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Desde el viernes 6 de octubre, treinta funcionarios y funcionarias del INDH participan de un proceso capacitación sobre la relación empresas y derechos humanos, dictado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP).

El Centro de Derechos Humanos de la UDP tiene el agrado de invitarlas e invitarlos el día 17 de octubre a las 18.00 hrs., al lanzamiento del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2017, en su versión décimoquinta.

El Informe es una investigación multidisciplinaria que revisa el estado de los derechos humanos en el país de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por Chile a este respecto. Este año contiene capítulos relativos al derecho humano al agua potable, a la situación y responsabilidades en el Sename, a los proyectos sobre niñez presentados en el Congreso, a los derechos de los pueblos indígenas y cuál es la política pública respecto a éstos, a las fallas en el control de la acción policial en el caso de la población La Legua, a cómo se incluyen (o no) los estudiantes migrantes en nuestro sistema escolar, a las carencias en relación al derecho al acceso a la justicia civil, al derecho a la privacidad y las cámaras de vigilancia en espacios públicos, y, finalmente, una evaluación de la protección de los derechos de las personas LGTBI en Chile.

La ceremonia de lanzamiento contará con la presencia de Marcelo Montero, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos UDP. El Informe será comentado por el abogado Luis Cordero y la periodista Mirna Schindler, y presentado por su Editor General Tomás Vial.

El lanzamiento será en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Av. República 105, Santiago Centro).

Entrada liberada, previa inscripción en: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales tienen el agrado de invitarles a un Conversatorio sobre Litigio Estratégico a realizarse este 27 de septiembre.

Columna de opinión de Francisca Vargas Rivas, publicada en La Tercera, 4 de septiembre de 2017.

 

El  pasado lunes  la Presidenta de la República firmó el nuevo proyecto de ley de migraciones, lo cual, por supuesto, es un gran avance en el sentido de que por primera vez se discutirá en serio una ley sobre esta tan importante y contingente temática.

La firma del proyecto, por sí sola, constituye un gran paso, pues era una deuda del Estado en su rol de garante del bien común y de los derechos de todas las personas, y una reiterada promesa del gobierno actual. Sin embargo, los dichos de la Presidenta en la ceremonia de firma del proyecto partieron sembrando dudas y cierto descontento en quienes trabajamos para y por las personas migrantes. “El camino por el que debemos transitar es el de los deberes y derechos claramente establecidos” señaló la mandataria, dando ya señales de que los derechos humanos no serían un primer foco. El resto de lo indicado por ella no pareció alejarse demasiado de aquello, pues procuró dejar en claro – quizás en pos de calmar las aprehensiones de quienes ven en las personas migrantes una amenaza – que todo lo que se hará será en busca del beneficio propio del país.

De la lectura del proyecto, podemos notar que la visión securitaria de las migraciones no queda fuera, partiendo del hecho de que el Comité de Política Migratoria no está compuesto por las carteras de Desarrollo Social, Salud o Educación. Por lo demás, aunque haya artículos que explícitamente señalen que se promueve la regularización migratoria y que la migración irregular no es por sí sola un delito – lo que es un magnífico avance -, estudiando el resto del cuerpo del proyecto, se puede observar que existen algunas trabas para lograr dichos objetivos. Es más, hay, incluso, algunos retrocesos respecto de las normas actuales y de las políticas públicas vigentes.

A este respecto, encontramos, al menos, cuatro cosas que saltan a la vista y que generan legítimas dudas.

En primer lugar, aunque aplaudimos la incorporación de un catálogo de derechos, no nos parece adecuado que algunos de ellos, como la salud y la seguridad social, estén supeditados a la obtención de un permiso de residencia, menos si tenemos en cuenta que hoy existen políticas intersectoriales que permiten el acceso a estas prestaciones independientemente de la situación migratoria de las personas. Las quejas y observaciones de la sociedad civil se enfocaban precisamente a la necesidad de incorporar estos avances administrativos en una nueva ley de migraciones. Asimismo, la idea de que la reunificación familiar pueda ser invocada sólo por personas con permiso vigente en el país es contradictoria con la Constitución y la vasta jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto.

En segundo término, no se vislumbra cómo las nuevas categorías de visas constituirían un avance para la gran cantidad de personas que vienen buscando nuevas oportunidades al país. Mucho se ha hablado de que con este nuevo proyecto de ley existiría la posibilidad, a través de una visa de visitante, de que las personas migrantes ingresen a Chile con la idea de buscar y conseguir un trabajo, pero el artículo que la consagra enumera a modo de ejemplo categorías que nada tienen que ver con esto. Si bien es cierto que la enumeración que hace el artículo pertinente del proyecto no es taxativa, el sentido de dicha norma se aleja de esta posibilidad y deja a discrecionalidad de la Administración la posibilidad de establecer un tipo de visa de las características que venimos mencionando. Si a lo anterior sumamos que se establece que por regla general las personas que ingresen como turistas no pueden cambiar su situación migratoria dentro del país, entonces estamos en un escenario que no es más ventajoso para las personas migrantes.

