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Puedes descargar el informe en este enlace.

Jueves, 26 Noviembre 2020 00:00

Covid-19 y el derecho humano a la salud

Escrito por

Columna de María Belen Saavedra, publicada originalmente en La Segunda el 26 de Noviembre 2020

Los últimos 12 meses han sido particularmente complejos en materia de Derechos Humanos, y la pandemia ha evidenciado más aún los desafíos y falencias del Estado para cumplir con su deber de garantizar el acceso de todas y todos a atención de salud.

El Covid-19 es apenas la sexta pandemia que la OMS ha declarado en toda su historia. Siendo un escenario tan excepcional, cuando ello ocurrió las alarmas debieron encenderse en todo el mundo: la situación en algunos lugares de Europa ya era grave, y en América Latina teníamos la ventaja del tiempo para prepararnos.

Sin embargo durante los primeros meses de la pandemia el mensaje de nuestros líderes fue intencionalmente vago:“La pandemia del Covid-19 nos ataca a todos por igual, y por ende, todos tenemos que cuidarnos”.

Nada más alejado de la realidad. La pandemia no nos atacó ni nos ataca a todos por igual. Sabemos que ataca desproporcionadamente a las personas de escasos recursos; a quienes sufren enfermedades y condiciones pre-existentes; a quienes tienen dificultades para acceder a servicios de salud especializados o que se encuentran en zonas rurales. También ataca desproporcionadamente a migrantes y a personas de la tercera edad (ya sea por su escaso acceso a la salud, por falta de recursos o hacinamiento); y que los niños, niñas y adolescentes, aunque rara vez demuestran síntomas, son los perfectos portadores.

En atención a todo esto, organismos de Derechos Humanos han entregado recomendaciones específicas y generales a todos los países, a fin de que cumplan con su responsabilidad de cuidarnos a todos y todas, sin importar otra condición que nuestra humanidad. Bajo esa perspectiva, según recoge el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (que se publicará la próxima semana), en Chile aún preocupa la falta de datos desagregados para comprender mejor el desarrollo de la pandemia, así como la incapacidad del gobierno para escuchar a los expertos en lo referente a planes de desconfinamiento.

Hoy parece que Europa vuelve a mostrarnos lo que podría ser nuestro futuro, con un duro agravamiento de los contagios. Por ello, es nuestro deber revisar qué hicimos bien, regular y mal, y trabajar juntos para que esta pandemia sin precedentes no deje en aún peores condiciones a las personas más vulnerables.

*Ingresa aquí para más información sobre el Lanzamiento del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales

Puedes registrarte para el lanzamiento en este enlace.

ddhh

Martes, 03 Noviembre 2020 00:00

Centro de DDHH evalúa trabajo del INDH

Escrito por

Nota publicada originalmente en El Mostrador el 19 de Octubre 2020

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó este pasado viernes 16 de octubre un balance de la información obtenida a nivel nacional desde la base de datos de violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis social. En específico, son todas las acciones judiciales presentadas por el INDH que catastran a víctimas que denunciaron hechos vulneratorios de DDHH, entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. En ese período, el INDH presentó un total de 2.520 querellas a nivel país.

La Universidad Diego Portales, en paralelo, realizó otro balance, analizando el año del INDH. Esto, porque el organismo dirigido por Sergio Micco se convirtió en uno de los protagonistas del estallido social, constatando en terreno las diversas violaciones de los derechos humanos que se cometieron desde octubre del 2019. Un año después, es posible asegurar, según el Informe de Derechos Humanos UDP 2020, que "pese a las tremendas exigencias que el dramático momento impuso, (el INDH) fue capaz de ejercer sus facultades, pero que tensiones internas y problemas de diseño institucional afectaron también esa respuesta".

El estudio, llevado a cabo por Alberto Coddou, Tomás Vial y Vicente Aylwin, fue elaborado utilizando diversas fuentes que sirvieron, de manera complementaria, "para evaluar la acción de quien está posicionado institucionalmente para someter a escrutinio la acción estatal de acuerdo con estándares de derechos humanos". Se realizaron 7 entrevistas a actores relevantes del instituto dirigido por Sergio Micco, cuya participación fue sometida a la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Derecho de Universidad Diego Portales.

Uno de estos entrevistados –un consejero del INDH– dijo que “el INDH reaccionó, no permaneció pasivo y la reacción visibilizó las formas de vulneración a los derechos humanos. Ejerció las funciones que tiene, pero creo que no es la reacción perfecta, hay una serie de cosas que se pudieron hacer con más claridad".

En esa línea, el estudio destaca la aptitud que tuvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos de comunicar y visibilizar las violaciones de los DDHH, funcionando con un centro de monitoreo de lo que estaba pasando, presentando posteriormente denuncias y acciones judiciales. "Si bien las facultades del INDH son limitadas en relación con la recepción, procesamiento e investigación de quejas individuales, en los hechos, ejerció fuertemente dicho rol", agregan.

Sin embargo, "la crisis social hizo emerger una serie de problemas y tensiones internas que aquejan desde hace tiempo al INDH, y que podrían tener alguna relación con su capacidad de reacción, pero que, además, develan ciertos problemas de diseño institucional y permiten abrir la discusión respecto de su arquitectura institucional de cara al proceso constituyente".

Entre las conclusiones del estudio, los autores destacan que "el rol del INDH fue particularmente relevante para prevenir algunas violaciones a los derechos humanos, especialmente a partir del constante monitoreo y observación del ejercicio del derecho de reunión, y del uso de sus atribuciones legales para controlar el adecuado cumplimiento de los estándares constitucionales para el respeto del derecho a la libertad personal y seguridad individual".

