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El Informe del Panel independiente de expertos y expertas para la evaluación de candidatos y candidatas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del cual forma parte Judith Schonsteiner, Profesora e Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

Informe Panel Independiente de Expertos/as

La Fundación PROHumana en conjunto con variadas empresas llevaron a cabo las Mesas Redondas PROhumana: “Negocios y Compliance: la responsabilidad del mundo empresarial con los derechos humanos”, donde participó la Investigadora centro de Derechos Humanos de la UDP, Judith Schönsteiner. 

Estas jornadas de diálogo reunieron a un grupo de más de 30 líderes empresariales -entre ellos Directores de empresas, Gerentes de Compliance, Gerentes Legales, Gerentes de Personas y Gerentes de Sustentabilidad, entre otros perfiles- reflexionando sobre lo que las empresas entienden por derechos humanos; cómo los están implementando y gestionando desde el compliance; cuáles son las fortalezas y debilidades para enfrentarlos; y compartiendo algunas acciones destacables que se están implementando y/o conocen.

Es así como gracias a la realización de este espacio -apoyado por Bci, Coopeuch, Paris, SMU y Vergara Galindo y Correa abogados, y con la alianza estratégica de la CPC- PROhumana pondrá a disposición pública las conclusiones y principales resultados del estudio cualitativo que se desprenden de estas mesas, las cuales son un aporte a las discusiones y reflexiones que en el mundo se está llevando a cabo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la ONU, los principios de la OECD y acuerdos globales sobre los Derechos Humanos; los cuales presionan a mejorar el estándar y hacerse cargo de otras temáticas que derivan de éstos y que son claves de abordar por los Estados y empresas, tanto públicas como privadas.

En esta ocación, junto con conocer los resultados del Estudio, el lanzamiento contó con dos panelistas: Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo Consejo Minero y Judith Schönsteiner, Investigadora centro de Derechos Humanos de la UDP (Universidad Diego Portales), que comentarán la implicancia del compliance y los derechos humanos a nivel país, organizacional y empresarial, dando a conover sus puntos de vista desde su experiencia en la temática.

“El seminario confirmó que hay algunas empresas que han trabajado en adoptar una política de derechos humanos y empresas, y sus respectivas herramientas de debida diligencia, pero, tal como lo conversamos en el panel con el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero hay aún muchas que no se sienten aludidas – aún escuchamos la pregunta ¿de qué me habla? yo no he torturado a nadie. Es una doble falacia. Primero, el alcance de los derechos humanos es mucho más amplio. Y segundo, preguntaría a las empresas con cadenas de suministro globales si realmente pueden sentirse seguras que los productos e insumos que compran hayan sido elaborados sin condiciones laborales que equivalen a la tortura – esclavitud, las peores formas de trabajo infantil, trabajo forzado. Nos queda todavía mucho camino por recorrer”, agregó al respecto Judith Schönsteiner, académica de la Facultad de Derecho UDP.

PROhumana es una organización chilena -sin fines de lucro, no partidista, independiente y autosustentable-que lleva 22 años de trabajo continuo, promoviendo el cambio cultural en Chile, a través de iniciativas transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia una sociedad con mayor Desarrollo Humano Sustentable multisectorial, y donde las empresas persigan en sus modelos de negocios ser un agente de progreso económico, ético, social y ambiental.

 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) renovará cuatro de sus siete integrantes el próximo mes de junio durante la Asamblea General de la OEA. Los Estados ya han nominado seis candidatos/as, de los cuales cuatro serán elegidos/as por el Consejo Permanente de dicha organización.

Convencidas de que la elección de los y las integrantes de uno de los órganos de derechos humanos más importantes de la región debe realizarse en el marco de un proceso transparente, independiente y participativo, organizaciones de la sociedad civil han vuelto a convocar un Panel Independiente de Expertos y Expertas para evaluar a las personas nominadas. Esta iniciativa nació en 2015 y volvió a desarrollarse para las elecciones tanto de la CIDH como de la Corte IDH en 2017 y 2018.

