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El Centro de Derechos Humanos  y el Programa de Derecho Público de la Facultad de Derecho de Universidad Diego Portales tienen el agrado de invitarle al Panel: “¿Cómo incorporar el derecho internacional de los derechos humanos en la nueva Constitución?"

Chile se encuentra en pleno proceso constituyente. En este contexto, el panel pretende iniciar un debate sobre la  incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la nueva Constitución, considerando que las posturas sobre jerarquía del mismo en el ordenamiento constitucional nunca se han logrado reconciliar a partir del Art. 5.2 de la Carta actualmente vigente.  Junto a expertos naciones e internacionales, se busca reflexionar sobre varias preguntas relacionadas con la materia. 

PANEL

Modera 
Rodolfo Figueroa, director Programa de Derecho Público, Universidad Diego Portales.

Exponen
Judith Schönsteiner, directora Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales: 
Qué espera el derecho internacional de la protección de los derechos fundamentales

Alexandra Huneeus, académica University of Wisconsin, Estados Unidos: 
Una perspectiva empírica comparada 

René Urueña, académico Universidad de los Andes, Colombia:
El derecho internacional de los derechos humanos en Colombia

Manuel Núñez, académico Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: 
Identidad constitucional y derecho internacional de los derechos humanos

Liliana Galdámez, profesora e investigadora Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho Universidad de Chile: 
El bloque de constitucionalidad 

Raúl Campusano, académico Universidad del Desarrollo: 
Incorporación del derecho internacional de los derechos humanos y las implicancias desde el derecho internacional general

La actividad se realizará el próximo jueves 25 de agosto, a las 19.00 hrs.,  en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, República 105, Santiago centro. 

Entrada liberada, previa inscripción en el correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El día martes 8 de noviembre, a las 18.30 hrs, se dará lugar al lanzamiento del 14° edición del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2016. El evento tendrá lugar en la Aula Magna de la Facultad de Derecho, en República 105.

El Informe cubre hechos entre mediados de 2015 y septiembre del presente año, analizados desde la perspectiva de los derechos humanos y del cumplimiento – o no- de aquellos estándares internacionales en la materia que Chile ha suscrito, y por lo tanto comprometido a cumplir. En esta edición el Informe contiene 10 capítulos, con sus respectivas recomendaciones al Estado de Chile y es elaborado por el Centro de Derechos Humanos de Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Ello no obsta que en algunos capítulos colaboren investigadores de otras facultades de la UDP y/o externos.

Este año el Informe contiene los siguientes capítulos: “Verdad, justicia, reparación y memoria” (referido a violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura) escrito por Cath Collins y Observatorio de Justicia Transicional UDP;  “Derecho a una vivienda adecuada en Chile: una mirada desde los campamentos” redactado por Judith Schönsteiner,  en conjunto con los investigadores Francisca Alarcón, Pedro Cisternas y Vicente Silva; “Brechas de cumplimiento: el Estado, empresas y derechos humanos” escrito por Judith Schönsteiner, con la colaboración de Fernando Araya, Pablo Soto y Karla Varas; “La práctica de esterilización en niñas y mujeres competentes y con discapacidad psíquica o intelectual en Chile” que tiene como autores a  Lidia Casas, Sofía Salas y Juan José Álvarez; “El debido proceso en los procedimientos de expulsión administrativa de inmigrantes. Situación actual y alternativas” escrito por Delfina Lawson y Macarena Rodríguez; “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos” que tiene como autora a Karla Varas; “Institucionalidad de infancia en Chile: una deuda impaga” redactado por Camila de la Maza y Francisca González;  “Pueblos indígenas, sistema escolar y construcción de identidad” escrito por  Pilar Muñoz y Liliana Ramos; “Derechos humanos de las personas intersex en Chile” escrito por Camilo Godoy y, por último, "Nueva Institucionalidad de DDHH en Chile: la Subsecretaría de Derechos Humanos” de Tomás Vial.

El 88% de los niños y niñas y adolescentes indígenas en el país no habla ni entiende su lengua originaria.

El Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), lanza su Boletín informativo N° 37, que da a conocer noticias de Chile y la región referente a los meses de septiembre y octubre del 2016, en relación con los temas de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria. Como es habitual, se recopila en detalle las sentencias y demás actividades judiciales de los tribunales chilenos en los juicios en causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de 1973-1990. 

