Centro de Derechos Humanos

Centro de Derechos Humanos

Puedes descargar en este enlace el libro "Los efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres", además de otras publicaciones anteriores del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

El libro consiste en dos completas investigaciones sobre casos de violación con resultado de embarazo y violencia sexual contra mujeres migrantes, realizadas por dos destacadas académicas: Lidia Casas, directora del centro de derechos humanos de la Universidad Diego Portales y, Francisca Vargas, directora de la clínica jurídica de migrantes y refugiados UDP.

Además, a continuación pueden revisar el video del lanzamiento del libro y una galería fotográfica del mismo:

 

 

 

*Entrevista publicada originalmente el 8 de Junio en sitio web del Observatorio Género y Equidad

Autora: Catalina Arenas


El miércoles 6 de junio, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales dio a conocer el estudio sobre “Los Efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres”. En él se analiza casos de violación con resultado de embarazo, a raíz de la tercera causal por la que se permite el aborto en Chile, y la violencia sexual contra las mujeres migrantes que cruzan parte del territorio de América Latina hasta Chile.

El análisis repara en una una cifra que continua siendo desoladora: la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o un tercero; una estadística que impacta si refiere a las mujeres en ruta migratoria y más si esa mujer es afrodescendiente.

Dentro del equipo que trabajó en el estudio están las abogadas de Derecho de la UDP Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos y especialista en temas de género; Andrea Aguilera, docente del pregrado y con experticia en temas del derecho privado y Francisca Vargas, especialista en migración y asilo además de directora de la Clínica Juridica de Migrantes y Refugiados de la misma universidad.

Para evitar la revictimización, y sin perjuicio de contar con el acceso directo a los relatos de las mujeres migrantes, las investigadoras prefirieron no incluirlos en el texto por un fin mayor: “No abrir puertas que después serían muy difíciles cerrar”. Así, sólo realizaron entrevistas en profundidad a personas y grupos que trabajaron con mujeres migrantes; una revisión documental de los casos vistos por la Clínica de la UDP y conversaron con profesionales de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial y estudiantes de la Clínica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado.



¿Qué tipo de violencia tiene más denuncias o se repite con mayor frecuencia en los testimonios?

“Mi primera respuesta es que el abuso es lo que comúnmente se registra en el trayecto. Pero cuando piensas que finalmente a las mujeres le cobran en sexo, por más que ellas accedan y exista una suerte de consentimiento, ese consentimiento igualmente está viciado”, advierte la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, Francisca Vargas. “Jurídicamente, me parece que no califica como una violación, sino más bien como un abuso sexual. Independientemente que sea la única forma que tiene para cruzar y de ‘el sí’, realmente no hay ninguna clase de voluntad en ese acto sexual”.

El estudio da cuenta que la violencia contra las mujeres es estructural, por ser mujeres y estar migrando, que es cotidiana y simbólica. Se trata de una violencia sexualizada porque recae en el cuerpo de las mujeres, comentarios e insinuaciones que comprenden a las mujeres como un objeto sexual. Los relatos evidencian que en la migración femenina persiste esa violencia sexualizada que se manifiesta en el uso discriminatorio y violento del lenguaje con intención permanente de denostar a la mujer.

Mujeres trueque y moneda de cambio

Respecto a los estereotipos que se desprenden de este tipo de violencia y se instalan en el inconsciente colectivo, para Francisca Vargas un reflejo es la que se manifiesta en contra de la “mujer afrodescendiente colombiana o dominicana, se las identifica como una persona que viene derechamente a ejercer el comercio sexual”. Así explica que existe una constante hipersexualización “en el fondo de sus cuerpos negros”. Según su experiencia en el desarrollo de la investigación, a través de los estereotipos de género y prejuicios, “ellas terminan asumiendo que el comercio sexual es la única posibilidad que les dan para subsistir, por tanto, estiman que vienen a ejercerlo casi inevitablemente”.

