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En medio del paro iniciado hace dos semanas, tras el quiebre con el Gobierno en torno al reajuste salarial, la investigadora Karla Varas pone en perspectiva las malas prácticas al interior de los servicios públicos que han llevado a precarizar las condiciones laborales de los funcionarios, entre las que se cuentan el uso arbitrario y al alza de personal a contrata y a honorarios. Estos últimos, son los más perjudicados y con peores condiciones, ya que no gozan de ningún derecho, pese a realizar las mismas funciones que sus compañeros de planta. Una precarización de los derechos laborales a la que se suma una Constitución que prohíbe la negociación colectiva y el derecho a huelga para el sector público.

El estudio plantea que el derecho a la vivienda debiera ser reconocido constitucionalmente. Asimismo, aborda los derechos laborales del gremio, el escaso avance en la nueva institucionalidad de infancia y los derechos de las personas intersexuales.

Noticia publicada en Emol, 7 de noviembre de 2016.

 

SANTIAGO.- Considerando que 38.770 familias viven en 660 campamentos a lo largo del país, 11 mil más que en 2011 según cifras de TECHO-Chile, el informe anual sobre Derecho Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales abordó este problema en su última publicación.

En la XIV versión del informe, presentado esta mañana en la Facultad de Derecho UDP por la directora del Centro de Derechos Humanos del mismo plantel, Judith Schönsteiner, asegura que lo anterior "constituye una violación de una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile".

El informe describe que existe una "falta de una política estructural de vivienda, que pueda superar los obstáculos que le pone el mercado de suelos, y de datos actualizados sobre la situación en los campamentos". También apunta a la "ausencia de reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda". De hecho, el informe recomienda que se debe "garantizar constitucionalmente el derecho a una vivienda adecuada, así como el acceso a la justicia", así como "levantar información desagregada sobre la situación de los campamentos en Chile, y mantenerla actualizada", sumado al aumento "de los recursos destinados al término de los campamentos".

Diez son los capítulos que incluye este año la publicación, cuyo propósito es "informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DD.HH., aspectos conflictivos o silenciados de nuestra vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad". Uno de los capítulos se aborda el derecho de los grupos LGTBI "cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile". En ese contexto, se indica que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

Situación de menores

En materia de Infancia, el estudio critica la forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo, asegurando que la institucionalidad de la infancia en Chile es calificada como "una deuda impaga". Tras el análisis de los proyectos de ley presentados durante este año por el Ejecutivo, se concluye que "a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado". Entre otras medidas, se insta a que se apruebe con prontitud el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de derechos humanos, y que no se sujete el reconocimiento de éstos a la disponibilidad presupuestaria del Estado.

Otra capítulo se llama "Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos", el cual estudia la situación laboral de dichos trabajadores, en particular en materia de sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, recomendando que estos derechos sean consagrados constitucionalmente en forma universal (para públicos y privados), aunque "admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término".

El resto de las temáticas incluidas este año se refieren las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres, con y sin discapacidad psíquica o intelectual; pueblos indígenas, multiculturalidad y sistema educacional; garantías contra la expulsión para migrantes y por último, el capítulo sobre verdad, justicia y memoria por violaciones a los DD.HH. en tiempos de dictadura, único que se mantiene desde los inicios de la publicación.


INFORME DE DDHH EN CHILE UDP 2016:

 

ESTADO DE CHILE AL DEBE EN MATERIA DE INFANCIA, PERSONAS QUE VIVEN EN CAMPAMENTOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

 

Estudio plantea que derecho a la vivienda debiera ser reconocido constitucionalmente, y la necesidad de regular el mercado de suelos.

Otros temas que aborda son los derechos laborales de los funcionarios públicos, el escaso avance en la nueva institucionalidad de infancia  y los derechos de las personas Intersex.

Santiago, lunes 7 de noviembre. A pesar del crecimiento económico y la mejora general en los indicadores de desarrollo humano en Chile, los campamentos aumentaron entre 2011 y 2016, según el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2016. Las 38.770 familias (cerca de 11 mil más que en 2011 según cifras de TECHO-Chile), que habitan 660 campamentos a los largo lo largo del territorio nacional, se distribuyen mayoritariamente en Valparaíso, Antofagasta y Concepción, viviendo sin acceso a sin acceso a servicios básicos y a un medioambiente sano. Lo anterior “constituye una violación de una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile”, asevera el estudio, junto con denunciar “la falta de una política estructural de vivienda que pueda superar los obstáculos que le pone el mercado de suelos; la falta de datos actualizados sobre la situación en los campamentos, y, también, la ausencia de reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda”.

