Estudio Linea Base (Chile)

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En Naciones Unidas, se ha reconocido hace algunos años que las empresas tienen responsabilidad en prevenir, mitigar y remediar sus impactos en derechos humanos, mientras los Estados tienen la obligación de proteger estos derechos ante el riesgo de su violación por los actores económicos. Así, los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados en 2011, detallan esta materia, definiendo tres pilares para la materia: el pilar I (estatal) de proteger, el pilar II (empresarial) de respetar y observar la debida diligencia de derechos humanos, y el pilar III (compartido) de acceso a la justicia y remediación.[1]
El primer y tercer pilar incorporan, con especificaciones para los reguladores de la economía y justicia en cada Estado, así como para las empresas estatales, las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído mediante la ratificación de tratados internacionales y regionales de derechos humanos.
En virtud de la recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (GT), Chile se ha propuesto elaborar un Plan de Acción Nacional (PAN), y lanzó la fase preparatoria del Plan en marzo de 2015. En julio de 2016, se abrirá la fase de diálogos participativos sobre las prioridades y medidas asociadas a este Plan, que será elaborado por un Comité Interministerial.
En el entretanto, y como insumo al proceso de elaboración del Plan, el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR, por sus siglas en inglés) encargó al Centro de Derechos Humanos de la UDP elaborar una Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, siguiendo una maqueta que ya se había aplicado en otros países y que el Centro editó ligeramente para agregar algunas preguntas especialmente relevantes para países latinoamericanos.
El estudio identifica el estatus quo en la protección de los derechos humanos en relación a actividades empresariales en Chile, incluyendo las del propio Estado, abarcando la regulación de los sectores privados, empresas estatales, y servicios públicos privatizados. Describe, en este sentido, la regulación existente que se puede considerar proclive a esta protección; y las brechas de protección en la normativa y en la práctica, siempre en contraste con los estándares de derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha reconocido.
Las brechas que así se identifican, han sido encontrados vía la siguiente metodología, usual en el derecho internacional de los derechos humanos: posterior al levantamiento de datos en los distintos ámbitos, se evaluó, a la luz de todos los tratados de derechos humanos aplicables a Chile, y la correspondiente interpretación autoritativa de parte de los órganos de supervisión (Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, Comités de Tratados de las Naciones Unidas, y los órganos de supervisión de la Organización Internacional del Trabajo), la conformidad de estos hechos regulatorios, de políticas, buenas prácticas o iniciativas, con las obligaciones internacionales que Chile tiene y a las que se refieren los Principios Rectores en sus pilares I y III.
En seguida, puede encontrar los documentos principales del Estudio. El Centro de Derechos Humanos y el Instituto Danés de Derechos Humanos han querido ponerlos todos a disposición de todos los actores interesados, para que se pueda generar un diálogo sobre cuáles deben ser las prioridades en materia de empresas y derechos humanos en nuestro país.

Informe de conclusiones y recomendaciones (castellano)
Report of conclusions and recommendations (English)
Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile
Matriz de estándares internacionales en materia laboral para Chile (OIT)
Matriz de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos para Chile (ONU y SIA)


 


Empresa y Derechos Humanos

Centro de Derechos Humanos UDP

Las empresas, nacionales, extranjeras y multinacionales, han adquirido una considerable influencia sobre las sociedades globalizadas y las políticas nacionales e internacionales. Los grandes proyectos de inversión pueden dejar una huella importante en el país donde se desarrollan – potencialmente contribuyendo al desarrollo de este, pero también dejando muchas veces su impacto negativo afectando los derechos de las personas y comunidades aledañas.

A contar de 2010, el Centro de Derechos Humanos se dedica a estudiar las responsabilidades de las empresas y del Estado por el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en materia empresarial. Pretendemos analizar el cumplimiento con los estándares internacionales vigentes en el ámbito de derechos humanos, por diferentes sectores económicos en Chile y por el Estado en su función reguladora y de protección.

Es de suma importancia en este contexto de destacar que el enfoque del área de investigación transciende las políticas voluntarias de responsabilidad social de las empresas (RSE); más bien, se estudian las obligaciones de derecho que tienen y deberían tener los actores, más allá del desarrollo de aquellas políticas de RSE.

El concepto de responsabilidades directas que tendrían las empresas en el derecho internacional de los derechos humanos es relativamente novedoso y ha sido desarrollado, por ejemplo, por el Representante Especial del Secretario de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, el profesor de Harvard John G. Ruggie. También se han actualizado, en mayo del 2011, las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Finalmente, se aprobó, en noviembre del 2010, el estándar ISO 26000 sobre Responsabilidad Social Empresarial. Ambos documentos contienen capítulos sobre derechos humanos y debida diligencia empresarial. En este contexto, la investigadora Judith Schönsteiner se adjudicó, en 2015, el Fondecyt Nº 11150853 sobre Responsabilidad internacional directa e indirecta por acciones y omisiones de empresas estatales en materia de derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos de la UDP se propone discutir las responsabilidades y obligaciones de los actores relevantes en Chile, haciendo énfasis en los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos económicos, con especial énfasis en las obligaciones estatales. En ese sentido, se incluyó, en el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de 2010, un capítulo sobre de responsabilidad de debida diligencia en la gran minería chilena. En 2012, se publicó un estudio sobre los impactos en derechos humanos de las actividades industriales en Puchuncaví-Ventanas, contenido en el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile. En 2014, se evaluó la regulación de consulta previa libre e informada en el ámbito de inversión minera, al igual que estándares mínimos para acuerdos entre comunidades indígenas y empresas inversionistas. En el Informe Anual 2016, se publicaron algunas de las conclusiones y recomendaciones del Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, elaborado por Judith Schönsteiner y un equipo de doctorandos y profesores de la UDP.

El área hace énfasis especial en la difusión del conocimiento y en la discusión sobre temas de empresas y derechos humanos, especialmente, el Diálogo de la Unión Europea con la sociedad civil: Conferencia Internacional en 2011, con el que se instaló el tema de empresas y derechos humanos en Chile. El área ofrece también capacitaciones y talleres sobre el tema.

En 2013-2014, con financiamiento del Fondo Finlandés de Desarrollo, se elaboró una Guía sobre empresas, comunidades y derechos humanos, para comunidades indígenas, actualizando una similar Guía para comunidades en general, que se había publicado con financiamiento de la UE.

La fase inicial del área de investigación contó con financiamiento de un proyecto Semilla (UDP) adjudicado en 2010, y una Beca Santander (2010) que permitió la visita del Profesor Sheldon Leader, Universidad de Essex.

Contacto: Judith Schönsteiner.

Correo: judith.schonsteiner at udp.cl.