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Estimadas y estimados colegas,

Dejamos a su disposición el boletín informativo número 44 del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, que cubre noticias en justicia, verdad, reparaciones y memoria en Chile y la región durante los meses de noviembre y diciembre de 2017.

Nuestro boletín se publica en un momento desalentador a nivel regional. El reciente indulto al ex mandatario autoritaria peruano Alberto Fujimori, aduciendo supuestos motivos ‘humanitarios’, ha sido duramente criticado por múltiples autoridades, entre ellas la Comisión Interamericana de DDHH, CIDH,  quienes lo consideran sintomático de esfuerzos para volver a instalar la impunidad tan largamente combatida por familiares de las masacres de La Cantuta, Barrios Altos, y etc.

El panorama nacional tampoco es prometedor. En el plano jurídico, abogados defensores de perpetradores condenados se refugian cada vez más en la invocación de absurdos e improcedentes argumentos ante el Tribunal Constitucional, buscando descarrilar o simplemente dilatar el cumplimiento de parte de sus defendidos de las penas que les han sido legítimamente impuestas por tribunales y ratificadas por la Corte Suprema. Ad portas del traspaso de gobierno que tomara lugar en marzo del 2018, se vive además una sensación de crisis en diversos organismos relacionados con los DDHH, desde el Instituto Nacional INDH, a la Unidad Programa de DDHH. Esta última instancia, lo más parecido en Chile a una oficina dedicada a asuntos de justicia transicional, ha vivido momentos de tensión interna desde su traspaso a la nueva Subsecretaria de DDHH del Ministerio de Justicia y DDHH, culminando a fines de enero de 2018 con la publicación por parte de su equipo jurídico de una comunicación pública alegando maltrato laboral y caratulando como “desmantelamiento” el reciente despido de varios profesionales de larga trayectoria.

Las pretensiones y promesas de que la Unidad asumiría responsabilidades adicionales, promoviendo los derechos a justicia de las y los sobrevivientes de prisión política y tortura, parecen sepultarse con esa noticia, sumado a lo informado por el Comando Unitario de ex presos políticos, quienes reportan una reunión el día 30 de diciembre con representantes de la mencionada Subsecretaria, y de los ministerios de Hacienda e Interior.  La reunión trataba las mismas materias largamente bajo negociación entre el Comando y el Estado, respecto de las legítimas reivindicaciones de sobrevivientes en las áreas de verdad, justicia, y reparaciones. Estas reivindicaciones han motivado huelgas de hambre y otras manifestaciones remontándose al menos a 2015.  En 2016 se configuro una instancia de dialogo, que supuestamente resolvería un petitorio de diez puntos pendientes desde una instancia anterior, una Mesa de alto nivel, que también concluyo sin una resolución satisfactoria (ver Boletines anteriores y los Informes anuales de DDHH de la UDP de 2016 y 2017).

La reunión más reciente pretendía dar por concluida también esta segunda instancia de dialogo, no obstante haberse ´resuelto´, según un informe emitido por el Comando, solamente medidas parciales en relación a apenas dos o tres de los diez temas en pauta.  Las soluciones ofrecidas consisten además en promesas de legislar, o de actuar administrativamente, que en los hechos recaerán sobre la administración entrante, por cuanto su cumplimiento está lejos de garantizarse. De los nueve temas informados por el Comando, se señala que en materia de verdad, el destino del `secreto Valech` dependerá de un proyecto ley actualmente en su segundo trámite – y que ha estado durmiendo en comisión senatorial desde octubre 2017 - mientras que una instancia de reconsideración para quienes dieron testimonio ante la segunda iteración (en 2011) de la Comisión Valech sin ser reconocidos por ella, tendrá que esperar a ver si el gobierno entrante acepte firmar el decreto necesario para su puesto en marcha.  Respecto a la instancia de calificación permanente largamente exigida por este Observatorio y por las y los sobrevivientes, no se informa ningún avance.  En relación al derecho a la justicia, tampoco hay novedad sobre la promesa de extender a las y los sobrevivientes apoyo jurídico y social homologable al apoyo que el equipo jurídico y el equipo de área social de la Unidad Programa en el pasado han brindado a las y los familiares de víctimas ausentes. Ello a pesar de que se había prometido, tal y como informamos en el Informe Anual UDP 2017, que la Unidad Programa empezaría a hacerse cargo parcialmente del derecho a la justicia, utilizando la modalidad de denuncia del crimen de tortura sobrevivida.

