Sábado, 09 Junio 2018 00:00

Francisca Vargas, investigadora UDP: “El género y la irregularidad migratoria profundizan la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes” Destacado

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*Entrevista publicada originalmente el 8 de Junio en sitio web del Observatorio Género y Equidad

Autora: Catalina Arenas


El miércoles 6 de junio, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales dio a conocer el estudio sobre “Los Efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres”. En él se analiza casos de violación con resultado de embarazo, a raíz de la tercera causal por la que se permite el aborto en Chile, y la violencia sexual contra las mujeres migrantes que cruzan parte del territorio de América Latina hasta Chile.

El análisis repara en una una cifra que continua siendo desoladora: la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o un tercero; una estadística que impacta si refiere a las mujeres en ruta migratoria y más si esa mujer es afrodescendiente.

Dentro del equipo que trabajó en el estudio están las abogadas de Derecho de la UDP Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos y especialista en temas de género; Andrea Aguilera, docente del pregrado y con experticia en temas del derecho privado y Francisca Vargas, especialista en migración y asilo además de directora de la Clínica Juridica de Migrantes y Refugiados de la misma universidad.

Para evitar la revictimización, y sin perjuicio de contar con el acceso directo a los relatos de las mujeres migrantes, las investigadoras prefirieron no incluirlos en el texto por un fin mayor: “No abrir puertas que después serían muy difíciles cerrar”. Así, sólo realizaron entrevistas en profundidad a personas y grupos que trabajaron con mujeres migrantes; una revisión documental de los casos vistos por la Clínica de la UDP y conversaron con profesionales de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial y estudiantes de la Clínica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado.



¿Qué tipo de violencia tiene más denuncias o se repite con mayor frecuencia en los testimonios?

“Mi primera respuesta es que el abuso es lo que comúnmente se registra en el trayecto. Pero cuando piensas que finalmente a las mujeres le cobran en sexo, por más que ellas accedan y exista una suerte de consentimiento, ese consentimiento igualmente está viciado”, advierte la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, Francisca Vargas. “Jurídicamente, me parece que no califica como una violación, sino más bien como un abuso sexual. Independientemente que sea la única forma que tiene para cruzar y de ‘el sí’, realmente no hay ninguna clase de voluntad en ese acto sexual”.

El estudio da cuenta que la violencia contra las mujeres es estructural, por ser mujeres y estar migrando, que es cotidiana y simbólica. Se trata de una violencia sexualizada porque recae en el cuerpo de las mujeres, comentarios e insinuaciones que comprenden a las mujeres como un objeto sexual. Los relatos evidencian que en la migración femenina persiste esa violencia sexualizada que se manifiesta en el uso discriminatorio y violento del lenguaje con intención permanente de denostar a la mujer.

Mujeres trueque y moneda de cambio

Respecto a los estereotipos que se desprenden de este tipo de violencia y se instalan en el inconsciente colectivo, para Francisca Vargas un reflejo es la que se manifiesta en contra de la “mujer afrodescendiente colombiana o dominicana, se las identifica como una persona que viene derechamente a ejercer el comercio sexual”. Así explica que existe una constante hipersexualización “en el fondo de sus cuerpos negros”. Según su experiencia en el desarrollo de la investigación, a través de los estereotipos de género y prejuicios, “ellas terminan asumiendo que el comercio sexual es la única posibilidad que les dan para subsistir, por tanto, estiman que vienen a ejercerlo casi inevitablemente”.

Si bien las causas de la migración son diversas en cuanto a la nacionalidad de las mujeres, el estudio evidencia ciertas particularidades. Desde Bolivia históricamente la migración es transfronteriza y de carácter económica. No obstante, las mujeres igualmente salen de su país de origen escapando de la violencia sexual (de situaciones que son delitos). Más hacia el norte, las mujeres colombianas relatan que dejan su país huyendo de la violencia estructural del conflicto armado y la violencia sexual que se ejerce en su contra, pero que siguen recibiendo en el traslado y país receptor. Las informaciones sistematizadas y sus relatos, dan cuenta de cómo el ingreso a Chile se logra a cambio de “prestaciones sexuales” requeridas –por ejemplo – por la policia boliviana.

Respecto a las mujeres que migran desde República Dominicana, un grupo reconoce que se alejan de su país por razones económicas, pero también por la violencia sexual o física que soportan de parte de sus parejas y exparejas agresoras. En la ruta migratoria, la violencia sexual persiste al interior de los buses; choferes y auxiliares abusan sexualmente de ellas como “moneda de cambio” por el servicio de traslado e ingreso a Chile.

Largas distancias e irregularidad migratoria como factores de riesgo

El trayecto migratorio no inicia una vez que la mujer u hombre pisa suelo fronterizo, sino que cuando esa persona decide, por distintas razones -coaccionadas o no- abandonar su país natal o de residencia. La investigación advierte que en Chile “y sus fronteras en general, son una especie de ‘tierra de nadie’ y que la violencia sexual en contra de las mujeres migrantes en el trayecto migratorio también lo es. Se concluye que mientras más largo es el recorrido y mayor la irregularidad migratoria, aumenta proporcionalmente el riesgo a que las mujeres sufran violencia sexual.

Por lo mismo, las investigadoras deducen que hay mujeres migrantes que están más propensas a sufrir violencia sexual. Entre República Dominicana y Chile resta una distancia de más de 6.000 km y en ese país existe irregularidad migratoria. La Clínica Jurídica de Migrantes UDP cuenta con al menos 26 casos de mujeres dominicanas que pidieron asilo en Chile como una forma de huir de la violencia que ejercían sus parejas. La exigencia de visas para ingresar, nuevamente las expone a situaciones de violencia sexual por parte de traficantes de personas (coyotes), las policías y parejas del país de origen o traslado. Es decir, los obstáculos de ingreso al país receptor son una puerta de entrada a mayores niveles de violencia. 