Si bien las causas de la migración son diversas en cuanto a la nacionalidad de las mujeres, el estudio evidencia ciertas particularidades. Desde Bolivia históricamente la migración es transfronteriza y de carácter económica. No obstante, las mujeres igualmente salen de su país de origen escapando de la violencia sexual (de situaciones que son delitos). Más hacia el norte, las mujeres colombianas relatan que dejan su país huyendo de la violencia estructural del conflicto armado y la violencia sexual que se ejerce en su contra, pero que siguen recibiendo en el traslado y país receptor. Las informaciones sistematizadas y sus relatos, dan cuenta de cómo el ingreso a Chile se logra a cambio de “prestaciones sexuales” requeridas –por ejemplo – por la policia boliviana.

Respecto a las mujeres que migran desde República Dominicana, un grupo reconoce que se alejan de su país por razones económicas, pero también por la violencia sexual o física que soportan de parte de sus parejas y exparejas agresoras. En la ruta migratoria, la violencia sexual persiste al interior de los buses; choferes y auxiliares abusan sexualmente de ellas como “moneda de cambio” por el servicio de traslado e ingreso a Chile.

Largas distancias e irregularidad migratoria como factores de riesgo

El trayecto migratorio no inicia una vez que la mujer u hombre pisa suelo fronterizo, sino que cuando esa persona decide, por distintas razones -coaccionadas o no- abandonar su país natal o de residencia. La investigación advierte que en Chile “y sus fronteras en general, son una especie de ‘tierra de nadie’ y que la violencia sexual en contra de las mujeres migrantes en el trayecto migratorio también lo es. Se concluye que mientras más largo es el recorrido y mayor la irregularidad migratoria, aumenta proporcionalmente el riesgo a que las mujeres sufran violencia sexual.

Por lo mismo, las investigadoras deducen que hay mujeres migrantes que están más propensas a sufrir violencia sexual. Entre República Dominicana y Chile resta una distancia de más de 6.000 km y en ese país existe irregularidad migratoria. La Clínica Jurídica de Migrantes UDP cuenta con al menos 26 casos de mujeres dominicanas que pidieron asilo en Chile como una forma de huir de la violencia que ejercían sus parejas. La exigencia de visas para ingresar, nuevamente las expone a situaciones de violencia sexual por parte de traficantes de personas (coyotes), las policías y parejas del país de origen o traslado. Es decir, los obstáculos de ingreso al país receptor son una puerta de entrada a mayores niveles de violencia. 

 


Violencia sexual en tierra de nadie

Principalmente son dos grandes trabas que existen en Chile y que afectan particularmente a las mujeres migrantes. Primero, las personas que las reciben y atienden no saben qué hacer exactamente cuándo se enfrentan a un acto de abuso de connotación sexual. La mayoría de las personas entrevistadas admite que “sin bien conocen las funciones específicas de la institución en la que trabajan, estas trasladan la violencia sexual del foco del caso que reciben y utilizan las herramientas para brindarle apoyo a las mujeres”. Vale destacar que hay excepciones que fueron mencionadas en la investigación y que existen establecimientos en Chile (particularmente en la sociedad civil) que cuentan con algún tipo de protocolo o programa instruido para llevar adelante esa denuncia correctamente.

Segundo, cuando las mujeres migrantes además perciben que el problema principal no es la violencia sexual sino regularizar su situación o solicitar asilo, por lo general, buscan asesoría jurídica migratoria en ese tema y silencian el otro (la violencia sexual). “Por lo mismo, y lamentablemente, quienes reciben sus consultas no les hacen las preguntas que corresponden y cuando sale el tema no saben bien qué hacer, no tienen herramientas para enfrentarse a la violencia sexual y queda relegada a las sombras, en la tierra de nadie”, explica Francisca Vargas.

