Elementos filtrados por fecha: Octubre 2016
Viernes, 21 Octubre 2016 00:00

Parto de mapuche condenada

Carta al Director publicada en La Tercera, Señor director:

La situación de una mapuche condenada que dio a luz engrillada es un  tratamiento cruel, inhumano y degradante, siendo además una forma de violencia obstétrica. Ésta  se produce cuando intencionalmente el personal de salud omite o no entrega información durante el parto, y es de tipo psicológica. También la hay cuando el trato es deshumanizado, discriminatorio o humillante. 

Mantener a una mujer con grilletes durante su traslado de urgencia de una ciudad a otra para la realización de una cesárea, es una grosera violación a los derechos humanos de quien se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Hay dos versiones: la del centro hospitalario de Concepción -donde ocurrieron los hechos- el cual  informa que debieron pedir que gendarmes varones se retiraran de la sala del procedimiento, pero que los grilletes se mantuvieron en los pies de la mujer, y la de Gendarmería, que niega lo anterior. El personal de salud habría intervenido para evitar que se produjera un parto en un contexto de mayor crueldad.

Lo que debe quedar claro de esta  situación es la imperiosa necesidad de una adecuada formación del personal de Gendarmería en los estándares de derechos humanos, y el reflejo de estos criterios en las estructuras de incentivos y en los  procedimientos. 

Pudiera argumentarse que el apego al protocolo de traslado de internos implica el uso de medidas de seguridad para evitar una fuga, pero la aplicación de las mismas obedece a un contexto que debe ser evaluado, y a una debida proporcionalidad.  La pregunta que debemos hacer es dónde quedó el criterio y si basta decir que se actuó así porque hay una medida judicial de por medio. Hay cosas que no son defendibles.

Lidia Casas Becerra
Profesora Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho
Universidad Diego Portales

Publicado en Blog-Opinion

El día martes 8 de noviembre, a las 18.30 hrs, se dará lugar al lanzamiento del 14° edición del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2016. El evento tendrá lugar en la Aula Magna de la Facultad de Derecho, en República 105.

El Informe cubre hechos entre mediados de 2015 y septiembre del presente año, analizados desde la perspectiva de los derechos humanos y del cumplimiento – o no- de aquellos estándares internacionales en la materia que Chile ha suscrito, y por lo tanto comprometido a cumplir. En esta edición el Informe contiene 10 capítulos, con sus respectivas recomendaciones al Estado de Chile y es elaborado por el Centro de Derechos Humanos de Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Ello no obsta que en algunos capítulos colaboren investigadores de otras facultades de la UDP y/o externos.

Este año el Informe contiene los siguientes capítulos: “Verdad, justicia, reparación y memoria” (referido a violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura) escrito por Cath Collins y Observatorio de Justicia Transicional UDP;  “Derecho a una vivienda adecuada en Chile: una mirada desde los campamentos” redactado por Judith Schönsteiner,  en conjunto con los investigadores Francisca Alarcón, Pedro Cisternas y Vicente Silva; “Brechas de cumplimiento: el Estado, empresas y derechos humanos” escrito por Judith Schönsteiner, con la colaboración de Fernando Araya, Pablo Soto y Karla Varas; “La práctica de esterilización en niñas y mujeres competentes y con discapacidad psíquica o intelectual en Chile” que tiene como autores a  Lidia Casas, Sofía Salas y Juan José Álvarez; “El debido proceso en los procedimientos de expulsión administrativa de inmigrantes. Situación actual y alternativas” escrito por Delfina Lawson y Macarena Rodríguez; “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos” que tiene como autora a Karla Varas; “Institucionalidad de infancia en Chile: una deuda impaga” redactado por Camila de la Maza y Francisca González;  “Pueblos indígenas, sistema escolar y construcción de identidad” escrito por  Pilar Muñoz y Liliana Ramos; “Derechos humanos de las personas intersex en Chile” escrito por Camilo Godoy y, por último, "Nueva Institucionalidad de DDHH en Chile: la Subsecretaría de Derechos Humanos” de Tomás Vial.

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El día martes 8 de noviembre, a las 18.30 hrs, se dará lugar al lanzamiento del 14° edición del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2016. El evento tendrá lugar en la Aula Magna de la Facultad de Derecho, en República 105.

