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El 88% de los niños y niñas y adolescentes indígenas en el país no habla ni entiende su lengua originaria.

El Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), lanza su Boletín informativo N° 37, que da a conocer noticias de Chile y la región referente a los meses de septiembre y octubre del 2016, en relación con los temas de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria. Como es habitual, se recopila en detalle las sentencias y demás actividades judiciales de los tribunales chilenos en los juicios en causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de 1973-1990. 

Además, el día 8 de noviembre se lanzó el Informe Anual de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la UDP para 2016, el cual contiene un capítulo de autoría del equipo Observatorio comentando los principales hitos del periodo y enfocándose, en particular, en las temáticas de la búsqueda de personas desaparecidas y las deudas pendientes en materia de reparación a sobrevivientes.  Adjuntamos, junto a este boletín, una copia en PDF del Informe. 

También está disponible para bajar gratis en el siguiente enlace:

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2016/Collinsyotros_verdadyjusticia.pdf

El Informe en su totalidad está disponible capítulo por capítulo, o en forma íntegra, en:

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/informe-ddhh-2016

Por otra parte, entre el 23 y el 25 de noviembre el Observatorio participa, representada por Cath Collins, en el III Congreso Internacional sobreJusticia Transicional en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. En este encuentro se realizará además la reunión anual de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional, de la cual el Observatorio es miembro fundador. Sitio web del Congreso como su programación en el enlace:

http://cjtufmg.wixsite.com/iiicisjt

Finalmente, queremos destacar y agradecer el enorme aporte que realiza, tanto en la elaboración de estos Boletines como en múltiples otras labores para el Observatorio, nuestro investigador jurídico Boris Hau, quien, a partir de principios de 2017, se encontrara fuera de Chile realizando estudios avanzados en DDHH en la Universidad Autónoma de Madrid, España.  Boris seguirá colaborando con nuestras actividades y publicaciones a distancia, entre ellas, este boletín.  Junto con desearle todo éxito en sus estudios, le agradecemos tanto la generosa colaboración ya prestada como su disposición y decisión de seguir, en paralelo, participando en nuestro equipo. 

Nuestros saludos cordiales, junto con nuestros mejores deseos por la labor que realizan a favor de la verdad y la justicia,

Equipo del Observatorio JT

(Cath Collins, Boris Hau, y Camila Varela)

“El Estado ha validado un modelo de empleo público precario”, dice en esta columna de opinión la académica Karla Varas. Justo cuando se discute el reajuste para el sector público, en medio de paralizaciones y protestas ampliamente difundidas por la prensa, Varas enumera los factores de desprotección e inestabilidad laboral que afectan a la mayoría de los empleados del Estado. Las conclusiones que comparte en esta columna son fruto del estudio que la misma autora acaba de publicar en el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Documento asegura que algunos de estos profesionales piden la autorización de la pareja e imponen sus creencias éticas y religiosas al paciente.


 Noticia publicada en La Segunda, 8 de noviembre de 2016

 

"Eres muy joven". "Después te puedes arrepentir". "Es necesaria la autorización de tu pareja".

Con estos argumentos -que se leen en el 12º Informe sobre Derechos Humanos, realizado por la Universidad Diego Portales (UDP)- algunos médicos, matronas y personal de la salud, obstaculizan que mujeres accedan a la esterilización mediante la ligadura de trompas o de manera farmacológica cuando deciden no tener más hijos o si su proyecto de vida no contempla la maternidad.

Así lo reveló el documento que fue elaborado a partir de entrevistas a profesionales de la salud, revisión de datos empíricos y jurisprudencia nacional e internacional.

"Son preocupantes los problemas que enfrentan las chilenas al solicitar este procedimiento, como por ejemplo, el déficit estructural en el servicio público (faltan anestesistas y horas de pabellón), las creencias de los médicos y matronas, y la falta de formación técnica y ética de los profesionales de la salud", dice la investigadora del estudio, Lidia Casas.

Plantea que "en diversas oportunidades son los médicos y matronas quienes niegan u obstaculizan el acceso al procedimiento porque existe la creencia en un sector de la comunidad médica y del personal de salud que ellos siempre están en mejores condiciones que la mujer para decidir. Piensan que las mujeres no son conscientes de sus decisiones, no creen verdaderamente en su autonomía reproductiva, y la decisión de esterilizarse es una de ellas. Esta debe ser libre, informa y voluntaria".

Recuerda que "a partir de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán (1968) es considerado un derecho humano básico determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos, lo que ha sido reafirmado en tratados internacionales".

