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Lunes, 30 Octubre 2017 00:00

Caso Luchsinger y prisión preventiva

Columna de opinión publicada en La Tercera, 28 de octubre de 2017.

Señor director:

Las reacciones a las absoluciones en el caso han sido inmediatas: por un lado, responsabilizando a los operadores de la justicia por no haber garantizado el acceso a la justicia en un crimen gravísimo; por otro, reprochando mantener por largo tiempo en prisión preventiva a personas cuya responsabilidad finalmente no se acreditó.
La responsabilidad del Estado es doble: por cualquier violación del derecho a la vida debe garantizar acceso a la justicia y una investigación diligente que permita aclarar hechos y responsabilidades penales (artículos 4.1 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sin embargo, como destacó la Corte Interamericana en reiteradas ocasiones, no existe derecho de la víctima a ver a una cierta persona declarada culpable, a menos que se acredite, más allá de cualquier duda razonable, su participación en los hechos.
También es responsabilidad del Estado garantizar un juicio justo a las personas imputadas (artículo 8 CADH). Solo nos enfocaremos en un elemento: la facultad estatal de decretar prisión preventiva. Ésta no puede exceder un plazo razonable, definido en relación a la complejidad del juicio. Además, y allí hay un problema con la legislación chilena que favorece, contrario al derecho internacional, que la prisión preventiva sea impuesta automáticamente a causa del tipo de delito que se imputa. Más bien, se debería probar caso a caso que la libertad de la persona pone en peligro la prueba, o que exista un riesgo fundado de fuga.
Si es posible lograr una investigación diligente con medios menos lesivos como arresto domiciliario, son éstos los idóneos. Si se acreditara que la orden de prisión preventiva haya sido excesiva, corresponde indemnizar por ella.
Cristián Riego y Judith Schönsteiner 
Centro de Derechos Humanos UDP

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Con fecha 13 de octubre de 2017, la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de amparo interpuesto por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, en representación de un ciudadano dominicano solicitante de asilo. La acción constitucional – interpuesta como acción de protección pero transformada de oficio en acción de amparo – persiguió la revocación de la decisión de la Intendencia de Arica y Parinacota de rechazar la solicitud de suspensión de una orden de expulsión, a efectos de que nuestro patrocinado pudiera ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, tal cual lo prescribe el reglamento de la ley 20.430 sobre protección de refugiados.  A estos efectos, quisiéramos aclarar que dicho cuerpo normativo establece que las personas afectadas por una medida de prohibición de ingreso, orden de abandono u orden de expulsión, no pueden formalizar su solicitud de asilo – es decir, ingresar al procedimiento de reconocimiento de su condición de refugiado – sin antes lograr la suspensión o revocación de dichas medidas.

Para las personas dominicanas no es fácil ingresar regularmente a Chile, ya que deben contar previamente con una visa consular. Esta visa consular fue impuesta el año 2012 sin atender al principio de reciprocidad internacional, y, en la práctica, ha provocado que muchas personas sean engañadas y se transformen en víctimas del delito de tráfico de personas, o hayan optado por ingresar clandestinamente a Chile, puesto que la obtención de la visa consular es muy difícil y burocrática, y en muchas ocasiones es denegada. El D.L N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en Chile, prescribe que frente a un ingreso clandestino, se debe dictar una orden de expulsión, delegando esta función en las Intendencias Regionales.

Asimismo, las personas nacionales de República Dominicana se ven expuestas permanentemente a la desprotección de su propio Estado frente a denuncias de delitos o violencia. Nuestro representado, en particular, huyó de su país por recibir amenazas de muerte de una banda delictual que había asesinado a su primo sin razón alguna, y a pesar de haber realizado las denuncias ante la autoridad policial, siguió siendo víctima de este grupo delictual. Por esta razón, su vida e integridad corren peligro permanente en su país de origen. Cabe agregar que, en su huida de República Dominicana, fue víctima de tráfico de migrantes. Por todo lo anterior es que el necesita ser reconocido como refugiado, y para ello, la autoridad competente debe analizar su caso.