Un tercer punto es aquel que tiene que ver con la sanción de expulsión del territorio nacional, que es la sanción más gravosa dentro del ordenamiento jurídico migratorio. El nuevo proyecto de ley no contiene, a nuestro juicio, una presentación progresiva de las sanciones, y nuevamente se puede expulsar a las personas por ingreso clandestino o por permanecer en el territorio nacional sin renovar su permiso de residencia. Si la idea es promover la regularización migratoria, entonces la gradualidad de las sanciones es primordial. En relación con esto mismo, hay un asunto que puede parecer muy jurídico pero que en la práctica termina por determinar el ejercicio de los derechos de las personas, y es el debido proceso a la hora de enfrentar esta sanción. El proyecto de ley señala que existirá un debido proceso, pero no indica el cómo la persona podrá presentar sus alegaciones, ni los plazos que tendrá la administración para pronunciarse, sino que remite esta regulación a un reglamento. Nos parece que esto es fundamental y debiera estar consagrado explícitamente en la ley si se quieren respetar los tratados de derechos humanos ratificados por Chile.

Por último, pero no menos grave, el proyecto de ley no contiene norma alguna relativa a la condición de hijo de extranjero transeúnte. Casbe recordar que la interpretación de este concepto constitucional ha sido históricamente dada por la administración del Estado, y que fue la Corte Suprema la que dio los lineamientos para entenderlo desde la protección a los derechos humanos de las personas. Así, en 2014 la administración modificó, adecuadamente, su criterio, pero nada dice que un nuevo gobierno pueda hacer lo suyo cambiándolo, por ejemplo, en sentido contrario. Por lo tanto, al omitir este proyecto de ley un pronunciamiento al respecto, perpetúa la deuda existente y deja abierta la puerta para una regresión en esta materia.

Con todo, reiteramos que nos parece absolutamente positivo que se genere el esperado debate sobre las migraciones en el parlamento, pero consideramos que debemos mirarlo con distancia y agudeza para lograr que efectivamente transitemos desde el miedo, la xenofobia y el rechazo al fenómeno migratorio, hacia el entendimiento del mismo como el ejercicio de un derecho humano.

Profesores de la UDP y miembros del Centro de Derechos Humanos participarán en las charlas del ciclo de documentales chilenos “Derechos Humanos y Memoria”. La Biblioteca Nicanor Parra y el Centro de Derechos Humanos de la UDP ofrecerán al público cuatro destacados documentales nacionales que retratan diversas miradas de la dictadura militar en Chile.

El ciclo comienza el 31 de agosto con la exhibición del preestreno del documental “Color del Camaleón” del director Andrés Lübbert, quien comenta junto a Lidia Casas, directora y académica del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

El 5 de septiembre se mostrará el documental “Guerrero” de Sebastián Moreno, comenta el director junto a Jorge Mera, profesor de derecho penal de la UDP. El 12 de septiembre se exhibirá el documental “Botón de Nácar” de Patricio Guzmán, comenta Juan Pablo Delgado, ayudante litigante de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la UDP.

Por último, el 14 de septiembre se presentará el documental “Nostalgia de la luz” de Patricio Guzmán, comenta Tomás Vial, académico del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

La actividad comienza a las 19:00 horas, la entrada es liberada y se realizará en el auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago, Metro Los Héroes.

Entre el 7 y 8 de septiembre de 2017, el Programa de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales organizará los VII Coloquios de Derecho Internacional. Los abrirá con una presentación sobre el tema de la convocatoria, el profesor alemán Markus Krajewski, especialista en derecho internacional económico y derechos humanos, con una ponencia inaugural sobre la prohibición de discriminación y el trato equitativo – terminología, aspectos compartidos y tensiones (“The prohibition of discrimination and equitable treatment – terminology, commonalities and tensions”).

Markus Krajewski es doctor en derecho, y catedrático titular de derecho público y derecho internacional público en la Universidad de Erlangen-Nürnberg, Alemania. Estudió derecho, ciencia política y economía en la Universidad de Hamburgo y de Florida State University, Estados Unidos. Es uno de los directores de la Maestría Human Rights en la Universidad Erlangen, y vocero del Centro Interdisciplinario de Derechos Humanos Erlangen-Nürnberg. Además, ejerce como presidente del consejo del Instituto Alemán de Derechos Humanos. Funge como secretario general de la Asociación Alemana de Derecho Internacional.

Durante los dos días, se debatirán sentencias de tribunales internacionales e internos que hayan interpretado o aplicado el derecho internacional en materia de no-discriminación, en distintos ámbitos temáticos. Judith Schönsteiner, quien organiza los VII Coloquios, espera que “entre los participantes nacionales e internacionales podamos debatir sobre la las diferencias y similitudes en la conceptualización de la no-discriminación que aparecen a partir de la jurisprudencia. Deseamos que los Coloquios – tal como en años anteriores – sean un espacio de debate e intercambio sobre el derecho internacional, a partir de lo que es lo medular en su desarrollo: la jurisprudencia”.

