Miércoles, 13 Noviembre 2019 00:00

La cuenta pendiente en Derechos Humanos en personas LGTBI Destacado

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Nota publicada originalmente en The Clinic, el 12 de Noviembre 2019

Alberto Faúndez y Jimmy Oyarce, pareja de Concepción, estaban de visita en Santiago para comprar un auto. El 20 de octubre ambos estaban buscando un lugar dónde comprar pan y encontraron un supermercado que estaba siendo saqueado. La pareja observó la escena con curiosidad hasta que llegó Carabineros para dispersar a los ladrones con bombas lacrimógenas.

Alberto cuenta en un video que “Carabineros de la 11 Comisaría de Lo Espejo me detuvo afuera del supermercado, me arrestaron y me agredieron dentro del furgón, me insultaron diciéndome ‘ladrón culiao esto es lo que andas robando’ y me bañaron en alcohol. Luego al llegar a la comisaría empezaron los insultos homofóbicos al descubrir que mi pareja es hombre. Me desnudaron y me golpearon frente a los detenidos y así también me obligaron a firmar documentos sin poder yo leerlos. También me negaron el derecho de poder llamar y de poder constatar lesiones”.

Una jueza del 10 Juzgado de Garantía ordenó su prisión preventiva, “sin tener prueba alguna”, constata una nota de prensa del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Después de estar 14 días encarcelado, Alberto fue liberado tras un recurso de amparo presentado por esta organización de diversidad sexual.

Este es uno de los casos de agresión contra personas LGBTI presentado por el Movilh al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, misión encargada de investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante el estallido social. El dirigente del Movilh Alberto Roa confirmó a The Clinic que han recibido cinco denuncias por agresión a gente de la comunidad de diversidad sexual en el marco del Estado de Emergencia. En 2018, el Movilh registró un aumento de 44% en comparación al año anterior en denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género, acumulando un total de 698 casos, la cifra anual más alta conocida.

La Agrupación Rompiendo el Silencio que defiende el derecho de lesbianas y bisexuales informó que han recogido cinco denuncias contra mujeres lesbianas entre el 17 y 29 de octubre. Algunos de estos casos de violencia incluyen actos de humillación por la expresión de género de la víctima y una amenaza de violación correctiva con objeto que representa el falo.

“Si bien nosotros constatamos cinco casos de violencia, es súper importante señalar que muchas compañeras no denuncian porque tienen miedo a la discriminación, a la revictimización y miedo a que se releve la orientación sexual de manera pronta”, dice Nicole Rojas, a cargo del área de estudios de Rompiendo el Silencio.

Rojas cuenta que dado el estado de emergencia y el actuar de los agentes del Estado, en la organización habilitaron un número de denuncia a fin de poder contener a las mujeres afectadas, orientarlas y derivar sus casos a sus redes de defensa legal. Los cinco casos recogidos fueron derivados a la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), organización que presentará las querellas correspondientes próximamente.

AVANCES EN LEYES PRO LGBTI

La situación de ataques y agresiones físicas contra personas LGBTI no es coyuntural. Los últimos años se han dado a conocer casos emblemáticos como el de Nicole Saavedra, lesbiana de 23 años cuyo cuerpo fue encontrado en la comuna de Limache. Luego de tres años de investigación, el Ministerio Público informó que formalizará al único sospechoso por la violación y asesinato de la joven.

El caso que más conmovió a la opinión pública este año fue el de Carolina Torres, joven lesbiana que fue atacada mientras caminaba con su polola en Pudahuel. Carolina fue golpeada con un palo en su cabeza y recibió patadas en su espalda, lo que le provocó una fractura de cráneo y una hemorragia interna que la mantuvieron por varios días en estado de gravedad en el hospital.

El Informe Anual sobre DDHH de la Universidad Diego Portales que será presentado el próximo 18 de noviembre hace un recuento de los casos de violencia contra personas LGBTI y analiza los avances y deudas pendientes en derechos humanos de estas personas en Chile.

“Lo que nos interesa es constatar que continúan ocurriendo casos graves de violencia física contra personas LGBTI y que, de hecho, a raíz de las manifestaciones, esos actos de violencia se han reproducido con particular gravedad. Pese que se esté avanzando en la legislación y en políticas públicas, a nivel de práctica social, a nivel de calle, continúan los ataques y los acosos, y eso es lo que hay que enfrentar”, dice el autor del capítulo Tomás Vial, investigador asociado del Centro de DDHH UDP.

El profesor de derecho constitucional de la UDP y la U. Andrés Bello analizó los avances en materia legislativa para la diversidad sexual como la aprobación de la ley de identidad de género, el proyecto de matrimonio igualitario, el proyecto que modifica la ley de adopción, y las peticiones de modificación a la ley antidiscriminación.

