Centro de Derechos Humanos

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Estimadas y estimados colegas, amigas y amigos,

Junto con saludarles, tenemos el agrado de adjuntar una nueva edición de nuestro boletín sobre avances y noticias en verdad, justicia, reparación y memoria en Chile y la región. La edición n° 59, cubre el periodo mayo y junio del 2020.

Producto de la pandemia, este primer semestre del 2020 ha sido muy difícil para todo el continente, y el mundo entero. En Chile, un pequeño motivo de alegría en medio de tanta sombra ha sido la notificación de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH (instancia oficial) otorgará el Premio Nacional de Derechos Humanos para 2020 al abogado Roberto Garretón Merino, quién se ha destacado desde los años de la dictadura por la defensa y promoción de los derechos humanos. Se destacó su trayectoria desde abogado de la Vicaría de la Solidaridad para luego ser funcionario de Naciones Unidas, teniendo labores relevantes como ser representante para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además fue Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Congo.

A nuestros colegas del hemisferio sur les deseamos ánimo para este segundo semestre, y para nuestros amigas y amigos en el hemisferio norte, un verano con alguna posibilidad de un descanso reponedor. A todas y todos, sobretodo, les deseamos salud, solidaridad, y un progresivo fin a las altas tasas de contagio y las nefastas consecuencias sociales - algunas de ellas, muy evitables – que han acarreado.

Equipo del Observatorio de Justicia Transicional UDP

Archivos:

El debate sobre si debe o no haber perspectiva de género en casos judiciales de abuso sexual está hace años en una puerta giratoria. Según la académica e investigadora Lidia Casas, el problema principal de que no exista una mirada de género en este tipo de casos es que habitualmente “se desplaza la responsabilidad del agresor hacia ella, y entonces se arma la idea de que ‘ella se buscó el abuso’".

Lee la entrevista completa en el siguiente enlace:

https://www.theclinic.cl/2020/08/04/lidia-casas-cuando-denunciamos-un-abuso-las-mujeres-somos-tratadas-como-sujetas-altamente-sospechosas/

La debida diligencia en el nuevo Informe sobre Empresas y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Due diligence in the new report of the Inter-American Commission on Human Rights on Business and Human Rights

English Summary

This contribution highlights two points made in the latest report of the Inter-American Commission of Human Rights on Business and Human Rights (2019), which, in the future, might well transcend the debate in the Americas: the clear definition of a State obligation to regulate enterprise due diligence in national law, creating an indirectly binding natureof the until now voluntary Pillar II of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, and the insufficiency of adopting public policies (without regulation) on the matter to comply with that obligation, risking to be found acquiescent in business behavior that violates human rights.

Keywords: Comisión Interamericana de Derechos Humanos/ empresas y derechos humanos/ debida diligencia/ políticas públicas

Leer el artículo completo en el siguiente enlace:

https://www.afronomicslaw.org/2020/07/14/la-debida-diligencia-en-el-nuevo-informe-sobre-empresas-y-derechos-humanos-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/#

Entrevista publicada originalmente en ComunicarSe el 26 de Junio 2020.

Así lo afirma la académica Judith Schonsteiner, autora entre otros trabajos del primer Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016), encomendado por del Instituto Danés de DD.HH. En la entrevista aborda temas como la responsabilidad del Estado y las empresas estatales, y el desarrollo de la temática en la región, entre otros.

¿Cómo se vinculan los Derechos Humanos y las Empresas?

Creo que es importante al vincular a las empresas con los derechos humanos, poner en el foco un actor más: la víctima o la potencial víctima de la violación de los DD.HH. Si adoptamos una perspectiva con foco en las personas que están en riesgo o que han sido víctimas de la violación se nos aclara mucho más la relación. Nos ayuda a entender porque hoy en día las Naciones Unidas y la OCDE le piden a las empresas ciertos comportamientos con respecto a los derechos humanos y por qué ponen tanto énfasis en desarrollar herramientas de debida diligencia para lograrlo.