El viernes 8 de septiembre, los Coloquios cierran con un Panel de debate sobre el uso del derecho internacional en la reciente decisión del Tribunal Constitucional de Chile en materia de despenalización del aborto.

Los Coloquios de Derecho Internacional nacen a partir de una primera reunión organizada el año 2010 por la Universidad Alberto Hurtado, y que se denominó “El Derecho Internacional que viene y su enseñanza”. Esta actividad académica convocó a un grupo de profesores de Derecho Internacional en la búsqueda de un nuevo espacio académico nacional e internacional destinado a la reflexión, discusión y difusión del derecho internacional público. Tanto profesores, ayudantes e investigadores pueden compartir sus trabajos y participar en un debate abierto a la comunidad jurídica, generando estas reuniones anuales denominadas Coloquios de Derecho Internacional, cuya VII convocatoria es la que en esta oportunidad celebraremos.

Inscripciones en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . La actividad se desarrollará en la sede de pregrado de la Facultad de Derecho, República 105.

Puede descargar el programa aquí.

El Observatorio Justicia Transicional pone a disposición el tercero informe en su serie de documentos-relatoría sobre desaparición forzada.  Resume paneles y un taller internacional realizado en mayo del 2017 con la participación de expertos chilenos e internacionales, sobre desafíos forenses, humanitarios y jurídicos en la recuperación e identificación de las y los desaparecidos.  Disponible aquí.
En las salas Penal y Constitucional

El Observatorio Justicia Transicional pone a disposicion dos nuevas publicaciones, producto de su trabajo tematico sobre desaparicion forzada.  Las publicaciones gráficas resumen las situaciones actuales en búsqueda e identificación de víctimas de desaparición  forzada o involuntaria en Chile y en Perú, y acompan los documentos de Relatoría sobre esas mismas situaciones ya publicadas por el Observatorio. 

Descarga gratis las publicaciones gráficas de Chile y de Perú aquí. 

Viernes, 07 Julio 2017 00:00

Refugiado podrá quedarse en Chile

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En el mundo hay más de 65 millones de personas que se han desplazado forzadamente. Más de 22 millones de estas personas son refugiadas, es decir, han escapado de sus países de origen debido a la guerra, la persecución o la violencia. En Chile, hay más de 5000 personas refugiadas y solicitantes de Asilo, una de las cuales es J.M.G.

J.M.G es un refugiado padre de una hija chilena de 10 años de edad. A través de Decreto de la Subsecretaria del Interior, el año 2012, se dictó orden de expulsión en su contra, a pesar de que él había huido de su país de origen Colombia amenazado por grupos paramilitares de Buenaventura, y haber sido reconocido en nuestro país junto a su familia como refugiado en el año 2009.

Si bien, contaba con dicha condición y a pesar de la especial protección del principio de no devolución y de excepcionalidad de la expulsión que rige para las personas refugiadas, J.M.G fue expulsado, luego de ser condenado como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y haber cumplido su condena de 3 años y 1 día, la que por cierto cumplió en libertad debido a que se le otorgó el beneficio de libertad vigilada. 

La orden de expulsión en contra de nuestro patrocinado vulneró diversas normas legales y garantías amparadas por nuestra Constitución y tratados internacionales, como las especiales garantías de protección de refugiados, el derecho a la protección de la familia y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es por esta razón, que luego de intentar dejar sin efecto dicho decreto por la vía administrativa, siendo la solicitud de revocación de orden de expulsión rechazada, decidimos presentar una acción de amparo.

El día 23 de junio de 2017, la Corte Suprema acogió el recurso presentado y revocó la sentencia apelada, tomando en consideración la falta de habitualidad en la conducta de J.M.G y sus circunstancias personales y familiares en relación al no cumplimiento de la proporcionalidad de dicha sanción. Asimismo, mencionó que no se habría revocado la condición de refugiado de nuestro patrocinado, por lo que entendemos que ello implica que él sigue protegido bajo este estatuto y todos los derechos y principios que el mismo significa.

Este fallo, que entendemos es el primero de este tipo, sienta un antecedente con respecto a la especial protección que deben tener las personas refugiadas en Chile. Estamos contentos y contentas porque J.M.G podrá seguir yendo a buscar a su hija al colegio sin temor a que se tendrá que ir del país. Estamos contentos y contentas porque un refugiado podrá quedarse en Chile. Agradecemos a la exalumna de la Clínica, Francisca González, y a la alumna Isidora Abarca, quienes trabajaron arduamente en las distintas etapas de este caso, y agradecemos también al equipo de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, pues el trabajo en equipo ayudó a este resultado. Hoy, nuevamente, estamos #ConLosRefugiados.