesor de la serie “Interdisciplinary Studies im Human Rights” editada por miembros del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Erlangen-Nürnberg, y publicada por la reconocida editorial Springer Verlag.

Esta publicación contiene -según la descripción que se realiza en el sitio web de la editorial- “monografías y volúmenes recopilados que abordan investigaciones sobre derechos humanos desde diferentes perspectivas disciplinarias e interdisciplinarias, que incluyen, entre otros, filosofía, derecho, ciencias políticas, educación y ética médica”.

Agrega que “su objetivo es explorar cuestiones nuevas y controvertidas, como la aplicación extraterritorial de los derechos humanos y su relevancia para los actores no estatales, así como los fundamentos filosóficos y teóricos de los derechos humanos. La serie también aborda cuestiones de política de interés actual, incluidos los derechos humanos de los migrantes y refugiados, los derechos LGBTI y la bioética, así como las empresas y los derechos humanos”.

La profesora Schönsteiner será una de las dos académicas latinoamericanas en participar de este consejo: la otra es la profesora Laura Clérico de la U. de Buenos Aires. Quien coordinará este grupo será el profesor Markus Krajewski (de la Universidad Erlangen-Nürnberg). En este consejo destacan los nombres de Foons Coomans (Universidad de Maastricht), Beate Rudolf (Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin) y Wouter Vandenhole (University de Antwerpen).

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