Elementos filtrados por fecha: Junio 2018
Viernes, 29 Junio 2018 00:00

DD.HH. y modernización del Estado

*Columna escrita junto a Judith Schönsteiner, publicada originalmente en La Tercera el 29 de Junio 2018

SEÑOR DIRECTOR

El gobierno anunció la creación de un Consejo Asesor Permanente de Modernización del Estado. Su cometido sería asesorar al Presidente de la República, dándole continuidad y transversalidad a la tarea de modernizar el Estado. Esta iniciativa es positiva, pues en numerosos aspectos, el funcionamiento de nuestro Estado no está acorde a los desarrollos tecnológicos, organizacionales, culturales, políticos y jurídicos de la sociedad chilena en un contexto global.

Es en cultura, política y aspectos jurídicos, íntimamente relacionados, en lo que quisiéramos poner énfasis. Hoy no puede entenderse el Estado sino en el contexto de una sociedad democrática, pluralista y que demanda espacios de participación, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación, especialmente respecto grupos históricamente discriminados, como mujeres e indígenas. Toda modernización del aparato estatal debe considerar estos factores, pues ellos son prueba de la legitimidad del Estado ante la sociedad.

Esta es una consideración de naturaleza eminentemente política, que no puede ni debe ser olvidada en tiempos de crisis de las instituciones. Estas exigencias, además, poseen claro sustento jurídico explícito en nuestro derecho y en el derecho internacional de los derechos humanos. Por ello se puede y se debe afirmar que un Estado moderno es uno que considera en su organización y en la creación y elaboración de políticas públicas, los estándares de DD.HH. que reflejan y precisan ese contexto social y político vigente. El trabajo del Consejo, sin duda, debiera, por ello, tomar en consideración este importante aspecto.

Judith Schönsteiner
Tomás Vial Solar

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Los invitamos a leer el reportaje "Migrantes y coyotes", publicado en La Segunda que incluye una entrevista a la directora de la clínica jurídica de migrantes UDP, Francisca Vargas, donde también comenta sobre su libro justo a Lidia Casas "Los efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres".

migrantesycoyotes

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Miércoles, 27 Junio 2018 00:00

Migración around the world: estamos rodeados

*Columna de opinión publicada originalmente el 26 de Junio 2018 en La Tercera.

En principio, el título de esta columna puede parecer alarmista o conspiracional, pero cuando hablamos de migración, lo cierto es que estamos rodeados. Quizás, en este país desigual, usted, estimado lector, pensó en Santiago, pensó en el comercio y dijo “Sí, estamos rodeados de inmigrantes”. Pero no, no me refiero a ese cerca de 5% de población migrante en Chile, sino a quienes propagan discursos racistas, xenófobos, nacionalistas, egoístas y con absoluto desconocimiento del Estado de derecho en que vivimos. Lo peor es que no estoy pensando sólo en Chile, sino también en el resto del mundo o en quienes, lamentablemente, concentran gran parte del poder.

¿Se acuerda usted de esos chistes machistas del tipo ”en qué se parece una mujer a (inserte alguna cosa)”? Aquí va una frasecita como esas, pero que, desafortunadamente, no es en broma: ¿en qué se parece Donald Trump al gobierno de Sebastián Piñera en materia de migraciones? En que ambos, en ese ya inentendible – y un poco infantil – rechazo a las personas migrantes, plantean expulsiones de una u otra forma masivas, sin las debidas garantías de un debido proceso, criminalizando la migración.

“No podemos permitir que esta gente (refiriéndose a quienes cruzan irregularmente la frontera) nos invada” dice Trump, planteando la reconducción inmediata, sin procedimiento judicial, para quienes ingresen de esta forma. “Reconducción inmediata”, por cierto, es el título de uno de los artículos que más contraviene los estándares internacionales de derechos humanos del actual proyecto de ley de migración y extranjería impulsado por el Presidente Sebastián Piñera. Pero eso no es todo: “Vamos a pasar las dos mil expulsiones este año” asegura el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, como quien se vanagloria de los goles que espera sumar en un partido, agregando que, en una segunda y tercera etapa de expulsiones, el enfoque estará en quienes estén en el país en situación irregular sin antecedentes penales y quienes no se registraron en el proceso de regularización migratoria. Nuevamente, al igual que Trump, asimila la irregularidad migratoria a la delincuencia y se plantea la medida que debiera ser excepcional, la expulsión del país, sin ninguna otra consideración, no contemplando garantías de un debido proceso.