Exigen permiso de la pareja

Casas -quien es abogada- detalla que otra barrera de acceso detectada en el estudio es que algunos médicos y matronas piden que la pareja o el esposo participe en la decisión: "Eso es violatorio de la dignidad de la mujer, porque impone el veto marital sobre la decisión femenina".

Entre 1975 y 2000 la esterilización en Chile exigía que la mujer contara con la autorización del esposo y tener un mínimo de tres hijos. "Esto cambió cuando Bachelet en su calidad de ministra de salud reconoció la autonomía de la mujer para tomar este tipo de decisiones, y que sólo en el sexo femenino descansaba la decisión de tener o no más hijos".

Actualmente, dice Casas, se plantea la posibilidad de promover la vasectomía (ligamentos de conductos en los hombres) como otra opción: "Aún hay un sector de chilenos que les cuesta entender que hay hombres y mujeres que no desean ser padres. Uno de los urólogos entrevistados decía quienes le solicitaban vasectomías eran varones de más de 30 años, bien informados, con buen nivel educacional y claridad de que no desean tener un hijo. Además, la vasectomía es una operación ambulatoria, que no demora 15 minutos y es menos invasiva y riesgosa que la ligadura de trompas".

Pero además, advierte la investigadora, hay un tercer factor que juega en contra de las mujeres: la falta de capacitación de las nuevas generaciones de profesionales de la salud en este tema. "Ginecoobstetras y matronas entrevistas nos comentaron con preocupación que han detectado grupos de profesionales que egresan de universidades de élite, que no sólo carecen de formación técnica, ya que no cuentan con conocimiento práctico de métodos anticonceptivos, sino también de formación ética, pues intentan imponer sus creencias a los pacientes y no tienen capacidad para ponerse en el lugar de otro".

En medio del paro iniciado hace dos semanas, tras el quiebre con el Gobierno en torno al reajuste salarial, la investigadora Karla Varas pone en perspectiva las malas prácticas al interior de los servicios públicos que han llevado a precarizar las condiciones laborales de los funcionarios, entre las que se cuentan el uso arbitrario y al alza de personal a contrata y a honorarios. Estos últimos, son los más perjudicados y con peores condiciones, ya que no gozan de ningún derecho, pese a realizar las mismas funciones que sus compañeros de planta. Una precarización de los derechos laborales a la que se suma una Constitución que prohíbe la negociación colectiva y el derecho a huelga para el sector público.

El estudio plantea que el derecho a la vivienda debiera ser reconocido constitucionalmente. Asimismo, aborda los derechos laborales del gremio, el escaso avance en la nueva institucionalidad de infancia y los derechos de las personas intersexuales.

Noticia publicada en Emol, 7 de noviembre de 2016.

 

SANTIAGO.- Considerando que 38.770 familias viven en 660 campamentos a lo largo del país, 11 mil más que en 2011 según cifras de TECHO-Chile, el informe anual sobre Derecho Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales abordó este problema en su última publicación.

En la XIV versión del informe, presentado esta mañana en la Facultad de Derecho UDP por la directora del Centro de Derechos Humanos del mismo plantel, Judith Schönsteiner, asegura que lo anterior "constituye una violación de una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile".

El informe describe que existe una "falta de una política estructural de vivienda, que pueda superar los obstáculos que le pone el mercado de suelos, y de datos actualizados sobre la situación en los campamentos". También apunta a la "ausencia de reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda". De hecho, el informe recomienda que se debe "garantizar constitucionalmente el derecho a una vivienda adecuada, así como el acceso a la justicia", así como "levantar información desagregada sobre la situación de los campamentos en Chile, y mantenerla actualizada", sumado al aumento "de los recursos destinados al término de los campamentos".

Diez son los capítulos que incluye este año la publicación, cuyo propósito es "informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DD.HH., aspectos conflictivos o silenciados de nuestra vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad". Uno de los capítulos se aborda el derecho de los grupos LGTBI "cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile". En ese contexto, se indica que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

Situación de menores

En materia de Infancia, el estudio critica la forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo, asegurando que la institucionalidad de la infancia en Chile es calificada como "una deuda impaga". Tras el análisis de los proyectos de ley presentados durante este año por el Ejecutivo, se concluye que "a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado". Entre otras medidas, se insta a que se apruebe con prontitud el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de derechos humanos, y que no se sujete el reconocimiento de éstos a la disponibilidad presupuestaria del Estado.

Otra capítulo se llama "Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos", el cual estudia la situación laboral de dichos trabajadores, en particular en materia de sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, recomendando que estos derechos sean consagrados constitucionalmente en forma universal (para públicos y privados), aunque "admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término".

