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Entrevista publicada originalmente en ComunicarSe el 26 de Junio 2020.

Así lo afirma la académica Judith Schonsteiner, autora entre otros trabajos del primer Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016), encomendado por del Instituto Danés de DD.HH. En la entrevista aborda temas como la responsabilidad del Estado y las empresas estatales, y el desarrollo de la temática en la región, entre otros.

¿Cómo se vinculan los Derechos Humanos y las Empresas?

Creo que es importante al vincular a las empresas con los derechos humanos, poner en el foco un actor más: la víctima o la potencial víctima de la violación de los DD.HH. Si adoptamos una perspectiva con foco en las personas que están en riesgo o que han sido víctimas de la violación se nos aclara mucho más la relación. Nos ayuda a entender porque hoy en día las Naciones Unidas y la OCDE le piden a las empresas ciertos comportamientos con respecto a los derechos humanos y por qué ponen tanto énfasis en desarrollar herramientas de debida diligencia para lograrlo.

Lo central es entender que no se trata del clásico concepto de responsabilidad social empresarial, donde hago mis actividades y después me relaciono con la comunidad a través de donaciones y/o programas de inserción laboral. Se trata de mirar a la empresa y sus actividades, y analizar el impacto negativo que puede tener sus actividades sobre los derechos humanos. Esa mirada, en las propias actividades es la mirada de empresas y derechos humanos.

¿De qué es responsable una empresa en esta materia y dónde se diferencia su rol del Estado?

Ciertamente una empresa no puede controlar ni ser responsable de todo. Entonces, se les pide un resultado concreto, evaluar sus impactos en sus operaciones y también en su cadena de suministro. Se les pide que adopten la debida diligencia para reducir los riesgos. Y en ese contexto tenemos documentos muy útiles como los Principios Rectores de Empresas y DD.HH. de Naciones Unidas.

Es necesario mencionar la responsabilidad de las empresas que ejercen un lobby bastante fuerte para no regular. Esta incidencia de las empresas de no regular, es la gran dificultad de nuestra región, y del mundo. Usamos un concepto para describir esta acción: la captura del Estado. Los intereses empresariales capturan el Estado e indican el horizonte de la regulación. Es necesario limitar este lobby y mejorar la fiscalización.

El Estado es el que tiene que garantizar el derecho, pero cuando el Estado permite al privado desempeñarse en un cierto sector, tiene que regular de tal forma, que se garantice el derecho en igualdad de condiciones, sin discriminación. El desafío para las empresas es renunciar a su poder de influenciar esta regulación a su favor porque tiene que aceptar el estado de derecho y allí a veces está el problema en exigir algo al Estado, pero no dejarlo hacer.

Pero si el Estado en Latinoamérica no regula y garantiza el respeto de la empresa con la salud del trabajador, debería ser la misma empresa la que adopte estas medidas, si el Estado mismo no lo garantiza.

Las empresas transnacionales lo ven con mayor claridad o crudeza la diferencia. Una empresa que está radicada en Francia o en Reino Unido y tiene actividades en nuestro continente, tiene responsabilidades de respetar los derechos humanos aun cuando la legislación laboral tenga estándares bajos o inexistentes. Algunos Estados, como Francia, Reino Unido, han empezado a regular también los impactos extraterritoriales de sus empresas. Francia por ejemplo permite demandar a una empresa francesa fuera del territorio francés por violaciones a los DD. HH.

Por ejemplo, uno podría imaginarse al estado francés manifestándose sobre el sistema de agua potable de Chile, que es propiedad de una empresa francesa. Si hay una violación al respeto de los derechos humanos del sistema, se podría demandar en Francia, por lo acontecido en Chile.

¿Cómo ha sido la implementación de estos Principios Rectores en América Latina?

En América Latina, la implementación ha sido lenta. Algunos países como Chile y Colombia tienen Planes Nacionales de Acción sobre DDHH y empresas, pero esos planes tienen básicamente componentes de conocimiento, talleres de formación, algunas medidas voluntarias no vinculantes.

En América Latina, esta regulación aún es incipiente. A veces por falta de conocimiento técnico o de voluntad política, pero un gran desafío para América Latina lograr avanzar en este sentido.
Hay algunos países que han empezado procesos de política pública para incorporar esta visión, desde la perspectiva del Estado. Hasta ahora hemos hablado de la víctima y de la empresa, y ahora entra el Estado, que tiene la obligación en el derecho internacional de regular a las empresas para evitar que violen los derechos humanos.

¿Cómo ha ido avanzando la implementación del proceso de debida diligencia?

La debida diligencia es un concepto que viene evolucionando en las empresas desde el análisis de riesgo y es un concepto que existe en el derecho internacional de los DDHH para cuando uno no está obligado a cierto resultado, sino de adoptar procesos para reducir el riesgo que ocurra una violación. Como no puedo controlar esos resultados, entonces adopto medidas que me permiten reducir el riesgo que ocurra una violación a los derechos humanos en la empresa. El proceso llama a adoptar una política de derechos humanos; a hacer una evaluación de impacto en DDHH en mi cadena de valor; y mantener un proceso de transparencia de estos resultados; y en todo este proceso contar con participación ciudadana, especialmente con las personas afectadas; finalmente una revisión de este proceso porque las condiciones cambian y un mecanismo de denuncia. Este proceso de evaluación de impacto y de riesgo es fundamental para poder saber dónde ocurre la violación y cómo adoptar las medidas para prevenirla. Eso es lo que se entiende por debida diligencia en las empresas.

