Viernes, 18 Noviembre 2016 00:00

Informe de Derechos Humanos indica falencias del Estado en materias de infancia, personas que viven en campamentos y funcionarios públicos Destacado

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El estudio plantea que el derecho a la vivienda debiera ser reconocido constitucionalmente. Asimismo, aborda los derechos laborales del gremio, el escaso avance en la nueva institucionalidad de infancia y los derechos de las personas intersexuales.

 

Noticia publicada en La Tercera, 7 de noviembre de 2016.

A pesar del crecimiento económico y la mejora general en los indicadores de desarrollo humano en Chile, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) a través de su estudio anual en la materia, indica las principales falencias del país en ámbitos como el derecho a la vivienda digna, el trato del Estado con los niños y la situación actual de los funcionarios públicos.

En la decimocuarta versión del informe se busca informar y analizar en profundidad aspectos conflictivos o silenciados de la vida social chilena, que se consideran de particular gravedad por su carácter o porque no han sido destacados con anterioridad.

Entre las temáticas tratadas por el análisis, además de las desglosadas a continuación, están las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos, la práctica de esterilización en niñas y mujeres —con y sin discapacidad psíquica o intelectual —, los pueblos indígenas, la multiculturalidad y el sistema educacional.

Asimismo, se tratan las garantías contra la expulsión de migrantes y un capítulo sobre la verdad, justicia y memoria por violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de dictadura, la única sección que se mantiene desde los inicios de la publicación. 

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

Una de las principales deudas del Estado es el aumento de campamentos en los últimos cinco años. Este 2016, en un total de 660 a lo largo del territorio nacional, habitan 38.770 familias, cifra que ha aumentado en unas 11.000 personas desde 2011, según TECHO-Chile.

La mayor concentración de habitantes que viven sin acceso a servicios básicos se encuentra en Valparaíso, Antofagasta y Concepción. Las condiciones de este sector de la población “constituyen una violación a una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile”, asegura el informe presentado por la entidad académica.

Otras denuncias que hace el Centro es “la falta de una política estructural de vivienda que pueda superar los obstáculos que se ponen al mercado de suelos y la falta de datos actualizados sobre la situación en los campamentos”.

EL TRATO DEL ESTADO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

En este ámbito, el informe es particularmente duro en relación a la forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo, lo que “ha provocado, estos últimos meses, con razón, escándalo y preocupación pública”.

Lo anterior hace referencia a los incidentes y muertes que han rodeado al Servicio Nacional de Menores (Sename), uno de los puntos que la investigación del Centro de Derechos Humanos sigue hace años.

El documento, asimismo, indica que la pendiente institucionalidad de la infancia en territorio nacional es calificada como “una deuda impaga”, y tras el análisis de los proyectos de ley presentados durante este año por el Ejecutivo, se concluye que “a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que se adscribió con la suscripción de dicho tratado”.

Entre las medidas que se proponen, está la aprobación pronta de la norma que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de derechos humanos, y que éstos no estén sujetos a la disponibilidad presupuestaria del Estado.

LA SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Otro tópico que adquiere particular relevancia a la luz de la última negociación del reajuste del sector público, es la que presenta el capítulo Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos, el cual estudia la situación laboral de dichos trabajadores, sobre todo en materia de sindicalización, negociación colectiva y derecha a huelga.

El informe recomienda que los derechos mencionados se consagren constitucionalmente en forma universal en el caso público y privado, aunque “admitiendo posibles restricciones —pero nunca la prohibición —en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término”.

LOS DERECHOS DE LA PERSONAS INTERSEXUALES

De acuerdo al estudio, las violaciones a los derechos de las personas pertenecientes a este grupo de la comunidad LGTBI son de las menos visibles y estudiadas en Chile. A tal punto llega aquella realidad, que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersexuales.

Tampoco existen normas de carácter legal que garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños, niñas y adolescentes.