La semana pasada, el mismo gobierno chileno se alarmaba – como si nunca hubiera estado siquiera cerca de hacerlo – de la separación de familias en Estados Unidos; pero, frente a lo planteado por el subsecretario Ubilla, yo me pregunto: ¿qué pasa con aquellas personas migrantes en Chile que tienen una familia, un trabajo o deseos de una mejor calidad de vida? ¿Qué procedimiento racional y justo impedirá la separación de estas familias? ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre esta medida y aquella que criticaron? En Chile no tenemos celdas o jaulas físicas para encarcelar a las personas migrantes en situación migratoria irregular, algunas de las cuales se encuentran en estado de extrema pobreza; sin embargo, hay celdas que, aunque invisibles, separan familias y también separan a personas de sus sueños, encerrándolas en la vulnerabilidad social, la discriminación y el estigma, y escondiéndose sigilosamente detrás de un discurso populista e ilusoriamente ordenado, seguro y regular.

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*Opinión publicada originalmente en La Tercera el 24 de Junio 2018

SEÑOR DIRECTOR

El brutal asalto y homicidio de una mujer que se dirigía en la madrugada a su trabajo, ha causado shock y justa indignación. A lo violento del hecho se sumó que los agresores parecieron celebrarlo, desplegando una muestra de inhumanidad que espanta.

Lo extremo del caso parece explicar (no justificar) que una vez detenidos e imputados -rápidamente en una muestra de eficacia policial y de actuación de Ministerio Publico encomiables-, los detenidos hayan sido golpeados brutalmente por otros internos de la misma cárcel, una situación que puede ser calificada como tortura bajo la normativa penal aprobada en 2016. Ésta adecuó nuestra legislación a la definición internacional de tortura. Que eso haya sucedido en un recinto carcelario sobre el cual Gendarmería tiene el deber de asegurar a todos los internos su seguridad personal, es una grave infracción a los deberes legales de ese servicio. Pero más preocupante es la aprobación pública que parece haber a ese tratamiento. ¿Incidirá en ello la nacionalidad de los detenidos? ¿Es tan difícil evitar el deseo de castigar por mano propia (en este caso por medio de otros procesados) lo que parece injusto? El caso parece mostrar que pese a la eficaz acción represora de esta ocasión, existe un amplio apoyo a acciones que se saltan las garantías básicas de defensa y tratamiento humanitario mínimo a un detenido. Esto debiera ser tan preocupante como que haya un castigo ejemplar de un hecho criminal tan grave como el homicidio de la trabajadora.

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Sábado, 16 Junio 2018 00:00

Acuerdo Corfo-SQM: el deber de consulta

Columna publicada en El Mercurio Legal el 15 de junio de 2018, también se puede leer en Derecho UDP

Esta columna fue escrita junto a Cristóbal Carmona

Publicado en Blog-Opinion

Puedes descargar en este enlace el libro "Los efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres", además de otras publicaciones anteriores del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

El libro consiste en dos completas investigaciones sobre casos de violación con resultado de embarazo y violencia sexual contra mujeres migrantes, realizadas por dos destacadas académicas: Lidia Casas, directora del centro de derechos humanos de la Universidad Diego Portales y, Francisca Vargas, directora de la clínica jurídica de migrantes y refugiados UDP.

Además, a continuación pueden revisar el video del lanzamiento del libro y una galería fotográfica del mismo:

 

 

 

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*Entrevista publicada originalmente el 8 de Junio en sitio web del Observatorio Género y Equidad

Autora: Catalina Arenas


El miércoles 6 de junio, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales dio a conocer el estudio sobre “Los Efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres”. En él se analiza casos de violación con resultado de embarazo, a raíz de la tercera causal por la que se permite el aborto en Chile, y la violencia sexual contra las mujeres migrantes que cruzan parte del territorio de América Latina hasta Chile.