Además, aseguran que se pudo "constatar la gran cantidad de acciones judiciales iniciadas por la Unidad de Protección de Derechos, que se desplegó en todo el territorio nacional, conformando una vasta red de colaboradores formales e informales que contribuyeron en la recopilación de antecedentes y eventuales pruebas que puedan ayudar al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, contribuyendo decisivamente a la búsqueda la verdad, justicia y eventual reparación de las graves violaciones ocurridas".

"En términos generales, podemos decir que el INDH estuvo a la altura de las difíciles circunstancias, sobre todo considerando la delimitación de sus atribuciones legales y la falta de recursos, factores que no impidieron el ejercicio adecuado de su mandato legal", subrayan.

El informe también habla de una posible constitución de una Comisión de Verdad. Si bien esta podría ser una instancia positiva, según estiman algunos funcionarios del INDH, existen ciertas aprensiones respecto a que su creación conlleve un reemplazo de justicia por verdad.

Dicho lo anterior, también indican que "existen ciertos desafíos pendientes, sobre todo considerando algunas deficiencias del diseño institucional y el deterioro de las premisas sociales y políticas sobre las cuales se pensó originalmente la institución".

El informe finaliza entregando una serie de recomendaciones al INDH para mejorar de cara al primer aniversario del 18-O, entre las que se destacan el reforzamiento de la Unidad de Protección de Derechos, a través de personal especializado y de abogadas colaboradoras, con el objeto de hacer seguimiento a la gran cantidad de acciones judiciales iniciadas por el organismo, garantizando el cumplimiento de los estándares derivados del derecho a la tutela judicial efectiva; eliminar la atribución presidencial de nombrar a dos consejeros del INDH, en cumplimiento con lo señalado en los Principios de París, relativo a la autonomía de la institución; realizar una evaluación del funcionamiento del actual diseño institucional del INDH, especialmente de su Consejo, y proponer las modificaciones legales que permitan un adecuado cumplimiento de su mandato legal, esto es, la promoción y protección de los derechos humanos; y mejorar la transparencia del Consejo del INDH y entregar información fidedigna, pertinente y actualizada de las actas de este, las que constituyen una valiosa fuente de información y de control ciudadano para el ejercicio adecuado de las atribuciones legales y del mandato del INDH. Asimismo, garantizar, de manera inmediata, las condiciones adecuadas para que el Consejo Consultivo pueda ejercer sus funciones.

El objetivo del nuevo año: suavizar conflictos al interior del INDH

Uno de los autores del estudio, Alberto Coddou, dijo a El Mostrador que el INDH "es una institución que ha hecho mucho con muy pocos recursos y atribuciones. En un contexto complejo para toda la institucionalidad estatal, el INDH destacó en varias dimensiones. Sin embargo, creo que lo más importante fue detectar algunas deficiencias del diseño institucional y el deterioro de las premisas sociales y políticas sobre las cuales se pensó originalmente la institución. El diseño institucional del INDH, con un órgano político colegiado en su núcleo, está pensado sobre el supuesto de que existen ciertos consensos mínimos que le dan a la institución una unidad de propósitos, marcada por los estándares del derecho internacional de los derechos humanos".

"Como vimos al interior del Consejo, estos consensos se han ido debilitando con anterioridad al estallido y se aceleraron con este. Otras cuestiones propias del diseño institucional apuntan al hecho de que el director del INDH sea un consejero, cuestión que se torna problemática cuando existen niveles de polarización, o de que los consejeros tengan una dedicación parcial a sus labores, generando ciertas distancias con el resto de la institución, afectándose así la cohesión institucional que se requiere en tiempos complejos. Por último, un Consejo Consultivo en forma, originalmente pensado para ayudar al Consejo del INDH y a la misma institución en cuestiones complejas, pudo haber sido de gran ayuda para abordar los desafíos institucionales a los que se vio sometido el INDH en el estallido social", añadió.

En esa línea, Coddou indica que, en los últimos 365 días, el INDH ha realizado una serie de mejoras que ya están indicadas en el informe UDP, las que son de dos tipos: contingente y estructural.

Respecto del primer nivel, "el INDH ha realizado todos los esfuerzos para estar a la altura del desafío histórico. Así, por ejemplo, ha efectuado cambios en su estructura y ha incorporado abogados colaboradores para reforzar la Unidad de Protección de Derechos. No obstante lo anterior, sigue sujeto a una limitación presupuestaria importante. Esto ha dificultado la intervención judicial del INDH, la que será cada vez más intensiva y requerirá más personal especializado conforme vayan avanzando los procesos penales seguidos en contra de agentes del Estado".

Respecto de las cuestiones estructurales, el “estallido social” develó la existencia "de un Consejo del INDH binominalizado, que no logró generar los consensos necesarios para abordar la crisis masiva de derechos humanos. Ello no solo afectó la percepción que los ciudadanos tenían respecto del INDH, sino también, en alguna medida, su capacidad de gestión frente a la crisis. Ahora bien, dicha binominalización es propia de la arquitectura institucional del INDH y, más concretamente, es el efecto de las reglas de elección de sus consejeros. Ejemplo de ello es la regla que permite al Presidente nombrar a dos consejeros del INDH, cuestión que pugna directamente con lo señalado en los Principios de París en relación con la autonomía de las instituciones de derechos humanos".

"Creemos que el proceso constituyente en curso será una oportunidad histórica para abrir la discusión respecto de la forma que la institucionalidad de derechos humanos debiese adoptar. Esto es fundamental para abordar los múltiples desafíos que tiene nuestro país en materia de derechos humanos", agregó.