El Panel -conformado por profesionales de reconocida trayectoria en derechos humanos- invita a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones de profesionales y otros/as interesados/as, a entregar información sobre las candidatas y candidatos a través de este formulario. Las observaciones se recibirán hasta el día 26 de abril.

Las personas nominadas a ocupar los cuatro puestos que quedarán vacantes en la CIDH son:

· Esmeralda Arosemena de Troitiño (propuesta por Panamá)

· Everth Bustamante García (propuesto por Colombia)

· Julissa Mantilla Falcón (propuesta por Perú)

· Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica)

· Eduardo E. Rodriguez Veltzé (propuesto por Bolivia)

· Edgar Stuardo Ralón Orellana (propuesto por Guatemala)

Para más información sobre los/as nominados/as así como sobre los/as integrantes del Panel Independiente y su misión, ingrese aquí. Si desea apoyar el trabajo del Panel con el respaldo de su organización o institución, por favor complete este formulario.

Ante cualquier duda o consulta, no dude en contactarse con la Secretaría del Panel, administrada por el Centro de Derechos Humanos & Derecho Humanitario de American University Washington College of Law, a través de su correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Entre el 26 y 28 de junio de este año, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) elegirá cuatro nuevos/as integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes, los/as candidatos/as propuestos por los Estados miembros de la OEA serán evaluados/as por un grupo de expertos y expertas independientes, convocado por varias organizaciones de la sociedad civil, en un esfuerzo por promover un proceso de selección transparente e imparcial para la conformación del organismo de derechos humanos más importante de toda la región.

Los procesos de nominación de candidaturas y elección de comisionados/as por parte de la OEA han carecido históricamente de procedimientos y criterios transparentes capaces de brindar a las elecciones de los/as miembros de la CIDH las garantías de legitimidad que demandan. La OEA aprobó en 2016, 2017 y 2018 resoluciones recomendando a los Estados miembros que nominen y elijan a personas que permitan asegurar una integración equilibrada en género, con representación de las diferentes regiones, grupos poblacionales y sistemas jurídicos del hemisferio, garantizando que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Asimismo, encomendó al Consejo Permanente una presentación pública de los candidatos y candidatas a la Comisión y a la Corte. Sin embargo, estos procesos de selección aun podrían mejorarse sustantivamente, por ejemplo, mediante la creación un comité consultivo independiente capaz de proporcionar evaluaciones competentes, justas e independientes de los/las nominados/as, tal como los que existen para supervisar los procesos de selección en relación a otros tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Esta y otras recomendaciones pueden encontrarse en los informes de los paneles independientes de expertos/as de 2015, 2017 y 2018, y en el informe “Fortaleciendo desde adentro” elaborado por la Comisión Internacional de Juristas y la Open Society Justice Initiative. El Centro de Derechos Humanos de la UDP ha participado de este debate y convocado, el año pasado, a actividades donde se discutiera sobre los procesos de selección nacionales de los/las comisionados/as, jueces y juezas interamericanos/as.

En este contexto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para un Debido Proceso (DPLF) y la Open Society Justice Initiative (OSJI) volvieron a convocar en 2019 a un Panel Independiente de Expertos/as para evaluar a las y los candidatos/as y así ofrecer mayor transparencia a la elección. Estas organizaciones comparten un compromiso común de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos a través del principio de elecciones justas, transparentes e inclusivas y mediante la nominación de candidatos/as calificados/as e independientes. El Panel Independiente de 2019 está compuesto por cinco juristas internacionalmente reconocidos por su trayectoria en derechos humanos: Mariclaire Acosta, Carlos Ayala, Catalina Botero, Juan Méndez y Judith Schönsteiner. Por segundo año consecutivo, el Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de American University Washington College of Law servirá como Secretaría del Panel, asegurando de esta forma la independencia e imparcialidad del Panel tanto de parte de los Estados como de las organizaciones de la sociedad civil. En años anteriores, el panel fue integrado por Cecilia Medina, ex jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesora emérita de la Universidad Diego Portales.

