Noticias

Noticias (118)

Durante la actividad se realizar­á un intercambio de experiencias y diálogo sobre las responsabilidades internacionales de Chile en materia de desaparición forzada, y la práctica peruana en dicha materia.

Para ello se contará con la participación de los invitados internacionales: Rainer Hühle, Comité de la ONU sobre Desaparici­ón Forzada; Gisela Ortiz, Equipo Peruano de Antropología Forense y Familiar, Caso La Cantuta; Rafael Barrantes, Comité Internacional de la Cruz Roja, ICRC. Y de los invitados nacionales: Cecilia Medina, ex Pta. Corte Interamericana de DDHH; Pietro Sferrazza, Prof. Universidad Andr­és Bello;  y Cath Collins, Prof. UDP y Ulster University, Irlanda del Norte.

Inscripciones: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

Descarga el documento del working paper en el siguiente enlace

La investigación busca dar cuenta de la violencia ejercida por el Estado en dicha población, y evidenciar la falta de planificación de las intervenciones policiales.

La investigación de la periodista Tania Tamayo, revive el incendio que aquejó a la cárcel de San Miguel en 2010.

Iniciativa se destacó en Presentación del ‘Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Movilidad Humana

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y Leasur (Litigación Estructural para América del Sur), invitan a la presentación del libro Incendio en la Torre 5: las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar, de la periodista Tania Tamayo Grez. Tamayo es periodista y magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, como The Clinic, Paula, Rocinante y CIPER.

COMENTAN
César Pizarro

Director de la ONG 81 Razones por Luchar
Alicia Alonso
Directora de la ONG Leasur

Confirmar asistencia al correo:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El Programa de Reformas Procesales y Litigación (PRPL) y el Centro de Derechos Humanos,ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, tienen el agrado de invitarle al coloquio titulado “Abusos Policiales en el marco de la intervención de la población La Legua de Emergencia”.

Este año 2016 se cumplen 15 años de la intervención policial en la población La Legua, por lo que se trata de un momento oportuno para analizar y discutir acerca de dicha política y sus consecuencias. En el presente coloquio se presentarán los resultados de una investigación realizada con el apoyo de la Embajada de Alemania en Chile, en el cual se examinaron los casos de abuso policial que han tenido lugar en el contexto de dicha intervención, desde sus inicios a la actualidad. Para lo anterior expondrán  los dos autores del reporte, quienes presentarán sus conclusiones y luego se dará pié a una  discusión entre los asistentes.

Los expositores serán:

Juan Pablo Delgado Díaz, abogado y Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego Portales. Actualmente es abogado del Programa de DD.HH del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y abogado ayudante de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público UDP.

Pascual Cortes Carrasco, abogado de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en el decanato de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios y es miembro del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Legua Emergencia.

El coloquio se realizará el próximo díajueves 15 de diciembre de 13:00 a 14:45 horas, en la sala de video conferencias de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, (República 112), y contará con un almuerzo liviano.

Se solicita confirmar su asistencia al correoEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Aproximadamente 2.000 personas fueron torturadas en Londres 38 entre octubre de 1973 y enero de 1975. En el edificio hay placas con los nombres de 98 asesinados y hechos desaparecer.

Gobierno, jesuitas y otros entes efectuaron operativo para resolver casos de hijos de foráneos nacidos en Chile y que eran apátridas.

Por primera vez en Chile y como resultado de un trabajo colaborativo e interinstitucional, las Clínicas Jurídicas de Migrantes de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, junto al Servicio Jesuita a Migrantes presentaron un reclamo de nacionalidad en representación de 161 niños y niñas nacidos en Chile a quienes se les había desconocido su derecho a la nacionalidad al momento de su nacimiento.

Según la Constitución Política de nuestro país, todas las personas nacidas en Chile deben ser reconocidas como chilenas. Sin embargo, durante casi dos décadas, y por una interpretación que fue más allá de la norma, se les desconoció este derecho al menos a 3.000 niños nacidos en el país, quienes fueron registrados como “hijo de extranjero transeúnte”. Esta vulneración expuso a los niños a numerosas violaciones a sus derechos fundamentales.

A partir del año 2014 el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) modificó el criterio de adquisición de la nacionalidad, reconociendo que el concepto de hijo de extranjero transeúnte se prestaba para una interpretación errónea, y fijó lineamientos claros respecto de las situaciones específicas y excepcionales en que un niño o niña, naciendo en territorio chileno, no adquiere la nacionalidad. Si bien se trata de una medida acertada por la que felicitamos a la autoridad, no debemos olvidar que hay miles de niños y niñas a quienes efectivamente se les desconoció su derecho a la nacionalidad por años, y el Estado ha adoptado pocas medidas para corregir la deuda histórica con estos niños.

Durante el año 2015, un equipo de investigación de las instituciones involucradas,  recorrieron distintas localidades de la región de Arica y Parinacota y de Tarapacá, y se contactaron con un grupo de padres cuyos niños y niñas seguían inscritos como “hijo de extranjero transeúnte”. En su mayoría, se trata de personas que viven en condiciones de pobreza extrema, que tienen poco acceso a la información, y que enfrentan a diario episodios de discriminación porque a sus hijos no se les reconocía el derecho a la nacionalidad desde el momento de su nacimiento.

El objetivo de esta reclamación judicial es por una parte poder resolver la situación de los niños representados en la acción, y por otra parte asegurar que el Estado cumpla con el deber de reparar que se hace exigible una vez que se comprueba que ha existido una violación a los derechos humanos, como es en este caso. No basta con el cambio del criterio administrativo, sino que es indispensable facilitar y promover la rectificación de todas las inscripciones  que desconocieron el derecho a la nacionalidad.

La publicación reúne artículos de académicos de distintas miradas y disciplinas del derecho.