Con la información recopilada en el estudio y la que se describe a través de los relatos de las mujeres; “con todo y a la luz de la información oficial y no oficial respecto de la violencia sexual contra las mujeres migrantes con que cuentan diversos actores estatales y las organizaciones”, las investigadoras no logran explicar por qué continúa ocurriendo y por qué – además – se sigue invisibilizando. En las instituciones involucradas en el proceso migratorio, no hay conciencia de la violencia a la que están expuestas las mujeres.

Los pasos que debería seguir cualquier institución que vele por la inclusión y seguridad de las personas migrantes son la aceptación, posibles mecanismos de reparación y, finalmente, la derivación. En otras palabras, primero entender que la violencia sexualizada y sexual en contra mujeres migrantes pasa por el solo hecho de migrar y moverse de un lado a otro; hacer las preguntas pertinentes y consultar a los centros de atención a víctimas de violencia sexual o de violencia contra las mujeres.

En ese sentido, Francisca Vargas advierte del peligro de la desinformación. “En un primer momento se les dijo a quienes entrevistamos (profesionales y grupos de profesionales) que si la violencia sexual no ocurría en Chile, la mujer afectada no podía acceder a los programas de atención a víctimas. Pero, de ser así ¿qué pasa con la mujer que sufre violencia sexual por un ‘coyote’?”.La abogada explica que existen medidas legales que se podrían tomar en caso de ocurrir un hecho de violencia sexual por parte del sujeto masculino que se encarga de trasladar a las mujeres migrantes de un lado a otro de manera ilegal. No obstante, la causa queda diluida por el delito que significa migrar “de manera irregular”, es decir, si es por trata de personas para su explotación sexual o tráfico de personas. “No es seguro que exista una condena por una denuncia de una mujer que entró por tráfico de personas y sufrió una situación de violencia sexual”.

Bajo estas condiciones, cuando se quiere dar marcha a la reparación de las víctimas, la puerta ya está cerrada porque la violencia sexual no se aborda cuando el ‘coyote’ abusa o cobra en sexo el traslado de las mujeres. No se la considera como una vulneración grave de derechos. Sin embargo, existiría una posibilidad de contención y protección en manos de clínicas jurídicas u otras organziaciones de la sociedad civil. Estas – repara Francisca Vargas –  constituyen “una medida parche porque no puede ser que nazca desde las universidades. Esto debería ser, a mi juicio, una cuestión de Estado”, emplaza y agrega “el Estado debiese tomarse muy en serio la violencia sexual en contra de las mujeres en general, por su gravedad”.

Disidencias sexuales y los peligros en ruta migratoria

Desde su experiencia profesional en la Clínica, Francisca Vargas asegura que hay un riesgo para las personas de la comunidad LGTBIQ+. “Tengo la sensación que el hecho de ser hombre te protege, independiente si eres un hombre gay, luego si ya es una persona trans la problemática va cambiando y si eres mujer lesbiana, por el hecho de ser mujer sufres los mismos riesgos”. No obstante, no hay estadísticas al respecto que se desprenda de esta investigación. Este problema no se menciona en las entrevistas ni está registrado en los documentos revisados.

Con o sin cifras, actualmente existen casos abiertos: “Conocemos dos o tres testimonios en la Clínica de mujeres lesbianas que precisamente han venido a Chile por la violencia sexual y persecución que han sufrido en su país de origen por ser lesbiana”, relata Vargas. “Particularmente desde Colombia, tenemos el caso de dos hombres gays que escaparon de Rusia y República Dominicana también por persecución. Lamentablemente, con personas trans no hemos tenido tanta experiencia porque no han llegado sus situaciones a la Clínica”.

La violencia sexual y sexualizada afecta de manera desproporcionada a las mujeres que migran. Es causa y efecto: salen de sus países huyendo de ella y la vuelven a enfrentar en la ruta y país receptor.  Según la CEPAL el 50,1% de las migraciones en la región es femenina; la encuesta CASEN de 2015 da cuenta que el 51,6 % de las personas migrantes que residen en Chile son mujeres. Por eso, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP hace un llamado a hacer visible esta perspectiva de género al abordar la migración en país, también llaman a quienes se interesen y requieran asesoría para ser acogidos con la sensibilidad pertinente que merecen.