Además, el día 8 de noviembre se lanzó el Informe Anual de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la UDP para 2016, el cual contiene un capítulo de autoría del equipo Observatorio comentando los principales hitos del periodo y enfocándose, en particular, en las temáticas de la búsqueda de personas desaparecidas y las deudas pendientes en materia de reparación a sobrevivientes.  Adjuntamos, junto a este boletín, una copia en PDF del Informe. 

También está disponible para bajar gratis en el siguiente enlace:

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2016/Collinsyotros_verdadyjusticia.pdf

El Informe en su totalidad está disponible capítulo por capítulo, o en forma íntegra, en:

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/informe-ddhh-2016

Por otra parte, entre el 23 y el 25 de noviembre el Observatorio participa, representada por Cath Collins, en el III Congreso Internacional sobreJusticia Transicional en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. En este encuentro se realizará además la reunión anual de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional, de la cual el Observatorio es miembro fundador. Sitio web del Congreso como su programación en el enlace:

http://cjtufmg.wixsite.com/iiicisjt

Finalmente, queremos destacar y agradecer el enorme aporte que realiza, tanto en la elaboración de estos Boletines como en múltiples otras labores para el Observatorio, nuestro investigador jurídico Boris Hau, quien, a partir de principios de 2017, se encontrara fuera de Chile realizando estudios avanzados en DDHH en la Universidad Autónoma de Madrid, España.  Boris seguirá colaborando con nuestras actividades y publicaciones a distancia, entre ellas, este boletín.  Junto con desearle todo éxito en sus estudios, le agradecemos tanto la generosa colaboración ya prestada como su disposición y decisión de seguir, en paralelo, participando en nuestro equipo. 

Nuestros saludos cordiales, junto con nuestros mejores deseos por la labor que realizan a favor de la verdad y la justicia,

Equipo del Observatorio JT

(Cath Collins, Boris Hau, y Camila Varela)

“El Estado ha validado un modelo de empleo público precario”, dice en esta columna de opinión la académica Karla Varas. Justo cuando se discute el reajuste para el sector público, en medio de paralizaciones y protestas ampliamente difundidas por la prensa, Varas enumera los factores de desprotección e inestabilidad laboral que afectan a la mayoría de los empleados del Estado. Las conclusiones que comparte en esta columna son fruto del estudio que la misma autora acaba de publicar en el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Documento asegura que algunos de estos profesionales piden la autorización de la pareja e imponen sus creencias éticas y religiosas al paciente.


 Noticia publicada en La Segunda, 8 de noviembre de 2016

 

"Eres muy joven". "Después te puedes arrepentir". "Es necesaria la autorización de tu pareja".

Con estos argumentos -que se leen en el 12º Informe sobre Derechos Humanos, realizado por la Universidad Diego Portales (UDP)- algunos médicos, matronas y personal de la salud, obstaculizan que mujeres accedan a la esterilización mediante la ligadura de trompas o de manera farmacológica cuando deciden no tener más hijos o si su proyecto de vida no contempla la maternidad.

Así lo reveló el documento que fue elaborado a partir de entrevistas a profesionales de la salud, revisión de datos empíricos y jurisprudencia nacional e internacional.

"Son preocupantes los problemas que enfrentan las chilenas al solicitar este procedimiento, como por ejemplo, el déficit estructural en el servicio público (faltan anestesistas y horas de pabellón), las creencias de los médicos y matronas, y la falta de formación técnica y ética de los profesionales de la salud", dice la investigadora del estudio, Lidia Casas.

Plantea que "en diversas oportunidades son los médicos y matronas quienes niegan u obstaculizan el acceso al procedimiento porque existe la creencia en un sector de la comunidad médica y del personal de salud que ellos siempre están en mejores condiciones que la mujer para decidir. Piensan que las mujeres no son conscientes de sus decisiones, no creen verdaderamente en su autonomía reproductiva, y la decisión de esterilizarse es una de ellas. Esta debe ser libre, informa y voluntaria".

Recuerda que "a partir de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán (1968) es considerado un derecho humano básico determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos, lo que ha sido reafirmado en tratados internacionales".

