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La investigación de la periodista Tania Tamayo, revive el incendio que aquejó a la cárcel de San Miguel en 2010.

Iniciativa se destacó en Presentación del ‘Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Movilidad Humana

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y Leasur (Litigación Estructural para América del Sur), invitan a la presentación del libro Incendio en la Torre 5: las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar, de la periodista Tania Tamayo Grez. Tamayo es periodista y magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, como The Clinic, Paula, Rocinante y CIPER.

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César Pizarro

Director de la ONG 81 Razones por Luchar
Alicia Alonso
Directora de la ONG Leasur

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El Programa de Reformas Procesales y Litigación (PRPL) y el Centro de Derechos Humanos,ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, tienen el agrado de invitarle al coloquio titulado “Abusos Policiales en el marco de la intervención de la población La Legua de Emergencia”.

Este año 2016 se cumplen 15 años de la intervención policial en la población La Legua, por lo que se trata de un momento oportuno para analizar y discutir acerca de dicha política y sus consecuencias. En el presente coloquio se presentarán los resultados de una investigación realizada con el apoyo de la Embajada de Alemania en Chile, en el cual se examinaron los casos de abuso policial que han tenido lugar en el contexto de dicha intervención, desde sus inicios a la actualidad. Para lo anterior expondrán  los dos autores del reporte, quienes presentarán sus conclusiones y luego se dará pié a una  discusión entre los asistentes.

Los expositores serán:

Juan Pablo Delgado Díaz, abogado y Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego Portales. Actualmente es abogado del Programa de DD.HH del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y abogado ayudante de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público UDP.

Pascual Cortes Carrasco, abogado de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en el decanato de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios y es miembro del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Legua Emergencia.

El coloquio se realizará el próximo díajueves 15 de diciembre de 13:00 a 14:45 horas, en la sala de video conferencias de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, (República 112), y contará con un almuerzo liviano.

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Aproximadamente 2.000 personas fueron torturadas en Londres 38 entre octubre de 1973 y enero de 1975. En el edificio hay placas con los nombres de 98 asesinados y hechos desaparecer.

Gobierno, jesuitas y otros entes efectuaron operativo para resolver casos de hijos de foráneos nacidos en Chile y que eran apátridas.

Por primera vez en Chile y como resultado de un trabajo colaborativo e interinstitucional, las Clínicas Jurídicas de Migrantes de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, junto al Servicio Jesuita a Migrantes presentaron un reclamo de nacionalidad en representación de 161 niños y niñas nacidos en Chile a quienes se les había desconocido su derecho a la nacionalidad al momento de su nacimiento.

Según la Constitución Política de nuestro país, todas las personas nacidas en Chile deben ser reconocidas como chilenas. Sin embargo, durante casi dos décadas, y por una interpretación que fue más allá de la norma, se les desconoció este derecho al menos a 3.000 niños nacidos en el país, quienes fueron registrados como “hijo de extranjero transeúnte”. Esta vulneración expuso a los niños a numerosas violaciones a sus derechos fundamentales.

A partir del año 2014 el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) modificó el criterio de adquisición de la nacionalidad, reconociendo que el concepto de hijo de extranjero transeúnte se prestaba para una interpretación errónea, y fijó lineamientos claros respecto de las situaciones específicas y excepcionales en que un niño o niña, naciendo en territorio chileno, no adquiere la nacionalidad. Si bien se trata de una medida acertada por la que felicitamos a la autoridad, no debemos olvidar que hay miles de niños y niñas a quienes efectivamente se les desconoció su derecho a la nacionalidad por años, y el Estado ha adoptado pocas medidas para corregir la deuda histórica con estos niños.

Durante el año 2015, un equipo de investigación de las instituciones involucradas,  recorrieron distintas localidades de la región de Arica y Parinacota y de Tarapacá, y se contactaron con un grupo de padres cuyos niños y niñas seguían inscritos como “hijo de extranjero transeúnte”. En su mayoría, se trata de personas que viven en condiciones de pobreza extrema, que tienen poco acceso a la información, y que enfrentan a diario episodios de discriminación porque a sus hijos no se les reconocía el derecho a la nacionalidad desde el momento de su nacimiento.