 

Marcelo Montero, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos UDP, tienen el agrado de invitar cordialmente al seminario y lanzamiento de una publicación acerca de los efectos de la violencia sexual sobre mujeres y niñas. Más información en la siguiente imagen:

DDHH Mailing

Marcelo Montero, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos UDP, tienen el agrado de invitar cordialmente al seminario y lanzamiento de una publicación acerca de los efectos de la violencia sexual sobre mujeres y niñas. Más información en la siguiente imagen:

Estimadas y estimados colegas

Nos complace dejar a su disposición el boletín informativo número 45 del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, que cubre noticias en justicia, verdad, reparaciones y memoria en Chile y la región durante los meses de enero y febrero de 2018.

Entre las noticias principales de dicho periodo se destaca el importante fallo de la CSJ en materia de indemnización (reparación por vía jurídica) en el caso de la demanda interpuesta por la sobreviviente Sra. Luisa Lara Reyes, en ejercicio de sus derechos a verdad, justicia y reparación. Además, la preocupante continuación y acentuación de la preocupante tendencia de utilizar al Tribunal Constitucional como un espacio para impedir, ralentizar, o cuestionar la labor de la CSJ en materia de causas DDHH. Ambos hitos son analizados en nuestro Boletín por columnistas/ investigadores invitados, con conocimiento cercano de los referidos hechos (ver secciones A2 y A3 del Boletín, así como documentos adjuntos sobre el Tribunal Constitucional).

Ciertamente el periodo fue marcado también por los recambios de autoridades, ministeriales y otros, producido por la toma de posesión del gobierno presidido por Sebastián Piñera. Las implicancias más inmediatas de aquello en materia de justicia transicional serán material de nuestra próxima edición, número 46, cubriendo marzo y abril. Sin embargo es menester señalar que en relación a tendencias generales en materia de justicia, los dichos del nuevo Ministro de Justicia Hernán Larraín – largamente asociado con la secta Colonia Dignidad – en aras de que los jueces chilenos serian ‘de izquierda’, y sus tareas incluirían revertir este supuesto sesgo, suscitaron una temprana polémica y el enérgico rechazo del Ministro Milton Juica, vocero de la CSJ.

Más recientemente, el 14 de abril de 2018, un memorial en la ciudad porteña chilena de Valparaíso que recuerda y homenajea a centenares de activistas sociales, opositores políticos, estudiantes y obreros asesinados o hechos desaparecer por la dictadura cívico-militar, fue atacado por personas desconocidas, quienes inscribieron la leyenda ‘VIVA PINOCHET’ por sobre los nombres conmemorados. En los días siguientes, más de 60 representantes de organizaciones sociales, de familiares, de ex presas y presos políticos, y de defensa de los DDHH se concentraron para repudiar el hecho, recuperar el memorial, y enviar un fuerte mensaje de condena a quienes intentan de esta manera enlodar la memoria de las personas reprimidas por la dictadura y ensalzar al fallecido ex dictador.

El hecho, que ha sido denunciado ante las autoridades policiales y fiscales correspondientes, es uno más en una secuencia de ataques de vandalismo que ha afectado a varios de las decenas de iniciativas de memoria que sobrevivientes, familiares y defensores de DDHH han logrado edificar a lo largo del país. También ocurre en un contexto reciente y creciente de negacionismo, revisionismo y falsificación de la historia reciente. Bajo el nuevo gobierno entrante correspondería configurarse un plan de manejo y cuidado de sitios de memoria, como parte de un necesario esfuerzo serio y permanente de parte del Estado chileno de garantizar a toda la sociedad, los derechos a verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición.