¿En algunas jurisdicciones se está discutiendo que el proceso de debida diligencia podría disculpar a la empresa en caso que ocurriera una demanda, es así?

Sí, pero hay un debate ahí, algunas cuestiones que habría que responder si o si por su gravedad. Primero que las empresas no interfieran con el Estado que debe regular para garantizar el respeto de los DD.HH. Luego, abstenerse a influenciar en contra de la protección de los DDHH.

Segundo, creo que hay un tema en relación al trabajo, el respeto de los derechos humanos de los trabajadores, en ese sentido, es cierto que las empresas pueden tener dificultades adicionales, principalmente las Pymes, el Derecho internacional lo toma en cuenta, pero si hacen el máximo esfuerzo de gestionar riesgos pueden tener un menor impacto.

¿Y la responsabilidad de las empresas estatales?

Hice una investigación sobre las obligaciones de los DDHH en las empresas estatales. Surgió a partir de una referencia de los Principios Rectores que indicaban que el Estado tiene que liderar con el ejemplo. Así lo interpretó el grupo de trabajo en relación a las empresas estatales, para que el sector privado también pueda respetar los DDHH, adoptar la debida diligencia.

En ese contexto, investigué en qué medida las empresas de propiedad del Estado están obligadas a comportarse como empresas privadas o si el Estado efectivamente tiene que actuar de otra forma.

Del análisis surgen dos hipótesis. La primera es que el Estado tiene una obligación de regular estrictamente sus empresas estatales en cuanto su comportamiento, regular más estrictamente que al sector privado, no porque tendría que adoptar líneas diferentes, sino por el conocimiento adicional que tiene sobre lo que pasa dentro de una empresa estatal. Simplemente por tener órganos de supervisión, por tener reporte, por aprobar ciertos proyectos, el Estado tiene mayor responsabilidad. En segundo lugar, cuando este vínculo es más estrecho y el estado controla esas empresas y presta servicios públicos gubernamentales. Es bastante lógico, por ejemplo, que en ENAP todos sus proyectos tienen que pasar por un análisis de riesgo en el Ministerio de minería, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de desarrollo social, y hay un enlace mucho más estrecho por ser el Estado que es el accionista de la empresa. En este sentido surge que si ocurre una violación de los DDHH, podemos estar ante un caso de responsabilidad internacional del Estado.

Se va sobre el Estado por razones orgánicas, no existen obligaciones directas de las empresas en derecho internacional no existe órgano que podría demandarlo, pero si existen casos donde el actuar de una empresa del Estado genera responsabilidad por parte del Estado. Pero es novedoso porque por mucho tiempo se negó el vínculo y se creía que la empresa funciona como una empresa privada y el Estado sólo asume responsabilidad cuando regulo algo mal.

Acá tenemos casos, pero también en jurisprudencia arbitral de los últimos años, que se toma más en cuenta estos vínculos entre empresa del Estado y el Estado, y en ese sentido el Estado tiene que asumir la responsabilidad por lo que hace la empresa.

Los principios generaron debate pero la interpretación que dio el grupo de trabajo va en línea con la lectura de la OCDE sobre las empresas propiedad del Estado. Esta se enfoca en una recomendación de separación, la más estricta posible entre empresa propiedad del Estado y el Estado, pero en el terreno, en América Latina, la mayoría de casos no son así.

Hice una revisión de todas las empresas propiedad del Estado de Chile y solamente una empresa cumplía con lo que la OCDE pide, por lo tanto no tenía ningún supuesto de responsabilidad directa del Estado, el resto tenía un vínculo mayor de lo que la OCDE presupone o recomienda, entonces lo importante es especificar y decir que la lectura que damos a los principios rectores debe tomar en cuenta la teoría de la responsabilidad internacional del Estado porque el pilar uno al final del día de los principios rectores es un pilar que está sujeto básicamente al derecho internacional público. Lo que los estados han ratificado en los tratados.

Publicada originalmente en El Mostrador el 23 de Junio 2020.

“Pretender culpar a LasTesis de la reacción popular violenta, verbal o física, en contra de Carabineros post estallido social, mediante la imputación de estos delitos es una ofensa no solo para el intelecto penal y criminológico, sino también para toda lógica, pues implica que la institución desconoce su propia responsabilidad en el origen de este tipo de reacciones populares que se producen desde antes y después de la recuperación democrática en Chile”, connotaron a través de una declaración pública, 90 mujeres de las Ciencias Penales, Criminología y el derecho.