La aprobación de la ley de identidad de género, la Ley 21.120, publicada el 10 de diciembre del año pasado, ha marcado un hito para la comunidad de diversidad sexual y de género. Si bien la ley fue celebrada por las comunidades LGBTI y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las personas transexuales lamentaron que la norma no abarcara a la población menor de 14 años.

“Eso debería estar cubierto. Desde el punto de vista de estándares de derechos humanos, la CIDH lo ha dicho en forma expresa, el derecho a la identidad es un derecho que tienen todas las personas, también los niños y niñas con un desarrollo progresivo. Sabemos que hay casos de suicidios de niños y niñas que sufren bullying o ataques por identidad distinta a la socialmente reconocida”, dice Vial.

Para Claudio Martínez, director del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia UDP, autor de otro capítulo del informe, la ley de identidad de género se publicó “a medias” porque no cubre a población menor de 14 años y porque todavía no se ha definido el reglamento que regulará los programas de acompañamiento profesional para los mayores de 14 y menores de 18 años. De acuerdo a la ley, los adolescentes en este rango etario deberán comprobar que han recibido acompañamiento por al menos un año, previo a la solicitud de cambio de género.

“A pesar de que se promete y se promete no se ha publicado un reglamento de acompañamiento. Por lo tanto, todo lo que implica el acompañamiento psicológico no está definido o no hay financiamiento asociado a ello. Entonces, ¿qué va a hacer la gente que no tiene cómo pagar un sicólogo o asistentes sociales privados?”, dice Martínez.

En cuanto al proyecto de matrimonio igualitario y la reforma al sistema de adopción, Vial piensa que solo es una “cuestión de tiempo” para que se aprueben. Ambos proyectos tienen amplio consenso entre la población. La encuesta UC Bicentenario y GFK Adimark, publicada en enero de este año, señala que un 52% de los chilenos está de acuerdo con el matrimonio igualitario. La encuesta Cadem cuyos resultados se dieron a conocer en julio del 2018, reveló que el respaldo a la adopción de niños, niñas y adolescentes por parte de parejas homoparentales es del 52%.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario ha estado sentado en el congreso desde que el gobierno de Michelle Bachelet lo introdujo en septiembre de 2017. El Estado chileno ya había firmado un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con el Movilh ante el CIDH en 2016, donde se comprometía a impulsar el proyecto de ley de matrimonio igualitario.

El gobierno de Piñera ha insistido en cambiar el término de “impulsar” por “monitorear” y el Movilh ha denunciado que el gobierno ha roto los compromisos del ASA. El 5 de noviembre, la comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar el matrimonio igualitario. La idea de legislar deberá ser votada en sala del Senado, tras lo cual volverá a la Comisión de Constitución para continuar con su tramitación más específica.

LA LEY ZAMUDIO SE QUEDÓ CORTA

Para los cinco casos de agresión a los derechos humanos que recibió la organización de abogadas Abofem durante estas últimas semanas, las abogadas solicitarán las agravantes de la ley Zamudio (ley antidiscriminación), cuenta Constanza Torres, directora de la comisión LBTIQ de Abofem.

“Nosotras somos bien críticas de la ley Zamudio. Dentro de lo que se puede hacer es bien poco. Se tiene que fortalecer bastante, pero igualmente tratamos de solicitarla”, dice Torres y explica que lo que es muy difícil de probar es el motivo discriminatorio en la persona que comete el delito.

Los constantes hechos de violencia contra personas LGTBI han llevado a las organizaciones de la diversidad a solicitar repetidas veces la modificación la ley antidiscriminación. Luego del ataque contra la joven Carolina Torres, el vocero (s) de gobierno, Emardo Hantelmann, señaló un eventual perfeccionamiento de esa normativa, indicando que se iniciaría una consulta ciudadana sobre ello.

Efectivamente, la ley antidiscriminación tiene muchas falencias, opina Vial. “En la ley, el que denuncia tiene que probar que hubo una discriminación. Eso muchas veces no se puede porque no se tienen todos los antecedentes. Puede decir que lo trataron de forma injusta, pero ¿cómo sabe cómo trataron a los demás? Entonces lo que se ha sugerido es un modelo que hoy existe en la legislación laboral y es que cuando uno denuncia una discriminación, es el empleador que tiene que probar que no hubo discriminación. Cambia el peso del argumento. Este es un mecanismo que si se incorporara facilitaría las denuncias por discriminación”.

Lo otro que se ha discutido, agrega Vial, es que se cree un organismo que fiscalice y sancione, un órgano autónomo con competencias resolutivas y vinculantes sobre la aplicación de la ley. “Es como si en Chile hoy día tuviéramos una ley de defensa al consumidor, sin Sernac. No sirve para nada. Lo que necesitamos es un Sernac de antidiscriminación”.

TAREAS PENDIENTES EN SALUD MENTAL

El informe de DDHH UDP incluye también un capítulo sobre las disparidades y barreras de acceso a la salud mental en personas LGBTI escrito por los académicos Claudio Martínez, Alemka Tomicic, y Sebastián del Pino.