Como nuestro patrocinado tenía dictada en su contra una medida de expulsión, solicitamos a la autoridad que la dictó, la Intendencia mencionada, que la suspendiera puesto que, por los hechos relatados, nuestro patrocinado necesitaba ingresar al procedimiento de asilo. Dicha institución no accedió a la solicitud de suspensión de la medida de expulsión - lo cual entendimos como un rechazo - aduciendo que la persona debía dirigirse a la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración para que sea esta institución la que solicite la mencionada suspensión. Sin embargo, fue precisamente esta última institución la que derivó al patrocinado a nuestra Clínica a fin de evaluar el caso y colaborarle jurídicamente en su ingreso al procedimiento de asilo.

La Ilustrísima Corte determinó que la negativa de la Intendencia era ilegal y arbitraria puesto que al condicionar la suspensión de la medida expulsiva, produjo un menoscabo a otros derechos, y en particular al derecho de petición que tiene el representado. En consecuencia, con este actuar se vulneró la libertad personal protegida por la acción de amparo, dado que permanece vigente la medida de expulsión, situación que para un refugiado está expresamente prohibida en la ley 20.430 y por el principio de no devolución. Por último, la Corte recalcó la obligación que tiene la Administración del Estado en materia de personas solicitantes de asilo y refugiadas de procurar el trato más favorable y el no menoscabo de otros derechos, como en este caso el derecho de petición.

Es pertinente destacar que la Intendencia, en su informe, sostuvo que los argumentos de nuestro representado para ingresar a Chile fueron motivos económicos y no la búsqueda de protección internacional. Nos parece que esto es ser juzgado por una comisión especial - cuestión prohibida por la Constitución Chilena - ya que no es la Intendencia la llamada a evaluar la solicitud de asilo de una persona, ni la encargada de determinar la calidad de refugiado de esta, sino que corresponde a los organismos establecidos por la ley 20.430 hacerlo. Queremos destacar que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, por lo que no se puede limitar su ejercicio arbitrariamente y se debe velar y promover el respeto de este derecho, en particular por la administración del Estado, quienes tienen la obligación en virtud de lo prescrito por el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental.

 Consideramos que, dada la restricción establecida por la ley en relación a personas afectadas por sanciones, en este caso, de expulsión, la interpretación correcta de dicha norma conforme a los estándares de derechos humanos y el principio pro-persona, es la siguiente: si el relato de la persona solicitante de asilo no es manifiestamente infundado, la autoridad encargada de suspender una orden de expulsión debe hacerlo sin más trámite, pues de lo contrario está poniendo barreras injustificadas a una persona que quiere ejercer su derecho humano a buscar y recibir asilo.

Como Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, destacamos el razonamiento de la Corte de Apelaciones de Arica y Parinacota en su sentencia, el cual tuvo una clara perspectiva de derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Actualmente nuestro patrocinado está a la espera del ingreso al procedimiento de reconocimiento de su condición de refugiado.

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Ante esta situación, es urgente que el Estado garantice una eficaz regulación, fiscalización e incentivos efectivos de cumplimiento, incluyendo a través de la Constitución y del Código de Aguas, para que, en las próximas décadas, los y las habitantes de Chile podamos ver nuestro derecho humano al agua potable asegurado.

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El Centro de Derechos Humanos de la UDP el pasado martes 17 de octubre, presentó a la comunidad nacional la décima quinta edición del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile. Como todos los años, el Informe cubrió hechos ocurridos entre julio de 2016 y julio del presente año en materia de derechos humanos ocurridos en nuestro país. La presentación no solo contó con más de 200 asistentes presenciales, sino también con 2800 personas que siguieron la actividad por streaming.

Comentaron el Informe nuestros invitados especiales, la periodista Mirna Schindler, y el abogado y profesor de Derecho Administrativo, Luis Cordero. La periodista abordó los abusos en Sename, denunciando queel Congreso, el poder judicial, los medios, y las autoridades fallaron. Refiriéndose a la investigación judicial en el caso de Lisette, niña que murió bajo el cuidado del Sename en abril de 2016, la periodista compartió la conclusión del Informe, que el Estado de Chile violó los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del Sename. Su intervención se podrá volver a escuchar aquí.