El análisis repara en una una cifra que continua siendo desoladora: la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o un tercero; una estadística que impacta si refiere a las mujeres en ruta migratoria y más si esa mujer es afrodescendiente.

Dentro del equipo que trabajó en el estudio están las abogadas de Derecho de la UDP Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos y especialista en temas de género; Andrea Aguilera, docente del pregrado y con experticia en temas del derecho privado y Francisca Vargas, especialista en migración y asilo además de directora de la Clínica Juridica de Migrantes y Refugiados de la misma universidad.

Para evitar la revictimización, y sin perjuicio de contar con el acceso directo a los relatos de las mujeres migrantes, las investigadoras prefirieron no incluirlos en el texto por un fin mayor: “No abrir puertas que después serían muy difíciles cerrar”. Así, sólo realizaron entrevistas en profundidad a personas y grupos que trabajaron con mujeres migrantes; una revisión documental de los casos vistos por la Clínica de la UDP y conversaron con profesionales de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial y estudiantes de la Clínica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado.



¿Qué tipo de violencia tiene más denuncias o se repite con mayor frecuencia en los testimonios?

“Mi primera respuesta es que el abuso es lo que comúnmente se registra en el trayecto. Pero cuando piensas que finalmente a las mujeres le cobran en sexo, por más que ellas accedan y exista una suerte de consentimiento, ese consentimiento igualmente está viciado”, advierte la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, Francisca Vargas. “Jurídicamente, me parece que no califica como una violación, sino más bien como un abuso sexual. Independientemente que sea la única forma que tiene para cruzar y de ‘el sí’, realmente no hay ninguna clase de voluntad en ese acto sexual”.

El estudio da cuenta que la violencia contra las mujeres es estructural, por ser mujeres y estar migrando, que es cotidiana y simbólica. Se trata de una violencia sexualizada porque recae en el cuerpo de las mujeres, comentarios e insinuaciones que comprenden a las mujeres como un objeto sexual. Los relatos evidencian que en la migración femenina persiste esa violencia sexualizada que se manifiesta en el uso discriminatorio y violento del lenguaje con intención permanente de denostar a la mujer.

Mujeres trueque y moneda de cambio

Respecto a los estereotipos que se desprenden de este tipo de violencia y se instalan en el inconsciente colectivo, para Francisca Vargas un reflejo es la que se manifiesta en contra de la “mujer afrodescendiente colombiana o dominicana, se las identifica como una persona que viene derechamente a ejercer el comercio sexual”. Así explica que existe una constante hipersexualización “en el fondo de sus cuerpos negros”. Según su experiencia en el desarrollo de la investigación, a través de los estereotipos de género y prejuicios, “ellas terminan asumiendo que el comercio sexual es la única posibilidad que les dan para subsistir, por tanto, estiman que vienen a ejercerlo casi inevitablemente”.

Si bien las causas de la migración son diversas en cuanto a la nacionalidad de las mujeres, el estudio evidencia ciertas particularidades. Desde Bolivia históricamente la migración es transfronteriza y de carácter económica. No obstante, las mujeres igualmente salen de su país de origen escapando de la violencia sexual (de situaciones que son delitos). Más hacia el norte, las mujeres colombianas relatan que dejan su país huyendo de la violencia estructural del conflicto armado y la violencia sexual que se ejerce en su contra, pero que siguen recibiendo en el traslado y país receptor. Las informaciones sistematizadas y sus relatos, dan cuenta de cómo el ingreso a Chile se logra a cambio de “prestaciones sexuales” requeridas –por ejemplo – por la policia boliviana.

Respecto a las mujeres que migran desde República Dominicana, un grupo reconoce que se alejan de su país por razones económicas, pero también por la violencia sexual o física que soportan de parte de sus parejas y exparejas agresoras. En la ruta migratoria, la violencia sexual persiste al interior de los buses; choferes y auxiliares abusan sexualmente de ellas como “moneda de cambio” por el servicio de traslado e ingreso a Chile.