¿Qué le depara al INDH después del primer aniversario del 18-O? "Yo creo que es un año en que tienen que suavizarse algunos conflictos al interior del Consejo y otorgar garantías de que los funcionarios tendrán la debida independencia técnica y apoyo financiero para continuar con la tramitación de la gran cantidad de causas que han sido iniciadas por el INDH o en las que este es parte. Además, es un año complejo por la discusión constituyente, que afectará toda la arquitectura institucional del Estado chileno, es imperativo reflexionar acerca de la posición que ocupará el conjunto de entidades u órganos que forman parte de lo que se ha denominado como la institucionalidad de derechos humanos".

"¿Es la institucionalidad de derechos humanos un tema de relevancia constitucional? ¿Es necesario garantizar la autonomía constitucional de una institución como el INDH? ¿Cómo pensar en una institucionalidad de derechos humanos en relación con la apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Cómo abordar la demanda por generar institucionalidad que vaya en protección de diversos grupos desaventajados? Estas y otras preguntas incluyen temas que eventualmente serán abordados en el debate constituyente, y para ello se requiere contar tanto con información actualizada, con los aprendizajes generados por la práctica institucional reciente, y por la experiencia comparada, que ayuda a comprender de mejor manera la relevancia de contar con una institucionalidad de derechos humanos en forma", finalizó.

Nota publicada originalmente en El Mostrador el 19 de Octubre 2020

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó este pasado viernes 16 de octubre un balance de la información obtenida a nivel nacional desde la base de datos de violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis social. En específico, son todas las acciones judiciales presentadas por el INDH que catastran a víctimas que denunciaron hechos vulneratorios de DDHH, entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. En ese período, el INDH presentó un total de 2.520 querellas a nivel país.

La Universidad Diego Portales, en paralelo, realizó otro balance, analizando el año del INDH. Esto, porque el organismo dirigido por Sergio Micco se convirtió en uno de los protagonistas del estallido social, constatando en terreno las diversas violaciones de los derechos humanos que se cometieron desde octubre del 2019. Un año después, es posible asegurar, según el Informe de Derechos Humanos UDP 2020, que "pese a las tremendas exigencias que el dramático momento impuso, (el INDH) fue capaz de ejercer sus facultades, pero que tensiones internas y problemas de diseño institucional afectaron también esa respuesta".

El estudio, llevado a cabo por Alberto Coddou, Tomás Vial y Vicente Aylwin, fue elaborado utilizando diversas fuentes que sirvieron, de manera complementaria, "para evaluar la acción de quien está posicionado institucionalmente para someter a escrutinio la acción estatal de acuerdo con estándares de derechos humanos". Se realizaron 7 entrevistas a actores relevantes del instituto dirigido por Sergio Micco, cuya participación fue sometida a la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Derecho de Universidad Diego Portales.

Uno de estos entrevistados –un consejero del INDH– dijo que “el INDH reaccionó, no permaneció pasivo y la reacción visibilizó las formas de vulneración a los derechos humanos. Ejerció las funciones que tiene, pero creo que no es la reacción perfecta, hay una serie de cosas que se pudieron hacer con más claridad".

En esa línea, el estudio destaca la aptitud que tuvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos de comunicar y visibilizar las violaciones de los DDHH, funcionando con un centro de monitoreo de lo que estaba pasando, presentando posteriormente denuncias y acciones judiciales. "Si bien las facultades del INDH son limitadas en relación con la recepción, procesamiento e investigación de quejas individuales, en los hechos, ejerció fuertemente dicho rol", agregan.

Sin embargo, "la crisis social hizo emerger una serie de problemas y tensiones internas que aquejan desde hace tiempo al INDH, y que podrían tener alguna relación con su capacidad de reacción, pero que, además, develan ciertos problemas de diseño institucional y permiten abrir la discusión respecto de su arquitectura institucional de cara al proceso constituyente".

Entre las conclusiones del estudio, los autores destacan que "el rol del INDH fue particularmente relevante para prevenir algunas violaciones a los derechos humanos, especialmente a partir del constante monitoreo y observación del ejercicio del derecho de reunión, y del uso de sus atribuciones legales para controlar el adecuado cumplimiento de los estándares constitucionales para el respeto del derecho a la libertad personal y seguridad individual".

Además, aseguran que se pudo "constatar la gran cantidad de acciones judiciales iniciadas por la Unidad de Protección de Derechos, que se desplegó en todo el territorio nacional, conformando una vasta red de colaboradores formales e informales que contribuyeron en la recopilación de antecedentes y eventuales pruebas que puedan ayudar al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, contribuyendo decisivamente a la búsqueda la verdad, justicia y eventual reparación de las graves violaciones ocurridas".

"En términos generales, podemos decir que el INDH estuvo a la altura de las difíciles circunstancias, sobre todo considerando la delimitación de sus atribuciones legales y la falta de recursos, factores que no impidieron el ejercicio adecuado de su mandato legal", subrayan.

El informe también habla de una posible constitución de una Comisión de Verdad. Si bien esta podría ser una instancia positiva, según estiman algunos funcionarios del INDH, existen ciertas aprensiones respecto a que su creación conlleve un reemplazo de justicia por verdad.

Dicho lo anterior, también indican que "existen ciertos desafíos pendientes, sobre todo considerando algunas deficiencias del diseño institucional y el deterioro de las premisas sociales y políticas sobre las cuales se pensó originalmente la institución".

