Clínicas Jurídicas

Clínicas Jurídicas (16)


Los invitamos a leer el reportaje "Migrantes y coyotes", publicado en La Segunda que incluye una entrevista a la directora de la clínica jurídica de migrantes UDP, Francisca Vargas, donde también comenta sobre su libro justo a Lidia Casas "Los efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres".

migrantesycoyotes

Miércoles, 27 Junio 2018 00:00

Migración around the world: estamos rodeados

Escrito por

*Columna de opinión publicada originalmente el 26 de Junio 2018 en La Tercera.

En principio, el título de esta columna puede parecer alarmista o conspiracional, pero cuando hablamos de migración, lo cierto es que estamos rodeados. Quizás, en este país desigual, usted, estimado lector, pensó en Santiago, pensó en el comercio y dijo “Sí, estamos rodeados de inmigrantes”. Pero no, no me refiero a ese cerca de 5% de población migrante en Chile, sino a quienes propagan discursos racistas, xenófobos, nacionalistas, egoístas y con absoluto desconocimiento del Estado de derecho en que vivimos. Lo peor es que no estoy pensando sólo en Chile, sino también en el resto del mundo o en quienes, lamentablemente, concentran gran parte del poder.

¿Se acuerda usted de esos chistes machistas del tipo ”en qué se parece una mujer a (inserte alguna cosa)”? Aquí va una frasecita como esas, pero que, desafortunadamente, no es en broma: ¿en qué se parece Donald Trump al gobierno de Sebastián Piñera en materia de migraciones? En que ambos, en ese ya inentendible – y un poco infantil – rechazo a las personas migrantes, plantean expulsiones de una u otra forma masivas, sin las debidas garantías de un debido proceso, criminalizando la migración.

“No podemos permitir que esta gente (refiriéndose a quienes cruzan irregularmente la frontera) nos invada” dice Trump, planteando la reconducción inmediata, sin procedimiento judicial, para quienes ingresen de esta forma. “Reconducción inmediata”, por cierto, es el título de uno de los artículos que más contraviene los estándares internacionales de derechos humanos del actual proyecto de ley de migración y extranjería impulsado por el Presidente Sebastián Piñera. Pero eso no es todo: “Vamos a pasar las dos mil expulsiones este año” asegura el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, como quien se vanagloria de los goles que espera sumar en un partido, agregando que, en una segunda y tercera etapa de expulsiones, el enfoque estará en quienes estén en el país en situación irregular sin antecedentes penales y quienes no se registraron en el proceso de regularización migratoria. Nuevamente, al igual que Trump, asimila la irregularidad migratoria a la delincuencia y se plantea la medida que debiera ser excepcional, la expulsión del país, sin ninguna otra consideración, no contemplando garantías de un debido proceso.

La semana pasada, el mismo gobierno chileno se alarmaba – como si nunca hubiera estado siquiera cerca de hacerlo – de la separación de familias en Estados Unidos; pero, frente a lo planteado por el subsecretario Ubilla, yo me pregunto: ¿qué pasa con aquellas personas migrantes en Chile que tienen una familia, un trabajo o deseos de una mejor calidad de vida? ¿Qué procedimiento racional y justo impedirá la separación de estas familias? ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre esta medida y aquella que criticaron? En Chile no tenemos celdas o jaulas físicas para encarcelar a las personas migrantes en situación migratoria irregular, algunas de las cuales se encuentran en estado de extrema pobreza; sin embargo, hay celdas que, aunque invisibles, separan familias y también separan a personas de sus sueños, encerrándolas en la vulnerabilidad social, la discriminación y el estigma, y escondiéndose sigilosamente detrás de un discurso populista e ilusoriamente ordenado, seguro y regular.

*Columna de opinión publicada originalmente el 26 de Mayo 2018 en La Tercera.

Como Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales hemos analizado la constitucionalidad del decreto supremo que establece visa consular de turismo para personas haitianas junto a la Universidad Alberto Hurtado, el Servicio Jesuita a Migrantes y el abogado Tomás Greene, asesorando a diputadas y diputados para su impugnación.