 


Violencia sexual en tierra de nadie

Principalmente son dos grandes trabas que existen en Chile y que afectan particularmente a las mujeres migrantes. Primero, las personas que las reciben y atienden no saben qué hacer exactamente cuándo se enfrentan a un acto de abuso de connotación sexual. La mayoría de las personas entrevistadas admite que “sin bien conocen las funciones específicas de la institución en la que trabajan, estas trasladan la violencia sexual del foco del caso que reciben y utilizan las herramientas para brindarle apoyo a las mujeres”. Vale destacar que hay excepciones que fueron mencionadas en la investigación y que existen establecimientos en Chile (particularmente en la sociedad civil) que cuentan con algún tipo de protocolo o programa instruido para llevar adelante esa denuncia correctamente.

Segundo, cuando las mujeres migrantes además perciben que el problema principal no es la violencia sexual sino regularizar su situación o solicitar asilo, por lo general, buscan asesoría jurídica migratoria en ese tema y silencian el otro (la violencia sexual). “Por lo mismo, y lamentablemente, quienes reciben sus consultas no les hacen las preguntas que corresponden y cuando sale el tema no saben bien qué hacer, no tienen herramientas para enfrentarse a la violencia sexual y queda relegada a las sombras, en la tierra de nadie”, explica Francisca Vargas.

Con la información recopilada en el estudio y la que se describe a través de los relatos de las mujeres; “con todo y a la luz de la información oficial y no oficial respecto de la violencia sexual contra las mujeres migrantes con que cuentan diversos actores estatales y las organizaciones”, las investigadoras no logran explicar por qué continúa ocurriendo y por qué – además – se sigue invisibilizando. En las instituciones involucradas en el proceso migratorio, no hay conciencia de la violencia a la que están expuestas las mujeres.

Los pasos que debería seguir cualquier institución que vele por la inclusión y seguridad de las personas migrantes son la aceptación, posibles mecanismos de reparación y, finalmente, la derivación. En otras palabras, primero entender que la violencia sexualizada y sexual en contra mujeres migrantes pasa por el solo hecho de migrar y moverse de un lado a otro; hacer las preguntas pertinentes y consultar a los centros de atención a víctimas de violencia sexual o de violencia contra las mujeres.

En ese sentido, Francisca Vargas advierte del peligro de la desinformación. “En un primer momento se les dijo a quienes entrevistamos (profesionales y grupos de profesionales) que si la violencia sexual no ocurría en Chile, la mujer afectada no podía acceder a los programas de atención a víctimas. Pero, de ser así ¿qué pasa con la mujer que sufre violencia sexual por un ‘coyote’?”.La abogada explica que existen medidas legales que se podrían tomar en caso de ocurrir un hecho de violencia sexual por parte del sujeto masculino que se encarga de trasladar a las mujeres migrantes de un lado a otro de manera ilegal. No obstante, la causa queda diluida por el delito que significa migrar “de manera irregular”, es decir, si es por trata de personas para su explotación sexual o tráfico de personas. “No es seguro que exista una condena por una denuncia de una mujer que entró por tráfico de personas y sufrió una situación de violencia sexual”.

Bajo estas condiciones, cuando se quiere dar marcha a la reparación de las víctimas, la puerta ya está cerrada porque la violencia sexual no se aborda cuando el ‘coyote’ abusa o cobra en sexo el traslado de las mujeres. No se la considera como una vulneración grave de derechos. Sin embargo, existiría una posibilidad de contención y protección en manos de clínicas jurídicas u otras organziaciones de la sociedad civil. Estas – repara Francisca Vargas –  constituyen “una medida parche porque no puede ser que nazca desde las universidades. Esto debería ser, a mi juicio, una cuestión de Estado”, emplaza y agrega “el Estado debiese tomarse muy en serio la violencia sexual en contra de las mujeres en general, por su gravedad”.

Disidencias sexuales y los peligros en ruta migratoria

Desde su experiencia profesional en la Clínica, Francisca Vargas asegura que hay un riesgo para las personas de la comunidad LGTBIQ+. “Tengo la sensación que el hecho de ser hombre te protege, independiente si eres un hombre gay, luego si ya es una persona trans la problemática va cambiando y si eres mujer lesbiana, por el hecho de ser mujer sufres los mismos riesgos”. No obstante, no hay estadísticas al respecto que se desprenda de esta investigación. Este problema no se menciona en las entrevistas ni está registrado en los documentos revisados.

Con o sin cifras, actualmente existen casos abiertos: “Conocemos dos o tres testimonios en la Clínica de mujeres lesbianas que precisamente han venido a Chile por la violencia sexual y persecución que han sufrido en su país de origen por ser lesbiana”, relata Vargas. “Particularmente desde Colombia, tenemos el caso de dos hombres gays que escaparon de Rusia y República Dominicana también por persecución. Lamentablemente, con personas trans no hemos tenido tanta experiencia porque no han llegado sus situaciones a la Clínica”.

La violencia sexual y sexualizada afecta de manera desproporcionada a las mujeres que migran. Es causa y efecto: salen de sus países huyendo de ella y la vuelven a enfrentar en la ruta y país receptor.  Según la CEPAL el 50,1% de las migraciones en la región es femenina; la encuesta CASEN de 2015 da cuenta que el 51,6 % de las personas migrantes que residen en Chile son mujeres. Por eso, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP hace un llamado a hacer visible esta perspectiva de género al abordar la migración en país, también llaman a quienes se interesen y requieran asesoría para ser acogidos con la sensibilidad pertinente que merecen.