En relación a un grupo de reivindicaciones que podrían considerarse tocantes a reparación, en las que figuran por ejemplo mejoras al sistema de salud PRAIS, fin de la obligación de escoger entre pensiones Valech y de exoneración, y homologación de pensiones entre categorías de sobrevivientes y cónyuges de ambos sexos, solo se informa que ´se enviara´ un proyecto ley que, de aprobarse, ofrecería un bono de una única vez, pagado en cuotas, cuyo valor no excedería los 3 millones de pesos para titulares y 1,8 millones para cónyuges cuando él o la titular haya fallecido (situación que, según investigaciones del propio Comando, afecta hasta la cuarta parte de las y los sobrevivientes alguna vez calificadas por las Comisiones Valech). 

Tal punto – es decir, la propuesta de una ‘bonificación´ -  es el único tema mencionado en la Acta gubernamental procedente de dicha reunión, la cual se titula “Acta de Cierre”, hace referencia a los “permanentes esfuerzos” que el gobierno habría hecho en verdad, justicia, y reparación, pero se limita a señalar que “se ingresara” un proyecto de ley en el sentido mencionado. Cabe enfatizar que la suerte de dicho proyecto ley, si fuera a materializarse, dependería enteramente del poder ejecutivo y legislativo de marzo 2018 en adelante, por cuanto en absoluto se podría dar por confirmado su materialización. Aun si fuera concretada, está lejos de representar la respuesta integra y coherente, reconocedor de la dignidad y los derechos de las y los sobrevivientes, que estos siempre han exigido y que las normas y buenas prácticas internacionales señalan como necesarias. Consultadas al respecto, las actuales autoridades de la Subsecretaria y de la Unidad Programa, nos indicaron que se seguía trabajando sobre la materia: una solicitud de mayor detalle no había recibido respuesta aun al cierre de la presente edición.

Queda de manifiesto que la enorme deuda moral que el país mantiene para con quienes sobrevivieron los peores vejámenes a manos del Estado se mantiene e incluso se aumenta, cuando se considera el trato dilatorio, negligente y a veces francamente dañino, que estos hayan vivido de parte de un Estado que, en derecho y en deber moral, debe responder ante sus legítimas pretensiones. Solo resta redoblar los esfuerzos en hacer presente ante la nueva administración la continua vigencia de estas deudas y responsabilidades, a través de todos los canales internos y externos que se disponen para tales efectos, entre ellos, una denuncia actualmente en curso ante la Comisión Interamericana de los DDHH al respecto.

Lamentamos no poder despedirnos, ni despedir al 2017, con noticias más alentadoras; no obstante, como siempre les agradecemos su atención a nuestro trabajo así como sus esfuerzos y labores a favor de la justicia. Esperamos que quienes toman un merecido descanso durante el mes de febrero, retornaran refrescados para los múltiples desafíos con que este año 2018 seguramente nos seguirá confrontando.

Saludos cordiales

Equipo Observatorio Justicia Transicional

Universidad Diego Portales

 

Descarga el nuevo Boletín Nº44 en el siguiente enlace.

 

 

 

La UDP realizó un estudio sobre la violencia sexual a extranjeras en su trayecto migratorio hacia Chile. Informe contiene relatos que involucran a extranjeras que pagarían con sexo para ingresar al país.

El 17 de noviembre finalizó el primer curso sobre empresas y derechos humanos realizado en Chile, dictado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Este curso se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre de 2017.

En esta oportunidad fueron capacitados 29 funcionarios del INDH sobre la materia, se abordaron estándares aplicables en virtud de obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos,  las responsabilidades de las empresas al respecto y el rol del INDH en este ámbito. Se enfocó también en el acceso a la justicia, y los medios alternativos de solución de conflictos bajo estándares de derechos humanos.