Equipo Observatorio de Justicia Transicional

Archivos:

Boletín N°45
Informe de Antecedentes Causas DDHH en Tribunal Constitucional
Anexo 1. Causas sobre Crímenes de Lesa Humanidad ante el Tribunal Constitucional

Acerca del anuncio en materias de migraciones que presentó este lunes el Gobierno de Sebastián Piñera, las organizaciones migrantes y pro migrantes hacemos presente nuestra profunda preocupación por tanto el contenido, la forma y los tiempos con que se están tratando estos cambios en la normativa migratoria.

Valoramos la creación de un Servicio Nacional de Migración, con facultad de ejecutar la política migratoria; el proceso de regularización extraordinario que se efectuará en los próximos meses, que se garantice el acceso al derecho de salud, educación y derechos laborales sin discriminar por situación migratoria y que se amplíen los Ministerios participantes en el Consejo de Política Migratoria, aunque nos sorprende la ausencia del Ministerio del Trabajo.

Junto a lo anterior, existen 7 puntos claves los que nos generan preocupación del anuncio presentado ayer:

1.- Nos parece arbitrario que el acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, sólo puedan ejercerse luego de dos años de residencia en el país.

2.- Más que expulsiones expeditas necesitamos que se cumpla el debido proceso. Un Estado no puede desentenderse de esto. Al mencionar una reconducción inmediata de la persona migrante, nos preguntamos qué va a suceder, por ejemplo, con las víctimas de tráfico que ingresan por pasos no habilitados.

3.- En dos semanas se va a eliminar la visa temporaria por motivos laborales. Actualmente cerca del 70% de las solicitudes de visa son bajo este formato, mostrando una nueva realidad en el flujo migratorio. Creemos que la premura en esta medida no contribuye al objetivo de una migración segura, ordenada y regular, ya que no genera un proceso oportuno de información.

4.- La imposición de visas consulares solo genera un flujo más inseguro y nuevas vías de ingreso irregular al territorio. El 2012 se impuso la visa consular a ciudadanos de RepúblicaDominicana y generó el aumento en un 4550% (2012 - 2016) en ingresos por pasos no habilitados de estas personas, generando un incentivo para las redes de tráfico.

5.- Desaprobamos la idea de establecer la prohibición de cambio de estatus migratorio de una persona migrante dentro del territorio nacional, y la obligación de solicitar permisos de residencia desde un consulado chileno en el país de origen de la persona.Sin comprender que los proyectos migratorios pueden modificarse, olvidando una mirada integral de la movilidad humana.

6- Nos preocupa el claro sesgo existente frente a las personas provenientes de Haití. Cuando son la sexta nacionalidad de extranjeros con mayor presencia en Chile y los ingresos son menores que los ciudadanos venezolanos. ¿Por qué se establece sólo para ellos un visado consular? ¿Qué se espera de esta medida?

7.- En el caso de las visas humanitarias éstas debieran entregarse justamente por razones humanitarias y no por nacionalidad.

Rechazamos profundamente la mirada utilitarista y economicista que manifiesta el Estado en relación a la migración. Enfatizamos que la migración es una cuestión de derechos humanos y no un fenómeno que se controla de acuerdo a las necesidades o intereses de un Estado.

Uno de los grandes errores de los dos proyectos anteriores fue no generar un proceso participativo previo con las organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales, que trabajan día a día con las personas migrantes. Lamentamos nuevamente la nula participación de la sociedad civil en este proceso. Las organizaciones migrantes seguiremos trabajando por una migración con enfoque de derechos y estamos abiertos a dialogar para generar una mejor política migratoria. Creemos profundamente en que todos merecemos la misma dignidad no por nuestra nacionalidad, sino por ser humanos.