El informe finaliza entregando una serie de recomendaciones al INDH para mejorar de cara al primer aniversario del 18-O, entre las que se destacan el reforzamiento de la Unidad de Protección de Derechos, a través de personal especializado y de abogadas colaboradoras, con el objeto de hacer seguimiento a la gran cantidad de acciones judiciales iniciadas por el organismo, garantizando el cumplimiento de los estándares derivados del derecho a la tutela judicial efectiva; eliminar la atribución presidencial de nombrar a dos consejeros del INDH, en cumplimiento con lo señalado en los Principios de París, relativo a la autonomía de la institución; realizar una evaluación del funcionamiento del actual diseño institucional del INDH, especialmente de su Consejo, y proponer las modificaciones legales que permitan un adecuado cumplimiento de su mandato legal, esto es, la promoción y protección de los derechos humanos; y mejorar la transparencia del Consejo del INDH y entregar información fidedigna, pertinente y actualizada de las actas de este, las que constituyen una valiosa fuente de información y de control ciudadano para el ejercicio adecuado de las atribuciones legales y del mandato del INDH. Asimismo, garantizar, de manera inmediata, las condiciones adecuadas para que el Consejo Consultivo pueda ejercer sus funciones.

El objetivo del nuevo año: suavizar conflictos al interior del INDH

Uno de los autores del estudio, Alberto Coddou, dijo a El Mostrador que el INDH "es una institución que ha hecho mucho con muy pocos recursos y atribuciones. En un contexto complejo para toda la institucionalidad estatal, el INDH destacó en varias dimensiones. Sin embargo, creo que lo más importante fue detectar algunas deficiencias del diseño institucional y el deterioro de las premisas sociales y políticas sobre las cuales se pensó originalmente la institución. El diseño institucional del INDH, con un órgano político colegiado en su núcleo, está pensado sobre el supuesto de que existen ciertos consensos mínimos que le dan a la institución una unidad de propósitos, marcada por los estándares del derecho internacional de los derechos humanos".

"Como vimos al interior del Consejo, estos consensos se han ido debilitando con anterioridad al estallido y se aceleraron con este. Otras cuestiones propias del diseño institucional apuntan al hecho de que el director del INDH sea un consejero, cuestión que se torna problemática cuando existen niveles de polarización, o de que los consejeros tengan una dedicación parcial a sus labores, generando ciertas distancias con el resto de la institución, afectándose así la cohesión institucional que se requiere en tiempos complejos. Por último, un Consejo Consultivo en forma, originalmente pensado para ayudar al Consejo del INDH y a la misma institución en cuestiones complejas, pudo haber sido de gran ayuda para abordar los desafíos institucionales a los que se vio sometido el INDH en el estallido social", añadió.

En esa línea, Coddou indica que, en los últimos 365 días, el INDH ha realizado una serie de mejoras que ya están indicadas en el informe UDP, las que son de dos tipos: contingente y estructural.

Respecto del primer nivel, "el INDH ha realizado todos los esfuerzos para estar a la altura del desafío histórico. Así, por ejemplo, ha efectuado cambios en su estructura y ha incorporado abogados colaboradores para reforzar la Unidad de Protección de Derechos. No obstante lo anterior, sigue sujeto a una limitación presupuestaria importante. Esto ha dificultado la intervención judicial del INDH, la que será cada vez más intensiva y requerirá más personal especializado conforme vayan avanzando los procesos penales seguidos en contra de agentes del Estado".

Respecto de las cuestiones estructurales, el “estallido social” develó la existencia "de un Consejo del INDH binominalizado, que no logró generar los consensos necesarios para abordar la crisis masiva de derechos humanos. Ello no solo afectó la percepción que los ciudadanos tenían respecto del INDH, sino también, en alguna medida, su capacidad de gestión frente a la crisis. Ahora bien, dicha binominalización es propia de la arquitectura institucional del INDH y, más concretamente, es el efecto de las reglas de elección de sus consejeros. Ejemplo de ello es la regla que permite al Presidente nombrar a dos consejeros del INDH, cuestión que pugna directamente con lo señalado en los Principios de París en relación con la autonomía de las instituciones de derechos humanos".

"Creemos que el proceso constituyente en curso será una oportunidad histórica para abrir la discusión respecto de la forma que la institucionalidad de derechos humanos debiese adoptar. Esto es fundamental para abordar los múltiples desafíos que tiene nuestro país en materia de derechos humanos", agregó.

¿Qué le depara al INDH después del primer aniversario del 18-O? "Yo creo que es un año en que tienen que suavizarse algunos conflictos al interior del Consejo y otorgar garantías de que los funcionarios tendrán la debida independencia técnica y apoyo financiero para continuar con la tramitación de la gran cantidad de causas que han sido iniciadas por el INDH o en las que este es parte. Además, es un año complejo por la discusión constituyente, que afectará toda la arquitectura institucional del Estado chileno, es imperativo reflexionar acerca de la posición que ocupará el conjunto de entidades u órganos que forman parte de lo que se ha denominado como la institucionalidad de derechos humanos".

"¿Es la institucionalidad de derechos humanos un tema de relevancia constitucional? ¿Es necesario garantizar la autonomía constitucional de una institución como el INDH? ¿Cómo pensar en una institucionalidad de derechos humanos en relación con la apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Cómo abordar la demanda por generar institucionalidad que vaya en protección de diversos grupos desaventajados? Estas y otras preguntas incluyen temas que eventualmente serán abordados en el debate constituyente, y para ello se requiere contar tanto con información actualizada, con los aprendizajes generados por la práctica institucional reciente, y por la experiencia comparada, que ayuda a comprender de mejor manera la relevancia de contar con una institucionalidad de derechos humanos en forma", finalizó.

