Miércoles, 01 Agosto 2018 00:00

Plan nacional de DD.HH. Destacado

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*Columna publicada originalmente en La Tercera el 1 de Agosto 2018

Se ha informado en la prensa que el actual gobierno está discutiendo eventuales cambios al Plan Nacional de DD.HH. aprobado por la anterior administración. Al respecto, parecen ser pertinentes algunas observaciones.


Primero, que el plan, contemplado en la ley que creó la Subsecretaría de DD.HH., es (o debe ser) un medio por el cual el Estado da forma concreta a los compromisos que ha asumido ante la comunidad internacional en materia de DD.HH. El plan aprobado contiene el diseño e implementación de las políticas encaminadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos, y considera los objetivos y las metas, la identificación de responsables y los recursos financieros disponibles, dentro de un horizonte de cuatro años. Es por ello que se trata de un ambicioso instrumento de política pública al servicio de los Derechos Humanos.


Para su elaboración y aprobación se requirió un proceso de diálogo y participación de las organizaciones sociales, el cual -sin perjuicio de sus limitaciones- es imprescindible para que este tenga una básica legitimidad social. Y fue acordado por el Comité Interministerial de Derechos Humanos, y aprobado por medio de un decreto supremo, el cual aún estaría en proceso de toma de razón en Contraloría.


Segundo, para su elaboración, como la ley expresamente lo dispone, se contemplaron las observaciones y recomendación de los sistemas de DD.HH., como el interamericano. Por ello, el estándar de elaboración y de eventuales modificaciones deben ser, primariamente, esas recomendaciones.


Tercero, toda modificación a ese plan, o al decreto que lo aprobó, debería seguir un proceso similar al de su aprobación, so pena de peligrar en la legalidad de aquellas.

Tomas Vial

Tomás Vial Solar es profesor de derecho constitucional, abogado y posee los grados de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; LL. M (Legal Master) en Derechos Humanos, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; Magíster en Derecho Público, mención derecho constitucional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y doctor en derecho, del University College London (UCL), Reino Unido.

Desde el 2004 fue Jefe del Departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello y profesor de la misma cátedra derecho constitucional tanto en la Universidad Andrés Bello como en la Universidad Diego Portales.

Antes, se ha desempeñado como asesor jurídico en el Ministerio de Defensa y en la Secretaria General de la Presidencia, en su División Jurídica.

Participó en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) como ayudante de investigación y ha sido miembro del directorio de Pro Acceso, una organización no gubernamental dedicada al derecho de acceso a la información.