El Panel Independiente de Expertos/as 2019 abrirá a la brevedad un plazo y un mecanismo para que aquellos grupos o personas interesadas puedan presentar información sobre las candidatas y candidatos. La información que las misiones estatales permanentes ante la OEA han publicado sobre ellos hasta el momento puede encontrarse aquí. El informe del panel se dará a conocer semanas antes de la reunión de la Asamblea General y se publicará en la misma página.

Contactos de prensa:

CEJIL:

Alexandra McAnarney

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Tel: +1 202 319 3000 ext. 117

DPLF:

Santiago Martínez Neira

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Tel: +1 202 462-7701

OSJI:

Liliana Gamboa

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Tel: +1 212 548 0600

Washington College of Law:

Mariela Galeazzi

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Tel.: +1 202 577 2869

El próximo miércoles 27 de Marzo, a las 18:00 hrs, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, se llevará a cabo el Conversatorio: "Refugio y Políticas de Estados: El debilitamiento en la protección de los DDHH" que contará con la participación de la profesora Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. Para más información, revisa el siguiente afiche:

ciudaddestino

La Embajada de Canadá en Chile y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales invitan al Seminario "Inclusión Laboral de Personas Migrantes" que se realizará en la Facultad de Derecho de la UDP el 21 de Marzo a las 10:00, donde se analizará la inclusión laboral de personas migrantes desde el  Derecho Comparado. Más detalles a continuación:

seminarioembcanada

La Profesora y Directora del Centro de DDHH UDP, Lidia Casas, expuso en el conversatorio “Acoso Sexual y Maltrato Laboral en el Sector Público” realizado en la ANEF. Puedes revisar información y fotos del evento en el sitio web de la ANEF y puedes revisar su participación en este video.

Revisa en este enlace un reportaje de La Tercera TV donde se entrevista a la Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas.

La profesora e investigadora del Centro de DD.HH. UDP, Judith Schönsteiner, y el profesor ayudante de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público y DD.HH., Sebastián del Pino, participaron en el workshop Los umbrales de lo tolerable: estudio de los escándalos en Chile contemporáneo dirigido por Paola Diaz (ICSO-COES-UDP), en el marco del proyecto Fondecyt N°3180384 que investiga los casos de abuso sexual y de poder que han involucrado a la Iglesia Católica en Chile en perspectiva transnacional.

Cada uno de los participantes se presentó su trabajo sobre la problemática del abuso infantil en instituciones católicas donde se acordó trabajar sobre las cuestiones de verdad y reparación, planteando preguntas como qué tipo de escucha requieren los sobrevivientes o qué se puede aprender de dispositivos como las Comisiones de verdad establecidas en Chile para las violaciones de derechos humanos (crímenes de Estado).

La profesora Schönsteiner ha escrito sobre la necesidad de que en Chile se cree una comisión de verdad sobre los abusos cometidos por clérigos. “La Comisión de Verdad y Reparación no podrá tener vínculo directo alguno con la jerarquía eclesiástica, ya sea institucional o de parentesco. Su financiamiento debería ser asegurado por la Iglesia, pero ser administrado por un órgano independiente que responda solamente a la misma Comisión”, escribió en El Mostrador.

En tanto, en la Revista Mensaje, explicó -en un texto escrito en conjunto con Daniela Bolivar- que se debe “apuntar a levantar la verdad, lo que significa dar cuenta tanto de la voz de las víctimas como de las estructuras y los factores que permitieron o facilitaron el abuso. Reconocer el dolor de las víctimas e identificar las estructuras nos debe llevar a desarrollar estrategias de reparación que sean significativas para las personas agredidas”.