Tras el último video que el colectivo Las Tesis publicó haciendo una crítica a las situaciones vividas en nuestro país en torno al estallido social ocurrido en octubre 2019, Carabineros consideró a la agrupación como responsable, de algunos de los “hechos de violencia” registrados en el país en aquellas manifestaciones, además de considerar que ellas hacían una “incitación de acciones violentas contra la institución”, razón por la cual emitieron una denuncia ante la Fiscalía. A pesar de que la acción judicial va dirigida “contra todos los que resulten responsables”, se detalló con nombre y apellido a las cuatro integrantes del grupo

Es en este contexto que Mujeres de las Ciencias Penales y la Criminología, profesoras, abogadas, criminólogas y ayudantes de distintas facultades de derecho del país, suscribieron la siguiente declaración pública en atención a la denuncia realizada por Carabineros en contra del colectivo feminista.

Lee el contenido íntegro de la declaración a continuación:

“El colectivo feminista “LasTesis” es una agrupación artística que a través de múltiples intervenciones ha despertado en la sociedad chilena una potente crítica a las instituciones del Estado, entre ellas a Carabineros de Chile. La relevancia de su trabajo fue tal, que su intervención se replicó por mujeres de todo el mundo siendo traducida o contextualizada en diversos países y con culturas muy disímiles entre sí.

Carabineros de Chile ha interpuesto una denuncia en contra de cuatro mujeres de este colectivo, por los delitos de atentados contra la autoridad y amenazas, los que se habrían cometido a través del video “Manifiesto Against Police Violence” (Manifiesto en contra de la violencia policial).

Las performances y otras formas de expresiones artísticas son manifestaciones de un derecho individual y colectivo de crítica política a personas e instituciones. Estas expresiones carecen de un destinatario específico y no son constitutivos de delitos, mucho menos aquellos que se les están imputando. No pueden constituir un atentado contra la autoridad puesto que no existe en ellos ni acometimiento, ni resistencia con violencia, ni empleo de fuerza o intimidación. Tampoco son amenazas dado que no existe en estas intervenciones destinatarios específicos amenazados de verse expuestos a sufrir algún daño, que permitieran satisfacer el requisito de seriedad y verosimilitud.

Pretender culpar a LasTesis de la reacción popular violenta, verbal o física, en contra de Carabineros post estallido social, mediante la imputación de estos delitos es una ofensa no solo para el intelecto penal y criminológico, sino también para toda lógica, pues implica que la institución desconoce su propia responsabilidad en el origen de este tipo de reacciones populares que se producen desde antes y después de la recuperación democrática en Chile.

Resulta preocupante que el Ministerio del Interior avale esta pretensión de criminalizar la libertad de expresión y de censurar las manifestaciones artísticas, y que se use el derecho penal como un instrumento para criminalizar el legítimo reclamo de cientos de mujeres por la violencia policial y especialmente sexual sufridas, en lugar de concentrarse en investigar las denuncias por ellas interpuestas.

Estas acciones tienen un efecto disuasivo para que las personas se manifiesten públicamente. Habríamos esperado que el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se hubieran hecho parte de las querellas por violencia policial y sexual en contra de mujeres y no que avalaran la persecución penal en contra de quienes denuncian crímenes cometidos por funcionarios del Estado. Ese habría sido un compromiso del Estado con erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Resulta también paradójico que, como se ha dado a conocer por los medios, la investigación por los hechos de la denuncia en contra de LasTesis, esté a cargo del mismo OS9 de Carabineros, es decir, a cargo de la misma institución denunciante. Esto no brinda ninguna garantía de seriedad o imparcialidad a la investigación.

La denuncia interpuesta por Carabineros es un acto de criminalización de la libertad de expresión no solo de LasTesis sino indirectamente de todas las mujeres que participamos en las performances a lo largo del país, y pretende transformar en delito una manifestación política, artística y de profunda crítica social a una institución que requiere cambios urgentes en su interior, que la inserten en un contexto democrático pleno y se ajuste al Estado de Derecho”.

A continuación, las firmantes de la carta:

  1. Lidia Casas Becerra, profesora Fac. Derecho U. Diego Portales
  2. Myrna Villegas Díaz, profesora Fac. Derecho U. de Chile
  3. Mariana Bell Santos, abogada y ayudante Fac. Derecho U. de Chile
  4. Olga Espinoza Mavila, profesora INAP, U. de Chile
  5. Carolina Sepúlveda Varela, ayudante Fac Derecho, U. de Chile
  6. Rocío Lorca Ferreccio, profesora Fac Derecho U. de Chile.
  7. Paula Medina González, profesora Fac. Derecho y Humanidades, U. Central.
  8. Agustina Alvarado Urízar, profesora Escuela de Derecho, Coquimbo U. Católica del Norte
  9. Carolina Villagra Pincheira, profesora Fac Ciencias Sociales, U. de Chile
  10. Claudia Moraga Contreras, Profesora de Género y Derecho, U. de Tarapacá
  11. Andrea Pinto Bustos, profesora Escuela de Derecho, PUCV
  12. Alejandra Olave Albertini, profesora Fac. de Derecho U. Andrés Bello
  13. Isabel Yáñez Morales, ayudante Fac. de Derecho, U. de Chile
  14. Sheila Fernandez Miguez, investigadora Fac. de derecho U. de A Coruña
  15. Francisca Figueroa San Martín, profesora Pontificia U. Católica de Chile
  16. Rocío Sánchez Pérez, profesora Escuela de Derecho, U. Andrés Bello
  17. Alicia salinero, profesora derecho penitenciario, U. jesuita Alberto hurtado
  18. Karina Saavedra Lyng, profesora U. Andrés Bello y UST
  19. Marcela Aedo R. Escuela de Derecho, U. de Valparaíso
  20. Catherine Ríos Ramírez, profesora U. Andrés Bello
  21. Paz Irarrázabal González, Instituto Ciencias Sociales UOH
  22. Laura Romero, ayudante de investigación Cifde, Escuela de Derecho, U. de Valparaíso.
  23. Gloria Mancilla Ibacache, Investigadora U. de Talca
  24. Libertad Triviño Alvarado, profesora, U. de Santiago de Chile.
  25. Claudia Cárdenas Aravena, Profesora U. de Chile
  26. María Elena Santibáñez Torres, Profesora Fac. de Derecho Pontificia U. Católica de Chile.
  27. Laura Mayer Lux, profesora Escuela de Derecho PUCV
  28. Catalina Droppelmann, Profesora Fac. de Ciencias Sociales, Pontificia U. Católica de Chile.
  29. Fabiola Girao Monteconrado, profesora Fac. derecho Univ. Valparaíso
  30. María Fernanda Galleguillos Villalobos, ayudante Fac. de Derecho de la U. de Chile
  31. Ema Salinas, profesora, Fac. Derecho U. de Chile.
  32. Sofía Cubillos Morgado, abogada y ayudante, Fac. derecho U. de Chile
  33. Belén Tomic, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  34. Ilse Wolf Valderrama, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  35. Antonia Silva Lioi, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  36. Fernanda Arias, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  37. Rafaela Correa Deisle, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  38. Paula Astudillo Nazar, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  39. Sofía Wilson Coddou, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  40. Camila Treimún Costa, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  41. Camila Belmar Silva, abogada y ayudante Fac. derecho U. de Chile
  42. Colombina Vilches Parra, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  43. Sofía Collao Cepeda, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  44. Daniela Torres Flores , ayudante Fac. derecho U. de Chile
  45. Valeria Torres, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  46. Pía Corbalán Campos, abogada y ayudante Fac. derecho U. de Chile
  47. Susana Castro Pérez, abogada y ayudante Fac. derecho U. de Chile
  48. Macarena Muñoz Madariaga, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  49. Clara Martner Sota, ayudante, Fac. derecho U. de Chile
  50. Valentina Suau Cot, abogada penal
  51. Alejandra Ravello Gaete, abogada penal
  52. Maccarena Lopez Contreras, abogada penal
  53. Catalina Correa Uribe, abogada penal
  54. Francisca Hernández Mardones, ayudante Fac. derecho U. de Chile
  55. Isidora Donoso Krauss , ayudante Fac. derecho U. de Chile
  56. Daniela Tripainao, ayudante, Fac. derecho U. de Chile
  57. Cecilia Valenzuela Oyaneder, profesora U. de Valparaíso.
  58. Valentina Cerón Hernández, ayudante Fac. Derecho U. Andrés Bello
  59. Valeria Jelvez Gallego, ayudante, U. de Santiago.

Adhieren profesoras y abogadas de otras disciplinas

  1. Lorena Lorca, profesora, Fac. derecho U. de Chile.
  2. Alejandra Krauss, abogada
  3. Alejandra Zúñiga Fajuri, profesora Fac. Derecho Univ. de Valparaíso
  4. Judith Schönsteiner, Fac. Derecho Univ. Diego Portales
  5. Nicole Nehme, profesora Fac. Derecho U. Chile
  6. Verónica Undurraga, profesora Fac Derecho Universidad Adolfo Ibañez
  7. Macarena Sáez, profesora American University
  8. Liliana Galdamez, profesora Fac. Derecho U Chile
  9. Antonia Rivas, abogada
  10. Laura Albornoz, profesora Fac. Derecho U Chile
  11. María de los Ángeles Coddou, abogada
  12. Lieta Vivaldi, profesora Fac. Derecho Alberto Hurtado y U Chile
  13. Patricia Rada Salazar, abogada
  14. Ester Valenzuela Rivera, profesora Fac Derecho Univ. Diego Portales
  15. Bárbara Sepúlveda Hales, profesora Fac. Derecho Univ. Alberto Hurtado
  16. Lucía Rizik, profesora Fac Derecho Univ. Central
  17. Marcela Zúñiga, profesora Fac. Derecho Univ. Diego Portales y Alberto Hurtado
  18. Claudia Sarmiento, abogada, profesora Fac. Derecho Alberto Hurtado
  19. Fernanda Gutiérrez, profesora Fac Derecho Univ. Diego Portales
  20. Francisca Vargas, profesora Fac Derecho Univ. Diego Portales
  21. Paulina Manosalva, profesora, Fac Derecho, Universidad de la Frontera
  22. Ximena Insunza Corvalán, profesora Fac. Derecho U Chile
  23. Nancy Yañez Fuenzalida, profesora Fac. Derecho U Chile
  24. Valentina Durán Medina, profesora Fac. Derecho U Chile
  25. Fabiola Lathrop Gómez, profesora Fac. Derecho U Chile
  26. Carolina Bruna Castro, profesora Fac. Derecho U Chile
  27. Flavia Carbonell Bellolio, profesora Fac. Derecho U Chile
  28. Claudia Iriarte Rivas, profesora Fac. Derecho U Chile
  29. Macarena Vargas Pavez, profesora Fac Derecho U. Diego Portales
  30. Paula Correa Camus, profesora Fac derecho U. Diego Portales
  31. Romanina Morales Baltra, profesora Fac derecho U. Diego Portales

AVISO:
Informamos que como medida preventiva se suspenden en UDP todas las actividades de carácter masivo. Pronto brindaremos más detalles de recalendarización.