El decreto vulnera derechos humanos de las personas migrantes y la propia Constitución chilena. Esto último se da por dos motivos. De un lado, la carta fundamental establece que el actuar del Estado es válido siempre que se haga, entre otras cosas, en la forma que prescribe la ley. Aquí encontramos el primer problema. Cuando revisamos los motivos que la ley de extranjería exige para establecer los visados de turismo consulares, que son excepcionales, vemos que sólo puede hacerse por motivos de reciprocidad internacional o interés nacional. Lo primero no existe ya que Haití no exige visa a personas chilenas para ingresar a su territorio. Lo segundo tampoco, ya que aunque los estados pueden definir en un momento determinado qué es interés nacional, aquello debe tener motivos razonables para no ser una decisión arbitraria, y ello no ocurre en este caso, no configurándose un verdadero interés nacional. No entender eso es creer que la soberanía no tiene límites. Al analizar los motivos explicitados en el decreto, nos damos cuenta que se asumen cuestiones que no son reales. Como ejemplo podemos indicar que, revisando cifras, no se vislumbra que sea insoslayable el aumento sostenido de personas haitianas que ingresan al país permaneciendo en Chile en situación irregular, como se señala. La población haitiana no es la mayor en Chile -es la sexta según datos del Censo 2017- y tampoco es la que mayoritariamente ingresó al país en 2017, pues aunque la diferencia entre ingresos y egresos, según cifras de la PDI, es un poco más de 100 mil personas, la misma cifra de personas argentinas supera las 564 mil. Tampoco es cierto que la mayoría de los y las haitianas se hayan quedado en Chile en situación migratoria irregular, pues lo cierto es que son la tercera nacionalidad en cuanto a solicitudes de visa se refiere. Lo anterior lleva a que el decreto supremo no se haya hecho respetando la forma que la ley prescribe en relación a las razones para establecer una visa de turismo consular.

De otro lado, se vulnera el derecho a la igualdad que según la Constitución tienen todas las personas. Cuando una autoridad hace una diferencia, para que aquella no sea arbitraria, debe tener un motivo razonable. Según ha señalado el TC, si queremos que una diferenciación sea razonable, ésta debe efectivamente contribuir al fin buscado por la autoridad que hace la diferencia. Este segundo análisis tampoco es superado por el decreto, ya que no se vislumbra cómo, en el momento actual, una visa consular para personas haitianas, que distingue entre nacionalidades de migrantes, logra, en particular, una migración regular y segura para ellos y sus familiares. Según los datos disponibles, esta población no tiene características migratorias especiales como para restringir o controlar su ingreso de manera diferente a las demás, y es por esto que la medida vulnera la igualdad. Se hizo una diferencia en atención a la nacionalidad, que no aporta al fin buscado y que no tiene razones adecuadas. Esto es discriminación arbitraria, cuestión que está prohibida.

Vimos cómo la visa consular de turismo para personas dominicanas impuesta en 2012 favoreció a las redes de tráfico de personas. Aprendamos de nuestra experiencia, pues la migración no va a parar. Si queremos que sea ordenada, segura y regular, tenemos que dar espacio para que quienes vengan, que lo harán igual, lo hagan en condiciones dignas y seguras para ellos y para el país.

Viernes, 25 Mayo 2018 00:00

Política Migratoria

Escrito por

*Carta al Director publicada originalmente el 25 de Mayo en El Mercurio.

Señor Director:

En su respuesta a nuestra carta, don Álvaro Bellolio realizó acusaciones respecto al SJM, responsabilizándonos de la migración irregular y de querer mantener el status quo.

Estas acusaciones son graves, injustas e infundadas. Basta revisar los medios de comunicación y nuestros programas sociales, en los que se incluye un trabajo jurídico relevante contra el tráfico de personas, el incentivo a la regularización de migrantes y la promoción de políticas públicas, para desmentir esas acusaciones.