Convocan:


Servicio Jesuita a Migrantes
Movimiento de Acción Migrante
Eduardo Thayer - Académico Universidad Central
Carolina Stefoni - Académica, Directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios
(PRIEM), Universidad Alberto Hurtado.
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado
Fundación Superación de la Pobreza
Mesa por una Educación Intercultural
Coordinadora Nacional de Inmigrantes
Revista Sur
Observatorio Ciudadano
Sara Joiko – Académica, Estudiante de Doctorado, UCL Institute of Education
Leonora Beniscelli – Académica/ Colectivo Trama
Fernanda Stang – Académica Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM),
Universidad Alberto Hurtado.

Estimadas y estimados colegas,

Dejamos a su disposición el boletín informativo número 44 del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, que cubre noticias en justicia, verdad, reparaciones y memoria en Chile y la región durante los meses de noviembre y diciembre de 2017.

Nuestro boletín se publica en un momento desalentador a nivel regional. El reciente indulto al ex mandatario autoritaria peruano Alberto Fujimori, aduciendo supuestos motivos ‘humanitarios’, ha sido duramente criticado por múltiples autoridades, entre ellas la Comisión Interamericana de DDHH, CIDH,  quienes lo consideran sintomático de esfuerzos para volver a instalar la impunidad tan largamente combatida por familiares de las masacres de La Cantuta, Barrios Altos, y etc.

El panorama nacional tampoco es prometedor. En el plano jurídico, abogados defensores de perpetradores condenados se refugian cada vez más en la invocación de absurdos e improcedentes argumentos ante el Tribunal Constitucional, buscando descarrilar o simplemente dilatar el cumplimiento de parte de sus defendidos de las penas que les han sido legítimamente impuestas por tribunales y ratificadas por la Corte Suprema. Ad portas del traspaso de gobierno que tomara lugar en marzo del 2018, se vive además una sensación de crisis en diversos organismos relacionados con los DDHH, desde el Instituto Nacional INDH, a la Unidad Programa de DDHH. Esta última instancia, lo más parecido en Chile a una oficina dedicada a asuntos de justicia transicional, ha vivido momentos de tensión interna desde su traspaso a la nueva Subsecretaria de DDHH del Ministerio de Justicia y DDHH, culminando a fines de enero de 2018 con la publicación por parte de su equipo jurídico de una comunicación pública alegando maltrato laboral y caratulando como “desmantelamiento” el reciente despido de varios profesionales de larga trayectoria.

Las pretensiones y promesas de que la Unidad asumiría responsabilidades adicionales, promoviendo los derechos a justicia de las y los sobrevivientes de prisión política y tortura, parecen sepultarse con esa noticia, sumado a lo informado por el Comando Unitario de ex presos políticos, quienes reportan una reunión el día 30 de diciembre con representantes de la mencionada Subsecretaria, y de los ministerios de Hacienda e Interior.  La reunión trataba las mismas materias largamente bajo negociación entre el Comando y el Estado, respecto de las legítimas reivindicaciones de sobrevivientes en las áreas de verdad, justicia, y reparaciones. Estas reivindicaciones han motivado huelgas de hambre y otras manifestaciones remontándose al menos a 2015.  En 2016 se configuro una instancia de dialogo, que supuestamente resolvería un petitorio de diez puntos pendientes desde una instancia anterior, una Mesa de alto nivel, que también concluyo sin una resolución satisfactoria (ver Boletines anteriores y los Informes anuales de DDHH de la UDP de 2016 y 2017).