La XIV versión del Informe fue presentada hoy a la prensa en la Facultad de Derecho UDP por la directora del Centro de Derechos Humanos del mismo plantel, Judith Schönsteiner, y el editor general del mismo, Tomás Vial. Diez son los capítulos que incluye este año la publicación, cuyo propósito es “informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DDHH, aspectos conflictivos o silenciados de nuestra vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad”. Es el caso de los derechos de las personas intersex, uno de los grupos LGTBI cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile. Al respecto, se indica que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que  garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

En materia de Infancia, el estudio  -que viene siguiendo el tema hace años- es particularmente duro en relación a la  forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo, lo que  “ha provocado, estos últimos meses, con razón, escándalo y preocupación pública”.  La pendiente institucionalidad de la infancia en Chile es calificada como “una deuda impaga”, y tras el análisis de los proyectos de ley presentados durante este año por el Ejecutivo, se concluye que “a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado”. Entre otras medidas, se insta a que se apruebe con prontitud el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de derechos humanos, y que no se sujete el reconocimiento de éstos a la disponibilidad presupuestaria del Estado.

Otra investigación inédita que adquiere particular relevancia a la luz de la última negociación del reajuste al sector público es la que presenta el capítulo “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos”, el cual estudia la situación laboral de dichos trabajadores, en particular en materia de sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, recomendando que estos derechos  sean consagrados constitucionalmente en forma universal (para públicos y privados), aunque  “admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término”.

El resto de las temáticas incluidas este año se refieren las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres, con y sin discapacidad psíquica o intelectual; pueblos indígenas, multiculturalidad y sistema educacional; garantías contra la expulsión para migrantes y por último, el capítulo sobre verdad, justicia y memoria por violaciones a los DDHH en tiempos de dictadura, único que se mantiene desde los inicios de la publicación.

El lanzamiento oficial del Informe de DDHH 2016 se realizará mañana martes 8 de noviembre, a las 18.30 hrs., en el Aula Magna de la Facultad de Derecho UDP, en una acto encabezado por el decano Juan Enrique Vargas, luego de lo cual quedará a disposición pública en  el sitio web del Centro de Derechos Humanos UDP (www.derechoshumanos.udp.cl).

@ddhh_udp
#informeddhhudp

Contacto de prensa:
Susana Kuncar/ Coordinadora de Comunicaciones Facultad de Derecho UDP
F: 22 676.2604/9-0236226/  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Un destacado desempeño tuvo el equipo de la Universidad Diego Portales en el XXI Concurso Interamericano de Derechos Humanos de American University, al avanzar  hasta las semifinales del certamen, quedando entre los 20 mejores equipos sobre 101 de universidades participantes. Además, en el ranking individual de oradores, Macarena Contreras Soto obtuvo el segundo lugar y Camila Beltrán el sexto, entre los 202 estudiantes en competencia. En las rondas preliminares, por otra parte,  quedaron en el 2º lugar y el memorial escrito presentado fue calificado en el lugar 21º.

El Concurso se realiza anualmente en Washington D.C.y es uno de los más prestigiados a nivel mundial en su tipo. La versión 2016 se llevó a cabo entre el  domingo 22 y viernes 27 de mayo pasados y la UDP fue la única universidad chilena en competencia. También es una de las pocas que ha estado presente en todas las versiones y ha triunfado en dos oportunidades (1996 y 2010), y en el año 2014  la estudiante Consuelo Navarro obtuvo el premio a la mejor oradora en español y trilingüe, superando a 200 oradores.

Por lo mismo, la UDP tiene un prestigio ganado en el evento y representa una suerte de “garantía de calidad”, afirma Sylvana Mariangel, la coach que viajó con las competidoras. Tanto así, añade, que las audiencias en las que toma parte son consideradas como aquellas que “hay que ver”. De regreso a Santiago, el equipo completo - integrado por las alumnas y los entrenadores Consuelo Navarro, Sebastián Latorre y Sylvana Mariangel, todos ex participantes – fue recibido y felicitado por la directora del Centro de Derechos Humanos, Judith Schönsteiner y el por decano de la Facultad de Derecho, Juan Enrique Vargas.