Exigen permiso de la pareja

Casas -quien es abogada- detalla que otra barrera de acceso detectada en el estudio es que algunos médicos y matronas piden que la pareja o el esposo participe en la decisión: "Eso es violatorio de la dignidad de la mujer, porque impone el veto marital sobre la decisión femenina".

Entre 1975 y 2000 la esterilización en Chile exigía que la mujer contara con la autorización del esposo y tener un mínimo de tres hijos. "Esto cambió cuando Bachelet en su calidad de ministra de salud reconoció la autonomía de la mujer para tomar este tipo de decisiones, y que sólo en el sexo femenino descansaba la decisión de tener o no más hijos".

Actualmente, dice Casas, se plantea la posibilidad de promover la vasectomía (ligamentos de conductos en los hombres) como otra opción: "Aún hay un sector de chilenos que les cuesta entender que hay hombres y mujeres que no desean ser padres. Uno de los urólogos entrevistados decía quienes le solicitaban vasectomías eran varones de más de 30 años, bien informados, con buen nivel educacional y claridad de que no desean tener un hijo. Además, la vasectomía es una operación ambulatoria, que no demora 15 minutos y es menos invasiva y riesgosa que la ligadura de trompas".

Pero además, advierte la investigadora, hay un tercer factor que juega en contra de las mujeres: la falta de capacitación de las nuevas generaciones de profesionales de la salud en este tema. "Ginecoobstetras y matronas entrevistas nos comentaron con preocupación que han detectado grupos de profesionales que egresan de universidades de élite, que no sólo carecen de formación técnica, ya que no cuentan con conocimiento práctico de métodos anticonceptivos, sino también de formación ética, pues intentan imponer sus creencias a los pacientes y no tienen capacidad para ponerse en el lugar de otro".

En medio del paro iniciado hace dos semanas, tras el quiebre con el Gobierno en torno al reajuste salarial, la investigadora Karla Varas pone en perspectiva las malas prácticas al interior de los servicios públicos que han llevado a precarizar las condiciones laborales de los funcionarios, entre las que se cuentan el uso arbitrario y al alza de personal a contrata y a honorarios. Estos últimos, son los más perjudicados y con peores condiciones, ya que no gozan de ningún derecho, pese a realizar las mismas funciones que sus compañeros de planta. Una precarización de los derechos laborales a la que se suma una Constitución que prohíbe la negociación colectiva y el derecho a huelga para el sector público.

El estudio plantea que el derecho a la vivienda debiera ser reconocido constitucionalmente. Asimismo, aborda los derechos laborales del gremio, el escaso avance en la nueva institucionalidad de infancia y los derechos de las personas intersexuales.

Noticia publicada en Emol, 7 de noviembre de 2016.

 

SANTIAGO.- Considerando que 38.770 familias viven en 660 campamentos a lo largo del país, 11 mil más que en 2011 según cifras de TECHO-Chile, el informe anual sobre Derecho Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales abordó este problema en su última publicación.

En la XIV versión del informe, presentado esta mañana en la Facultad de Derecho UDP por la directora del Centro de Derechos Humanos del mismo plantel, Judith Schönsteiner, asegura que lo anterior "constituye una violación de una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile".

El informe describe que existe una "falta de una política estructural de vivienda, que pueda superar los obstáculos que le pone el mercado de suelos, y de datos actualizados sobre la situación en los campamentos". También apunta a la "ausencia de reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda". De hecho, el informe recomienda que se debe "garantizar constitucionalmente el derecho a una vivienda adecuada, así como el acceso a la justicia", así como "levantar información desagregada sobre la situación de los campamentos en Chile, y mantenerla actualizada", sumado al aumento "de los recursos destinados al término de los campamentos".

Diez son los capítulos que incluye este año la publicación, cuyo propósito es "informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DD.HH., aspectos conflictivos o silenciados de nuestra vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad". Uno de los capítulos se aborda el derecho de los grupos LGTBI "cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile". En ese contexto, se indica que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

Situación de menores

En materia de Infancia, el estudio critica la forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo, asegurando que la institucionalidad de la infancia en Chile es calificada como "una deuda impaga". Tras el análisis de los proyectos de ley presentados durante este año por el Ejecutivo, se concluye que "a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado". Entre otras medidas, se insta a que se apruebe con prontitud el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de derechos humanos, y que no se sujete el reconocimiento de éstos a la disponibilidad presupuestaria del Estado.