Largas distancias e irregularidad migratoria como factores de riesgo

El trayecto migratorio no inicia una vez que la mujer u hombre pisa suelo fronterizo, sino que cuando esa persona decide, por distintas razones -coaccionadas o no- abandonar su país natal o de residencia. La investigación advierte que en Chile “y sus fronteras en general, son una especie de ‘tierra de nadie’ y que la violencia sexual en contra de las mujeres migrantes en el trayecto migratorio también lo es. Se concluye que mientras más largo es el recorrido y mayor la irregularidad migratoria, aumenta proporcionalmente el riesgo a que las mujeres sufran violencia sexual.

Por lo mismo, las investigadoras deducen que hay mujeres migrantes que están más propensas a sufrir violencia sexual. Entre República Dominicana y Chile resta una distancia de más de 6.000 km y en ese país existe irregularidad migratoria. La Clínica Jurídica de Migrantes UDP cuenta con al menos 26 casos de mujeres dominicanas que pidieron asilo en Chile como una forma de huir de la violencia que ejercían sus parejas. La exigencia de visas para ingresar, nuevamente las expone a situaciones de violencia sexual por parte de traficantes de personas (coyotes), las policías y parejas del país de origen o traslado. Es decir, los obstáculos de ingreso al país receptor son una puerta de entrada a mayores niveles de violencia. 

 


Violencia sexual en tierra de nadie

Principalmente son dos grandes trabas que existen en Chile y que afectan particularmente a las mujeres migrantes. Primero, las personas que las reciben y atienden no saben qué hacer exactamente cuándo se enfrentan a un acto de abuso de connotación sexual. La mayoría de las personas entrevistadas admite que “sin bien conocen las funciones específicas de la institución en la que trabajan, estas trasladan la violencia sexual del foco del caso que reciben y utilizan las herramientas para brindarle apoyo a las mujeres”. Vale destacar que hay excepciones que fueron mencionadas en la investigación y que existen establecimientos en Chile (particularmente en la sociedad civil) que cuentan con algún tipo de protocolo o programa instruido para llevar adelante esa denuncia correctamente.

Segundo, cuando las mujeres migrantes además perciben que el problema principal no es la violencia sexual sino regularizar su situación o solicitar asilo, por lo general, buscan asesoría jurídica migratoria en ese tema y silencian el otro (la violencia sexual). “Por lo mismo, y lamentablemente, quienes reciben sus consultas no les hacen las preguntas que corresponden y cuando sale el tema no saben bien qué hacer, no tienen herramientas para enfrentarse a la violencia sexual y queda relegada a las sombras, en la tierra de nadie”, explica Francisca Vargas.

Con la información recopilada en el estudio y la que se describe a través de los relatos de las mujeres; “con todo y a la luz de la información oficial y no oficial respecto de la violencia sexual contra las mujeres migrantes con que cuentan diversos actores estatales y las organizaciones”, las investigadoras no logran explicar por qué continúa ocurriendo y por qué – además – se sigue invisibilizando. En las instituciones involucradas en el proceso migratorio, no hay conciencia de la violencia a la que están expuestas las mujeres.

Los pasos que debería seguir cualquier institución que vele por la inclusión y seguridad de las personas migrantes son la aceptación, posibles mecanismos de reparación y, finalmente, la derivación. En otras palabras, primero entender que la violencia sexualizada y sexual en contra mujeres migrantes pasa por el solo hecho de migrar y moverse de un lado a otro; hacer las preguntas pertinentes y consultar a los centros de atención a víctimas de violencia sexual o de violencia contra las mujeres.

En ese sentido, Francisca Vargas advierte del peligro de la desinformación. “En un primer momento se les dijo a quienes entrevistamos (profesionales y grupos de profesionales) que si la violencia sexual no ocurría en Chile, la mujer afectada no podía acceder a los programas de atención a víctimas. Pero, de ser así ¿qué pasa con la mujer que sufre violencia sexual por un ‘coyote’?”.La abogada explica que existen medidas legales que se podrían tomar en caso de ocurrir un hecho de violencia sexual por parte del sujeto masculino que se encarga de trasladar a las mujeres migrantes de un lado a otro de manera ilegal. No obstante, la causa queda diluida por el delito que significa migrar “de manera irregular”, es decir, si es por trata de personas para su explotación sexual o tráfico de personas. “No es seguro que exista una condena por una denuncia de una mujer que entró por tráfico de personas y sufrió una situación de violencia sexual”.