El Concurso consiste en un juicio simulado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se desarrolla a través de audiencias orales. Previamente, cada equipo tiene que estudiar el caso desde el rol asignado y preparar un “Memorial” que se envía a fines de marzo. Este año  trató el tema "industrias extractivas y derechos humanos", bajo el caso hipotético de "Edmundo Camana Osorio y Familiares, Pueblos Pichicha y Orífuna contra el Estado de Santa Clara". Al equipo UDP le correspondió preparar y exponer la respuesta del Estado frente a la denuncia de las víctimas.

Intenso entrenamiento

Las competidoras se sometieron a un intenso entrenamiento de varios meses, que partió cuando ambas cursaron el electivo "preparación para concursos internacionales", durante el segundo semestre del año pasado, en el cual obtuvieron los dos mejores promedios de notas. Luego vino el trabajo específico para el Concurso, para lo cual contaron con la ayuda de los coach o entrenadores,  y de varios profesores de la Facultad de Derecho, como Mauricio Duce, Claudio Fuentes y Judith Schönsteiner,

El caso fue sumamente complejo, porque involucraba la vinculación de una empresa con violaciones de derechos humanos en un país vecino, y a un Estado que la había subsidiado. Además,  la empresa estaba acusada de tener relaciones con grupos paramilitares acusados del asesinato de dirigentes sindicales de la misma.  En los hechos, abarcaba no solo temas de derechos humanos, sino de extra territorialidad, derecho tributario, procesal, civil, derecho indígena y afroamericano, relatan Macarena y Camila: “Tuvimos que estudiar de todo y por eso fue tan importante la preparación”. Cabe mencionar que ésta  incluyó a profesores invitados con conocimientos específicos sobre determinadas materias.

Por otra parte, subraya Sylvana Mariangel, el proceso previo implica el desarrollo de habilidades blandas, como el trabajo en equipo y la comunicación oral. A través del mismo se produce también “un sentido de identidad muy fuerte con la Facultad”, señala, “no es casualidad que los entrenadores seamos ex participante, además de la experiencia tenemos la legitimidad para exigir lo mismo que nos fue exigido a nosotros en su momento”. En su caso específico, ello significó además quitarle tiempo a su trabajo profesional como abogada de una repartición pública en Valparaíso.

Junto al aprendizaje académico, ponerse la camiseta de la UDP y luchar por ella fue una vivencia potente para las estudiantes de Derecho. “Son este tipo de actividades las que hacen sentirse orgulloso de pertenecer a esta universidad, enfatiza Camila, por eso cree importante que la Universidad continúe apoyando éste y otros concursos internacionales.

Con el auspicio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la UDP  convoca a todos y todas a un Coloquio Compras Públicas. Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene como objetivo presentar y discutir los resultados del Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos que se refieran a las compras públicas. El estudio fue elaborado por la profesora Judith Schönsteiner y un equipo de la Facultad de Derecho de la UDP, por encargo de y con financiamiento del Instituto Danés de Derechos Humanos.

  

Programa:

Presentación del estudio, Judith Schönsteiner, Directora, Centro de Derechos Humanos UDP

Comentarios

Trinidad Inostroza, Directora, Chilecompra

Dante Pesce, Miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Preguntas y debate del público

La actividad se desarrollará el día 26 de junio, entre las 18.30 y 20.00 horas, en el Auditorio N° 1 del Edificio de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UDP, República 112. Inscripciones con Carmen Gloria Alvarez, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , o llamando al 2-2676-8806.

Para mayor información, consultar el siguiente enlace.

Entre los días 31 de mayo y 2 de junio se llevó a cabo un Taller de Capacitación sobre Nacionalidad y Apatridia para Organizaciones de la Sociedad Civil y Clínicas Legales de las Américas en la sede de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

El taller fue organizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y contó con el apoyo de la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia (Red ANA). Participaron 31 personas de diferentes países (Canadá, Estados Unidos, Bahamas, Mexico, Chile, Colombia, República Dominicana, Haití, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil) quienes se desempeñan como profesores de Clínicas Jurídicas o funcionarios de ONGs.

