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Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso el 6 de Diciembre de 2018

Las políticas públicas, tales como el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas (PAN), no son medidas idóneas para responder a situaciones de crisis, como la contaminación masiva en la bahía Quintero-Puchuncaví. Sin embargo, en la percepción pública, su éxito se mide -en gran medida- considerando si resuelven los problemas estructurales que están a la base de las situaciones más graves en materia de impacto empresarial a los derechos humanos.

La única medida concreta sobre la bahía que se incluyó en una política de derechos humanos está en el Plan Nacional de Derechos Humanos: los Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) para tres lugares del país, entre ellos, Quintero y Puchuncaví. Según informa la Subsecretaría de Derechos Humanos, se encuentra en ejecución y debería cumplirse en 2019.

Sin embargo, el problema persiste y actores de la sociedad civil, del sector empresarial y de algunos sectores gubernamentales han reconocido que las medidas adoptadas son aún insuficientes. Efectivamente, las medidas no lograrán, por sí solas, asegurar la protección del derecho a la salud y del derecho a vivir en un medioambiente sano de las personas que viven en la bahía ni el derecho a la educación y el derecho a la vivienda.

Si bien el PAN es el segundo en Latinoamérica y, por tanto, un avance, sus medidas no fueron seleccionadas con un enfoque de prioridades y urgencias en materia de empresas y derechos humanos. La actualización del PAN, que debe realizarse entre 2019 y 2020 con una eficaz participación ciudadana, necesita, por tanto, realizarse a la luz de los compromisos del Estado de Chile adquiridos por la ratificación de los tratados de derechos humanos, especialmente, sobre derechos económicos y sociales. Debe abarcar los desafíos estructurales que impiden la remediación y prevención futura de violaciones de derechos humanos como las que siguen ocurriendo en Quintero-Puchuncaví. Eso no es posible sin adoptar legislación adicional que obliga a empresas privadas y estatales hacerse cargo de sus impactos negativos actuales, futuros y del pasado.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP 2018 recomienda involucrar al Congreso, al Poder Judicial y también a los gobiernos regionales y los municipios en la actualización del PAN, comprometiéndose que el desarrollo económico del país y la generación de utilidades por empresas privadas y públicas no se realice en desmedro de los y las más débiles.

Las Naciones Unidas -como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)- ya no respaldan el crecimiento económico sin respeto a los derechos humanos. Nuestro gobierno y nuestra sociedad tampoco deberían aceptarlo.

Judith Schönsteiner

Profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos UDP

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Revisa la entrevista realizada al profesor Tomás Vial en CNN Chile sobre el Informe Anual de Derechos Humanos en este enlace.

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Revisa la entrevista realizada por Canal 24 Horas a Antonia Rivas, académica UDP y autora del Informe Anual sobre Derechos Humanos en este enlace.

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*Al final de esta nota se encuentra el video del lanzamiento del Informe y el enlace para descargarlo en formato PDF.


Desde 2003 que el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UDP publica el Informe Anual sobre Derechos Humanos, el cual es una investigación multidisciplinaria que revisa el estado de los derechos humanos en el país de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por Chile a ese respecto.

En esta versión decimosexta, 17 autores (15 son mujeres) escribieron 14 capítulos en un texto que supera las 600 páginas y donde casi 48 alumnos de la Facultad de Derecho colaboraron en la investigación. Esto, para el Decano Marcelo Montero demuestra la seriedad del informe. “Cuando uno lo analiza, puede observar un trabajo pausado, serio y prolijo que da cuenta del estado en que se encuentra el respeto y promoción de los DD.HH. en nuestro país. Es una tarea importante y necesaria de hacer”, comentó. 

Por su parte, la directora del Centro de DD.HH. UDP, profesora Lidia Casas, puntualizó que este Informe “no es solo una publicación: es un aporte muy concreto para que la sociedad civil se haga de él, permita y nos facilite la tarea de hacer que el Estado rinda cuentas sobre su actuar y sobre el cumplimiento de sus obligaciones de Derechos Humanos”.

Tomás Vial, profesor del Centro de DD.HH. UDP y editor del Informe, detalló los avances, retrocesos y deudas sobre materias de DD.HH. en Chile. Entre los aspectos positivos destacó la “celebración de elecciones democráticas el año pasado con ejercicio de los derechos de voto y participación política” lo cual es “un fundamento de los Derechos Humanos y eso deberíamos notarlo”. También relevó la movilización feminista durante el 2018 y que son tratados en dos capítulos en el Informe, donde se destaca la mayor participación femenina en la política gracias a la Ley de Cuotas. 

Otro avance, dijo el profesor Vial, fue la aprobación de la Ley de Aborto en tres causales, que son las “mínimas que penalizaban a la mujer en casos extremos”, lo que consideró un triunfo tras años de lucha. Esto, sin perjuicio, de las dificultades que existen en su implementación, ejemplificando con la objección de conciencia institucional. Además, mencionó como un aspecto positivo la aprobación de una Ley de Identidad de Género. “No solo era una necesidad extrema de reconocimiento a las personas trans (…) sino que es una ley que se basa en el principio de autonomía personal en las materias más importante de las personas”, dijo.

Entre los retrocesos, puntualizó sobre la violencia en La Araucanía, que se ejemplificó con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. También los discursos negacionistas respecto a las violaciones de DD.HH., el debilitamiento de la acción del gobierno en materia de justicia y verdad de víctimas de la Dictadura y la “conducta de los tribunales, a lo menos ambigua, con las sentencias en materia de libertades condicionales a presos por crímenes contra lesa humanidad”.

También se analizó negativamente los cambios en política migratoria, donde se han establecido “formas de restricción a la migración y un discurso público que solo pueden fomentar un ingreso ilegal, con sus consiguientes consecuencias de precariedad abuso y discriminación” y la situación de los niños, niñas y adolescentes donde el Estado no ha cumplido, como ya es de público conocimiento, con su deber de protegerlos.

Por último, entre las deudas -que son “aquello que no hemos cumplido como Estado”, dijo Vial- comentó que sobre las violaciones respecto a la Dictadura, Chile aún tiene una “cantidad inmensa de Detenidos Desaparecidos sin que conozca su paradero. Una sociedad no puede considerarse digna sin que haya una acción expresa -más allá de lo que hagan los tribunales- para lograr encontrar los paraderos, los restos o las situaciones que fueron asesinadas esas personas”.

Relacionado ese mismo tema, el profesor Vial, dijo que entre el año 1995 y el 2018 se han dictados “367 sentencias definitivas en materia de violaciones por el pasado, que incluyan a 713 víctimas, básicamente Detenidos Desaparecidos y ejecutados. Eso respecto al universo de víctimas implica que solo el 22% de las víctimas han sido objeto de una sentencia relativas a ellas”. Y, en materia de tortura y prisión política, solo el 0.6% de las víctimas han tenido una sentencia.

Otra de las deudas es sobre las mujeres y la protección que se le otorga a las víctimas de violencia intrafamiliar. Según el capítulo escrito por la profesora Casas, Vial dice que “demuestra que cuando tenemos la protección de derechos esenciales como integridad física y psíquica, el Estado -la policía, la Fiscalía, los demás servicios- fallan en dar una protección efectiva en aquello que parece más esencial: una vida libre de ataques y agresión”.

El Informe fue lanzado el 3 de diciembre y fue comentado por la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, y el director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña S.J.

Puedes descargar el informe completo o algún capítulo por separado en este enlace.

A continuación los invitamos a revisar el video del lanzamiento del Informe:
 

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El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2018 está disponible para su descarga en este enlace.

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