Centro de Derechos Humanos

Centro de Derechos Humanos

 

La UDP realizó un estudio sobre la violencia sexual a extranjeras en su trayecto migratorio hacia Chile. Informe contiene relatos que involucran a extranjeras que pagarían con sexo para ingresar al país.

Con éxito se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Clínicas Jurídicas para apoyo legal a personas solicitantes de asilo y refugiadas en Chile, organizado por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el pasado martes 12 y miércoles 13 de Diciembre del 2017.

Al evento asistieron además representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y de las Clínicas Jurídicas de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Universidad de Concepción, Universidad Católica de Temuco y  Universidad Alberto Hurtado. Asimismo, se contó con la asistencia Aurelia Balcells, Jefa de la Sección de Refugio y reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración.

El objetivo de este encuentro se enfocó en establecer una instancia de diálogo entre quienes día a día asesoran o representan legalmente a las personas solicitantes de asilo y refugiadas en nuestro país. De esta forma, hubo primero una capacitación sobre la materia a cargo de Rébecca Steward, oficial de protección senior del ACNUR, y posteriormente se dieron distintas instancias en donde cada una de las personas participantes tuvo espacio para compartir sus experiencias en la materia y dar a conocer los desafíos existentes y la forma en cómo se han superado otros a los cuales se han visto enfrentadas. Por otro lado, la participación de Aurelia Balcells permitió generar un espacio de diálogo y retroalimentación con la Autoridad a cargo en la materia.

Otra de las instancias del encuentro fue liderada, a través de una videoconferencia, por Marco Formisano de la Unidad Legal Regional del ACNUR. En ella, se destacó la importancia de las clínicas legales para las personas solicitantes de asilo y refugiadas en la región, y se entregó información acerca de la implementación de la Red de Apoyo Legal de los Refugiados de las Américas (RALRA).

En relación al encuentro, Francisca Vargas Rivas, Profesora a cargo de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, expresó que “el encuentro de Clínicas fue una gran instancia para conocer a otros profesores/as y abogados/as que trabajan en clínicas jurídicas que tienen algún grado de contacto con la población solicitante de asilo y/o refugiada. En ese sentido, me parece que fue una gran instancia para coordinarnos y pensar en formas de organizarnos a futuro para así lograr atender más y mejor a la población solicitante de asilo y refugiada. Si lo hacemos solo/as podemos hacerlo bien, pero si lo hacemos juntos/as podemos hacerlo excelente”.

El encuentro culminó con el compromiso de crear una red nacional de trabajo en la que los y las participantes puedan intervenir, organizándose de ese modo en una dirección única y coordinada a lo largo de todo Chile en materia de asilo. 

Estimadas/os colegas y amigos,

Junto con saludarles, tenemos el agrado de adjuntar la edición más reciente de nuestros boletines sobre avances y noticias en verdad, justicia, reparación y memoria en Chile y la región. La edición, número 43, cubre el periodo septiembre-octubre.

Acompañamos una copia electrónica del capítulo Verdad, Justicia, Memoria y Reparación que el Observatorio de Justicia Transicional escribió para el recién publicado Informe Anual DDHH de la UDP. Como siempre, tanto ello como los demás capítulos temáticos del Informe, están disponibles para bajar gratis en el siguiente enlace.

Debemos en esta oportunidad comentar un fe de erratum: en página no. 85 del capítulo, se hace mención de ‘59’ fallos penales emitidos por la Corte Suprema de Justicia en el periodo de análisis.  La cifra correcta es 49, conforme se establece a lo largo del capítulo.  (Unos 6 fallos adicionales fueron emitidos en la Sala Penal en demandas civiles, arrojando un total de 55 veredictos del máximo tribunal en el periodo, relacionado con violaciones a los DDHH de tiempos de la dictadura)

Saludos cordiales

Equipo Observatorio Justicia Transicional

El 17 de noviembre finalizó el primer curso sobre empresas y derechos humanos realizado en Chile, dictado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Este curso se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre de 2017.

En esta oportunidad fueron capacitados 29 funcionarios del INDH sobre la materia, se abordaron estándares aplicables en virtud de obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos,  las responsabilidades de las empresas al respecto y el rol del INDH en este ámbito. Se enfocó también en el acceso a la justicia, y los medios alternativos de solución de conflictos bajo estándares de derechos humanos.