Lo central es entender que no se trata del clásico concepto de responsabilidad social empresarial, donde hago mis actividades y después me relaciono con la comunidad a través de donaciones y/o programas de inserción laboral. Se trata de mirar a la empresa y sus actividades, y analizar el impacto negativo que puede tener sus actividades sobre los derechos humanos. Esa mirada, en las propias actividades es la mirada de empresas y derechos humanos.

¿De qué es responsable una empresa en esta materia y dónde se diferencia su rol del Estado?

Ciertamente una empresa no puede controlar ni ser responsable de todo. Entonces, se les pide un resultado concreto, evaluar sus impactos en sus operaciones y también en su cadena de suministro. Se les pide que adopten la debida diligencia para reducir los riesgos. Y en ese contexto tenemos documentos muy útiles como los Principios Rectores de Empresas y DD.HH. de Naciones Unidas.

Es necesario mencionar la responsabilidad de las empresas que ejercen un lobby bastante fuerte para no regular. Esta incidencia de las empresas de no regular, es la gran dificultad de nuestra región, y del mundo. Usamos un concepto para describir esta acción: la captura del Estado. Los intereses empresariales capturan el Estado e indican el horizonte de la regulación. Es necesario limitar este lobby y mejorar la fiscalización.

El Estado es el que tiene que garantizar el derecho, pero cuando el Estado permite al privado desempeñarse en un cierto sector, tiene que regular de tal forma, que se garantice el derecho en igualdad de condiciones, sin discriminación. El desafío para las empresas es renunciar a su poder de influenciar esta regulación a su favor porque tiene que aceptar el estado de derecho y allí a veces está el problema en exigir algo al Estado, pero no dejarlo hacer.

Pero si el Estado en Latinoamérica no regula y garantiza el respeto de la empresa con la salud del trabajador, debería ser la misma empresa la que adopte estas medidas, si el Estado mismo no lo garantiza.

Las empresas transnacionales lo ven con mayor claridad o crudeza la diferencia. Una empresa que está radicada en Francia o en Reino Unido y tiene actividades en nuestro continente, tiene responsabilidades de respetar los derechos humanos aun cuando la legislación laboral tenga estándares bajos o inexistentes. Algunos Estados, como Francia, Reino Unido, han empezado a regular también los impactos extraterritoriales de sus empresas. Francia por ejemplo permite demandar a una empresa francesa fuera del territorio francés por violaciones a los DD. HH.

Por ejemplo, uno podría imaginarse al estado francés manifestándose sobre el sistema de agua potable de Chile, que es propiedad de una empresa francesa. Si hay una violación al respeto de los derechos humanos del sistema, se podría demandar en Francia, por lo acontecido en Chile.

¿Cómo ha sido la implementación de estos Principios Rectores en América Latina?

En América Latina, la implementación ha sido lenta. Algunos países como Chile y Colombia tienen Planes Nacionales de Acción sobre DDHH y empresas, pero esos planes tienen básicamente componentes de conocimiento, talleres de formación, algunas medidas voluntarias no vinculantes.

En América Latina, esta regulación aún es incipiente. A veces por falta de conocimiento técnico o de voluntad política, pero un gran desafío para América Latina lograr avanzar en este sentido.
Hay algunos países que han empezado procesos de política pública para incorporar esta visión, desde la perspectiva del Estado. Hasta ahora hemos hablado de la víctima y de la empresa, y ahora entra el Estado, que tiene la obligación en el derecho internacional de regular a las empresas para evitar que violen los derechos humanos.

¿Cómo ha ido avanzando la implementación del proceso de debida diligencia?