Es importante destacar la participación de connotados profesionales y docentes del área de empresas privadas, públicas y del ámbito de los derechos humanos tanto nacionales como extranjeros, quienes expusieron y discutieron sobre el estado actual del tema empresas y derechos humanos, los deberes de cada uno de los actores involucrados en este ámbito y los desafíos pendientes en la materia. También se contó con la colaboración del Instituto Danés de Derechos Humanos en el desarrollo de módulos y talleres prácticos con distintas herramientas sobre evaluación de impacto sectorial que el órgano par del INDH chileno ha desarrollado en los últimos años. El curso así ha sido un aprendizaje interdisciplinario, enfocado en la labor que tendrán que llevar adelante las y los funcionari@s del INDH a futuro.

El Centro de Derechos Humanos de la UDP ha contribuido desde el 2010 a instalar en Chile esta temática y la realización de este curso de especialización responde a este interés. El propósito del Centro de Derechos Humanos es continuar atendiendo los desafíos que presenta el tema de empresas y derechos humanos en Chile, especialmente, en relación a las responsabilidades estatales en la materia. ​

Marcelo Montero, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos y Rodolfo Figueroa, Director del Programa de Derecho Público, tienen el agrado de invitarles al seminario: “Aborto y Fallo del Tribunal Constitucional”.

El seminario se encuentra estructurado en siete paneles, que comenzarán el miércoles a las 9:00 de la mañana hasta  las 17.15 horas de ese día, en el que se abordarán temáticas relacionadas con el fallo del Tribunal Constitucional sobre el aborto tales como análisis e interpretación de dicho fallo, derechos de la mujer, Chile en el contexto global y la evolución legislativa frente a la despenalización. Posteriormente, el jueves 23 de noviembre se abordarán temas tales como la educación médica, objeción de conciencia y las implicancias regulatorias de la discusión. Se contará con participación de connotados expositores tales como la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP Lidia Casas, el académico e investigador del mismo Centro Tomás Vial, entre otros. Revisa la programación completa en este enlace.

La entrada es gratuita y las inscripciones se deben hacer con Carmen Gloria Alvarez, al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Esta actividad se desarrollará los días 22 y 23 de Noviembre de 2017, en el Auditorio de la Facultad de Derecho, ubicado en República 105, Santiago.

Domingo Lovera, profesor de la Facultad de Derecho de  la Universidad Diego Portales,  escribió el capítulo 9 del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017, acerca del derecho a la   privacidad y la vigilancia en espacios públicos. En este video el autor de dicho capítulo expone la importancia de abordar este tema por primera vez en el Informe Anual de Derechos Humanos y menciona el contenido principal del mismo, a saber, los estándares el derecho internacional desarrollados sobre la materia, la cuestión de las cámaras de vigilancia en Chile a la luz de estos estándares y finalmente se refiere a la situación de Chile respecto al derecho a la privacidad.  Si te interesa el tema, comenta, difunde y participa.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, invitan al Conversatorio “El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México: El rol de la sociedad civil”, en el que participará Fernanda Hopenhaym, Directora Ejecutiva Adjunta del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación  (PODER), quien nos compartirá la experiencia mexicana en la elaboración del Plan de Acción Nacional y el importante rol que cumplió la sociedad civil en este proceso. Asimismo, abordará su participación en el Estudio de Línea Base en México. Dicha actividad será moderada por la profesora Judith Schönsteiner.

El conversatorio se desarrollará el miércoles 15 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala de Videoconferencia de la UDP, calle República N° 112, Santiago.

Inscripción gratuita a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Dentro de las situaciones anteriores encontramos a muchas de las personas dominicanas y cubanas que vienen a Chile, quienes buscan un trabajo pero también seguridad y una vida digna. A estas personas justamente – o más bien, injustamente - se les exige una visa consular para ingresar al país, una que tienen que tramitar en el Consulado de Chile en sus países de origen, y cuya obtención resulta lenta, burocrática e ineficaz.

