8 Marzo 2024

Lidia Casas – El Mostrador

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Celebramos la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género contra las Mujeres, proyecto que tardó casi tres administraciones en ser aprobado desde su ingreso en el Congreso, bajo la segunda administración de la expresidenta Bachelet. La ley sin duda es un avance, pues perfecciona normas, entrega atribuciones y considera nuevas formas de violencia. Sin embargo, la eficacia de las leyes descansa en el despliegue de medidas de diversas instituciones, la política pública, que no será tarea solo del Gobierno de turno. Sin cambios en las formas de hacer y mantener la inercia de las instituciones, algunas cosas cambiarán para que todo siga igual.

La violencia cruza distintos espacios. La realizan también las instituciones públicas a través de sus funcionarios y de los mecanismos de funcionamiento del aparato del Estado, desprovisto de consideración de las particularidades y los contextos que viven miles de mujeres y niñas.

Se convierte en violencia institucional cuando profesionales de salud, declarándose objetores de conciencia, ni siquiera están dispuestos a atender a una paciente, a “tocarla siquiera”, porque ha ingresado al hospital para realizarse un aborto por un embarazo por violación. Es violencia que exista un afiche que declara que es objetora de una ley, como si cada ciudadano y ciudadana supiera los números de las leyes, soslayando expresar abiertamente que no atenderá a mujeres por una o cualquiera de las causales de ley. A la vez, es una forma de violencia institucional cuando no se informa con afiches en cada centro de salud, cada consultorio, clínica y hospital, que mujeres y niñas tienen derechos a interrumpir el embarazo bajo ciertas causales.

Esto ocurre en el 2024. Los profesionales tienen derechos a que se respete su conciencia, pero no en desmedro de derechos reconocidos. Es violento, discriminatorio, constituyendo incluso un trato cruel que una paciente deba esperar solo para que hagan su admisión. No es solo la responsabilidad de ese profesional que carece de humanidad –de falta a la ética y la ley– sino también de un sistema que le permite hacerlo sin consecuencias. De la misma manera, resulta una deuda que no haya capacitación a profesionales ni información pública a mujeres y niñas de 10, 11, 12 años; que incluso bajo la protección del Estado o los organismos colaboradores se les niegue la posibilidad de tomar una decisión porque nadie les dio la opción de decidir.

Vemos con interés los bríos para retomar la discusión sobre la reforma al Código Civil en lo que respecta al régimen de bienes de la sociedad, lo que, dicho sea de paso, es una obligación pendiente desde 2007 para dar cumplimiento al acuerdo amistoso en el caso Arce y otra vs. Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El problema han sido los votos por las resistencias culturales a mantener lógicas de jerarquías al interior de las familias, como el hombre jefe de hogar, administrador de los bienes sociales, incluyendo los bienes propios de las mujeres.

Se dirá que hay igualdad declarada constitucionalmente entre hombres y mujeres, pero mantenemos unas brechas entre el derecho y las prácticas. El Banco Estado de Chile pedirá un certificado de soltería a las mujeres, pues no le basta revisar la plataforma del Registro Civil para cerciorarse de que no hay matrimonio, todo ello para que podamos disponer de los fondos que hayan dejado nuestros familiares ya fallecidos.

Estos cambios no caen desde el cielo, han sido décadas de lucha de muchas, pues los cambios culturales en favor de las mujeres nunca han sido fáciles.

Por Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos UDP, en El Mostrador.