Nota publicada originalmente en El Mostrador el 18 de Octubre 2020

Este domingo se cumple exactamente un año del comienzo del estallido social, ocurrido el 18 de octubre del 2019, fecha que trajo consigo diversos hechos de violencia y un acuerdo político para realizar un plebiscito que busque una nueva Constitución, el que se realizará -tras aplazarse por el COVID-19- el próximo 25 de octubre.

Un año es fecha suficiente para realizar balances de las diferentes aristas que marcaron el estallido social. Entre ellas, se encuentra la violencia del Estado ejercida sobre los ciudadanos en todo el país, la que se tradujo en múltiples y graves violaciones de derechos humanos. Transcurridos 365 días, lejos de ser una situación puntual, la violencia se ha extendido en el tiempo, teniendo a Carabineros entre sus principales responsables.

¿Qué tan bien funcionaron en este último año? La Universidad Diego Portales analizó a la institución y a otras, como la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas, publicando sus resultados en el Informe de Derechos Humanos UDP 2020.

En el capítulo "Torturas, tratos crueles e inhumanos desde el estallido social", elaborado por Eduardo Alcaíno, advierten -recordando, por ejemplo, el caso de Fabiola Campillai- que hubo múltiples víctimas de la violencia estatal. "No obstante, los avances que ha habido en el cumplimiento del Estado de Chile en sus obligaciones internacionales respecto a la violencia policial, el estallido social dejó en manifiesto que se trata de una práctica que sigue suscitándose a través de los años en nuestro país y, por lo mismo, requiere ser descrita, puesta en contexto y evidenciada", aseguran.

Para este estudio, se realizó un análisis de todos los informes de instituciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, de diversas instituciones públicas nacionales y también de organismos internacionales del sistema de protección de derechos humanos, medios de prensa, requerimientos de acceso a información pública, y otras fuentes abiertas, con el objetivo de identificar y resumir los principales hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre de 2019 en los términos del presente informe.

Y las conclusiones no están lejos de lo advertido por la ACNUDH y la CIDH: la culpa del actuar policial es del Estado. "En otras palabras, el sistema internacional de los derechos humanos reconoce que los Estados deben garantizar el orden público y el cumplimiento de la ley, pero no a cualquier costo", dice el estudio.

El estallido social evidenció que el Estado de Chile posee graves dificultades "no sólo para garantizar el derecho de reunión, sino que al momento de ejercer la fuerza para controlar el orden público".

"En primer lugar, existe evidencia contundente acerca del uso de armamento no letal -principalmente por Carabineros- sobre grupos de manifestantes, sin diferencias de aquellos que se encontraban ejecutando conductas violentes respecto de aquellos que estaba manifestándose pacíficamente, y sin tomar las medidas de resguardo para no generar riesgos indebidos de lesiones graves. Estas acciones provocaron, entre otras, secuelas en el rostro y traumas oculares severos, significado en algunos casos la pérdida total de visión o globos oculares dañados. En ese contexto, existe un incumplimiento evidente de los Principios Básicos de utilización de la fuerza sobre los ciudadanos y, a su vez, una vulneración grave del Estado de Chile a los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente, el derecho a la integridad física y psíquica", aseguran.

"Esta vulneración no sólo se explica por las acciones ejecutadas por agentes del Estado sobre los ciudadanos, sino que también por la omisión de las autoridades policiales y de gobierno frente a las evidentes conductas que estaban siendo desplegadas en el control del orden público", agregan, recordando entre otras cosas el uso de escopetas anti disturbios. "En ese contexto, resulta imperioso que la autoridad tomé conciencia de la gravedad de los hechos y de los peligros asociados a la utilización de armamento no letal sobre ciudadanos, y comprenda el rol que le compete de protección sobre manifestantes que están ejerciendo su derecho a reunión", dice.

Otra de las conclusiones a la que llega es que existió una clara vulneración a la prohibición absoluta de los Estados a ejecutar torturas y otros tratos sobre los ciudadanos. Además, advierten que el Estado, a través del Ministerio Público, "ha dado cuenta que se encuentran investigando los hechos constitutivos de tortura y otros tratos", sin embargo existe demora "y dificultades para obtener la información respecto de las instituciones policiales, las cuales son fundamentales para esclarecer los hechos y perseguir penalmente las sanciones que corresponden".

En cuarto lugar, "es relevante dar cuenta que existieron serios episodios de violencia de parte de ciertos grupos de manifestantes sobre funcionarios policiales", lo que es responsabilidad del Estado, ya que es el que debe "garantizar la integridad física y vida de los funcionarios policiales, para lo cual deberá dotarlo de los recursos y logística necesaria para cumplir su labor adecuadamente".

Finalmente, el Estado de Chile deberá responder por las acciones de sus agentes estatales, quienes son los que directamente se encuentran ejerciendo la fuerza, dice el estudio. Pero no sólo deberán responder civil o administrativamente, sino que, como ha indicado el Comité de Naciones contra la Tortura de Naciones Unidas, “los superiores jerárquicos, funcionarios públicos incluidos, no pueden […] sustraerse a la responsabilidad penal por los actos de tortura cometidos o los malos tratos infligidos por sus subordinados si sabían o debían haber sabido que esas conductas inaceptables estaban ocurriendo o era probable que ocurrieran".

Entre las recomendaciones que presenta el estudio, destaca la modificación de los protocolos de uso de armas no letales, de manera de adecuarlas a las recomendaciones internacionales; avanzar en la agenda legislativa de reforma a Carabineros; adoptar medidas necesarias para que las Policías y las Fuerzas Armadas cumplan con las obligaciones de garantizar los derechos de las personas; mejorar capacidades de persecución penal y transparencia; evaluar y mejorar la oferta de capacitación y formación de policías, fiscales, defensores y jueces sobre tortura y otros tratos crueles, con estándares internacionales; investigar de manera acuciosa y con celeridad los diversos casos de violencia, realizando todas las diligencias correspondientes, protegiendo las garantías de las víctimas; y establecer mecanismos de reparación integral.