Es importante destacar la participación de connotados profesionales y docentes del área de empresas privadas, públicas y del ámbito de los derechos humanos tanto nacionales como extranjeros, quienes expusieron y discutieron sobre el estado actual del tema empresas y derechos humanos, los deberes de cada uno de los actores involucrados en este ámbito y los desafíos pendientes en la materia. También se contó con la colaboración del Instituto Danés de Derechos Humanos en el desarrollo de módulos y talleres prácticos con distintas herramientas sobre evaluación de impacto sectorial que el órgano par del INDH chileno ha desarrollado en los últimos años. El curso así ha sido un aprendizaje interdisciplinario, enfocado en la labor que tendrán que llevar adelante las y los funcionari@s del INDH a futuro.

El Centro de Derechos Humanos de la UDP ha contribuido desde el 2010 a instalar en Chile esta temática y la realización de este curso de especialización responde a este interés. El propósito del Centro de Derechos Humanos es continuar atendiendo los desafíos que presenta el tema de empresas y derechos humanos en Chile, especialmente, en relación a las responsabilidades estatales en la materia. ​

Marcelo Montero, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos y Rodolfo Figueroa, Director del Programa de Derecho Público, tienen el agrado de invitarles al seminario: “Aborto y Fallo del Tribunal Constitucional”.

El seminario se encuentra estructurado en siete paneles, que comenzarán el miércoles a las 9:00 de la mañana hasta  las 17.15 horas de ese día, en el que se abordarán temáticas relacionadas con el fallo del Tribunal Constitucional sobre el aborto tales como análisis e interpretación de dicho fallo, derechos de la mujer, Chile en el contexto global y la evolución legislativa frente a la despenalización. Posteriormente, el jueves 23 de noviembre se abordarán temas tales como la educación médica, objeción de conciencia y las implicancias regulatorias de la discusión. Se contará con participación de connotados expositores tales como la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP Lidia Casas, el académico e investigador del mismo Centro Tomás Vial, entre otros. Revisa la programación completa en este enlace.

La entrada es gratuita y las inscripciones se deben hacer con Carmen Gloria Alvarez, al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Esta actividad se desarrollará los días 22 y 23 de Noviembre de 2017, en el Auditorio de la Facultad de Derecho, ubicado en República 105, Santiago.

Domingo Lovera, profesor de la Facultad de Derecho de  la Universidad Diego Portales,  escribió el capítulo 9 del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017, acerca del derecho a la   privacidad y la vigilancia en espacios públicos. En este video el autor de dicho capítulo expone la importancia de abordar este tema por primera vez en el Informe Anual de Derechos Humanos y menciona el contenido principal del mismo, a saber, los estándares el derecho internacional desarrollados sobre la materia, la cuestión de las cámaras de vigilancia en Chile a la luz de estos estándares y finalmente se refiere a la situación de Chile respecto al derecho a la privacidad.  Si te interesa el tema, comenta, difunde y participa.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, invitan al Conversatorio “El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México: El rol de la sociedad civil”, en el que participará Fernanda Hopenhaym, Directora Ejecutiva Adjunta del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación  (PODER), quien nos compartirá la experiencia mexicana en la elaboración del Plan de Acción Nacional y el importante rol que cumplió la sociedad civil en este proceso. Asimismo, abordará su participación en el Estudio de Línea Base en México. Dicha actividad será moderada por la profesora Judith Schönsteiner.

El conversatorio se desarrollará el miércoles 15 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala de Videoconferencia de la UDP, calle República N° 112, Santiago.

Inscripción gratuita a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Jueves, 02 Noviembre 2017 00:00

Chile país receptor: urgencia en la frontera

Dentro de las situaciones anteriores encontramos a muchas de las personas dominicanas y cubanas que vienen a Chile, quienes buscan un trabajo pero también seguridad y una vida digna. A estas personas justamente – o más bien, injustamente - se les exige una visa consular para ingresar al país, una que tienen que tramitar en el Consulado de Chile en sus países de origen, y cuya obtención resulta lenta, burocrática e ineficaz.

Con fecha 13 de octubre de 2017, la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de amparo interpuesto por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, en representación de un ciudadano dominicano solicitante de asilo. La acción constitucional – interpuesta como acción de protección pero transformada de oficio en acción de amparo – persiguió la revocación de la decisión de la Intendencia de Arica y Parinacota de rechazar la solicitud de suspensión de una orden de expulsión, a efectos de que nuestro patrocinado pudiera ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, tal cual lo prescribe el reglamento de la ley 20.430 sobre protección de refugiados.  A estos efectos, quisiéramos aclarar que dicho cuerpo normativo establece que las personas afectadas por una medida de prohibición de ingreso, orden de abandono u orden de expulsión, no pueden formalizar su solicitud de asilo – es decir, ingresar al procedimiento de reconocimiento de su condición de refugiado – sin antes lograr la suspensión o revocación de dichas medidas.