La debida diligencia es un concepto que viene evolucionando en las empresas desde el análisis de riesgo y es un concepto que existe en el derecho internacional de los DDHH para cuando uno no está obligado a cierto resultado, sino de adoptar procesos para reducir el riesgo que ocurra una violación. Como no puedo controlar esos resultados, entonces adopto medidas que me permiten reducir el riesgo que ocurra una violación a los derechos humanos en la empresa. El proceso llama a adoptar una política de derechos humanos; a hacer una evaluación de impacto en DDHH en mi cadena de valor; y mantener un proceso de transparencia de estos resultados; y en todo este proceso contar con participación ciudadana, especialmente con las personas afectadas; finalmente una revisión de este proceso porque las condiciones cambian y un mecanismo de denuncia. Este proceso de evaluación de impacto y de riesgo es fundamental para poder saber dónde ocurre la violación y cómo adoptar las medidas para prevenirla. Eso es lo que se entiende por debida diligencia en las empresas.

¿En algunas jurisdicciones se está discutiendo que el proceso de debida diligencia podría disculpar a la empresa en caso que ocurriera una demanda, es así?

Sí, pero hay un debate ahí, algunas cuestiones que habría que responder si o si por su gravedad. Primero que las empresas no interfieran con el Estado que debe regular para garantizar el respeto de los DD.HH. Luego, abstenerse a influenciar en contra de la protección de los DDHH.

Segundo, creo que hay un tema en relación al trabajo, el respeto de los derechos humanos de los trabajadores, en ese sentido, es cierto que las empresas pueden tener dificultades adicionales, principalmente las Pymes, el Derecho internacional lo toma en cuenta, pero si hacen el máximo esfuerzo de gestionar riesgos pueden tener un menor impacto.

¿Y la responsabilidad de las empresas estatales?

Hice una investigación sobre las obligaciones de los DDHH en las empresas estatales. Surgió a partir de una referencia de los Principios Rectores que indicaban que el Estado tiene que liderar con el ejemplo. Así lo interpretó el grupo de trabajo en relación a las empresas estatales, para que el sector privado también pueda respetar los DDHH, adoptar la debida diligencia.

En ese contexto, investigué en qué medida las empresas de propiedad del Estado están obligadas a comportarse como empresas privadas o si el Estado efectivamente tiene que actuar de otra forma.

Del análisis surgen dos hipótesis. La primera es que el Estado tiene una obligación de regular estrictamente sus empresas estatales en cuanto su comportamiento, regular más estrictamente que al sector privado, no porque tendría que adoptar líneas diferentes, sino por el conocimiento adicional que tiene sobre lo que pasa dentro de una empresa estatal. Simplemente por tener órganos de supervisión, por tener reporte, por aprobar ciertos proyectos, el Estado tiene mayor responsabilidad. En segundo lugar, cuando este vínculo es más estrecho y el estado controla esas empresas y presta servicios públicos gubernamentales. Es bastante lógico, por ejemplo, que en ENAP todos sus proyectos tienen que pasar por un análisis de riesgo en el Ministerio de minería, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de desarrollo social, y hay un enlace mucho más estrecho por ser el Estado que es el accionista de la empresa. En este sentido surge que si ocurre una violación de los DDHH, podemos estar ante un caso de responsabilidad internacional del Estado.

Se va sobre el Estado por razones orgánicas, no existen obligaciones directas de las empresas en derecho internacional no existe órgano que podría demandarlo, pero si existen casos donde el actuar de una empresa del Estado genera responsabilidad por parte del Estado. Pero es novedoso porque por mucho tiempo se negó el vínculo y se creía que la empresa funciona como una empresa privada y el Estado sólo asume responsabilidad cuando regulo algo mal.

Acá tenemos casos, pero también en jurisprudencia arbitral de los últimos años, que se toma más en cuenta estos vínculos entre empresa del Estado y el Estado, y en ese sentido el Estado tiene que asumir la responsabilidad por lo que hace la empresa.