De acuerdo al Informe Anual de la Red ANA, la apatridia afecta a más de 200,000 personas en las Américas debido a las brechas existentes en las leyes de nacionalidad, la privación arbitraria de nacionalidad y los restrictivos procesos administrativos a los que las personas están sujetas. La carencia de una nacionalidad trae aparejada una serie de vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas, y obstaculiza el acceso y el goce efectivo de entre otros, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la identidad y a los derechos políticos. En Chile hay cerca de 3.000 niños y niñas a quienes se les ha desconocido su nacionalidad chilena, y el Estado es uno de los pocos de la región que aún no adhiere a ninguna de las dos Convenciones sobre Apatridia.

En el año 2015, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, la Clínica de Inmigrantes de la Universidad Alberto Hurtado y el Servicio Jesuita a Migrantes presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un reclamo de nacionalidad colectivo por la situación de 167 niños y niñas que residían en el norte del país en riesgo de apatridia. En el marco de dicha acción judicial, el gobierno reconoció la nacionalidad de dichos niños y niñas y se comprometió a adoptar medidas para reparar la situación de las otras personas a quienes se les había desconocido la nacionalidad y permanecen en situación de riesgo de apatridia.

A la fecha, aún siguen viviendo en Chile miles de niños sin nacionalidad en Chile quienes enfrentan obstáculos para acceder a sus derechos fundamentales. Junto a otras organizaciones nacionales y regionales y el INDH, desde el Centro de Derechos Humanos seguiremos abogando para que pronto no exista ningún niño sin nacionalidad en Chile.

Se le invita cordialmente a una presentación del Portal del Sistema Individual de Peticiones de la CIDH. La presentación tendrá lugar el día jueves 9 de junio de 4:30 p.m. a 6:30 p.m., en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Auditorio República 105, Santiago de Chile; en el marco del 158º Período Extraordinariode Sesiones de la CIDH.

Mediante la presentación del Portal, se demostrarán las ventajas y facilidades que podrán aprovechar los usuarios del Sistema Interamericano. Con esto se pretende atender el requerimiento de los actores del Sistema Interamericano de mejorar los mecanismos de acceso a la información en formato electrónico de las peticiones y casos, para los Estados, peticionarios y víctimas. Contribuyendo así a una mayor transparencia de los procedimientos y celeridad en el trámite de los mismos a través del uso de tecnología y herramientas automatizadas de gestión.

Este Portal forma parte del sistema integral de manejo de documentos de la Comisión sobre peticiones y solicitudes de medidas cautelares, y constituye una herramienta de transmisión de información. A través del Portal las partes podrán enviar comunicaciones y anexos, visualizar documentos emitidos por la Comisión y consultar sobre el estado de sus asuntos.

En caso de aceptar esta invitación, rogamos acreditar la participación por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

El taller se realizó a una veintena de funcionarios públicos ligados a municipios, poder judicial y corporaciones de asistencia judicial. A fines del año 2015, la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales a través del Centro de Derechos Humanos, firmó un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), para realizar un curso­taller sobre discapacidad y derechos humanos dirigido a funcionarios públicos y organizaciones que trabajan en la ayuda de personas que presentan algún tipo de habilidades especiales.

De acuerdo con el investigador del Centro de Derechos Humanos UDP, el abogado constitucional, Tomás Vial, este curso buscó profundizar conocimientos sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Público referido a las personas que padecen algún grado de discapacidad. Explicó que durante el desarrollo de estos talleres se pudo hacer un análisis de cómo las instituciones del sistema internacional de los derechos humanos resuelve las problemáticas asociadas a la discapacidad a partir de los mecanismos de protección nacionales e internacionales, haciendo además una revisión de la jurisprudencia comparada en temáticas relacionadas a la capacidad jurídica, derechos sexuales y reproductivos, entre otras.

Vial apuntó a que “el centro asume la política de la UDP de servir a la sociedad no sólo por medio de la enseñanza e investigación, sino que también fomentado su relación con las organizaciones sociales, los órganos del Estado y la sociedad en general. A su vez, estima que para el pleno respeto y protección de los derechos humanos es esencial tener funcionarios públicos con los conocimientos necesarios sobre estas respectivas temáticas”.

Durante el encuentro – que contó con la participación de más de 20 personas que provienen de diversos servicios u órganos públicos, tales como: municipalidades, poder judicial y la Corporación de Asistencia Judicial­ se discutieron diversas temáticas asociadas al derecho internacional de los Derechos Humanos, donde se incluyeron órganos, fuentes e interpretación; además de algunos temas relativos específicamente a la discapacidad con temas referentes a los derechos de la niñez y la capacidad jurídica.