La dilatada ausencia de políticas públicas no es nuestra responsabilidad. Es el Estado el que debe velar por esto, y por ello siempre hemos acusado este abandono. Este gobierno ha mostrado la clara voluntad política de regular este tema, pero ello no implica que no vayamos a diferir y debatir. Tampoco son responsabilidad nuestra los negativos efectos de la obsolescencia normativa y las medidas administrativas que pueden provocar la promoción de la irregularidad migratoria.

No han sido los migrantes los que han querido caer en ella. Ha sido una incorrecta concepción de la regularización como un privilegio y no como un deber del Estado, lo que los ha llevado a esa situación

El señor Bellolio también señala que estamos ideologizados. Nosotros trabajamos desde el enfoque de derechos y desde ahí, junto con la evidencia, proponemos políticas migratorias. Por ello, junto con las clínicas especializadas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, el Movimiento Acción Migrante y el abogado Tomás Greene, tenemos la convicción de que la vida consular de turismo para Haití infracciona uno de los principios clave del mencionado enfoque: la igualdad ante la ley y la no discriminación. Esa es nuestra crítica. Puntual y clara.

Desde estos principios y con una agenda definida, hemos tenido una mirada crítica con los últimos gobiernos, no sólo con el actual. Lo que hemos planteado es técnico y desde nuestra experiencia concreta trabajando con migrantes. Así, hemos celebrado cuando las autoridades coinciden con nuestra agenda y hemos criticado cuando hay distancia. El fin es debatir en pos de la mejor política migratoria.

Somos organizaciones serias y responsables, siempre dispuestas a la colaboración y al diálogo, con miras a la satisfacción del objetivo que nos moviliza: la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Por lo demás, es propio de un Estado democrático que exista un control ciudadano de las políticas de gobierno, y, de hecho, es nuestro deber hacer este control. Nuestras críticas y cuestionamientos tienen siempre un fin constructivo.

La carta del señor Bellolio se titula "Política Migratoria". Esto es mucha más que imponer visas. Se trata también de generar procesos y políticas sectoriales que permitan abordar el desafío de la inclusión de las personas migrantes, su verdadera regularización y la protección de sus derechos humanos. Seguiremos atentos y atentas al debate con el fin de generar un país respetuoso, inclusivo e intercultural. Esperamos que el Gobierno pueda abrirse a dialogar con quienes estamos aportando desde una reflexión con altura de miras para profundizar el debate del fenómeno migratorio actual. Ojala sea así, porque nosotros no dejaremos de hacer nuestro trabajo.

Francisca Vargas Rivas
Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, UDP

Tomás Greene Pinochet
Abogado UC

Macarena Rodríguez Atero
Clínica Jurídica de Atención a Migrantes UAH

Eduardo Cardoza
Secretario Ejecutivo
Movimiento de Acción Migrante

Pablo Valenzuela Mella
Director Social
Servicio Jesuita a Migrantes

Viernes, 11 Mayo 2018 00:00

Migrar como derecho humano

Escrito por

*Carta al Director publicada originalmente el 08 de Mayo en El Mostrador.

Señor Director:

Me he tomado la libertad de hacer parte de la discusión suscitada tras las columnas de Juan Ignacio Gómez, quien respondió a otra de Daniela Aceituno y Paulina Morales, en relación a la existencia —o no— del derecho humano a migrar.

Me parece que se equivoca el Sr. Gómez al afirmar que existe el derecho a migrar pero que aquello no implica el la obligación de un Estado de recibir.

Se equivoca, primero, porque es lógicamente imposible pensar que quien sale de su país irá a “la tierra de nadie”. Lo cierto es que el derecho a salir implica, en su misma naturaleza, que se ingresará en un nuevo territorio. Es decir, si yo quiero respetar el derecho de una persona a salir de un país, entonces la única forma de hacerlo es permitiéndole ingresar a otro.

¿Significa esto que la persona decide qué requisitos deberá cumplir en el país que elija pensando en la migración voluntaria o presuntamente voluntaria a la que se refiere el Sr. Gómez? No, y es que por supuesto que no existe un derecho a ingresar a cualquier Estado sin restricciones, aunque haya doctrina especializada que de argumentos para entender que las fronteras abiertas —en el sentido de existencia de requisitos mínimos de ingreso a un país— son una buena idea.