El Informe cubre hechos entre mediados de 2015 y septiembre del presente año, analizados desde la perspectiva de los derechos humanos y del cumplimiento – o no- de aquellos estándares internacionales en la materia que Chile ha suscrito, y por lo tanto comprometido a cumplir. En esta edición el Informe contiene 10 capítulos, con sus respectivas recomendaciones al Estado de Chile y es elaborado por el Centro de Derechos Humanos de Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Ello no obsta que en algunos capítulos colaboren investigadores de otras facultades de la UDP y/o externos.

Este año el Informe contiene los siguientes capítulos: “Verdad, justicia, reparación y memoria” (referido a violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura) escrito por Cath Collins y Observatorio de Justicia Transicional UDP;  “Derecho a una vivienda adecuada en Chile: una mirada desde los campamentos” redactado por Judith Schönsteiner,  en conjunto con los investigadores Francisca Alarcón, Pedro Cisternas y Vicente Silva; “Brechas de cumplimiento: el Estado, empresas y derechos humanos” escrito por Judith Schönsteiner, con la colaboración de Fernando Araya, Pablo Soto y Karla Varas; “La práctica de esterilización en niñas y mujeres competentes y con discapacidad psíquica o intelectual en Chile” que tiene como autores a  Lidia Casas, Sofía Salas y Juan José Álvarez; “El debido proceso en los procedimientos de expulsión administrativa de inmigrantes. Situación actual y alternativas” escrito por Delfina Lawson y Macarena Rodríguez; “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos” que tiene como autora a Karla Varas; “Institucionalidad de infancia en Chile: una deuda impaga” redactado por Camila de la Maza y Francisca González;  “Pueblos indígenas, sistema escolar y construcción de identidad” escrito por  Pilar Muñoz y Liliana Ramos; “Derechos humanos de las personas intersex en Chile” escrito por Camilo Godoy y, por último, "Nueva Institucionalidad de DDHH en Chile: la Subsecretaría de Derechos Humanos” de Tomás Vial.

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Chile se encuentra en pleno proceso constituyente, aún con futuro incierto. Sin embargo, las cuestiones y problemas han sido instalados para ser resueltos. Uno de estos es, en este contexto, la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la nueva constitución, tema sobre el cual el Centro de Derechos Humanos y el Programa de Derecho Público de la UDP están convocando una serie de coloquios. Considerando que las posturas sobre jerarquía del mismo en el ordenamiento constitucional nunca se han logrado reconciliar a partir del Art. 5.2 de la Constitución actualmente vigente, y que la interpretación de los estándares por tanto no es pacífica, queremos seguir debatiendo con expertos nacionales e internacionales, sobre varias preguntas: primero, ¿cuál debe ser el modo de reconocimiento? segundo, ¿cuál sería la relación del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho constitucional, especialmente, en cuanto a prioridad e interpretación? y tercero, ¿cuáles serían las competencias y obligaciones de los distintos órganos administrativos, deliberativos y judiciales en relación al derecho internacional de los derechos humanos?

Para abarcar estas preguntas, convocamos un panel de expertas internacionales y chilenas.

Marisol Peña, Ministra del Tribunal Constitucional de Chile

Mariela Morales, Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, Heidelberg, Alemania

Miriam Henríquez, Universidad Alberto Hurtado / Universidad Diego Portales

Javier Couso, Universidad Diego Portales

Modera: Judith Schönsteiner, Universidad Diego Portales

 

Financiamiento de Fondecyt regular 2016, Nº 1160953

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Viernes, 07 Octubre 2016 00:00

El Sename y la responsabilidad del Estado

Por Judith Schönsteiner 

Columna de opinión publicada en La Tercera, 07 de octubre de 2016.

Desde que supimos del caso de Lisette, el país está cada vez más consciente y tal vez, también más solidario – eso queda por verse –  con la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) que están bajo el cuidado de la Red del Sename. La prevalencia de muerte entre éstos  es con creces más alta que entre los NNA en general. En promedio, murieron anualmente 0,94 niños, niñas y adolescentes por cada 1000, de quienes recibieron atención en la Red del Sename, entre 2006 y 2014. Entre todos los NNA en Chile, la prevalencia de muerte asciende a solamente 0,68 por cada mil. Y es lógico, ya que el Estado se hace cargo de muchos niños, niñas y adolescentes que tienen mayor riesgo de morir de una muerte no natural. De hecho, algo similar ocurriría si viviesen en su familia.

