En el transcurso de los últimos años, se ha producido un aumento explosivo de la inmigración en Chile, especialmente de personas provenientes de países de Latinoamérica y el Caribe. Esto supone que conforme a lo dispuesto por la normativa internacional vigente, el Estado debe hacerse cargo de las carencias de este colectivo y asegurar el tratamiento igualitario de los inmigrantes, así como su protección frente a afectaciones a sus derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos investiga y da seguimiento al respeto de los derechos de los inmigrantes, por cuanto se han ratificado diferentes convenios internacionales que determinan obligaciones para Chile en materia de no discriminación, protección y respeto a la integridad física y psíquica de ellos, así como el acceso a derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad frente a los nacionales y el resguardo especial de las condiciones de acceso a empleo de los inmigrantes.

En 2010, el Centro inició, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, un trabajo inédito de capacitación, asistencia jurídica y estudio de la situación de las mujeres y jóvenes migrantes.  El proyecto se desarrolló en cuatro regiones del país y persiguió contribuir al empoderamiento, ejercicio de derechos y asociatividad de inmigrantes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo formación en ciudadanía y asistencia jurídica, entre otros objetivos.

A partir del año 2011, el Centro de Derechos Humanos en conjunto con la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad, comienzan un proyecto de asistencia legal a solicitantes de asilo y refugiados en conjunto con la Fundación de las Iglesias Cristianas (FASIC) y el patrocinio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el que a la fecha se mantiene activo, con un crecimiento importante en sus capacidades de atención a la población de interés, focalizándose también en personas de nacionalidad venezolana en movilidad.

Entre los años 2015 y 2018, ambas instancias llevaron adelante un proyecto sobre Nacionalidad y Apatridia, financiado por Open Society Foundations Justice Iniciative y el ACNUR, logrando el reconocimiento de la nacionalidad chilena a más de 300 niñas, niños y personas adultas. Sumado a ello, desde el año 2016 y hasta la fecha, el Centro de Derechos Humanos a través de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad, participa de la mesa de trabajo “ChileReconoce”, proyecto interinstitucional lanzado oficialmente por la Presidenta Michelle Bachelet en el año 2017, que trabaja coordinadamente y con apoyo del ACNUR -en el marco de su campaña “I Belong” para erradicar la apatridia en el mundo- en la búsqueda de casos de personas cuyo derecho a la nacionalidad ha sido vulnerando, y en otros aspectos ligados a la misma temática. El proyecto ChileReconoce ha sido reconocido por la CIDH como una buena práctica en temas de nacionalidad y apatridia.

Durante los años 2016 y 2017, con apoyo de la fundación Isabel Allende, se llevó adelante la investigación sobre “Violencia sexual en el trayecto migratorio”, la que ligando las temáticas de derechos de las mujeres y migración, culminó siendo parte del libro “Los efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres” editado por Lidia Casas.

Periódicamente, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales documenta situaciones de afectación a los derechos de los inmigrantes y refugiados en el Informe Anual sobre Derechos Humanos.

La ha venido institucionalizando este trabajo y es ahora un referente nacional y regional en la materia, siendo miembro fundador de la Red de Apoyo legal a Refugiados de las Américas (RALRA), la Red Latinoamericana del Refugee Law Reader (RLR) y la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia (Red ANA).