3 Agosto 2023
Judith Schönsteiner y Lidia Casas – La Tercera
El Consejo Constitucional enfrenta una disyuntiva fundamental: por un lado, mantener o reforzar la apertura de Chile al derecho internacional de los derechos humanos; por otro, convertirlo en un Estado cerrado de tinte nacionalista, en permanente violación de tratados que el país ratificó.
Esta disyuntiva se traduce en cuatro opciones principales. Primero, mantener el texto del anteproyecto, que no define jerarquía para los tratados internacionales; establece una interpretación conforme al derecho internacional y mandata adoptar una ley de ejecución de sentencias internacionales. Esto permitiría a Chile cumplir con sus obligaciones internacionales, al igual que la segunda opción que eleva los tratados a nivel constitucional, sea de manera general (enmienda 18/1) o después de que el Congreso defina un listado de estos (21/DT).
La tercera propuesta (enmienda 21/1) apunta a que las normas nacionales se interpreten a la luz del “sentido corriente” de las palabras del tratado. Esta lectura textualista es rechazada por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención Americana. Sin embargo, la enmienda agrega el principio pro persona, lo que, de ser aprobado, reflejaría un matiz en conformidad con el sistema interamericano de protección.
Finalmente, la cuarta propuesta (enmienda 93/1) relega los tratados de derechos humanos a rango infraconstitucional; prohíbe que se interpreten a la luz de ciertos instrumentos internacionales, excluyendo así la jurisprudencia constante de órganos multilaterales, el derecho consuetudinario y el ius cogens. Más allá de contradecir las bases constitucionales, equivaldría a postular que el Código Civil chileno no se interprete según la jurisprudencia de la Corte Suprema o la doctrina. Complementada con la enmienda 94/1, que convertiría en facultativo el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas enmiendas republicanas no solo pondrían a Chile en directa violación de tratados internacionales: también lo aislarían del mundo al que ha buscado pertenecer.
Paradojalmente, una interpretación similarmente restrictiva y nacionalista del derecho internacional es la de la República Popular China; en nuestra región, la facultad constitucional de incumplir sentencias internacionales se asemeja de facto la opción que tomó la Venezuela de Maduro al salir del sistema interamericano.
El peligro es obvio. Estas propuestas favorecen los populismos y regímenes represivos de derecha o izquierda, que ya no estarían sometidos a órganos internacionales de derechos humanos a los que Chile, soberanamente, delegó el mandato de interpretar y aplicar los tratados ratificados.
Por Judith Schönsteiner y Lidia Casas, académicas del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UDP, en La Tercera.
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