Los principios generaron debate pero la interpretación que dio el grupo de trabajo va en línea con la lectura de la OCDE sobre las empresas propiedad del Estado. Esta se enfoca en una recomendación de separación, la más estricta posible entre empresa propiedad del Estado y el Estado, pero en el terreno, en América Latina, la mayoría de casos no son así.

Hice una revisión de todas las empresas propiedad del Estado de Chile y solamente una empresa cumplía con lo que la OCDE pide, por lo tanto no tenía ningún supuesto de responsabilidad directa del Estado, el resto tenía un vínculo mayor de lo que la OCDE presupone o recomienda, entonces lo importante es especificar y decir que la lectura que damos a los principios rectores debe tomar en cuenta la teoría de la responsabilidad internacional del Estado porque el pilar uno al final del día de los principios rectores es un pilar que está sujeto básicamente al derecho internacional público. Lo que los estados han ratificado en los tratados.

Publicada originalmente en El Mostrador el 23 de Junio 2020.

“Pretender culpar a LasTesis de la reacción popular violenta, verbal o física, en contra de Carabineros post estallido social, mediante la imputación de estos delitos es una ofensa no solo para el intelecto penal y criminológico, sino también para toda lógica, pues implica que la institución desconoce su propia responsabilidad en el origen de este tipo de reacciones populares que se producen desde antes y después de la recuperación democrática en Chile”, connotaron a través de una declaración pública, 90 mujeres de las Ciencias Penales, Criminología y el derecho.

Tras el último video que el colectivo Las Tesis publicó haciendo una crítica a las situaciones vividas en nuestro país en torno al estallido social ocurrido en octubre 2019, Carabineros consideró a la agrupación como responsable, de algunos de los “hechos de violencia” registrados en el país en aquellas manifestaciones, además de considerar que ellas hacían una “incitación de acciones violentas contra la institución”, razón por la cual emitieron una denuncia ante la Fiscalía. A pesar de que la acción judicial va dirigida “contra todos los que resulten responsables”, se detalló con nombre y apellido a las cuatro integrantes del grupo

Es en este contexto que Mujeres de las Ciencias Penales y la Criminología, profesoras, abogadas, criminólogas y ayudantes de distintas facultades de derecho del país, suscribieron la siguiente declaración pública en atención a la denuncia realizada por Carabineros en contra del colectivo feminista.

Lee el contenido íntegro de la declaración a continuación:

“El colectivo feminista “LasTesis” es una agrupación artística que a través de múltiples intervenciones ha despertado en la sociedad chilena una potente crítica a las instituciones del Estado, entre ellas a Carabineros de Chile. La relevancia de su trabajo fue tal, que su intervención se replicó por mujeres de todo el mundo siendo traducida o contextualizada en diversos países y con culturas muy disímiles entre sí.

Carabineros de Chile ha interpuesto una denuncia en contra de cuatro mujeres de este colectivo, por los delitos de atentados contra la autoridad y amenazas, los que se habrían cometido a través del video “Manifiesto Against Police Violence” (Manifiesto en contra de la violencia policial).

Las performances y otras formas de expresiones artísticas son manifestaciones de un derecho individual y colectivo de crítica política a personas e instituciones. Estas expresiones carecen de un destinatario específico y no son constitutivos de delitos, mucho menos aquellos que se les están imputando. No pueden constituir un atentado contra la autoridad puesto que no existe en ellos ni acometimiento, ni resistencia con violencia, ni empleo de fuerza o intimidación. Tampoco son amenazas dado que no existe en estas intervenciones destinatarios específicos amenazados de verse expuestos a sufrir algún daño, que permitieran satisfacer el requisito de seriedad y verosimilitud.

Pretender culpar a LasTesis de la reacción popular violenta, verbal o física, en contra de Carabineros post estallido social, mediante la imputación de estos delitos es una ofensa no solo para el intelecto penal y criminológico, sino también para toda lógica, pues implica que la institución desconoce su propia responsabilidad en el origen de este tipo de reacciones populares que se producen desde antes y después de la recuperación democrática en Chile.