Lidia Casas Becerra, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, GI-ESCR, se complacen en invitarle al seminario internacional "Desigualdad socioeconómica y (des)privatización de servicios sociales en Chile" el próximo 25 de Marzo, para mayor información, revise la invitación a continuación:

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El análisis multidisciplinario evalúa derechos que están al corazón de las demandas sociales que han remecido a Chile, además de evaluar la labor y atribuciones de instituciones como el INDH. Puedes descargar aquí el comunicado completo sobre el Informe Anual de Derechos Humanos.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos 2019 se encuentra disponible para su descarga en este enlace.

Nota publicada originalmente en The Clinic, el 12 de Noviembre 2019

Alberto Faúndez y Jimmy Oyarce, pareja de Concepción, estaban de visita en Santiago para comprar un auto. El 20 de octubre ambos estaban buscando un lugar dónde comprar pan y encontraron un supermercado que estaba siendo saqueado. La pareja observó la escena con curiosidad hasta que llegó Carabineros para dispersar a los ladrones con bombas lacrimógenas.

Alberto cuenta en un video que “Carabineros de la 11 Comisaría de Lo Espejo me detuvo afuera del supermercado, me arrestaron y me agredieron dentro del furgón, me insultaron diciéndome ‘ladrón culiao esto es lo que andas robando’ y me bañaron en alcohol. Luego al llegar a la comisaría empezaron los insultos homofóbicos al descubrir que mi pareja es hombre. Me desnudaron y me golpearon frente a los detenidos y así también me obligaron a firmar documentos sin poder yo leerlos. También me negaron el derecho de poder llamar y de poder constatar lesiones”.

Una jueza del 10 Juzgado de Garantía ordenó su prisión preventiva, “sin tener prueba alguna”, constata una nota de prensa del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Después de estar 14 días encarcelado, Alberto fue liberado tras un recurso de amparo presentado por esta organización de diversidad sexual.

Este es uno de los casos de agresión contra personas LGBTI presentado por el Movilh al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, misión encargada de investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante el estallido social. El dirigente del Movilh Alberto Roa confirmó a The Clinic que han recibido cinco denuncias por agresión a gente de la comunidad de diversidad sexual en el marco del Estado de Emergencia. En 2018, el Movilh registró un aumento de 44% en comparación al año anterior en denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género, acumulando un total de 698 casos, la cifra anual más alta conocida.

La Agrupación Rompiendo el Silencio que defiende el derecho de lesbianas y bisexuales informó que han recogido cinco denuncias contra mujeres lesbianas entre el 17 y 29 de octubre. Algunos de estos casos de violencia incluyen actos de humillación por la expresión de género de la víctima y una amenaza de violación correctiva con objeto que representa el falo.

“Si bien nosotros constatamos cinco casos de violencia, es súper importante señalar que muchas compañeras no denuncian porque tienen miedo a la discriminación, a la revictimización y miedo a que se releve la orientación sexual de manera pronta”, dice Nicole Rojas, a cargo del área de estudios de Rompiendo el Silencio.

Rojas cuenta que dado el estado de emergencia y el actuar de los agentes del Estado, en la organización habilitaron un número de denuncia a fin de poder contener a las mujeres afectadas, orientarlas y derivar sus casos a sus redes de defensa legal. Los cinco casos recogidos fueron derivados a la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), organización que presentará las querellas correspondientes próximamente.

AVANCES EN LEYES PRO LGBTI

La situación de ataques y agresiones físicas contra personas LGBTI no es coyuntural. Los últimos años se han dado a conocer casos emblemáticos como el de Nicole Saavedra, lesbiana de 23 años cuyo cuerpo fue encontrado en la comuna de Limache. Luego de tres años de investigación, el Ministerio Público informó que formalizará al único sospechoso por la violación y asesinato de la joven.

El caso que más conmovió a la opinión pública este año fue el de Carolina Torres, joven lesbiana que fue atacada mientras caminaba con su polola en Pudahuel. Carolina fue golpeada con un palo en su cabeza y recibió patadas en su espalda, lo que le provocó una fractura de cráneo y una hemorragia interna que la mantuvieron por varios días en estado de gravedad en el hospital.

El Informe Anual sobre DDHH de la Universidad Diego Portales que será presentado el próximo 18 de noviembre hace un recuento de los casos de violencia contra personas LGBTI y analiza los avances y deudas pendientes en derechos humanos de estas personas en Chile.