El resto de las temáticas incluidas este año se refieren las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres, con y sin discapacidad psíquica o intelectual; pueblos indígenas, multiculturalidad y sistema educacional; garantías contra la expulsión para migrantes y por último, el capítulo sobre verdad, justicia y memoria por violaciones a los DD.HH. en tiempos de dictadura, único que se mantiene desde los inicios de la publicación.


INFORME DE DDHH EN CHILE UDP 2016:

 

ESTADO DE CHILE AL DEBE EN MATERIA DE INFANCIA, PERSONAS QUE VIVEN EN CAMPAMENTOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

 

Estudio plantea que derecho a la vivienda debiera ser reconocido constitucionalmente, y la necesidad de regular el mercado de suelos.

Otros temas que aborda son los derechos laborales de los funcionarios públicos, el escaso avance en la nueva institucionalidad de infancia  y los derechos de las personas Intersex.

Santiago, lunes 7 de noviembre. A pesar del crecimiento económico y la mejora general en los indicadores de desarrollo humano en Chile, los campamentos aumentaron entre 2011 y 2016, según el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2016. Las 38.770 familias (cerca de 11 mil más que en 2011 según cifras de TECHO-Chile), que habitan 660 campamentos a los largo lo largo del territorio nacional, se distribuyen mayoritariamente en Valparaíso, Antofagasta y Concepción, viviendo sin acceso a sin acceso a servicios básicos y a un medioambiente sano. Lo anterior “constituye una violación de una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile”, asevera el estudio, junto con denunciar “la falta de una política estructural de vivienda que pueda superar los obstáculos que le pone el mercado de suelos; la falta de datos actualizados sobre la situación en los campamentos, y, también, la ausencia de reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda”.

La XIV versión del Informe fue presentada hoy a la prensa en la Facultad de Derecho UDP por la directora del Centro de Derechos Humanos del mismo plantel, Judith Schönsteiner, y el editor general del mismo, Tomás Vial. Diez son los capítulos que incluye este año la publicación, cuyo propósito es “informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DDHH, aspectos conflictivos o silenciados de nuestra vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad”. Es el caso de los derechos de las personas intersex, uno de los grupos LGTBI cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile. Al respecto, se indica que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que  garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

En materia de Infancia, el estudio  -que viene siguiendo el tema hace años- es particularmente duro en relación a la  forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo, lo que  “ha provocado, estos últimos meses, con razón, escándalo y preocupación pública”.  La pendiente institucionalidad de la infancia en Chile es calificada como “una deuda impaga”, y tras el análisis de los proyectos de ley presentados durante este año por el Ejecutivo, se concluye que “a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado”. Entre otras medidas, se insta a que se apruebe con prontitud el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de derechos humanos, y que no se sujete el reconocimiento de éstos a la disponibilidad presupuestaria del Estado.

Otra investigación inédita que adquiere particular relevancia a la luz de la última negociación del reajuste al sector público es la que presenta el capítulo “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos”, el cual estudia la situación laboral de dichos trabajadores, en particular en materia de sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, recomendando que estos derechos  sean consagrados constitucionalmente en forma universal (para públicos y privados), aunque  “admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término”.

El resto de las temáticas incluidas este año se refieren las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres, con y sin discapacidad psíquica o intelectual; pueblos indígenas, multiculturalidad y sistema educacional; garantías contra la expulsión para migrantes y por último, el capítulo sobre verdad, justicia y memoria por violaciones a los DDHH en tiempos de dictadura, único que se mantiene desde los inicios de la publicación.

El lanzamiento oficial del Informe de DDHH 2016 se realizará mañana martes 8 de noviembre, a las 18.30 hrs., en el Aula Magna de la Facultad de Derecho UDP, en una acto encabezado por el decano Juan Enrique Vargas, luego de lo cual quedará a disposición pública en  el sitio web del Centro de Derechos Humanos UDP (www.derechoshumanos.udp.cl).

@ddhh_udp
#informeddhhudp

Contacto de prensa:
Susana Kuncar/ Coordinadora de Comunicaciones Facultad de Derecho UDP
F: 22 676.2604/9-0236226/  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Un destacado desempeño tuvo el equipo de la Universidad Diego Portales en el XXI Concurso Interamericano de Derechos Humanos de American University, al avanzar  hasta las semifinales del certamen, quedando entre los 20 mejores equipos sobre 101 de universidades participantes. Además, en el ranking individual de oradores, Macarena Contreras Soto obtuvo el segundo lugar y Camila Beltrán el sexto, entre los 202 estudiantes en competencia. En las rondas preliminares, por otra parte,  quedaron en el 2º lugar y el memorial escrito presentado fue calificado en el lugar 21º.