Bajo estas condiciones, cuando se quiere dar marcha a la reparación de las víctimas, la puerta ya está cerrada porque la violencia sexual no se aborda cuando el ‘coyote’ abusa o cobra en sexo el traslado de las mujeres. No se la considera como una vulneración grave de derechos. Sin embargo, existiría una posibilidad de contención y protección en manos de clínicas jurídicas u otras organziaciones de la sociedad civil. Estas – repara Francisca Vargas –  constituyen “una medida parche porque no puede ser que nazca desde las universidades. Esto debería ser, a mi juicio, una cuestión de Estado”, emplaza y agrega “el Estado debiese tomarse muy en serio la violencia sexual en contra de las mujeres en general, por su gravedad”.

Disidencias sexuales y los peligros en ruta migratoria

Desde su experiencia profesional en la Clínica, Francisca Vargas asegura que hay un riesgo para las personas de la comunidad LGTBIQ+. “Tengo la sensación que el hecho de ser hombre te protege, independiente si eres un hombre gay, luego si ya es una persona trans la problemática va cambiando y si eres mujer lesbiana, por el hecho de ser mujer sufres los mismos riesgos”. No obstante, no hay estadísticas al respecto que se desprenda de esta investigación. Este problema no se menciona en las entrevistas ni está registrado en los documentos revisados.

Con o sin cifras, actualmente existen casos abiertos: “Conocemos dos o tres testimonios en la Clínica de mujeres lesbianas que precisamente han venido a Chile por la violencia sexual y persecución que han sufrido en su país de origen por ser lesbiana”, relata Vargas. “Particularmente desde Colombia, tenemos el caso de dos hombres gays que escaparon de Rusia y República Dominicana también por persecución. Lamentablemente, con personas trans no hemos tenido tanta experiencia porque no han llegado sus situaciones a la Clínica”.

La violencia sexual y sexualizada afecta de manera desproporcionada a las mujeres que migran. Es causa y efecto: salen de sus países huyendo de ella y la vuelven a enfrentar en la ruta y país receptor.  Según la CEPAL el 50,1% de las migraciones en la región es femenina; la encuesta CASEN de 2015 da cuenta que el 51,6 % de las personas migrantes que residen en Chile son mujeres. Por eso, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP hace un llamado a hacer visible esta perspectiva de género al abordar la migración en país, también llaman a quienes se interesen y requieran asesoría para ser acogidos con la sensibilidad pertinente que merecen.

 

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*Artículo de Opinión publicado originalmente en El Mercurio el 6 de Junio 2018

"...¿Permite nuestro derecho del consumo negar un servicio o vender bienes bajo la justificación de creencias religiosas (u otras) por parte del proveedor? Si se diera esa circunstancia ¿Cual instrumento normativo y sede judicial es más conveniente para los afectados? ¿La ley de consumidor o la ley antidiscriminación?...".


¿Puede una pastelería negarse a hacer un pastel de bodas a una pareja gay que desea contraer matrimonio (donde lo hubiera) o, en el caso de Chile, celebrar su acuerdo de unión civil? ¿Es hacer un pastel o colocar un mensaje en él, que celebra esa unión, un acto de libertad de expresión? Más generalmente ¿Pueden los prestadores de bienes y servicios negarse a otorgarlos en razón de las creencias religiosas (¿u otras?) de los propietarios (¿O de los empleados?) a una cierta categoría de personas, como gays o lesbianas? ¿Sería esa negativa legal bajo la legislación indiscriminación o de consumo vigente en Chile?


Estas y otras cuestiones estaban presentes ante la Corte Suprema norteamericana, la que recientemente ha emitido su veredicto en el caso Masterpice Cake Shop v. Colorado Civil Rights Commission. Lo que hace doblemente interesante este caso es que actualmente existe uno muy similar ante la Corte Suprema del Reino Unido (Lee v AshersBaking Company (NorthenIreland) por la negativa de un pastelero de Irlanda del Norte de confeccionar un pastel con un mensaje que apoyaba el matrimonio igualitario. Ese caso se espera se decida dentro de este año, habiéndose desarrollado los argumentos orales en mayo del presente.