Con fecha 13 de octubre de 2017, la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de amparo interpuesto por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, en representación de un ciudadano dominicano solicitante de asilo. La acción constitucional – interpuesta como acción de protección pero transformada de oficio en acción de amparo – persiguió la revocación de la decisión de la Intendencia de Arica y Parinacota de rechazar la solicitud de suspensión de una orden de expulsión, a efectos de que nuestro patrocinado pudiera ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, tal cual lo prescribe el reglamento de la ley 20.430 sobre protección de refugiados.  A estos efectos, quisiéramos aclarar que dicho cuerpo normativo establece que las personas afectadas por una medida de prohibición de ingreso, orden de abandono u orden de expulsión, no pueden formalizar su solicitud de asilo – es decir, ingresar al procedimiento de reconocimiento de su condición de refugiado – sin antes lograr la suspensión o revocación de dichas medidas.

Para las personas dominicanas no es fácil ingresar regularmente a Chile, ya que deben contar previamente con una visa consular. Esta visa consular fue impuesta el año 2012 sin atender al principio de reciprocidad internacional, y, en la práctica, ha provocado que muchas personas sean engañadas y se transformen en víctimas del delito de tráfico de personas, o hayan optado por ingresar clandestinamente a Chile, puesto que la obtención de la visa consular es muy difícil y burocrática, y en muchas ocasiones es denegada. El D.L N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en Chile, prescribe que frente a un ingreso clandestino, se debe dictar una orden de expulsión, delegando esta función en las Intendencias Regionales.

Asimismo, las personas nacionales de República Dominicana se ven expuestas permanentemente a la desprotección de su propio Estado frente a denuncias de delitos o violencia. Nuestro representado, en particular, huyó de su país por recibir amenazas de muerte de una banda delictual que había asesinado a su primo sin razón alguna, y a pesar de haber realizado las denuncias ante la autoridad policial, siguió siendo víctima de este grupo delictual. Por esta razón, su vida e integridad corren peligro permanente en su país de origen. Cabe agregar que, en su huida de República Dominicana, fue víctima de tráfico de migrantes. Por todo lo anterior es que el necesita ser reconocido como refugiado, y para ello, la autoridad competente debe analizar su caso.

Como nuestro patrocinado tenía dictada en su contra una medida de expulsión, solicitamos a la autoridad que la dictó, la Intendencia mencionada, que la suspendiera puesto que, por los hechos relatados, nuestro patrocinado necesitaba ingresar al procedimiento de asilo. Dicha institución no accedió a la solicitud de suspensión de la medida de expulsión - lo cual entendimos como un rechazo - aduciendo que la persona debía dirigirse a la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración para que sea esta institución la que solicite la mencionada suspensión. Sin embargo, fue precisamente esta última institución la que derivó al patrocinado a nuestra Clínica a fin de evaluar el caso y colaborarle jurídicamente en su ingreso al procedimiento de asilo.

La Ilustrísima Corte determinó que la negativa de la Intendencia era ilegal y arbitraria puesto que al condicionar la suspensión de la medida expulsiva, produjo un menoscabo a otros derechos, y en particular al derecho de petición que tiene el representado. En consecuencia, con este actuar se vulneró la libertad personal protegida por la acción de amparo, dado que permanece vigente la medida de expulsión, situación que para un refugiado está expresamente prohibida en la ley 20.430 y por el principio de no devolución. Por último, la Corte recalcó la obligación que tiene la Administración del Estado en materia de personas solicitantes de asilo y refugiadas de procurar el trato más favorable y el no menoscabo de otros derechos, como en este caso el derecho de petición.

Es pertinente destacar que la Intendencia, en su informe, sostuvo que los argumentos de nuestro representado para ingresar a Chile fueron motivos económicos y no la búsqueda de protección internacional. Nos parece que esto es ser juzgado por una comisión especial - cuestión prohibida por la Constitución Chilena - ya que no es la Intendencia la llamada a evaluar la solicitud de asilo de una persona, ni la encargada de determinar la calidad de refugiado de esta, sino que corresponde a los organismos establecidos por la ley 20.430 hacerlo. Queremos destacar que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, por lo que no se puede limitar su ejercicio arbitrariamente y se debe velar y promover el respeto de este derecho, en particular por la administración del Estado, quienes tienen la obligación en virtud de lo prescrito por el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental.