El objetivo de esta reclamación judicial es por una parte poder resolver la situación de los niños representados en la acción, y por otra parte asegurar que el Estado cumpla con el deber de reparar que se hace exigible una vez que se comprueba que ha existido una violación a los derechos humanos, como es en este caso. No basta con el cambio del criterio administrativo, sino que es indispensable facilitar y promover la rectificación de todas las inscripciones  que desconocieron el derecho a la nacionalidad.

La publicación reúne artículos de académicos de distintas miradas y disciplinas del derecho.

I N V I T A C I Ó N

Juan Enrique Vargas, decano, y Judith Schönsteiner , directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, saludan e invitan al coloquio internacional “Empresas estatales y derechos humanos: conceptos de derecho internacional y experiencias prácticas”.

En debates sobre la responsabilidad en materia de derechos humanos ocurridos con posterioridad a la adopción de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en Naciones Unidas (2011), empresas privadas y otros actores invocan la función ejemplar de Estado, en cuanto a dar el ejemplo a través de sus empresas e ir un paso adelante en el respeto de los derechos humanos. Esta lógica fue recogida en los Principios Rectores y desarrollada en un informe del Grupo de Trabajo en 2016.

El presente  panel analizará el Informe sobre empresas estatales presentado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, desde la perspectiva académica y práctica.

PANEL
Dante Pesce
, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos
Ángel Rodrigo, catedrático de derecho internacional de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos, UDP
Patricio Chávez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, CODELCO
Cristina Orellana, Directora Ejecutiva, SEP (por confirmar)

Dante Pesce presentará el Informe, y comentará Ángel Rodrigo a partir de reflexiones y conceptos del derecho internacional público, especialmente ambiental; Judith Schönsteiner desde el ángulo del derecho internacional de los derechos humanos y consideraciones de la responsabilidad internacional del Estado; Patricio Chávez y Cristina Orellana (por confirmar) intervendrán desde la experiencia de empresas estatales chilenas en relación a los desafíos y oportunidades en la adopción de medidas en pos del respeto de los derechos humanos.

La actividad tendrá lugar el próximo lunes 12 de septiembrea las 18 horas, en el Auditorio, de la Facultad de Derecho UDP, República 105. Inscripciones en:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Este panel se organiza en el contexto del Proyecto Fondecyt No. 11150853“Responsabilidad internacional del Estado por acciones y omisiones de empresas estatales en materia de derechos humanos”.

Durante los días 27 y el 29 de septiembre se realizaron diversas actividades de intercambio con la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México “Alaíde Foppa” y la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, con el apoyo y coordinación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Elba Coria, Directora de la Clínica mexicana y Claudia Aceves, Asociada de protección del ACNUR Mexico (oficina de Tapachula), visitaron la facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales con el objeto de conocer el trabajo y funcionamiento de la Clínica de Migrantes y Refugiados, y a su vez, intercambiar buenas prácticas relacionads con el asesoramiento legal de personas solicitantes de asilo y refugiadas, así como asuntos de litigio estratégico en casos de migración, nacionalidad y apatridia. El intercambio permitió además conocer por parte de las colegas mexicanas el trabajo de coordinación que la Clínica chilena realiza con el Alto Comisionado de Naciones Unidas UR y la agencia socia de dicha entidad, FASIC.

En el marco de esta visita, Elba y Claudia compartieron una clase con los alumnos y las alumnas del curso electivo sobre derecho internacional de los refugiados de la Facultad de Derecho, en donde abordaron la situación humanitaria que afecta el triángulo norte de Centroamerica, y que actualmente genera el desplazamiento forzado de miles de personas a diario.

Este primer encuentro dará inicio a la realización de actividades conjuntas de investigación, coordinación y promoción de la enseñanaza clínica y protección de personas refugiadas.