Los Estados, desde su soberanía, pueden decidir quiénes ingresan y quiénes no, pero no es correcto pensar que esta potestad es tan abierta que permite decidir sin motivación o —lo que es lo mismo— no es correcto decir que frente a la soberanía de un Estado la persona migrante no tiene derecho alguno, que es hacia donde el Sr. Gómez parece apuntar. El ejercicio de la soberanía encuentra como límite los derechos humanos de las personas, establecidos, por ejemplo, en tratados internacionales ratificados y vigentes.

De ahí que los Estados no pueden establecer requisitos de ingresos arbitrarios o discriminatorios en atención a la nacionalidad de una persona o color de piel, solo por dar algunos ejemplos. Es en este sentido que entendemos la existencia de un derecho a migrar, como un derecho a ingresar a un territorio de un Estado cumpliendo requisitos razonables y en igualdad de derechos que otras personas.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior —y desde un entendimiento de la migración desde la óptica de los derechos humanos— podríamos hablar de la existencia actual de una migración forzada que queda fuera de la definición de refugiado y cómo el Estado debe hacerse cargo de esta realidad, pero aquello excede al espacio de esta intervención.

Francisca Vargas Rivas
Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, Universidad Diego Portales

 

Acerca del anuncio en materias de migraciones que presentó este lunes el Gobierno de Sebastián Piñera, las organizaciones migrantes y pro migrantes hacemos presente nuestra profunda preocupación por tanto el contenido, la forma y los tiempos con que se están tratando estos cambios en la normativa migratoria.

Valoramos la creación de un Servicio Nacional de Migración, con facultad de ejecutar la política migratoria; el proceso de regularización extraordinario que se efectuará en los próximos meses, que se garantice el acceso al derecho de salud, educación y derechos laborales sin discriminar por situación migratoria y que se amplíen los Ministerios participantes en el Consejo de Política Migratoria, aunque nos sorprende la ausencia del Ministerio del Trabajo.

Junto a lo anterior, existen 7 puntos claves los que nos generan preocupación del anuncio presentado ayer:

1.- Nos parece arbitrario que el acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, sólo puedan ejercerse luego de dos años de residencia en el país.

2.- Más que expulsiones expeditas necesitamos que se cumpla el debido proceso. Un Estado no puede desentenderse de esto. Al mencionar una reconducción inmediata de la persona migrante, nos preguntamos qué va a suceder, por ejemplo, con las víctimas de tráfico que ingresan por pasos no habilitados.

3.- En dos semanas se va a eliminar la visa temporaria por motivos laborales. Actualmente cerca del 70% de las solicitudes de visa son bajo este formato, mostrando una nueva realidad en el flujo migratorio. Creemos que la premura en esta medida no contribuye al objetivo de una migración segura, ordenada y regular, ya que no genera un proceso oportuno de información.

4.- La imposición de visas consulares solo genera un flujo más inseguro y nuevas vías de ingreso irregular al territorio. El 2012 se impuso la visa consular a ciudadanos de RepúblicaDominicana y generó el aumento en un 4550% (2012 - 2016) en ingresos por pasos no habilitados de estas personas, generando un incentivo para las redes de tráfico.

5.- Desaprobamos la idea de establecer la prohibición de cambio de estatus migratorio de una persona migrante dentro del territorio nacional, y la obligación de solicitar permisos de residencia desde un consulado chileno en el país de origen de la persona.Sin comprender que los proyectos migratorios pueden modificarse, olvidando una mirada integral de la movilidad humana.

6- Nos preocupa el claro sesgo existente frente a las personas provenientes de Haití. Cuando son la sexta nacionalidad de extranjeros con mayor presencia en Chile y los ingresos son menores que los ciudadanos venezolanos. ¿Por qué se establece sólo para ellos un visado consular? ¿Qué se espera de esta medida?