Por su parte, Luis Cordero señaló respecto a las empresas que el deber de fiscalización del Estado es independiente de si la acción es pública o privada, enfatizando que el privado debe comportarse respetando los límites constitucionales y de los derechos humanos. Comentando el capítulo del Informe sobre sanitarias y el derecho humano al agua potable, compartió el análisis, pero consideró que en los últimos diez años de una concesión, los incentivos de invertir son considerablemente menores, y las empresas suelen preferir pagar las multas porque no están seguras de quedarse con la concesión o el contrato de operación más allá de su fecha de término. En relación al caso Sename, afirma que la crisis de la institución parte de la falta de discusión sobre su modelo institucional. Más precisamente, coincide con la evaluación crítica que hace el Informe de la falta de fiscalización de los proveedores de los servicios del Sename.

A partir de una pregunta del público, el profesor Cordero también se refirió al impacto del Informe Anual sobre Derechos Humanos en nuestro país, enfatizando que, por ejemplo, sin el litigio estratégico de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la UDP, el derecho administrativo no sería lo que es hoy, y no solo en temas de migración. La presentación del Informe fue iniciada por la Directora de la Facultad de Derecho, Alejandra Mera, mientras la Directora del Centro de Derechos Humanos, Lidia Casas, participó como moderadora del panel. E

El editor general del Informe, académico e investigador del Centro de Derechos Humanos, Tomás Vial, presentó los principales contenidos del Informe Anual, destacando varios ejes transversales en los distintos capítulos, a saber, la continuada responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos que ocurren en el contexto de los servicios privatizados como el agua, o el cuidado de niños, niñas y adolescentes cuando sus padres ya no pueden o rehúsan hacerse cargo de ellos/as; la ausencia de protocolos policiales conformes con los estándares de derechos humanos en los llamados “barrios críticos” como LaLegua, o en las comunidades indígenas en la Araucanía. Otro tema que se expone es cómo el Estado de Chile reconoce, respeta y protege los derechos de los pueblos indígenas; se abordan las fallas de la ley antiterrorista y el uso de la fuerza por parte del Estado en el marco del conflicto mapuche. Además, se reflexiona sobre la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar chileno, el derecho a la privacidad en los espacios públicos, con la excusa de controlar la delincuencia y se evalúan los derechos de las personas LGTBI en Chile.

Después de dar un breve resumen de cada uno de los capítulos, Tomás Vial agradeció a autores, ayudantes, editor de estilo, imprenta, y personal administrativo, todos y todas quienes son fundamentales para poder realizar este proyecto.

El Centro de Derechos Humanos agradece la convocatoria y la recepción de la presentación de la décima quinta edición del Informe Anual de Derechos Humanos 2017, y espera que las investigaciones y recomendaciones sean de utilidad para los órganos públicos, el sector empresarial, la sociedad civil y la academia.

Como todos los años, el Informe ha recibido considerable atención mediática. Invitamos a revisar los siguientes enlaces, donde se podrán leer, ver y/o escuchar a los y las académicos e investigadores del Centro de Derechos Humanos de la UDP conversando de algunos de los temas del Informe Anual sobre Derechos Humanos del año 2017:

La Dra. Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, comentó el capítulo sobre privacidad, drones y vigilancia electrónica en una entrevista el canal Mega, mientras Domingo Lovera, autor del respectivo capítulo resume sus principales conclusiones en una columna en La Tercera. La Dra. Judith Schönsteiner conversó sobre el mismo tema con Humberto Sichel, en Chilevisión.

El Dr. Tomás Vial, editor general del Informe, respondió a las preguntas de los y las periodistas en distintas oportunidades, comentando sobre los avances y desafíos en materia de derechos humanos en Chile, entrevistas que se pueden revisar en CNN Chile, en 24 horas y enTele13 Radio.

El profesor Vial, abordó entre otros, el derecho al agua potable en Chile, la relación del Estado con las empresas de agua potable y sus fallas a la hora de fiscalizarlas, así como también se refirió a la autodeterminación de los pueblos indígenas en Radio Concierto. Por su parte, Lidia Casas destaca que en Chile tenemos un gran problema con la regulación del derecho al agua en Chile particularmente en contexto del cambio climático, tema que desarrolla en entrevista Radio Futuro.

