25 Noviembre 2025

Judith Schönsteiner y Marcela Zúñiga – CIPER

Los autores de esta columna presentan un caso ocurrido en el marco de la preparación del Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP, cuando el Ministerio Público intentó obtener la identidad de uno de los entrevistados anónimos del estudio.

“¿Qué riesgos supone para la investigación académica este tipo de comportamiento por parte del ente persecutor? Si los investigadores de temas sensibles – como corrupción, violencia de género, condiciones carcelarias, trata o criminalidad en general – pueden ser citados bajo advertencias de iniciar una investigación penal en su contra, ¿cuán viable será investigar estas materias sin la herramienta del anonimato? ¿Cuántos investigadores estarían dispuestos a continuar estudiándolas si el riesgo de ser imputados se vuelve real? La posibilidad de un efecto silenciador (chilling effect) ciertamente está sobre la mesa”.

“Segundo, ¿Qué habría ocurrido con un investigador/a sin formación jurídica? ¿Cómo habría enfrentado la parte no grabada de la diligencia y las aseveraciones del fiscal? ¿Qué tanto hubiese resistido la presión o se habría visto inducido a revelar la identidad del sujeto participante? Ciertamente, el anonimato tiene límites. Los lineamientos de ANID para la evaluación ética de la investigación en ciencias sociales y humanidades contemplan excepciones en casos de víctimas de delitos graves, situaciones que involucran amenazas actuales o la protección de personas especialmente vulnerables, como niñas y niños. Nada de ello ocurrió en este caso”.

“Preocupa profundamente la falta de comprensión de la fiscalía de Tarapacá acerca del rol que cumple la investigación académica — y, en particular, la investigación en derechos humanos — en el conocimiento y adecuado funcionamiento de una sociedad democrática e informada. Más grave aún es que dicha institución ejerza sus facultades de forma que, directa o indirectamente, afecte el espacio cívico que la academia contribuye a resguardar”, comentan”.

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