Los talleres estuvieron a cargo de los investigadores de la Facultad de Derecho UDP: Ricardo Lillo, Judith Schönsteiner, Tomás Vial y Juan Pablo González. También participaron los representantes del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis): Christian Finsterbusch y Sebastián Pino; además de la colaboración del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sebastián Pino.

Según el profesor Vial, en esta capacitación se aplicó una metodología donde se impartieron clases magistrales que permitieron una activa participación de las y los alumnos a partir de la discusión de determinados casos.

Santiago de Chile, 26 de mayo de 2016

Sr. Heraldo Muñoz

Ministro de Relaciones Exteriores

Presente.

 

Estimado señor Ministro,

Los y las abajo firmantes somos abogados, abogadas, académicas y académicos interesados en temas de Derechos Humanos y queremos manifestarle nuestra enorme preocupación por la crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que de no solucionarse significaría una enorme disminución de sus capacidades para cumplir con sus múltiples tareas.

A las y los firmantes nos consta la importancia de la Comisión y en general del sistema interamericano de derechos humanos para el avance en Chile y en el continente de algunos de los temas clave de nuestra democratización, tales como la solución de las violaciones ocurridas durante la dictadura, el progreso de la libertad de expresión, el avance en los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas, así como los de los grupos de diversidad sexual, entre muchos otros.

La Comisión y el sistema no solo han sido fundamentales en relevar casos chilenos de gran importancia para la consolidación de nuestra democracia, sino que además ha ejercido su función de promoción mediante visitas in loco e informes temáticos y de país, que han contribuido indudablemente al avance de los derechos humanos en Chile.

Los costos de la Comisión no son significativos en relación con la importancia de su función. No solo resultan muy bajos si los comparamos con las instituciones nacionales que cumplen funciones en la misma área, como son el sistema judicial, los ministerios de áreas relacionadas o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que también lo son respecto de otras instituciones internacionales en las que Chile participa como son la Corte Penal Internacional, la OECD y otras.

La perdida de capacidades de la Comisión significaría para Chile un grave deterioro en su propio sistema institucional, un grave retroceso en la causa de los derechos humanos y un aumento de la vulnerabilidad de nuestra democracia y Estado de Derecho. Además, la falta de financiamiento a un órgano principal de la OEA, según su propia Carta, cuestionaría la legitimidad y salud de la organización como un todo.

Finalmente, ante indicaciones de varios países en la sesión del Consejo Permanente de esta semana de que la falta de financiamiento surgiría de una "falta de confianza", y criticando el organismo por falta de "equidistancia y ecuanimidad", como lo resumió el Embajador chileno, instamos que Chile retome de forma clara y decidida su liderazgo en la defensa de la Comisión ante el intento de debilitamiento de sus facultades, y especialmente, su independencia en la interpretación de los tratados que fundan su mandato.

Lo que hemos escuchado, vinculado con la falta de financiamiento, corresponde a una grave y preocupante amenaza a la independencia de la CIDH. Desde el retorno a la democracia, Chile ha defendido la labor independiente de la Comisión. Le pedimos asegurar que esto siga siendo así.

Por las razones expuestas le solicitamos que Chile lidere una iniciativa de las democracias latinoamericanas más consolidadas, destinada a conseguir a corto, mediano y largo plazo los fondos para financiar adecuadamente a la Comisión y a fortalecer al conjunto del sistema de Derechos Humanos que tantos servicios ha prestado a nuestro país y al continente.

 

Atentamente,

Cristián Riego, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

Dra. Judith Schönsteiner, Directora del Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales

 

Adhieren:

1. Lidia Casas, Universidad Diego Portales

2. Dr. Tomás Vial, Universidad Diego Portales

3. Delfina Lawson, Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales

4. Dra. Cecilia Medina Quiroga, doctora en derecho Universidad de Utrecht

5. Dra. Alejandra Zúñiga, Universidad de Valparaíso / Universidad Diego Portales

6. Dr. Luis Villavicencio Miranda, Universidad de Valparaíso

7. Dr. José Zalaquett, Ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

8. Juan Vargas, Decano de Derecho, Universidad Diego Portales

9. Pablo Soto, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

10. Domingo Lovera, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

11. Sergio Fuenzalida, Facultad de Derecho, Universidad Central

12. Ricardo Lillo, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

13. Leonor Etcheberry, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

14. Félix Aguirre, Instituto de Sociología, Universidad de Valparaíso

15. Antonio Glaría Bengoechea, Escuela de Ingeniería Civil Biomédica, Universidad de Valparaíso

16. Dr. Nicolás Espejo Yaksic, Kellogg College, Universidad de Oxford

17. Dr. Javier Couso, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

18. Mauricio Duce, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

19. Dr. Jaime Bassa Mercado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso. 

20. Dr. Cristián Delpiano, Facultad de Derecho, Universidad Católica del Norte

21. Dra. Paola Bolados García, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso

22. Macarena Vargas, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

23. Dr. Héctor Arancibia Martini, Universidad de Valparaíso.

24. Marcela Cubillos Poblete, Instituto de Historia y Ciencias sociales, Universidad de Valparaíso

25. Dr. Gastón Tagle Orellana, Universidad de Valparaíso

26. Dr. Manuel Antonio Nuñez, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso

27. Evelyn Farías Vargas, Universidad de Valparaíso

28. Dr. José Luis Guzmán Dalbora, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso.

29. Alejandra Mera, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

30. Juan Francisco Lobo, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

31. Sebastián del Pino, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

32. Dr. Jaime Couso, Director del Departamento de Derecho penal y procesal penal, Universidad Diego Portales

33. Pilar Muñoz, Facultad de Educación, Universidad Diego Portales

34. Katherine Becerra Valdivia, Escuela de Derecho Coquimbo, Universidad Católica del Norte

35. Dra. Verónica Undurraga, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibañez

36. Ximena Ceballos, Carrera Nutrición y Dietética, Universidad de Valparaíso

37. Dr. Claudio Nash, Facultad de Derecho, Universidad de Chile

38. Claudio Fuentes Maureira, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

39. Dr. Rodrigo Barcia Lehmann, Universidad Finis Terrae

40. Dra. Elisa Ansoleaga, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales

41. Verónica Munilla Espinoza, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibañez

42. Rodrigo Silva Montes, Universidad Miguel de Cervantes / Universidad Adolfo Ibáñez

43. Bernardo Busel, socio de Quintanilla & Busel Niedmann / Universidad Adolfo Ibáñez

44. Diego Morales López, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

45. Karla Varas Marchant, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

46. Dr Mario Párraga San Román, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso

47. Oscar Silva Álvarez, Magasich & Cía.

48. Jorge Osorio-Vargas, Escuela de Psicología, Universidad de Valparaíso

49. Catalina Novoa Muñoz, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

50. Dr. José Miguel Valdivia, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

51. Héctor A. Morales Zúñiga, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

52. Dra. Susana Espada Mallorquín, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

53. Eduardo Irribarra Sobarzo, economista

54. Mónica Peña Ochoa, Facultad Psicología, Universidad Diego Portales

55. Veronika Wegner A., Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

56. Dr. Carlos Pizarro, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

57. Eduardo Court, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.

58. Carolina Gutierrez, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

59. Felipe Caballero Brun, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

60. Marcelo Montero Iglesis, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

61. Marcelo Silva Ahumada, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales / Universidad San Sebastián

62. Juan Pablo González Jansana, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

63. Raúl Andrés San Martín Rodríguez, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

64. Alejandro Carcamo Righetti, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales / Pontificia Universidad Católica de Chile

65. Sylvana Mariangel Cavada, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

66. José Ignacio Escobar Opazo, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica

67. Javier Andrés Contreras Olivares, Abogado, Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

68. Joaquín Paillamanque Concha, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso

69. Dr. Rodrigo Bustos Bottai, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

70. Francisca Barrientos, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

71. Carlos Briceño, economista.

72. Dra. Rita Lages, Facultad de Derecho, Universidad de Chile

73. Dr. Enrique Letelier Loyola, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Antofagasta

74. Myrna Villegas Diaz. Directora (s) Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho, Universidad de Chile

75. Dra. Liliana Galdamez, Facultad de Derecho, Universidad de Talca

76. Dr. Kamel Cazor Aliste, Facultad de Derecho, Universidad Católica del Norte

77. Tamara Carrera Briceño, Abogada UDP

78. Dr. Lusitania Villablanca Cerda, abogada.

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