Los investigadores realizaron un estudio cualitativo donde entrevistaron a seis profesionales que trabajan actualmente en diferentes niveles del sistema de salud mental en Chile para identificar y describir estas barreras de acceso y disparidades en la atención de salud mental de pacientes LGBTI.

Lo primero que constataron los académicos es que hay un aumento de la demanda de atención de salud mental por parte de personas LGBTI. Esta es una constatación desde la experiencia y la práctica profesional de los entrevistados, sin tener datos rigurosos o un registro sistemático, dice el informe.

Lo segundo es que hay un problema de (in)visibilización de poblaciones LGBTI en salud pública. En ese sentido, todos los entrevistados de los diferentes niveles del sistema de salud pública hacen referencia a una falta de registros específicos, es decir, hay una inexistencia de un sistema de ficha único que permita acceder a una estadística centralizada y de valor epidemiológico sobre las características de los usuarios de la diversidad sexual y en general de todo tipo de usuarios.

“El registro, que ya tiene problemas de base, no identifica claramente características que son importantes como la identidad sexual, u orientación sexual. Este es un tema sensible de preguntar porque podría parecer amenazante, o la pregunta podría pecar de discriminadora. Por otro lado, hay un riesgo porque esa información que no está siendo recogida contribuye también a invisibilizar, va en contra de lo que quiere asegurar”, explica Alemka Tomicic, coautora del capítulo y directora de la escuela de psicología UDP.

Martínez, coautor del capítulo, opina que a pesar de la evidencia nacional e internacional que muestra que existe una mayor disparidad en salud mental de personas LGBTI a propósito de índices de suicidio, de consumo de drogas y alcohol, de depresión, etc., hay una falla del sistema de salud pública al invisibilizar las necesidades de estas personas y al no proponer acciones específicas para esta población de alto riesgo.

“Claramente donde más fallas hay es a nivel central, de los sistemas de salud. Si tú vas a las bases encuentras equipos de trabajo haciendo su mejor esfuerzo por tratar a las personas LGBTI, van a seminarios, se autocapacitan, empiezan a aprender, se preocupan. Pero tú preguntas un poco más arriba y hay mucha ignorancia e invisibilidad”, dice Martínez.

Tomicic, coincide: “Hay intereses individuales, pero ese interés no necesariamente está promovido a nivel central o de la política pública y por lo tanto queda más a discreción de los equipos y también a su realidad de contexto y demanda”. Por eso, la psicóloga opina que debería de haber una posición más activa a nivel ministerial y de los departamentos de salud mental en conducir posibilidades de capacitación y de desarrollar una atención en salud mental enfocada en estas poblaciones.

“Yo creo que también a nivel de ministerio se debiese plantear y exigir a las universidades, en la formación inicial del pregrado de profesionales que van a vincularse con personas en atención en salud, o incluso en educación, incorporar contenido que vaya en esta línea. Eso ayuda a que todos los profesionales tengan un nivel de competencia mínimo para atender este tipo de personas”, agrega Tomicic.

SIN EDUCACIÓN NO SE AVANZA

Con los hechos que se han vivido las últimas semanas, se hace cada vez más claro que la educación y capacitación no solo es necesaria en salud mental, sino también en las instituciones como Carabineros y Fuerzas Armadas, opina Vial.

“Yo preguntaría en Carabineros, ¿cuál es la formación que tienen en materia de no discriminación y respeto a la diversidad sexual? Claramente es una institución cuya cultura interna es discriminadora en materia de LGBTI. Yo creo, observando los hechos que hemos visto ahora y también los narrados en nuestros informes, que constatamos que hay una práctica de violencia contra personas LGBTI que tiene que ser enfrentada muy profundamente, partiendo por las instituciones uniformadas”, dice Vial.

Para Martínez, la violencia termina siendo un síntoma de una mala cultura con respecto a la sexualidad en general. Ciertamente los cambios culturales son lentos, pero a través de la educación se podrían catalizar estos cambios, agrega el académico.

“En el ámbito de educación hay muy poco con respecto al tema que tiene que ver con la sexualidad en general. Yo hace poco estuve en un congreso en México donde sociedades mundiales en temas de sexualidad general, no solo LGBTI, estaban de acuerdo con que la educación en sexualidad es preventiva de discriminación, de violencia, y de abuso”, dice el académico de psicología.

El tema de la sexualidad en Chile es algo muy desconocido y tabú que no se imparte en los colegios, y si se imparte es desde la biología y es mal manejado, opina Martínez. “En Chile y Latinoamérica, estamos más atrás, somos sociedades que todavía funcionan con una serie de mitos con respecto a la sexualidad en general. Hay elementos muy estructurales que es necesario cambiar. Hay que plantear elementos más amplios para entender la sexualidad. Que niños de jardines puedan hablar de sexualidad, algo que es impensable en Chile”.