Resulta preocupante que el Ministerio del Interior avale esta pretensión de criminalizar la libertad de expresión y de censurar las manifestaciones artísticas, y que se use el derecho penal como un instrumento para criminalizar el legítimo reclamo de cientos de mujeres por la violencia policial y especialmente sexual sufridas, en lugar de concentrarse en investigar las denuncias por ellas interpuestas.

Estas acciones tienen un efecto disuasivo para que las personas se manifiesten públicamente. Habríamos esperado que el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se hubieran hecho parte de las querellas por violencia policial y sexual en contra de mujeres y no que avalaran la persecución penal en contra de quienes denuncian crímenes cometidos por funcionarios del Estado. Ese habría sido un compromiso del Estado con erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Resulta también paradójico que, como se ha dado a conocer por los medios, la investigación por los hechos de la denuncia en contra de LasTesis, esté a cargo del mismo OS9 de Carabineros, es decir, a cargo de la misma institución denunciante. Esto no brinda ninguna garantía de seriedad o imparcialidad a la investigación.

La denuncia interpuesta por Carabineros es un acto de criminalización de la libertad de expresión no solo de LasTesis sino indirectamente de todas las mujeres que participamos en las performances a lo largo del país, y pretende transformar en delito una manifestación política, artística y de profunda crítica social a una institución que requiere cambios urgentes en su interior, que la inserten en un contexto democrático pleno y se ajuste al Estado de Derecho”.

A continuación, las firmantes de la carta:

  1. Lidia Casas Becerra, profesora Fac. Derecho U. Diego Portales
  2. Myrna Villegas Díaz, profesora Fac. Derecho U. de Chile
  3. Mariana Bell Santos, abogada y ayudante Fac. Derecho U. de Chile
  4. Olga Espinoza Mavila, profesora INAP, U. de Chile
  5. Carolina Sepúlveda Varela, ayudante Fac Derecho, U. de Chile
  6. Rocío Lorca Ferreccio, profesora Fac Derecho U. de Chile.
  7. Paula Medina González, profesora Fac. Derecho y Humanidades, U. Central.
  8. Agustina Alvarado Urízar, profesora Escuela de Derecho, Coquimbo U. Católica del Norte
  9. Carolina Villagra Pincheira, profesora Fac Ciencias Sociales, U. de Chile
  10. Claudia Moraga Contreras, Profesora de Género y Derecho, U. de Tarapacá
  11. Andrea Pinto Bustos, profesora Escuela de Derecho, PUCV
  12. Alejandra Olave Albertini, profesora Fac. de Derecho U. Andrés Bello
  13. Isabel Yáñez Morales, ayudante Fac. de Derecho, U. de Chile
  14. Sheila Fernandez Miguez, investigadora Fac. de derecho U. de A Coruña
  15. Francisca Figueroa San Martín, profesora Pontificia U. Católica de Chile
  16. Rocío Sánchez Pérez, profesora Escuela de Derecho, U. Andrés Bello
  17. Alicia salinero, profesora derecho penitenciario, U. jesuita Alberto hurtado
  18. Karina Saavedra Lyng, profesora U. Andrés Bello y UST
  19. Marcela Aedo R. Escuela de Derecho, U. de Valparaíso
  20. Catherine Ríos Ramírez, profesora U. Andrés Bello
  21. Paz Irarrázabal González, Instituto Ciencias Sociales UOH
  22. Laura Romero, ayudante de investigación Cifde, Escuela de Derecho, U. de Valparaíso.
  23. Gloria Mancilla Ibacache, Investigadora U. de Talca
  24. Libertad Triviño Alvarado, profesora, U. de Santiago de Chile.
  25. Claudia Cárdenas Aravena, Profesora U. de Chile
  26. María Elena Santibáñez Torres, Profesora Fac. de Derecho Pontificia U. Católica de Chile.
  27. Laura Mayer Lux, profesora Escuela de Derecho PUCV
  28. Catalina Droppelmann, Profesora Fac. de Ciencias Sociales, Pontificia U. Católica de Chile.
  29. Fabiola Girao Monteconrado, profesora Fac. derecho Univ. Valparaíso
  30. María Fernanda Galleguillos Villalobos, ayudante Fac. de Derecho de la U. de Chile
  31. Ema Salinas, profesora, Fac. Derecho U. de Chile.
  32. Sofía Cubillos Morgado, abogada y ayudante, Fac. derecho U. de Chile
  33. Belén Tomic, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  34. Ilse Wolf Valderrama, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  35. Antonia Silva Lioi, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  36. Fernanda Arias, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  37. Rafaela Correa Deisle, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  38. Paula Astudillo Nazar, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  39. Sofía Wilson Coddou, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  40. Camila Treimún Costa, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  41. Camila Belmar Silva, abogada y ayudante Fac. derecho U. de Chile
  42. Colombina Vilches Parra, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  43. Sofía Collao Cepeda, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  44. Daniela Torres Flores , ayudante Fac. derecho U. de Chile
  45. Valeria Torres, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  46. Pía Corbalán Campos, abogada y ayudante Fac. derecho U. de Chile
  47. Susana Castro Pérez, abogada y ayudante Fac. derecho U. de Chile
  48. Macarena Muñoz Madariaga, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  49. Clara Martner Sota, ayudante, Fac. derecho U. de Chile
  50. Valentina Suau Cot, abogada penal
  51. Alejandra Ravello Gaete, abogada penal
  52. Maccarena Lopez Contreras, abogada penal
  53. Catalina Correa Uribe, abogada penal
  54. Francisca Hernández Mardones, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  55. Isidora Donoso Krauss , ayudante Fac. derecho U. de Chile
  56. Daniela Tripainao, ayudante, Fac. derecho U. de Chile
  57. Cecilia Valenzuela Oyaneder, profesora U. de Valparaíso.
  58. Valentina Cerón Hernández, ayudante Fac. Derecho U. Andrés Bello
  59. Valeria Jelvez Gallego, ayudante, U. de Santiago.