Para entender correctamente el fallo norteamericano son necesarios primero los hechos, brevemente. El año 2012 una pareja gay, Charles Craig y David Mullins, entraron a la pastelería del señor Jack Phillips (Masterpice Cake Shop). La pareja planeaba contraer matrimonio en el estado de Massachusetts, donde era legal, y realizar la recepción en el de Colorado, donde aún no lo era. El Señor Phillips les indicó que no haría el pastel por ir en contra de sus convicciones religiosas, pero que sí podía hacer otro tipo de pasteles, como de cumpleaños u otras celebraciones. La pareja se retira y posteriormente interpondrán una denuncia por discriminación ante la Comisión de Derechos Civiles del Estado de Colorado por infracción a su ley antidiscriminación, la Colorado Anti-Discrimination Law (CADA) de 1885, que prohíbe la discriminación directa e indirecta en “publica commodations”, lo que se define en ella como “cualquier lugar de negocios involucrado en cualquier tipo de venta al público de bienes o servicios”, pero excluyendo, expresamente, de esa definición a las iglesias, sinagogas, mezquitas y otros lugares empleados principalmente para fines religiosos. La Comisión inició una investigación que terminó, luego de además una etapa judicial, en una sanción al Sr. Phillips. En las audiencias ante la Comisión y ante los tribunales del estado, el Sr. Phillips argumentó que el obligarlo a realizar un pastel de boda para una pareja gay implicaba una afectación de su libertad de expresión protegida por la Primera enmienda de la Constitución norteamericana, en el sentido de que implicaría que él apoyaría ese tipo de matrimonio, lo que era contrario a sus convicciones religiosas profundas. También argumentó que obligarlo implica una afectación de su libertad religiosa. Ambos argumentos serán rechazados tanto por la Comisión como por los tribunales del estado. Ante ese resultado el Sr. Phillips interpondrá una acción de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Una primera observación que se puede hacer es que el fallo de la Corte Suprema es por un sorprendente 7-2, lo que es inusual en casos política y socialmente cargados como este, en una corte divida por la mitad entre conservadores y liberales. La sentencia de mayoría tiene los votos favorables de jueces liberales como Kagan y el voto “swing” del juez Kennedy, que redacta el fallo. La razón para esa mayoría es que la Corte emitió una decisión en un sentido muy específico, dejando abiertas muchas cuestiones sin resolver. La sentencia ciertamente, como se podría pensar sin leerla, no permite autorizar tratamientos diferenciados a personas de acuerdo a su orientación sexual en razón de convicciones religiosas de un vendedor o proveedor. Al respecto, el fallo de mayoría finaliza con un claro mensaje de que “casos como este en otras circunstancias deben esperar futuras argumentaciones de las cortes, todo en el contexto de reconocer que disputas como estas deben ser resultas con tolerancia, sin una indebida falta de respeto a las convicciones religiosas sinceras y sin someter a las personas gay a indignidades cuando ellas buscan bienes y servicios en un mercado abierto.” ¿Entonces por qué falla la corte contra el estado de Colorado? La razón, dada por la misma corte, es que en el proceso ante la Comisión no se le habría dado un tratamiento neutral y equitativo a las opiniones religiosas del Sr. Philips, desplegándose incluso abierta hostilidad hacia ellas, por lo que se habría violado la garantía de la neutralidad del Estado ante la religión, asegurada en la Primera Enmienda de la Constitución. 

Las cuestiones levantadas por este caso sin duda pueden ser replicadas en nuestro derecho, y, de hecho, ha habido casos de imprentas que se han negado a imprimir partes para celebraciones de uniones civiles de personas del mismo sexo. Así, y solo a modo enunciativo, las siguientes preguntas son dables de hacer: ¿Permite nuestro derecho del consumo negar un servicio o vender bienes bajo la justificación de creencias religiosas (u otras) por parte del proveedor? Si se diera esa circunstancia ¿Cual instrumento normativo y sede judicial es más conveniente para los afectados? ¿La ley de consumidor o la ley antidiscriminación? Estas y otras temáticas nos continuarán ocupando en los meses que viene, esperando el fallo británico antes mencionado.

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