La reunión más reciente pretendía dar por concluida también esta segunda instancia de dialogo, no obstante haberse ´resuelto´, según un informe emitido por el Comando, solamente medidas parciales en relación a apenas dos o tres de los diez temas en pauta.  Las soluciones ofrecidas consisten además en promesas de legislar, o de actuar administrativamente, que en los hechos recaerán sobre la administración entrante, por cuanto su cumplimiento está lejos de garantizarse. De los nueve temas informados por el Comando, se señala que en materia de verdad, el destino del `secreto Valech` dependerá de un proyecto ley actualmente en su segundo trámite – y que ha estado durmiendo en comisión senatorial desde octubre 2017 - mientras que una instancia de reconsideración para quienes dieron testimonio ante la segunda iteración (en 2011) de la Comisión Valech sin ser reconocidos por ella, tendrá que esperar a ver si el gobierno entrante acepte firmar el decreto necesario para su puesto en marcha.  Respecto a la instancia de calificación permanente largamente exigida por este Observatorio y por las y los sobrevivientes, no se informa ningún avance.  En relación al derecho a la justicia, tampoco hay novedad sobre la promesa de extender a las y los sobrevivientes apoyo jurídico y social homologable al apoyo que el equipo jurídico y el equipo de área social de la Unidad Programa en el pasado han brindado a las y los familiares de víctimas ausentes. Ello a pesar de que se había prometido, tal y como informamos en el Informe Anual UDP 2017, que la Unidad Programa empezaría a hacerse cargo parcialmente del derecho a la justicia, utilizando la modalidad de denuncia del crimen de tortura sobrevivida.

En relación a un grupo de reivindicaciones que podrían considerarse tocantes a reparación, en las que figuran por ejemplo mejoras al sistema de salud PRAIS, fin de la obligación de escoger entre pensiones Valech y de exoneración, y homologación de pensiones entre categorías de sobrevivientes y cónyuges de ambos sexos, solo se informa que ´se enviara´ un proyecto ley que, de aprobarse, ofrecería un bono de una única vez, pagado en cuotas, cuyo valor no excedería los 3 millones de pesos para titulares y 1,8 millones para cónyuges cuando él o la titular haya fallecido (situación que, según investigaciones del propio Comando, afecta hasta la cuarta parte de las y los sobrevivientes alguna vez calificadas por las Comisiones Valech). 

Tal punto – es decir, la propuesta de una ‘bonificación´ -  es el único tema mencionado en la Acta gubernamental procedente de dicha reunión, la cual se titula “Acta de Cierre”, hace referencia a los “permanentes esfuerzos” que el gobierno habría hecho en verdad, justicia, y reparación, pero se limita a señalar que “se ingresara” un proyecto de ley en el sentido mencionado. Cabe enfatizar que la suerte de dicho proyecto ley, si fuera a materializarse, dependería enteramente del poder ejecutivo y legislativo de marzo 2018 en adelante, por cuanto en absoluto se podría dar por confirmado su materialización. Aun si fuera concretada, está lejos de representar la respuesta integra y coherente, reconocedor de la dignidad y los derechos de las y los sobrevivientes, que estos siempre han exigido y que las normas y buenas prácticas internacionales señalan como necesarias. Consultadas al respecto, las actuales autoridades de la Subsecretaria y de la Unidad Programa, nos indicaron que se seguía trabajando sobre la materia: una solicitud de mayor detalle no había recibido respuesta aun al cierre de la presente edición.

Queda de manifiesto que la enorme deuda moral que el país mantiene para con quienes sobrevivieron los peores vejámenes a manos del Estado se mantiene e incluso se aumenta, cuando se considera el trato dilatorio, negligente y a veces francamente dañino, que estos hayan vivido de parte de un Estado que, en derecho y en deber moral, debe responder ante sus legítimas pretensiones. Solo resta redoblar los esfuerzos en hacer presente ante la nueva administración la continua vigencia de estas deudas y responsabilidades, a través de todos los canales internos y externos que se disponen para tales efectos, entre ellos, una denuncia actualmente en curso ante la Comisión Interamericana de los DDHH al respecto.

Lamentamos no poder despedirnos, ni despedir al 2017, con noticias más alentadoras; no obstante, como siempre les agradecemos su atención a nuestro trabajo así como sus esfuerzos y labores a favor de la justicia. Esperamos que quienes toman un merecido descanso durante el mes de febrero, retornaran refrescados para los múltiples desafíos con que este año 2018 seguramente nos seguirá confrontando.