Adhieren profesoras y abogadas de otras disciplinas

  1. Lorena Lorca, profesora, Fac. derecho U. de Chile.
  2. Alejandra Krauss, abogada
  3. Alejandra Zúñiga Fajuri, profesora Fac. Derecho Univ. de Valparaíso
  4. Judith Schönsteiner, Fac. Derecho Univ. Diego Portales
  5. Nicole Nehme, profesora Fac. Derecho U. Chile
  6. Verónica Undurraga, profesora Fac Derecho Universidad Adolfo Ibañez
  7. Macarena Sáez, profesora American University
  8. Liliana Galdamez, profesora Fac. Derecho U Chile
  9. Antonia Rivas, abogada
  10. Laura Albornoz, profesora Fac. Derecho U Chile
  11. María de los Ángeles Coddou, abogada
  12. Lieta Vivaldi, profesora Fac. Derecho Alberto Hurtado y U Chile
  13. Patricia Rada Salazar, abogada
  14. Ester Valenzuela Rivera, profesora Fac Derecho Univ. Diego Portales
  15. Bárbara Sepúlveda Hales, profesora Fac. Derecho Univ. Alberto Hurtado
  16. Lucía Rizik, profesora Fac Derecho Univ. Central
  17. Marcela Zúñiga, profesora Fac. Derecho Univ. Diego Portales y Alberto Hurtado
  18. Claudia Sarmiento, abogada, profesora Fac. Derecho Alberto Hurtado
  19. Fernanda Gutiérrez, profesora Fac Derecho Univ. Diego Portales
  20. Francisca Vargas, profesora Fac Derecho Univ. Diego Portales
  21. Paulina Manosalva, profesora, Fac Derecho, Universidad de la Frontera
  22. Ximena Insunza Corvalán, profesora Fac. Derecho U Chile
  23. Nancy Yañez Fuenzalida, profesora Fac. Derecho U Chile
  24. Valentina Durán Medina, profesora Fac. Derecho U Chile
  25. Fabiola Lathrop Gómez, profesora Fac. Derecho U Chile
  26. Carolina Bruna Castro, profesora Fac. Derecho U Chile
  27. Flavia Carbonell Bellolio, profesora Fac. Derecho U Chile
  28. Claudia Iriarte Rivas, profesora Fac. Derecho U Chile
  29. Macarena Vargas Pavez, profesora Fac Derecho U. Diego Portales
  30. Paula Correa Camus, profesora Fac derecho U. Diego Portales
  31. Romanina Morales Baltra, profesora Fac derecho U. Diego Portales