Para las personas dominicanas no es fácil ingresar regularmente a Chile, ya que deben contar previamente con una visa consular. Esta visa consular fue impuesta el año 2012 sin atender al principio de reciprocidad internacional, y, en la práctica, ha provocado que muchas personas sean engañadas y se transformen en víctimas del delito de tráfico de personas, o hayan optado por ingresar clandestinamente a Chile, puesto que la obtención de la visa consular es muy difícil y burocrática, y en muchas ocasiones es denegada. El D.L N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en Chile, prescribe que frente a un ingreso clandestino, se debe dictar una orden de expulsión, delegando esta función en las Intendencias Regionales.

Asimismo, las personas nacionales de República Dominicana se ven expuestas permanentemente a la desprotección de su propio Estado frente a denuncias de delitos o violencia. Nuestro representado, en particular, huyó de su país por recibir amenazas de muerte de una banda delictual que había asesinado a su primo sin razón alguna, y a pesar de haber realizado las denuncias ante la autoridad policial, siguió siendo víctima de este grupo delictual. Por esta razón, su vida e integridad corren peligro permanente en su país de origen. Cabe agregar que, en su huida de República Dominicana, fue víctima de tráfico de migrantes. Por todo lo anterior es que el necesita ser reconocido como refugiado, y para ello, la autoridad competente debe analizar su caso.

Como nuestro patrocinado tenía dictada en su contra una medida de expulsión, solicitamos a la autoridad que la dictó, la Intendencia mencionada, que la suspendiera puesto que, por los hechos relatados, nuestro patrocinado necesitaba ingresar al procedimiento de asilo. Dicha institución no accedió a la solicitud de suspensión de la medida de expulsión - lo cual entendimos como un rechazo - aduciendo que la persona debía dirigirse a la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración para que sea esta institución la que solicite la mencionada suspensión. Sin embargo, fue precisamente esta última institución la que derivó al patrocinado a nuestra Clínica a fin de evaluar el caso y colaborarle jurídicamente en su ingreso al procedimiento de asilo.

La Ilustrísima Corte determinó que la negativa de la Intendencia era ilegal y arbitraria puesto que al condicionar la suspensión de la medida expulsiva, produjo un menoscabo a otros derechos, y en particular al derecho de petición que tiene el representado. En consecuencia, con este actuar se vulneró la libertad personal protegida por la acción de amparo, dado que permanece vigente la medida de expulsión, situación que para un refugiado está expresamente prohibida en la ley 20.430 y por el principio de no devolución. Por último, la Corte recalcó la obligación que tiene la Administración del Estado en materia de personas solicitantes de asilo y refugiadas de procurar el trato más favorable y el no menoscabo de otros derechos, como en este caso el derecho de petición.

Es pertinente destacar que la Intendencia, en su informe, sostuvo que los argumentos de nuestro representado para ingresar a Chile fueron motivos económicos y no la búsqueda de protección internacional. Nos parece que esto es ser juzgado por una comisión especial - cuestión prohibida por la Constitución Chilena - ya que no es la Intendencia la llamada a evaluar la solicitud de asilo de una persona, ni la encargada de determinar la calidad de refugiado de esta, sino que corresponde a los organismos establecidos por la ley 20.430 hacerlo. Queremos destacar que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, por lo que no se puede limitar su ejercicio arbitrariamente y se debe velar y promover el respeto de este derecho, en particular por la administración del Estado, quienes tienen la obligación en virtud de lo prescrito por el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental.

 Consideramos que, dada la restricción establecida por la ley en relación a personas afectadas por sanciones, en este caso, de expulsión, la interpretación correcta de dicha norma conforme a los estándares de derechos humanos y el principio pro-persona, es la siguiente: si el relato de la persona solicitante de asilo no es manifiestamente infundado, la autoridad encargada de suspender una orden de expulsión debe hacerlo sin más trámite, pues de lo contrario está poniendo barreras injustificadas a una persona que quiere ejercer su derecho humano a buscar y recibir asilo.

Como Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, destacamos el razonamiento de la Corte de Apelaciones de Arica y Parinacota en su sentencia, el cual tuvo una clara perspectiva de derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Actualmente nuestro patrocinado está a la espera del ingreso al procedimiento de reconocimiento de su condición de refugiado.

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