No quiero decir con esto que las cifras son menos graves; lo son, y mucho. Porque no sabemos cuántas de las muertes se deben, simplemente, a la negligencia, descuido, y falta de debida diligencia para con ellos. Tampoco  conocemos  exactamente lo que sucede  respecto de los NNA vulnerables que no están atendidos en el Sename, allí puede haber falta de protección también. En todo caso, es inaceptable la falta de interés que hemos tenido como sociedad al no preocuparnos  por su suerte. Es una falta de interés que en el caso del Sename muestra la punta del iceberg de  la falta de interés generalizada hacia la niñez desprotegida, también respecto de muchísimos que viven con sus familias o en la calle.

Por fin, como sociedad, empezamos a preguntar por ellos y exigimos al Estado rendir cuenta, lo que está comenzando hacer. Sin embargo, las cifras globales son solo el inicio de un necesario camino de investigación: cada muerte de una persona al cuidado del Estado debe ser investigada, para determinar si éste hizo todo lo que le exigen los tratados internacionales en la prevención de violaciones al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, más aún si se trata de NNA que requieren especial cuidado, según consagra, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño.

Entonces: ¿Qué significa en concreto la responsabilidad del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de los NNA bajo su cuidado? ¿En qué consiste la debida diligencia con la que el éste debiese haber actuado – o debiera actuar a futuro – para con estos niños, niñas y adolescentes?

Las investigaciones en las causas de las muertes de los 856 niños fallecidos en la red del Sename deben justamente abarcar las preguntas estructurales. Deben preguntar por qué el Estado cumplió – o no cumplió – su deber de cuidado. ¿Hizo todo lo que debiera haber hecho para que ese niño (a) no muriera? Esto es más que indagar en el actuar posiblemente negligente de funcionarios, directores, o proveedores. El estándar que debemos aplicar es la debida diligencia: ¿ha el Estado instalado un mecanismo de prevención eficaz de violaciones, especialmente, en los ámbitos del derecho al disfrute más alto posible de salud física y mental, para NNA con discapacidad y sin discapacidad?

Una vez identificado un riesgo, ¿existe la posibilidad concreta y real de derivación a un especialista? ¿Existen mecanismos eficaces de denuncia de violaciones, que conllevan una respuesta pronta y adecuada para atender a NNA? ¿Son los recursos del sistema los suficientes, y han sido utilizados de manera diligente y eficaz? Todo lo que sabemos hasta ahora indica que en la mayoría de los casos el Estado no hizo lo que el deber de protección, de respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes le demandaba.

Considerando que aquellos atendidos por el Sename son más vulnerables que el resto, que sufren más frecuentemente adicciones, enfermedades crónicas o discapacidades que conllevan una mayor mortandad, es justamente aún más necesario proveer los recursos, mecanismos e instituciones para que puedan llevar la vida digna a la que todos tenemos derecho. La responsabilidad del Estado para con ellos es mayor, y es una responsabilidad transversal. No se podrá atender con instituciones aisladas de las demás instituciones de derechos humanos, de protección, de servicios.

Finalmente, quiero terminar con una observación adicional, que me surge a partir de la diferenciación de entre los NNA que murieron en centros del Sename y los que fallecieron en instituciones privadas colaboradoras del organismo. La responsabilidad del Estado es la misma en todos los casos, por tanto, fue correcto enmendar públicamente las cifras sobre cuál es efectivamente  el número de muertes por las que el Estado deberá responder. Si el Estado delega sus funciones a proveedores privados, mantiene el nivel de responsabilidad, tal como indica el derecho internacional general, por tanto, debe hacer una fiscalización estricta. Porque la garantía del derecho compete al Estado, e independientemente de qué medio escoge para cumplir, tiene la plena responsabilidad. No importa si encarga su responsabilidad a un funcionario, una funcionaria, a una Fundación, a una Pyme, o una persona natural. Lo que importa es el niño, la niña,  (el) la adolescente, su bienestar y sus derechos.

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