Con respecto a la población La Legua, el Informe advierte fallas y falta de transparencia en el control policial de dicha población, lo que es relevado en noticia publicada por Emol. En relación a ésto, el editor del Informe, denunció abuso policial en la población La Legua en Tele 13. Asimismo, en Radio Duna, fue enfático al decir que no hay una acción clara del Estado en la población La Legua y comentó, entre otros temas, el caso Sename y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El investigador se refirió específicamente a los  derechos humanos de los pueblos indígenas en la política pública chilena en entrevista en Radio Universidad de Chile, donde además Antonia Rivas, abogada y autora de dicho capítulo, aseveró que la aplicación de la Ley Antiterrorista en casos de violencia rural en La Araucanía es una de las principales deficiencias detectadas. También se destaca el hecho de que el Informe cuestiona la falta de catastro de tierras exigidas por comunidades indígenas en una nota publicada en La Tercera.

Por su parte, la Dra. Judith Schönsteiner conversó con Patricio López de Radio Universidad de Chile, analizando en el contexto de la cuestionada Operación Huracán, distintos aspectos del actuar policial y del derecho a la privacidad, refiriéndose a los estudios sobre los derechos de los pueblos indígenas de Antonia Rivas, sobre violencia policial en La Legua, y los drones y globos de vigilancia en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Además, en una columna en El Mostrador, presentó al público general, los resultados de su investigación sobre derecho al agua y empresas sanitarias.

También fue recogido por los medios de comunicación el análisis de educación inclusiva para estudiantes migrantes, notas de prensa que pueden revisar en diario La Nación y en La Hora, ambos medios destacan que en Chile no existe un cuerpo legal consistente con los estándares de derechos humanos en materia de educación de estudiantes migrantes.

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Se encuentra abierta la Convocatoria a la tercera edición del Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, organizado por la Universidad Diego Portales. El plazo para postular vence el 15 de noviembre de 2017.

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El Centro de Derechos Humanos de la UDP tiene el agrado de invitarlas e invitarlos el día 17 de octubre a las 18.00 hrs., al lanzamiento del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2017, en su versión décimoquinta.

El Informe es una investigación multidisciplinaria que revisa el estado de los derechos humanos en el país de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por Chile a este respecto. Este año contiene capítulos relativos al derecho humano al agua potable, a la situación y responsabilidades en el Sename, a los proyectos sobre niñez presentados en el Congreso, a los derechos de los pueblos indígenas y cuál es la política pública respecto a éstos, a las fallas en el control de la acción policial en el caso de la población La Legua, a cómo se incluyen (o no) los estudiantes migrantes en nuestro sistema escolar, a las carencias en relación al derecho al acceso a la justicia civil, al derecho a la privacidad y las cámaras de vigilancia en espacios públicos, y, finalmente, una evaluación de la protección de los derechos de las personas LGTBI en Chile.

La ceremonia de lanzamiento contará con la presencia de Marcelo Montero, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos UDP. El Informe será comentado por el abogado Luis Cordero y la periodista Mirna Schindler, y presentado por su Editor General Tomás Vial.

El lanzamiento será en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Av. República 105, Santiago Centro).

Entrada liberada, previa inscripción en: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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El documento evalúa y presenta propuestas relativas a temas contingentes del último año, como los derechos de los pueblos indígenas, al agua potable y los derechos de las comunidades LGTBI.

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Desde el viernes 6 de octubre, treinta funcionarios y funcionarias del INDH participan de un proceso capacitación sobre la relación empresas y derechos humanos, dictado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP).

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Estimadas, estimados colegas y amigos,

Junto con saludarles, presentamos a ustedes una doble edición de nuestros boletines sobre avances y noticias en verdad, justicia, reparación y memoria en Chile y la región. Las ediciones, números 41 y 42, cubren los periodos mayo-junio, y julio-agosto, respectivamente. Recordamos que está disponible la tercera y última publicación en la serie de tres informes de relatoría cubriendo nuestros eventos internacionales recientes en materia de desaparición forzada.  Para bajar, gratis, los informes anteriores y-o acceder a un informe en inglés, que sintetiza los contenidos de los documentos I-III en castellano, visitar a la sección Observatorio Justicia Transicional de esta página web del Centro de Derechos Humanos.

Saludos, equipo Observatorio Justicia Transicional.

 

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