Otra capítulo se llama "Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos", el cual estudia la situación laboral de dichos trabajadores, en particular en materia de sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, recomendando que estos derechos sean consagrados constitucionalmente en forma universal (para públicos y privados), aunque "admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término".

El resto de las temáticas incluidas este año se refieren las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres, con y sin discapacidad psíquica o intelectual; pueblos indígenas, multiculturalidad y sistema educacional; garantías contra la expulsión para migrantes y por último, el capítulo sobre verdad, justicia y memoria por violaciones a los DD.HH. en tiempos de dictadura, único que se mantiene desde los inicios de la publicación.


INFORME DE DDHH EN CHILE UDP 2016:

 

ESTADO DE CHILE AL DEBE EN MATERIA DE INFANCIA, PERSONAS QUE VIVEN EN CAMPAMENTOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

 

Estudio plantea que derecho a la vivienda debiera ser reconocido constitucionalmente, y la necesidad de regular el mercado de suelos.

Otros temas que aborda son los derechos laborales de los funcionarios públicos, el escaso avance en la nueva institucionalidad de infancia  y los derechos de las personas Intersex.

Santiago, lunes 7 de noviembre. A pesar del crecimiento económico y la mejora general en los indicadores de desarrollo humano en Chile, los campamentos aumentaron entre 2011 y 2016, según el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2016. Las 38.770 familias (cerca de 11 mil más que en 2011 según cifras de TECHO-Chile), que habitan 660 campamentos a los largo lo largo del territorio nacional, se distribuyen mayoritariamente en Valparaíso, Antofagasta y Concepción, viviendo sin acceso a sin acceso a servicios básicos y a un medioambiente sano. Lo anterior “constituye una violación de una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile”, asevera el estudio, junto con denunciar “la falta de una política estructural de vivienda que pueda superar los obstáculos que le pone el mercado de suelos; la falta de datos actualizados sobre la situación en los campamentos, y, también, la ausencia de reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda”.

La XIV versión del Informe fue presentada hoy a la prensa en la Facultad de Derecho UDP por la directora del Centro de Derechos Humanos del mismo plantel, Judith Schönsteiner, y el editor general del mismo, Tomás Vial. Diez son los capítulos que incluye este año la publicación, cuyo propósito es “informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DDHH, aspectos conflictivos o silenciados de nuestra vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad”. Es el caso de los derechos de las personas intersex, uno de los grupos LGTBI cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile. Al respecto, se indica que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que  garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

En materia de Infancia, el estudio  -que viene siguiendo el tema hace años- es particularmente duro en relación a la  forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo, lo que  “ha provocado, estos últimos meses, con razón, escándalo y preocupación pública”.  La pendiente institucionalidad de la infancia en Chile es calificada como “una deuda impaga”, y tras el análisis de los proyectos de ley presentados durante este año por el Ejecutivo, se concluye que “a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado”. Entre otras medidas, se insta a que se apruebe con prontitud el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de derechos humanos, y que no se sujete el reconocimiento de éstos a la disponibilidad presupuestaria del Estado.

Otra investigación inédita que adquiere particular relevancia a la luz de la última negociación del reajuste al sector público es la que presenta el capítulo “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos”, el cual estudia la situación laboral de dichos trabajadores, en particular en materia de sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, recomendando que estos derechos  sean consagrados constitucionalmente en forma universal (para públicos y privados), aunque  “admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término”.

El resto de las temáticas incluidas este año se refieren las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres, con y sin discapacidad psíquica o intelectual; pueblos indígenas, multiculturalidad y sistema educacional; garantías contra la expulsión para migrantes y por último, el capítulo sobre verdad, justicia y memoria por violaciones a los DDHH en tiempos de dictadura, único que se mantiene desde los inicios de la publicación.

El lanzamiento oficial del Informe de DDHH 2016 se realizará mañana martes 8 de noviembre, a las 18.30 hrs., en el Aula Magna de la Facultad de Derecho UDP, en una acto encabezado por el decano Juan Enrique Vargas, luego de lo cual quedará a disposición pública en  el sitio web del Centro de Derechos Humanos UDP (www.derechoshumanos.udp.cl).

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Contacto de prensa:
Susana Kuncar/ Coordinadora de Comunicaciones Facultad de Derecho UDP
F: 22 676.2604/9-0236226/  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.