Saludos cordiales

Equipo Observatorio Justicia Transicional

Universidad Diego Portales

 

Descarga el nuevo Boletín Nº44 en el siguiente enlace.

 

 

 

La UDP realizó un estudio sobre la violencia sexual a extranjeras en su trayecto migratorio hacia Chile. Informe contiene relatos que involucran a extranjeras que pagarían con sexo para ingresar al país.

Con éxito se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Clínicas Jurídicas para apoyo legal a personas solicitantes de asilo y refugiadas en Chile, organizado por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el pasado martes 12 y miércoles 13 de Diciembre del 2017. 

Al evento asistieron además representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y de las Clínicas Jurídicas de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Universidad de Concepción, Universidad Católica de Temuco y  Universidad Alberto Hurtado. Asimismo, se contó con la asistencia Aurelia Balcells, Jefa de la Sección de Refugio y reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración.

El objetivo de este encuentro se enfocó en establecer una instancia de diálogo entre quienes día a día asesoran o representan legalmente a las personas solicitantes de asilo y refugiadas en nuestro país. De esta forma, hubo primero una capacitación sobre la materia a cargo de Rébecca Steward, oficial de protección senior del ACNUR, y posteriormente se dieron distintas instancias en donde cada una de las personas participantes tuvo espacio para compartir sus experiencias en la materia y dar a conocer los desafíos existentes y la forma en cómo se han superado otros a los cuales se han visto enfrentadas. Por otro lado, la participación de Aurelia Balcells permitió generar un espacio de diálogo y retroalimentación con la Autoridad a cargo en la materia.

Otra de las instancias del encuentro fue liderada, a través de una videoconferencia, por Marco Formisano de la Unidad Legal Regional del ACNUR. En ella, se destacó la importancia de las clínicas legales para las personas solicitantes de asilo y refugiadas en la región, y se entregó información acerca de la implementación de la Red de Apoyo Legal de los Refugiados de las Américas (RALRA).

En relación al encuentro, Francisca Vargas Rivas, Profesora a cargo de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, expresó que “el encuentro de Clínicas fue una gran instancia para conocer a otros profesores/as y abogados/as que trabajan en clínicas jurídicas que tienen algún grado de contacto con la población solicitante de asilo y/o refugiada. En ese sentido, me parece que fue una gran instancia para coordinarnos y pensar en formas de organizarnos a futuro para así lograr atender más y mejor a la población solicitante de asilo y refugiada. Si lo hacemos solo/as podemos hacerlo bien, pero si lo hacemos juntos/as podemos hacerlo excelente”.

El encuentro culminó con el compromiso de crear una red nacional de trabajo en la que los y las participantes puedan intervenir, organizándose de ese modo en una dirección única y coordinada a lo largo de todo Chile en materia de asilo. 

Estimadas/os colegas y amigos,

Junto con saludarles, tenemos el agrado de adjuntar la edición más reciente de nuestros boletines sobre avances y noticias en verdad, justicia, reparación y memoria en Chile y la región. La edición, número 43, cubre el periodo septiembre-octubre.

Acompañamos una copia electrónica del capítulo Verdad, Justicia, Memoria y Reparación que el Observatorio de Justicia Transicional escribió para el recién publicado Informe Anual DDHH de la UDP. Como siempre, tanto ello como los demás capítulos temáticos del Informe, están disponibles para bajar gratis en el siguiente enlace.

Debemos en esta oportunidad comentar un fe de erratum: en página no. 85 del capítulo, se hace mención de ‘59’ fallos penales emitidos por la Corte Suprema de Justicia en el periodo de análisis.  La cifra correcta es 49, conforme se establece a lo largo del capítulo.  (Unos 6 fallos adicionales fueron emitidos en la Sala Penal en demandas civiles, arrojando un total de 55 veredictos del máximo tribunal en el periodo, relacionado con violaciones a los DDHH de tiempos de la dictadura)

Saludos cordiales

Equipo Observatorio Justicia Transicional

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