“Lo que nos interesa es constatar que continúan ocurriendo casos graves de violencia física contra personas LGBTI y que, de hecho, a raíz de las manifestaciones, esos actos de violencia se han reproducido con particular gravedad. Pese que se esté avanzando en la legislación y en políticas públicas, a nivel de práctica social, a nivel de calle, continúan los ataques y los acosos, y eso es lo que hay que enfrentar”, dice el autor del capítulo Tomás Vial, investigador asociado del Centro de DDHH UDP.

El profesor de derecho constitucional de la UDP y la U. Andrés Bello analizó los avances en materia legislativa para la diversidad sexual como la aprobación de la ley de identidad de género, el proyecto de matrimonio igualitario, el proyecto que modifica la ley de adopción, y las peticiones de modificación a la ley antidiscriminación.

La aprobación de la ley de identidad de género, la Ley 21.120, publicada el 10 de diciembre del año pasado, ha marcado un hito para la comunidad de diversidad sexual y de género. Si bien la ley fue celebrada por las comunidades LGBTI y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las personas transexuales lamentaron que la norma no abarcara a la población menor de 14 años.

“Eso debería estar cubierto. Desde el punto de vista de estándares de derechos humanos, la CIDH lo ha dicho en forma expresa, el derecho a la identidad es un derecho que tienen todas las personas, también los niños y niñas con un desarrollo progresivo. Sabemos que hay casos de suicidios de niños y niñas que sufren bullying o ataques por identidad distinta a la socialmente reconocida”, dice Vial.

Para Claudio Martínez, director del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia UDP, autor de otro capítulo del informe, la ley de identidad de género se publicó “a medias” porque no cubre a población menor de 14 años y porque todavía no se ha definido el reglamento que regulará los programas de acompañamiento profesional para los mayores de 14 y menores de 18 años. De acuerdo a la ley, los adolescentes en este rango etario deberán comprobar que han recibido acompañamiento por al menos un año, previo a la solicitud de cambio de género.

“A pesar de que se promete y se promete no se ha publicado un reglamento de acompañamiento. Por lo tanto, todo lo que implica el acompañamiento psicológico no está definido o no hay financiamiento asociado a ello. Entonces, ¿qué va a hacer la gente que no tiene cómo pagar un sicólogo o asistentes sociales privados?”, dice Martínez.

En cuanto al proyecto de matrimonio igualitario y la reforma al sistema de adopción, Vial piensa que solo es una “cuestión de tiempo” para que se aprueben. Ambos proyectos tienen amplio consenso entre la población. La encuesta UC Bicentenario y GFK Adimark, publicada en enero de este año, señala que un 52% de los chilenos está de acuerdo con el matrimonio igualitario. La encuesta Cadem cuyos resultados se dieron a conocer en julio del 2018, reveló que el respaldo a la adopción de niños, niñas y adolescentes por parte de parejas homoparentales es del 52%.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario ha estado sentado en el congreso desde que el gobierno de Michelle Bachelet lo introdujo en septiembre de 2017. El Estado chileno ya había firmado un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con el Movilh ante el CIDH en 2016, donde se comprometía a impulsar el proyecto de ley de matrimonio igualitario.

El gobierno de Piñera ha insistido en cambiar el término de “impulsar” por “monitorear” y el Movilh ha denunciado que el gobierno ha roto los compromisos del ASA. El 5 de noviembre, la comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar el matrimonio igualitario. La idea de legislar deberá ser votada en sala del Senado, tras lo cual volverá a la Comisión de Constitución para continuar con su tramitación más específica.

LA LEY ZAMUDIO SE QUEDÓ CORTA

Para los cinco casos de agresión a los derechos humanos que recibió la organización de abogadas Abofem durante estas últimas semanas, las abogadas solicitarán las agravantes de la ley Zamudio (ley antidiscriminación), cuenta Constanza Torres, directora de la comisión LBTIQ de Abofem.

“Nosotras somos bien críticas de la ley Zamudio. Dentro de lo que se puede hacer es bien poco. Se tiene que fortalecer bastante, pero igualmente tratamos de solicitarla”, dice Torres y explica que lo que es muy difícil de probar es el motivo discriminatorio en la persona que comete el delito.

Los constantes hechos de violencia contra personas LGTBI han llevado a las organizaciones de la diversidad a solicitar repetidas veces la modificación la ley antidiscriminación. Luego del ataque contra la joven Carolina Torres, el vocero (s) de gobierno, Emardo Hantelmann, señaló un eventual perfeccionamiento de esa normativa, indicando que se iniciaría una consulta ciudadana sobre ello.

Efectivamente, la ley antidiscriminación tiene muchas falencias, opina Vial. “En la ley, el que denuncia tiene que probar que hubo una discriminación. Eso muchas veces no se puede porque no se tienen todos los antecedentes. Puede decir que lo trataron de forma injusta, pero ¿cómo sabe cómo trataron a los demás? Entonces lo que se ha sugerido es un modelo que hoy existe en la legislación laboral y es que cuando uno denuncia una discriminación, es el empleador que tiene que probar que no hubo discriminación. Cambia el peso del argumento. Este es un mecanismo que si se incorporara facilitaría las denuncias por discriminación”.

