Domingo, 04 Marzo 2018 00:00

Nuevo Boletín N° 44 del Observatorio Justicia Transicional Destacado

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Estimadas y estimados colegas,

Dejamos a su disposición el boletín informativo número 44 del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, que cubre noticias en justicia, verdad, reparaciones y memoria en Chile y la región durante los meses de noviembre y diciembre de 2017.

Nuestro boletín se publica en un momento desalentador a nivel regional. El reciente indulto al ex mandatario autoritaria peruano Alberto Fujimori, aduciendo supuestos motivos ‘humanitarios’, ha sido duramente criticado por múltiples autoridades, entre ellas la Comisión Interamericana de DDHH, CIDH,  quienes lo consideran sintomático de esfuerzos para volver a instalar la impunidad tan largamente combatida por familiares de las masacres de La Cantuta, Barrios Altos, y etc.

El panorama nacional tampoco es prometedor. En el plano jurídico, abogados defensores de perpetradores condenados se refugian cada vez más en la invocación de absurdos e improcedentes argumentos ante el Tribunal Constitucional, buscando descarrilar o simplemente dilatar el cumplimiento de parte de sus defendidos de las penas que les han sido legítimamente impuestas por tribunales y ratificadas por la Corte Suprema. Ad portas del traspaso de gobierno que tomara lugar en marzo del 2018, se vive además una sensación de crisis en diversos organismos relacionados con los DDHH, desde el Instituto Nacional INDH, a la Unidad Programa de DDHH. Esta última instancia, lo más parecido en Chile a una oficina dedicada a asuntos de justicia transicional, ha vivido momentos de tensión interna desde su traspaso a la nueva Subsecretaria de DDHH del Ministerio de Justicia y DDHH, culminando a fines de enero de 2018 con la publicación por parte de su equipo jurídico de una comunicación pública alegando maltrato laboral y caratulando como “desmantelamiento” el reciente despido de varios profesionales de larga trayectoria.

Las pretensiones y promesas de que la Unidad asumiría responsabilidades adicionales, promoviendo los derechos a justicia de las y los sobrevivientes de prisión política y tortura, parecen sepultarse con esa noticia, sumado a lo informado por el Comando Unitario de ex presos políticos, quienes reportan una reunión el día 30 de diciembre con representantes de la mencionada Subsecretaria, y de los ministerios de Hacienda e Interior.  La reunión trataba las mismas materias largamente bajo negociación entre el Comando y el Estado, respecto de las legítimas reivindicaciones de sobrevivientes en las áreas de verdad, justicia, y reparaciones. Estas reivindicaciones han motivado huelgas de hambre y otras manifestaciones remontándose al menos a 2015.  En 2016 se configuro una instancia de dialogo, que supuestamente resolvería un petitorio de diez puntos pendientes desde una instancia anterior, una Mesa de alto nivel, que también concluyo sin una resolución satisfactoria (ver Boletines anteriores y los Informes anuales de DDHH de la UDP de 2016 y 2017).

La reunión más reciente pretendía dar por concluida también esta segunda instancia de dialogo, no obstante haberse ´resuelto´, según un informe emitido por el Comando, solamente medidas parciales en relación a apenas dos o tres de los diez temas en pauta.  Las soluciones ofrecidas consisten además en promesas de legislar, o de actuar administrativamente, que en los hechos recaerán sobre la administración entrante, por cuanto su cumplimiento está lejos de garantizarse. De los nueve temas informados por el Comando, se señala que en materia de verdad, el destino del `secreto Valech` dependerá de un proyecto ley actualmente en su segundo trámite – y que ha estado durmiendo en comisión senatorial desde octubre 2017 - mientras que una instancia de reconsideración para quienes dieron testimonio ante la segunda iteración (en 2011) de la Comisión Valech sin ser reconocidos por ella, tendrá que esperar a ver si el gobierno entrante acepte firmar el decreto necesario para su puesto en marcha.  Respecto a la instancia de calificación permanente largamente exigida por este Observatorio y por las y los sobrevivientes, no se informa ningún avance.  En relación al derecho a la justicia, tampoco hay novedad sobre la promesa de extender a las y los sobrevivientes apoyo jurídico y social homologable al apoyo que el equipo jurídico y el equipo de área social de la Unidad Programa en el pasado han brindado a las y los familiares de víctimas ausentes. Ello a pesar de que se había prometido, tal y como informamos en el Informe Anual UDP 2017, que la Unidad Programa empezaría a hacerse cargo parcialmente del derecho a la justicia, utilizando la modalidad de denuncia del crimen de tortura sobrevivida.

En relación a un grupo de reivindicaciones que podrían considerarse tocantes a reparación, en las que figuran por ejemplo mejoras al sistema de salud PRAIS, fin de la obligación de escoger entre pensiones Valech y de exoneración, y homologación de pensiones entre categorías de sobrevivientes y cónyuges de ambos sexos, solo se informa que ´se enviara´ un proyecto ley que, de aprobarse, ofrecería un bono de una única vez, pagado en cuotas, cuyo valor no excedería los 3 millones de pesos para titulares y 1,8 millones para cónyuges cuando él o la titular haya fallecido (situación que, según investigaciones del propio Comando, afecta hasta la cuarta parte de las y los sobrevivientes alguna vez calificadas por las Comisiones Valech). 

Tal punto – es decir, la propuesta de una ‘bonificación´ -  es el único tema mencionado en la Acta gubernamental procedente de dicha reunión, la cual se titula “Acta de Cierre”, hace referencia a los “permanentes esfuerzos” que el gobierno habría hecho en verdad, justicia, y reparación, pero se limita a señalar que “se ingresara” un proyecto de ley en el sentido mencionado. Cabe enfatizar que la suerte de dicho proyecto ley, si fuera a materializarse, dependería enteramente del poder ejecutivo y legislativo de marzo 2018 en adelante, por cuanto en absoluto se podría dar por confirmado su materialización. Aun si fuera concretada, está lejos de representar la respuesta integra y coherente, reconocedor de la dignidad y los derechos de las y los sobrevivientes, que estos siempre han exigido y que las normas y buenas prácticas internacionales señalan como necesarias. Consultadas al respecto, las actuales autoridades de la Subsecretaria y de la Unidad Programa, nos indicaron que se seguía trabajando sobre la materia: una solicitud de mayor detalle no había recibido respuesta aun al cierre de la presente edición.

Queda de manifiesto que la enorme deuda moral que el país mantiene para con quienes sobrevivieron los peores vejámenes a manos del Estado se mantiene e incluso se aumenta, cuando se considera el trato dilatorio, negligente y a veces francamente dañino, que estos hayan vivido de parte de un Estado que, en derecho y en deber moral, debe responder ante sus legítimas pretensiones. Solo resta redoblar los esfuerzos en hacer presente ante la nueva administración la continua vigencia de estas deudas y responsabilidades, a través de todos los canales internos y externos que se disponen para tales efectos, entre ellos, una denuncia actualmente en curso ante la Comisión Interamericana de los DDHH al respecto.

Lamentamos no poder despedirnos, ni despedir al 2017, con noticias más alentadoras; no obstante, como siempre les agradecemos su atención a nuestro trabajo así como sus esfuerzos y labores a favor de la justicia. Esperamos que quienes toman un merecido descanso durante el mes de febrero, retornaran refrescados para los múltiples desafíos con que este año 2018 seguramente nos seguirá confrontando.

Saludos cordiales

Equipo Observatorio Justicia Transicional

Universidad Diego Portales

 

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