7.- En el caso de las visas humanitarias éstas debieran entregarse justamente por razones humanitarias y no por nacionalidad.

Rechazamos profundamente la mirada utilitarista y economicista que manifiesta el Estado en relación a la migración. Enfatizamos que la migración es una cuestión de derechos humanos y no un fenómeno que se controla de acuerdo a las necesidades o intereses de un Estado.

Uno de los grandes errores de los dos proyectos anteriores fue no generar un proceso participativo previo con las organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales, que trabajan día a día con las personas migrantes. Lamentamos nuevamente la nula participación de la sociedad civil en este proceso. Las organizaciones migrantes seguiremos trabajando por una migración con enfoque de derechos y estamos abiertos a dialogar para generar una mejor política migratoria. Creemos profundamente en que todos merecemos la misma dignidad no por nuestra nacionalidad, sino por ser humanos.

Convocan:


Servicio Jesuita a Migrantes
Movimiento de Acción Migrante
Eduardo Thayer - Académico Universidad Central
Carolina Stefoni - Académica, Directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios
(PRIEM), Universidad Alberto Hurtado.
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado
Fundación Superación de la Pobreza
Mesa por una Educación Intercultural
Coordinadora Nacional de Inmigrantes
Revista Sur
Observatorio Ciudadano
Sara Joiko – Académica, Estudiante de Doctorado, UCL Institute of Education
Leonora Beniscelli – Académica/ Colectivo Trama
Fernanda Stang – Académica Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM),
Universidad Alberto Hurtado.

Con éxito se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Clínicas Jurídicas para apoyo legal a personas solicitantes de asilo y refugiadas en Chile, organizado por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el pasado martes 12 y miércoles 13 de Diciembre del 2017. 

Al evento asistieron además representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y de las Clínicas Jurídicas de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Universidad de Concepción, Universidad Católica de Temuco y  Universidad Alberto Hurtado. Asimismo, se contó con la asistencia Aurelia Balcells, Jefa de la Sección de Refugio y reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración.

El objetivo de este encuentro se enfocó en establecer una instancia de diálogo entre quienes día a día asesoran o representan legalmente a las personas solicitantes de asilo y refugiadas en nuestro país. De esta forma, hubo primero una capacitación sobre la materia a cargo de Rébecca Steward, oficial de protección senior del ACNUR, y posteriormente se dieron distintas instancias en donde cada una de las personas participantes tuvo espacio para compartir sus experiencias en la materia y dar a conocer los desafíos existentes y la forma en cómo se han superado otros a los cuales se han visto enfrentadas. Por otro lado, la participación de Aurelia Balcells permitió generar un espacio de diálogo y retroalimentación con la Autoridad a cargo en la materia.

Otra de las instancias del encuentro fue liderada, a través de una videoconferencia, por Marco Formisano de la Unidad Legal Regional del ACNUR. En ella, se destacó la importancia de las clínicas legales para las personas solicitantes de asilo y refugiadas en la región, y se entregó información acerca de la implementación de la Red de Apoyo Legal de los Refugiados de las Américas (RALRA).

En relación al encuentro, Francisca Vargas Rivas, Profesora a cargo de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, expresó que “el encuentro de Clínicas fue una gran instancia para conocer a otros profesores/as y abogados/as que trabajan en clínicas jurídicas que tienen algún grado de contacto con la población solicitante de asilo y/o refugiada. En ese sentido, me parece que fue una gran instancia para coordinarnos y pensar en formas de organizarnos a futuro para así lograr atender más y mejor a la población solicitante de asilo y refugiada. Si lo hacemos solo/as podemos hacerlo bien, pero si lo hacemos juntos/as podemos hacerlo excelente”.

El encuentro culminó con el compromiso de crear una red nacional de trabajo en la que los y las participantes puedan intervenir, organizándose de ese modo en una dirección única y coordinada a lo largo de todo Chile en materia de asilo. 

La obra IDEOLOGÍA, del artista visual Felipe Rivas, debió ser incluida en la muestra INIVISIBLE,  pero el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes prohibió su exhibición.

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