Panorama "sombrío"

Eduardo Alcaíno, creador del estudio, conversó con El Mostrador sobre este estudio, asegurando que viene a confirmar que "ha habido por parte de Carabineros un uso de la fuerza de manera innecesaria y desproporcionada por sobre personas que se encontraban en las manifestaciones de distinto tipo, así como también en detenciones, sin perjuicio de que esas personas puedan haber estado participando de manera pacífica o no".

También confirma que "hay un patrón de conducta de parte de Carabineros al momento de ejercer la fuerza, lo que se traduce en varios casos y no pocos, en conductas que puedes ser constitutivas de torturas y otro tipo de tratos como atentados contra la integridad física, lo que quiero decir es que esto no es una situación que se generó a partir del 18 de octubre", sino que "es una situación que viene aconteciendo hace mucho tiempo que probablemente claramente ha ido mejorando en algunos aspectos especialmente a partir de la reforma procesal penal pero si sigue habiendo un uso excesivo por parte de la fuerza".

Alcaíno también se refirió al uso de las escopetas antidisturbios: "la evidencia, especialmente de la cantidad de casos y del tipo de lesiones da cuenta de un uso de parte de las escopetas antidisturbios sobre grupo de personas y que mas que tener un objetivo de defensa, ya sea de los propios funcionarios o de terceros, sino que mas bien un medio para efectos de dispersar las manifestaciones o incluso de afectar la integridad de estas personas". Esto es relevante porque la evidencia, científica o no, da "cuenta de que aquella utilización es completamente indebida, ya que genera mayor riesgo de generar lesiones de gravedad y especialmente de afectar la visión y los ojos de las personas, como ha sido claramente documentado en el caso de nuestro país".

Este 18 de octubre, día que se cumple un año del estallido social, Alcaíno analiza el último año de Carabineros: "Claramente lo sucedido en el 18 de octubre hasta la fecha, ha generado algún tipo de reacción de parte de las autoridades, de parte de Carabineros, en alguna medida esto ha implicado un remezón interno y eso es imposible no reconocerlo. Sin perjuicio de ello, claramente ha sido insuficiente".

"Los hechos acontecidos recientemente, especialmente, el homicidio frustrado respecto del joven de 16 años del puente Pío Nono, la reacción institucional y con todas las consecuencias que son públicamente conocidas, dan cuenta de que los Carabineros todavía tiene una concepción respecto de su trabajo que no implica una auto revisión de sus protocolos, ni siquiera digamos al menos un discurso con mayor resguardo y restricciones respecto a lo sucedido sino que mas bien hay una defensa corporativa lo que da cuenta que la concepción respecto al uso de fuerza de su institución sigue siendo la misma, en el fondo que acá la pueden ejercer sin perjuicio de las consecuencias y de los hechos que podría justificar su uso, porque eso es importante, y especialmente desde el punto de vista de los estándares internacionales", explica.

En esa línea, dice que el "panorama respecto a Carabineros es bastante sombrío y poco claro porque el problema central que existe en Carabineros es una institución que tiene una relación con el Poder Político evidente y por tanto los cambios que vayan a suceder van a depender netamente del respaldo que puedan tener o no tener del poder político, no solamente de la autoridad sino por supuesto de los parlamentarios quienes también tienen que ver con los cambios, entonces el panorama yo te diría que es un poco incierto porque va a depender del respaldo que van a tener de la autoridad".

"Lo que esperaría y lo que espera el centro de DDHH, es que haya, exista una reforma relevante, importante respecto a Carabineros. Existe una serie de propuestas en una serie de comisiones que se han visto sobre los cambios que deben existir, por supuesto que impliquen desmilitarizar Carabineros, implica mayor control de parte del poder civil, un serie de otras cuestiones de las cuales hay un consenso técnico bastante avanzado, el tema tiene que ver más bien con el apoyo político que puede tener eso. Nosotros esperamos que a partir del dialogo que puede existir con el Gobierno, con los distintos partidos políticos y con los distintos organismos de la sociedad civil pueda llegarse a un consenso respecto de como modificar esto y poder lograr tener una institución digamos que sea moderna y de acuerdo a los estándares de la democracia y de los DDHH", finalizó.

Lunes, 05 Octubre 2020 00:00

Se lanza #ConstituciónConGénero

Escrito por

Las académicas Lidia Casas y Judith Schönsteiner participaron en la elaboración de Nueva Constitución Con Perspectiva de Género, un insumo elaborado por 18 expertas en derecho público para el debate sobre una #ConstituciónConGénero que se lanzó hoy 5 de octubre de 2020. Las académicas que suscriben están convencidas que la nueva constitución requiere incorporar la igualdad de género para construir una sociedad más democrática, inclusiva y sustentable.

Por ello, dan a conocer al país - para su debate - propuestas en siete áreas: principios rectores del Estado con perspectiva de género; subjetividad jurídica y ciudadanía de las mujeres y personas LGBTI; igualdad y no-discriminación; derechos humanos con perspectiva de género; reconocimiento de los pueblos originarios y mujeres indígenas; paridad en el poder y finalmente, incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento constitucional.

