15 Septiembre 2017

Carta al Director publicada en La Tercera, 14 de septiembre de 2017.

SEÑOR DIRECTOR

Ha creado polémica la urgencia puesta al proyecto de ley, una moción, que permite a los tribunales acceder a los archivos Valech I de la comisión creada bajo el gobierno del Presidente Lagos en diciembre de 2003, para determinar los casos de tortura y prisión política bajo la dictadura. En la ley 19.992, posterior a la creación de la comisión y de que las victimas comparecieran ante ella, se estableció un secreto absoluto por 50 años, prohibiéndose a toda persona, grupo de personas, autoridad o magistratura el acceso a documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de aquellos para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia.

Esta prohibición absoluta de acceso no parece tener equivalente en nuestro derecho nacional, menos frente a la acción de la justicia y en casos de crímenes gravísimos como la tortura. El argumento de que esta desclasificación parcial infringiría el derecho a la vida privada o un eventual derecho a la propiedad de la información por parte de los declarantes ante la Comisión, entre otros que se han dado para objetar el proyecto, no es consistente con el principio constitucional y legal de que frente a actos delictuales ambos ceden. Particularmente en este caso, porque respecto al uso de la tortura en dictadura no se trata solo de investigar casos individuales sino que, preeminentemente, de determinar la existencia y a los responsables de prácticas sistemáticas. Esto, ciertamente, excede el puro interés personal, entendible, de las víctimas. Una de las funciones propias, por lo demás, del derecho penal y de la investigación criminal es sancionar los atentados a bienes comunes, como son los derechos. Esa sanción es de interés para toda la sociedad.

Tomás Vial Solar

Investigador Centro de Derechos Humanos UDP