El Concurso se realiza anualmente en Washington D.C.y es uno de los más prestigiados a nivel mundial en su tipo. La versión 2016 se llevó a cabo entre el  domingo 22 y viernes 27 de mayo pasados y la UDP fue la única universidad chilena en competencia. También es una de las pocas que ha estado presente en todas las versiones y ha triunfado en dos oportunidades (1996 y 2010), y en el año 2014  la estudiante Consuelo Navarro obtuvo el premio a la mejor oradora en español y trilingüe, superando a 200 oradores.

Por lo mismo, la UDP tiene un prestigio ganado en el evento y representa una suerte de “garantía de calidad”, afirma Sylvana Mariangel, la coach que viajó con las competidoras. Tanto así, añade, que las audiencias en las que toma parte son consideradas como aquellas que “hay que ver”. De regreso a Santiago, el equipo completo - integrado por las alumnas y los entrenadores Consuelo Navarro, Sebastián Latorre y Sylvana Mariangel, todos ex participantes – fue recibido y felicitado por la directora del Centro de Derechos Humanos, Judith Schönsteiner y el por decano de la Facultad de Derecho, Juan Enrique Vargas.

El Concurso consiste en un juicio simulado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se desarrolla a través de audiencias orales. Previamente, cada equipo tiene que estudiar el caso desde el rol asignado y preparar un “Memorial” que se envía a fines de marzo. Este año  trató el tema "industrias extractivas y derechos humanos", bajo el caso hipotético de "Edmundo Camana Osorio y Familiares, Pueblos Pichicha y Orífuna contra el Estado de Santa Clara". Al equipo UDP le correspondió preparar y exponer la respuesta del Estado frente a la denuncia de las víctimas.

Intenso entrenamiento

Las competidoras se sometieron a un intenso entrenamiento de varios meses, que partió cuando ambas cursaron el electivo "preparación para concursos internacionales", durante el segundo semestre del año pasado, en el cual obtuvieron los dos mejores promedios de notas. Luego vino el trabajo específico para el Concurso, para lo cual contaron con la ayuda de los coach o entrenadores,  y de varios profesores de la Facultad de Derecho, como Mauricio Duce, Claudio Fuentes y Judith Schönsteiner,

El caso fue sumamente complejo, porque involucraba la vinculación de una empresa con violaciones de derechos humanos en un país vecino, y a un Estado que la había subsidiado. Además,  la empresa estaba acusada de tener relaciones con grupos paramilitares acusados del asesinato de dirigentes sindicales de la misma.  En los hechos, abarcaba no solo temas de derechos humanos, sino de extra territorialidad, derecho tributario, procesal, civil, derecho indígena y afroamericano, relatan Macarena y Camila: “Tuvimos que estudiar de todo y por eso fue tan importante la preparación”. Cabe mencionar que ésta  incluyó a profesores invitados con conocimientos específicos sobre determinadas materias.

Por otra parte, subraya Sylvana Mariangel, el proceso previo implica el desarrollo de habilidades blandas, como el trabajo en equipo y la comunicación oral. A través del mismo se produce también “un sentido de identidad muy fuerte con la Facultad”, señala, “no es casualidad que los entrenadores seamos ex participante, además de la experiencia tenemos la legitimidad para exigir lo mismo que nos fue exigido a nosotros en su momento”. En su caso específico, ello significó además quitarle tiempo a su trabajo profesional como abogada de una repartición pública en Valparaíso.

Junto al aprendizaje académico, ponerse la camiseta de la UDP y luchar por ella fue una vivencia potente para las estudiantes de Derecho. “Son este tipo de actividades las que hacen sentirse orgulloso de pertenecer a esta universidad, enfatiza Camila, por eso cree importante que la Universidad continúe apoyando éste y otros concursos internacionales.

Con el auspicio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la UDP  convoca a todos y todas a un Coloquio Compras Públicas. Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene como objetivo presentar y discutir los resultados del Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos que se refieran a las compras públicas. El estudio fue elaborado por la profesora Judith Schönsteiner y un equipo de la Facultad de Derecho de la UDP, por encargo de y con financiamiento del Instituto Danés de Derechos Humanos.

  

Programa:

Presentación del estudio, Judith Schönsteiner, Directora, Centro de Derechos Humanos UDP

Comentarios

Trinidad Inostroza, Directora, Chilecompra

Dante Pesce, Miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Preguntas y debate del público

La actividad se desarrollará el día 26 de junio, entre las 18.30 y 20.00 horas, en el Auditorio N° 1 del Edificio de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UDP, República 112. Inscripciones con Carmen Gloria Alvarez, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , o llamando al 2-2676-8806.

Para mayor información, consultar el siguiente enlace.