 Consideramos que, dada la restricción establecida por la ley en relación a personas afectadas por sanciones, en este caso, de expulsión, la interpretación correcta de dicha norma conforme a los estándares de derechos humanos y el principio pro-persona, es la siguiente: si el relato de la persona solicitante de asilo no es manifiestamente infundado, la autoridad encargada de suspender una orden de expulsión debe hacerlo sin más trámite, pues de lo contrario está poniendo barreras injustificadas a una persona que quiere ejercer su derecho humano a buscar y recibir asilo.

Como Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, destacamos el razonamiento de la Corte de Apelaciones de Arica y Parinacota en su sentencia, el cual tuvo una clara perspectiva de derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Actualmente nuestro patrocinado está a la espera del ingreso al procedimiento de reconocimiento de su condición de refugiado.

El Centro de Derechos Humanos de la UDP el pasado martes 17 de octubre, presentó a la comunidad nacional la décima quinta edición del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile. Como todos los años, el Informe cubrió hechos ocurridos entre julio de 2016 y julio del presente año en materia de derechos humanos ocurridos en nuestro país. La presentación no solo contó con más de 200 asistentes presenciales, sino también con 2800 personas que siguieron la actividad por streaming.

Comentaron el Informe nuestros invitados especiales, la periodista Mirna Schindler, y el abogado y profesor de Derecho Administrativo, Luis Cordero. La periodista abordó los abusos en Sename, denunciando queel Congreso, el poder judicial, los medios, y las autoridades fallaron. Refiriéndose a la investigación judicial en el caso de Lisette, niña que murió bajo el cuidado del Sename en abril de 2016, la periodista compartió la conclusión del Informe, que el Estado de Chile violó los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del Sename. Su intervención se podrá volver a escuchar aquí.

Por su parte, Luis Cordero señaló respecto a las empresas que el deber de fiscalización del Estado es independiente de si la acción es pública o privada, enfatizando que el privado debe comportarse respetando los límites constitucionales y de los derechos humanos. Comentando el capítulo del Informe sobre sanitarias y el derecho humano al agua potable, compartió el análisis, pero consideró que en los últimos diez años de una concesión, los incentivos de invertir son considerablemente menores, y las empresas suelen preferir pagar las multas porque no están seguras de quedarse con la concesión o el contrato de operación más allá de su fecha de término. En relación al caso Sename, afirma que la crisis de la institución parte de la falta de discusión sobre su modelo institucional. Más precisamente, coincide con la evaluación crítica que hace el Informe de la falta de fiscalización de los proveedores de los servicios del Sename.

A partir de una pregunta del público, el profesor Cordero también se refirió al impacto del Informe Anual sobre Derechos Humanos en nuestro país, enfatizando que, por ejemplo, sin el litigio estratégico de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la UDP, el derecho administrativo no sería lo que es hoy, y no solo en temas de migración. La presentación del Informe fue iniciada por la Directora de la Facultad de Derecho, Alejandra Mera, mientras la Directora del Centro de Derechos Humanos, Lidia Casas, participó como moderadora del panel. E

El editor general del Informe, académico e investigador del Centro de Derechos Humanos, Tomás Vial, presentó los principales contenidos del Informe Anual, destacando varios ejes transversales en los distintos capítulos, a saber, la continuada responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos que ocurren en el contexto de los servicios privatizados como el agua, o el cuidado de niños, niñas y adolescentes cuando sus padres ya no pueden o rehúsan hacerse cargo de ellos/as; la ausencia de protocolos policiales conformes con los estándares de derechos humanos en los llamados “barrios críticos” como LaLegua, o en las comunidades indígenas en la Araucanía. Otro tema que se expone es cómo el Estado de Chile reconoce, respeta y protege los derechos de los pueblos indígenas; se abordan las fallas de la ley antiterrorista y el uso de la fuerza por parte del Estado en el marco del conflicto mapuche. Además, se reflexiona sobre la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar chileno, el derecho a la privacidad en los espacios públicos, con la excusa de controlar la delincuencia y se evalúan los derechos de las personas LGTBI en Chile.