El proyecto fue coordinado por Miriam Henríquez Viñas y firman Amaya Álvez Marín, Tania Busch Venthur, Lidia Casas Becerra, Estefania Esparza Reyes, Ximena Gauché Marchetti, Miriam Henríquez Viñas, Catalina Lagos Tschorne, Leticia Morales, Viviana Ponce de León, Carolina Salas Salazar, Claudia Sarmiento Ramírez, Judith Schönsteiner, Bárbara Sepúlveda Hales, Verónica Undurraga, Lieta Vivaldi, Yanira Zúñiga Añazco, Alejandra Zúñiga Fajuri,

El documento completo está disponible en el siguiente enlace: https://docdro.id/wKW1rTQ

El debate sobre si debe o no haber perspectiva de género en casos judiciales de abuso sexual está hace años en una puerta giratoria. Según la académica e investigadora Lidia Casas, el problema principal de que no exista una mirada de género en este tipo de casos es que habitualmente “se desplaza la responsabilidad del agresor hacia ella, y entonces se arma la idea de que ‘ella se buscó el abuso’".

Lee la entrevista completa en el siguiente enlace:

https://www.theclinic.cl/2020/08/04/lidia-casas-cuando-denunciamos-un-abuso-las-mujeres-somos-tratadas-como-sujetas-altamente-sospechosas/

La debida diligencia en el nuevo Informe sobre Empresas y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Due diligence in the new report of the Inter-American Commission on Human Rights on Business and Human Rights

English Summary

This contribution highlights two points made in the latest report of the Inter-American Commission of Human Rights on Business and Human Rights (2019), which, in the future, might well transcend the debate in the Americas: the clear definition of a State obligation to regulate enterprise due diligence in national law, creating an indirectly binding natureof the until now voluntary Pillar II of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, and the insufficiency of adopting public policies (without regulation) on the matter to comply with that obligation, risking to be found acquiescent in business behavior that violates human rights.

Keywords: Comisión Interamericana de Derechos Humanos/ empresas y derechos humanos/ debida diligencia/ políticas públicas

Leer el artículo completo en el siguiente enlace:

https://www.afronomicslaw.org/2020/07/14/la-debida-diligencia-en-el-nuevo-informe-sobre-empresas-y-derechos-humanos-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/#

Entrevista publicada originalmente en ComunicarSe el 26 de Junio 2020.

Así lo afirma la académica Judith Schonsteiner, autora entre otros trabajos del primer Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016), encomendado por del Instituto Danés de DD.HH. En la entrevista aborda temas como la responsabilidad del Estado y las empresas estatales, y el desarrollo de la temática en la región, entre otros.

¿Cómo se vinculan los Derechos Humanos y las Empresas?

Creo que es importante al vincular a las empresas con los derechos humanos, poner en el foco un actor más: la víctima o la potencial víctima de la violación de los DD.HH. Si adoptamos una perspectiva con foco en las personas que están en riesgo o que han sido víctimas de la violación se nos aclara mucho más la relación. Nos ayuda a entender porque hoy en día las Naciones Unidas y la OCDE le piden a las empresas ciertos comportamientos con respecto a los derechos humanos y por qué ponen tanto énfasis en desarrollar herramientas de debida diligencia para lograrlo.

Lo central es entender que no se trata del clásico concepto de responsabilidad social empresarial, donde hago mis actividades y después me relaciono con la comunidad a través de donaciones y/o programas de inserción laboral. Se trata de mirar a la empresa y sus actividades, y analizar el impacto negativo que puede tener sus actividades sobre los derechos humanos. Esa mirada, en las propias actividades es la mirada de empresas y derechos humanos.

¿De qué es responsable una empresa en esta materia y dónde se diferencia su rol del Estado?

Ciertamente una empresa no puede controlar ni ser responsable de todo. Entonces, se les pide un resultado concreto, evaluar sus impactos en sus operaciones y también en su cadena de suministro. Se les pide que adopten la debida diligencia para reducir los riesgos. Y en ese contexto tenemos documentos muy útiles como los Principios Rectores de Empresas y DD.HH. de Naciones Unidas.

Es necesario mencionar la responsabilidad de las empresas que ejercen un lobby bastante fuerte para no regular. Esta incidencia de las empresas de no regular, es la gran dificultad de nuestra región, y del mundo. Usamos un concepto para describir esta acción: la captura del Estado. Los intereses empresariales capturan el Estado e indican el horizonte de la regulación. Es necesario limitar este lobby y mejorar la fiscalización.

El Estado es el que tiene que garantizar el derecho, pero cuando el Estado permite al privado desempeñarse en un cierto sector, tiene que regular de tal forma, que se garantice el derecho en igualdad de condiciones, sin discriminación. El desafío para las empresas es renunciar a su poder de influenciar esta regulación a su favor porque tiene que aceptar el estado de derecho y allí a veces está el problema en exigir algo al Estado, pero no dejarlo hacer.

Pero si el Estado en Latinoamérica no regula y garantiza el respeto de la empresa con la salud del trabajador, debería ser la misma empresa la que adopte estas medidas, si el Estado mismo no lo garantiza.

Las empresas transnacionales lo ven con mayor claridad o crudeza la diferencia. Una empresa que está radicada en Francia o en Reino Unido y tiene actividades en nuestro continente, tiene responsabilidades de respetar los derechos humanos aun cuando la legislación laboral tenga estándares bajos o inexistentes. Algunos Estados, como Francia, Reino Unido, han empezado a regular también los impactos extraterritoriales de sus empresas. Francia por ejemplo permite demandar a una empresa francesa fuera del territorio francés por violaciones a los DD. HH.

Por ejemplo, uno podría imaginarse al estado francés manifestándose sobre el sistema de agua potable de Chile, que es propiedad de una empresa francesa. Si hay una violación al respeto de los derechos humanos del sistema, se podría demandar en Francia, por lo acontecido en Chile.

¿Cómo ha sido la implementación de estos Principios Rectores en América Latina?

