22 Diciembre 2021

Columna de Judith Schönsteiner en La Tercera.

“El simple reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la nueva Carta Magna –a pesar de que, de aprobarse, constituiría un avance en comparación con la Constitución vigente– no sería suficiente para lograr la protección de estos derechos, en particular, ante las actividades económicas de las empresas”.

“La Constitución debe facultar al Estado, de manera clara y explícita, a tomar las medidas necesarias para proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo una política fiscal adecuada para estos fines, y la facultad y exigencia de regular y fiscalizar de manera independiente las empresas y prevenir eficazmente la corrupción y captura del Estado”.

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