Después de dar un breve resumen de cada uno de los capítulos, Tomás Vial agradeció a autores, ayudantes, editor de estilo, imprenta, y personal administrativo, todos y todas quienes son fundamentales para poder realizar este proyecto.

El Centro de Derechos Humanos agradece la convocatoria y la recepción de la presentación de la décima quinta edición del Informe Anual de Derechos Humanos 2017, y espera que las investigaciones y recomendaciones sean de utilidad para los órganos públicos, el sector empresarial, la sociedad civil y la academia.

Como todos los años, el Informe ha recibido considerable atención mediática. Invitamos a revisar los siguientes enlaces, donde se podrán leer, ver y/o escuchar a los y las académicos e investigadores del Centro de Derechos Humanos de la UDP conversando de algunos de los temas del Informe Anual sobre Derechos Humanos del año 2017:

La Dra. Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, comentó el capítulo sobre privacidad, drones y vigilancia electrónica en una entrevista el canal Mega, mientras Domingo Lovera, autor del respectivo capítulo resume sus principales conclusiones en una columna en La Tercera. La Dra. Judith Schönsteiner conversó sobre el mismo tema con Humberto Sichel, en Chilevisión.

El Dr. Tomás Vial, editor general del Informe, respondió a las preguntas de los y las periodistas en distintas oportunidades, comentando sobre los avances y desafíos en materia de derechos humanos en Chile, entrevistas que se pueden revisar en CNN Chile, en 24 horas y enTele13 Radio.

El profesor Vial, abordó entre otros, el derecho al agua potable en Chile, la relación del Estado con las empresas de agua potable y sus fallas a la hora de fiscalizarlas, así como también se refirió a la autodeterminación de los pueblos indígenas en Radio Concierto. Por su parte, Lidia Casas destaca que en Chile tenemos un gran problema con la regulación del derecho al agua en Chile particularmente en contexto del cambio climático, tema que desarrolla en entrevista Radio Futuro.

Con respecto a la población La Legua, el Informe advierte fallas y falta de transparencia en el control policial de dicha población, lo que es relevado en noticia publicada por Emol. En relación a ésto, el editor del Informe, denunció abuso policial en la población La Legua en Tele 13. Asimismo, en Radio Duna, fue enfático al decir que no hay una acción clara del Estado en la población La Legua y comentó, entre otros temas, el caso Sename y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El investigador se refirió específicamente a los  derechos humanos de los pueblos indígenas en la política pública chilena en entrevista en Radio Universidad de Chile, donde además Antonia Rivas, abogada y autora de dicho capítulo, aseveró que la aplicación de la Ley Antiterrorista en casos de violencia rural en La Araucanía es una de las principales deficiencias detectadas. También se destaca el hecho de que el Informe cuestiona la falta de catastro de tierras exigidas por comunidades indígenas en una nota publicada en La Tercera.

Por su parte, la Dra. Judith Schönsteiner conversó con Patricio López de Radio Universidad de Chile, analizando en el contexto de la cuestionada Operación Huracán, distintos aspectos del actuar policial y del derecho a la privacidad, refiriéndose a los estudios sobre los derechos de los pueblos indígenas de Antonia Rivas, sobre violencia policial en La Legua, y los drones y globos de vigilancia en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Además, en una columna en El Mostrador, presentó al público general, los resultados de su investigación sobre derecho al agua y empresas sanitarias.

También fue recogido por los medios de comunicación el análisis de educación inclusiva para estudiantes migrantes, notas de prensa que pueden revisar en diario La Nación y en La Hora, ambos medios destacan que en Chile no existe un cuerpo legal consistente con los estándares de derechos humanos en materia de educación de estudiantes migrantes.

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