En América Latina, la implementación ha sido lenta. Algunos países como Chile y Colombia tienen Planes Nacionales de Acción sobre DDHH y empresas, pero esos planes tienen básicamente componentes de conocimiento, talleres de formación, algunas medidas voluntarias no vinculantes.

En América Latina, esta regulación aún es incipiente. A veces por falta de conocimiento técnico o de voluntad política, pero un gran desafío para América Latina lograr avanzar en este sentido.
Hay algunos países que han empezado procesos de política pública para incorporar esta visión, desde la perspectiva del Estado. Hasta ahora hemos hablado de la víctima y de la empresa, y ahora entra el Estado, que tiene la obligación en el derecho internacional de regular a las empresas para evitar que violen los derechos humanos.

¿Cómo ha ido avanzando la implementación del proceso de debida diligencia?

La debida diligencia es un concepto que viene evolucionando en las empresas desde el análisis de riesgo y es un concepto que existe en el derecho internacional de los DDHH para cuando uno no está obligado a cierto resultado, sino de adoptar procesos para reducir el riesgo que ocurra una violación. Como no puedo controlar esos resultados, entonces adopto medidas que me permiten reducir el riesgo que ocurra una violación a los derechos humanos en la empresa. El proceso llama a adoptar una política de derechos humanos; a hacer una evaluación de impacto en DDHH en mi cadena de valor; y mantener un proceso de transparencia de estos resultados; y en todo este proceso contar con participación ciudadana, especialmente con las personas afectadas; finalmente una revisión de este proceso porque las condiciones cambian y un mecanismo de denuncia. Este proceso de evaluación de impacto y de riesgo es fundamental para poder saber dónde ocurre la violación y cómo adoptar las medidas para prevenirla. Eso es lo que se entiende por debida diligencia en las empresas.

¿En algunas jurisdicciones se está discutiendo que el proceso de debida diligencia podría disculpar a la empresa en caso que ocurriera una demanda, es así?

Sí, pero hay un debate ahí, algunas cuestiones que habría que responder si o si por su gravedad. Primero que las empresas no interfieran con el Estado que debe regular para garantizar el respeto de los DD.HH. Luego, abstenerse a influenciar en contra de la protección de los DDHH.

Segundo, creo que hay un tema en relación al trabajo, el respeto de los derechos humanos de los trabajadores, en ese sentido, es cierto que las empresas pueden tener dificultades adicionales, principalmente las Pymes, el Derecho internacional lo toma en cuenta, pero si hacen el máximo esfuerzo de gestionar riesgos pueden tener un menor impacto.

¿Y la responsabilidad de las empresas estatales?

Hice una investigación sobre las obligaciones de los DDHH en las empresas estatales. Surgió a partir de una referencia de los Principios Rectores que indicaban que el Estado tiene que liderar con el ejemplo. Así lo interpretó el grupo de trabajo en relación a las empresas estatales, para que el sector privado también pueda respetar los DDHH, adoptar la debida diligencia.

En ese contexto, investigué en qué medida las empresas de propiedad del Estado están obligadas a comportarse como empresas privadas o si el Estado efectivamente tiene que actuar de otra forma.

Del análisis surgen dos hipótesis. La primera es que el Estado tiene una obligación de regular estrictamente sus empresas estatales en cuanto su comportamiento, regular más estrictamente que al sector privado, no porque tendría que adoptar líneas diferentes, sino por el conocimiento adicional que tiene sobre lo que pasa dentro de una empresa estatal. Simplemente por tener órganos de supervisión, por tener reporte, por aprobar ciertos proyectos, el Estado tiene mayor responsabilidad. En segundo lugar, cuando este vínculo es más estrecho y el estado controla esas empresas y presta servicios públicos gubernamentales. Es bastante lógico, por ejemplo, que en ENAP todos sus proyectos tienen que pasar por un análisis de riesgo en el Ministerio de minería, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de desarrollo social, y hay un enlace mucho más estrecho por ser el Estado que es el accionista de la empresa. En este sentido surge que si ocurre una violación de los DDHH, podemos estar ante un caso de responsabilidad internacional del Estado.

Se va sobre el Estado por razones orgánicas, no existen obligaciones directas de las empresas en derecho internacional no existe órgano que podría demandarlo, pero si existen casos donde el actuar de una empresa del Estado genera responsabilidad por parte del Estado. Pero es novedoso porque por mucho tiempo se negó el vínculo y se creía que la empresa funciona como una empresa privada y el Estado sólo asume responsabilidad cuando regulo algo mal.

Acá tenemos casos, pero también en jurisprudencia arbitral de los últimos años, que se toma más en cuenta estos vínculos entre empresa del Estado y el Estado, y en ese sentido el Estado tiene que asumir la responsabilidad por lo que hace la empresa.

Los principios generaron debate pero la interpretación que dio el grupo de trabajo va en línea con la lectura de la OCDE sobre las empresas propiedad del Estado. Esta se enfoca en una recomendación de separación, la más estricta posible entre empresa propiedad del Estado y el Estado, pero en el terreno, en América Latina, la mayoría de casos no son así.

Hice una revisión de todas las empresas propiedad del Estado de Chile y solamente una empresa cumplía con lo que la OCDE pide, por lo tanto no tenía ningún supuesto de responsabilidad directa del Estado, el resto tenía un vínculo mayor de lo que la OCDE presupone o recomienda, entonces lo importante es especificar y decir que la lectura que damos a los principios rectores debe tomar en cuenta la teoría de la responsabilidad internacional del Estado porque el pilar uno al final del día de los principios rectores es un pilar que está sujeto básicamente al derecho internacional público. Lo que los estados han ratificado en los tratados.

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