Estimadas y estimados,

Junto con saludarles, expresamos nuestros deseos que se encuentren a salvo a pesar de la coyuntura sanitaria, e informamos de la publicación de una nueva edición de nuestro boletín informativo sobre verdad, justicia y reparaciones en Chile y la región. Adjuntamos tanto el boletín, edición número 58, como con una actualización de nuestro documento resumiendo tendencias e hitos jurisprudenciales en causas DDHH. Este último ha sido modificado para incorporar análisis de hechos recientes tales como el indulto conmutativo COVID-19, y el polémica fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso Villa Grimaldi.

Equipo del Observatorio de Justicia Transicional

Archivos:

El Observatorio de Justicia Transicional pone a disposición una nueva edición del documento “Principales hitos jurisprudenciales, judiciales y legislativos en causas de DDHH en Chile 1990-2020”, actualizada a mayo del 2020 y analizando hitos recientes tales como el 'fallo Villa Grimaldi', el indulto conmutativo COVID-19, y el caso de Mercedes Polden. La publicación resume un total de 50 hitos connotados ocurridos en las últimas tres décadas en los tribunales, la legislatura, y/o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en relación a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar, presentando un relato de los hechos, explicación de su importancia o implicancias, y datos permitiendo la ubicación de las fuentes originales.

El documento puede ser descargado en castellano aqui

To download the English translation of the most recent version of our publication "Legal, judicial and legislative milestones 1990-2020 in cases for dictatorship-era human rights violations", click here

Estimadas y estimados,

Esperamos que se encuentren a salvo y con buena salud en estos tiempos convulsionados para buena parte de las sociedades nacionales, y en las cuales a todas y todos nos preocupa el bienestar de nuestros seres queridos. Es importante que no se permita que estas crisis den paso a retrocesos aún mayores en materia de la protección de los derechos de las y los trabajadores, y de las personas más vulnerables, y que tampoco sean instrumentalizadas para introducir medidas represivas de control social, que poco o nada tienen que ver, con la promoción o resguardo la salud pública.

Con todo, los desafíos existentes en materia de verdad, justicia y reparación no se detienen, y el de garantías de no repetición se torna cada vez más relevante. Es por ello que dentro de esta coyuntura, y consciente además del aniversario del horroroso y cobarde asesinato de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, nos atrevemos a seguirles informando a través de nuestros boletines. Esta vez, como se ha tornado habitual en marzo, enviamos una doble edición, que corresponde al cierre del 2019 e inicios del 2020.

Deseando lo mejor para todas y todos Uds, sus familias, y comunidades

Cath Collins y Boris Hau

De parte del equipo del Observatorio de Justicia Transicional

Archivos:
 

AVISO:
Informamos que como medida preventiva se suspenden en UDP todas las actividades de carácter masivo. Pronto brindaremos más detalles de recalendarización.


Lidia Casas Becerra, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, GI-ESCR, se complacen en invitarle al seminario internacional "Desigualdad socioeconómica y (des)privatización de servicios sociales en Chile" el próximo 25 de Marzo, para mayor información, revise la invitación a continuación:

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