Lo otro que se ha discutido, agrega Vial, es que se cree un organismo que fiscalice y sancione, un órgano autónomo con competencias resolutivas y vinculantes sobre la aplicación de la ley. “Es como si en Chile hoy día tuviéramos una ley de defensa al consumidor, sin Sernac. No sirve para nada. Lo que necesitamos es un Sernac de antidiscriminación”.

TAREAS PENDIENTES EN SALUD MENTAL

El informe de DDHH UDP incluye también un capítulo sobre las disparidades y barreras de acceso a la salud mental en personas LGBTI escrito por los académicos Claudio Martínez, Alemka Tomicic, y Sebastián del Pino.

Los investigadores realizaron un estudio cualitativo donde entrevistaron a seis profesionales que trabajan actualmente en diferentes niveles del sistema de salud mental en Chile para identificar y describir estas barreras de acceso y disparidades en la atención de salud mental de pacientes LGBTI.

Lo primero que constataron los académicos es que hay un aumento de la demanda de atención de salud mental por parte de personas LGBTI. Esta es una constatación desde la experiencia y la práctica profesional de los entrevistados, sin tener datos rigurosos o un registro sistemático, dice el informe.

Lo segundo es que hay un problema de (in)visibilización de poblaciones LGBTI en salud pública. En ese sentido, todos los entrevistados de los diferentes niveles del sistema de salud pública hacen referencia a una falta de registros específicos, es decir, hay una inexistencia de un sistema de ficha único que permita acceder a una estadística centralizada y de valor epidemiológico sobre las características de los usuarios de la diversidad sexual y en general de todo tipo de usuarios.

“El registro, que ya tiene problemas de base, no identifica claramente características que son importantes como la identidad sexual, u orientación sexual. Este es un tema sensible de preguntar porque podría parecer amenazante, o la pregunta podría pecar de discriminadora. Por otro lado, hay un riesgo porque esa información que no está siendo recogida contribuye también a invisibilizar, va en contra de lo que quiere asegurar”, explica Alemka Tomicic, coautora del capítulo y directora de la escuela de psicología UDP.

Martínez, coautor del capítulo, opina que a pesar de la evidencia nacional e internacional que muestra que existe una mayor disparidad en salud mental de personas LGBTI a propósito de índices de suicidio, de consumo de drogas y alcohol, de depresión, etc., hay una falla del sistema de salud pública al invisibilizar las necesidades de estas personas y al no proponer acciones específicas para esta población de alto riesgo.

“Claramente donde más fallas hay es a nivel central, de los sistemas de salud. Si tú vas a las bases encuentras equipos de trabajo haciendo su mejor esfuerzo por tratar a las personas LGBTI, van a seminarios, se autocapacitan, empiezan a aprender, se preocupan. Pero tú preguntas un poco más arriba y hay mucha ignorancia e invisibilidad”, dice Martínez.

Tomicic, coincide: “Hay intereses individuales, pero ese interés no necesariamente está promovido a nivel central o de la política pública y por lo tanto queda más a discreción de los equipos y también a su realidad de contexto y demanda”. Por eso, la psicóloga opina que debería de haber una posición más activa a nivel ministerial y de los departamentos de salud mental en conducir posibilidades de capacitación y de desarrollar una atención en salud mental enfocada en estas poblaciones.

“Yo creo que también a nivel de ministerio se debiese plantear y exigir a las universidades, en la formación inicial del pregrado de profesionales que van a vincularse con personas en atención en salud, o incluso en educación, incorporar contenido que vaya en esta línea. Eso ayuda a que todos los profesionales tengan un nivel de competencia mínimo para atender este tipo de personas”, agrega Tomicic.

SIN EDUCACIÓN NO SE AVANZA

Con los hechos que se han vivido las últimas semanas, se hace cada vez más claro que la educación y capacitación no solo es necesaria en salud mental, sino también en las instituciones como Carabineros y Fuerzas Armadas, opina Vial.

“Yo preguntaría en Carabineros, ¿cuál es la formación que tienen en materia de no discriminación y respeto a la diversidad sexual? Claramente es una institución cuya cultura interna es discriminadora en materia de LGBTI. Yo creo, observando los hechos que hemos visto ahora y también los narrados en nuestros informes, que constatamos que hay una práctica de violencia contra personas LGBTI que tiene que ser enfrentada muy profundamente, partiendo por las instituciones uniformadas”, dice Vial.

Para Martínez, la violencia termina siendo un síntoma de una mala cultura con respecto a la sexualidad en general. Ciertamente los cambios culturales son lentos, pero a través de la educación se podrían catalizar estos cambios, agrega el académico.

“En el ámbito de educación hay muy poco con respecto al tema que tiene que ver con la sexualidad en general. Yo hace poco estuve en un congreso en México donde sociedades mundiales en temas de sexualidad general, no solo LGBTI, estaban de acuerdo con que la educación en sexualidad es preventiva de discriminación, de violencia, y de abuso”, dice el académico de psicología.

El tema de la sexualidad en Chile es algo muy desconocido y tabú que no se imparte en los colegios, y si se imparte es desde la biología y es mal manejado, opina Martínez. “En Chile y Latinoamérica, estamos más atrás, somos sociedades que todavía funcionan con una serie de mitos con respecto a la sexualidad en general. Hay elementos muy estructurales que es necesario cambiar. Hay que plantear elementos más amplios para entender la sexualidad. Que niños de jardines puedan hablar de sexualidad, algo que es impensable en Chile”.