En el workshop participaron Judith Schönsteiner, Sebastián del Pino y Emiliano Arias (abogado, Fiscal Regional O’Higgins); Daniela Bolivar (psicóloga, criminóloga, PUC); Alexandra Cabrera (Mujeres Iglesia); Lorena Contreras (psicóloga, victimologa, UDP); Carolina del Rio (teóloga); Soledad del Villar (historiadora, Boston College); Paola Diaz (socióloga, UDP); Claudia Leal (teóloga, PUC); José Andrés Murillo (filosofo, Fundación para la confianza) y Jonas Romero (periodista, The Clinic).

*Noticia publicada por La Tercera en su sitio web.

Mientras la cuestión migratoria sigue enfrentando a gobierno y oposición -y además levanta ruido en la coalición oficialista- los expertos en el tema analizan el argumento que ha expresado la administración Piñera por boca de su subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla: “Nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano”. A esa siguió: “si lo fuera, entonces estamos en un mundo sin fronteras”.

¿Es discutible el punto? La Tercera PM contactó a tres abogados y académicos especialistas en la materia. Dos de ellos aluden a tratados y convenciones e incluso cuestiones morales que dicen que migrar sí es un derecho. Veamos.

“Es una cuestión de derechos humanos”, abre la abogada Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Inmigrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales (UDP). En simple: si se puede salir de un país, también se puede entrar a otro.

“Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -tratado internacional firmado por Chile- y ahí se establece el derecho de toda persona a salir del territorio, y eso se conoce como el derecho al libre tránsito”, dice.

Luego aclara: “Desde una lectura poco amigable y cerrada con los derechos humanos, algunas personas pretenden decir que migrar no lo es porque acá lo que se establece es el derecho a salir. Pero resulta que desde la creación de los estados-naciones no existen las ‘tierras de nadie’. Entonces, algunos autores plantean que si tienes derecho a salir y no existen las tierras de nadie, la única forma de hacer operativo el derecho a salir es entender que existe un derecho intrínseco a entrar en otro territorio. Si no, no puedes salir”.

¿Puede ese segundo Estado poner requisitos al ingreso? “Sí, pero tienen que siempre respetar los derechos humanos de las personas, según los tratados internacionales y la Corte Interamericana de DD.HH. El Estado no puede llegar y prohibir el ingreso a una nacionalidad, imponer requisitos incumplibles o discriminatorios”.

Vargas asevera que, así las cosas, la posición del gobierno “no es sustentable” y además agrega que otro de los argumentos del Ejecutivo tampoco tiene piso: “El pacto no regula si va a haber fronteras abiertas o no, sino que plantea un acuerdo entre los estados para trabajar de manera cooperativa internacionalmente para tratar de que exista una migración ordenada, regular y digna. No se le impone a los estados hacer tal o cual cosa, ni se les impone recibir una cierta cantidad de gente. No tiene nada que ver”.

Línea con la que coincide Claudio Nash, profesor de derecho de la Universidad de Chile. “Tanto desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasando por los pactos de Naciones Unidas y la Convención Americana, todos consagran como derecho humano el derecho a salir del país y por lo tanto eso crea una situación de migración y las personas que están en esa situación son titulares de derechos humanos”, subraya.

Según él, “es artificial levantar una discusión si este es o no un derecho humano. Aquí lo importante es que las personas que migran sí son titulares de Derechos Humanos, y por lo tanto el Estado de Chile tiene que garantizarle estos derechos mínimos”. Nash cree que “la marginación de Chile de este pacto es un error” y además “envía un mal mensaje político en términos de un aislamiento de Chile “.

El asunto amerita “una respuesta más larga”, dice Milenko Bertrand-Galindo, profesor de Derecho de la Universidad Católica, “ya que en términos morales claramente debiera serlo, pero desde una mirada positivista no hay ningún tratado que lo reconozca en cuanto el derecho de una persona a inmigrar aun país determinado distinto del de su nacionalidad”.

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