Nota publicada originalmente en El Mostrador el 11 de Noviembre 2019

Como cada año la Universidad Diego Portales (UDP) lanzará su informe sobre derechos humanos, el cual incluye un capítulo dedicado especialmente a los derechos de las mujeres, ahondando en la violencia en línea que se da contra ellas en internet.

El capítulo revisa los principales eventos relativos a los derechos humanos de las mujeres ocurridos entre julio de 2018 y junio de 2019, centrando la mirada en la violencia que se reproduce hacía ellas, expresada en distintos ámbitos, públicos, privados y digitales, poniendo a propósito del caso de Nido.org especial énfasis en este último espacio. Desarrollando de esta manera los principales estándares de derechos humanos sobre la violencia en línea o la cyberviolencia contra las mujeres.

“Decidimos focalizarnos en el caso de la violencia en línea porque es una manifestación de la violencia contra las mujeres que no ha sido abordada a profundidad en Chile desde estándares de derechos humanos”, expresó la autora del capítulo, Gloria Maira, añadiendo que la principal motivación fue el caso Nido que dejó en evidencia las pocas iniciativas que existen a la hora de legislar sobre esta temática.

Y agregó: “el caso también mostró muy claramente las falencias para abordar ese tipo de violencias contra las mujeres, tanto en la legislación como en las políticas públicas. Por eso hubo un enfocarse en lo que dice en línea, porque es un aspecto o una manifestación de las violencia contra las mujeres que no es distinta a el acoso, o a otras formas de agresiones que se dan en otros espacios, pero no es visibilizado el espacio digital como un espacio donde se producen una serie de violencias contra las mujeres”.

El apartado fue escrito por la cientista social, Gloria Maira, en conjunto con las estudiantes de derecho de la UDP Javiera Miranda Velásquez, Ayleen Valencia Cortes, Rocío Campos Otárola y Catalina Arancibia Torres. Transformándose así, en palabras de la creadora del capítulo, en otra forma de escuela y de formación de derechos humanos que no es el salón de clases.

En el texto la ciberviolencia es vista como parte de toda la violencia contra las mujeres, “no es una violencia distinta, forma parte del mismo continuo, afecta mujeres de distintas edades, de distintas diversidades, lesbianas, trans y también contra dirigentes sociales. El espacio digital, es un espacio privilegiado para ese tipo de agresiones que son anónimas, donde la legislación no ha logrado establecer acuerdos y responsabilidades con los intermediarios del mundo digital”, precisó Gloria Maira.

La Facultad de Derecho de la UDP ha abordado los derechos humanos en materia de violencia contra las mujeres desde el 2007, las cifras que presenta el documento este año no son muy alentadoras, a pesar del estallido de la ola feminista, la tasa de femicidios no ha bajado, se ha mantenido a lo largo de los años.

Maira cree que “la realidad de los derechos de las mujeres en el país en términos de avanzar en la erradicación del problema, los avances son escasos. Pienso que la legislación sigue siendo precaria, tanto desde el punto de vista penal, asuntos de prevención y asuntos educativos. Somos nosotras la propia diversidad de las mujeres las que a través de la movilización social hemos hecho evidente que este es un problema que nos afecta en los distintos espacios de la vida”.

La economista Gloria Maira, también piensa que si bien hay más denuncias, más visivilización, no necesariamente ha devenido en una legislación más solida para abordar el problema en todas sus manifestaciones.

El lanzamiento del informe completo se realizará el 18 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, ubicada en República 105.

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho ha preparadado una serie de informes para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este es un trabajo que compila diversos estándares aplicables al contexto de violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto de la protesta social en Chile.

Esperamos que este documento que ponemos a dispocisión de toda la comunidad pueda ser de utilidad para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los operadores de la justicia, a fin de investigar y sancionar a los responsables de los actos cometidos. Este constituye un trabajo colectivo de las investigadoras del Centro de Derechos Humanos, profesores y profesoras de la misma Facultad, abogad@s egresad@s de la misma casa de estudio con el apoyo de nuestros y nuestras estudiantes, y también una doctoranda de la Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

Los estándares se presentan en cuatro documentos, abarcando los temas tortura, malos tratos y responsabilidad jerárquica; violencia sexual; atención en salud y asuntos de prueba; y finalmente, estándares sobre debido proceso, incluido en el momento de la detención.

Descargue aquí los documentos:

Amicus tortura y responsabilidad jerárquica
Amicus derecho a la atención en salud
Amicus derecho al debido proceso y detenciones
Amicus tortura y violencia sexual

En la tarde de hoy, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales remitió una carta pública al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, proporcionando el resumen de su análisis sobre uso de fuerza, patrones de violaciones y eventuales violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y las correspondientes obligaciones del Estado.

El Centro hará llegar la carta también a los organismos internacionales de derechos humanos.

El documento espera ser un insumo para la labor del Instituto, cuyos funcionarios y funcionarias han estado en terreno realizando observaciones en manifestaciones, comisarías y en hospitales.

Descargue la carta pública aquí.

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