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La Fundación PROHumana en conjunto con variadas empresas llevaron a cabo las Mesas Redondas PROhumana: “Negocios y Compliance: la responsabilidad del mundo empresarial con los derechos humanos”, donde participó la Investigadora centro de Derechos Humanos de la UDP, Judith Schönsteiner. 

Estas jornadas de diálogo reunieron a un grupo de más de 30 líderes empresariales -entre ellos Directores de empresas, Gerentes de Compliance, Gerentes Legales, Gerentes de Personas y Gerentes de Sustentabilidad, entre otros perfiles- reflexionando sobre lo que las empresas entienden por derechos humanos; cómo los están implementando y gestionando desde el compliance; cuáles son las fortalezas y debilidades para enfrentarlos; y compartiendo algunas acciones destacables que se están implementando y/o conocen.

Es así como gracias a la realización de este espacio -apoyado por Bci, Coopeuch, Paris, SMU y Vergara Galindo y Correa abogados, y con la alianza estratégica de la CPC- PROhumana pondrá a disposición pública las conclusiones y principales resultados del estudio cualitativo que se desprenden de estas mesas, las cuales son un aporte a las discusiones y reflexiones que en el mundo se está llevando a cabo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la ONU, los principios de la OECD y acuerdos globales sobre los Derechos Humanos; los cuales presionan a mejorar el estándar y hacerse cargo de otras temáticas que derivan de éstos y que son claves de abordar por los Estados y empresas, tanto públicas como privadas.

En esta ocación, junto con conocer los resultados del Estudio, el lanzamiento contó con dos panelistas: Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo Consejo Minero y Judith Schönsteiner, Investigadora centro de Derechos Humanos de la UDP (Universidad Diego Portales), que comentarán la implicancia del compliance y los derechos humanos a nivel país, organizacional y empresarial, dando a conover sus puntos de vista desde su experiencia en la temática.

“El seminario confirmó que hay algunas empresas que han trabajado en adoptar una política de derechos humanos y empresas, y sus respectivas herramientas de debida diligencia, pero, tal como lo conversamos en el panel con el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero hay aún muchas que no se sienten aludidas – aún escuchamos la pregunta ¿de qué me habla? yo no he torturado a nadie. Es una doble falacia. Primero, el alcance de los derechos humanos es mucho más amplio. Y segundo, preguntaría a las empresas con cadenas de suministro globales si realmente pueden sentirse seguras que los productos e insumos que compran hayan sido elaborados sin condiciones laborales que equivalen a la tortura – esclavitud, las peores formas de trabajo infantil, trabajo forzado. Nos queda todavía mucho camino por recorrer”, agregó al respecto Judith Schönsteiner, académica de la Facultad de Derecho UDP.

PROhumana es una organización chilena -sin fines de lucro, no partidista, independiente y autosustentable-que lleva 22 años de trabajo continuo, promoviendo el cambio cultural en Chile, a través de iniciativas transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia una sociedad con mayor Desarrollo Humano Sustentable multisectorial, y donde las empresas persigan en sus modelos de negocios ser un agente de progreso económico, ético, social y ambiental.

 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) renovará cuatro de sus siete integrantes el próximo mes de junio durante la Asamblea General de la OEA. Los Estados ya han nominado seis candidatos/as, de los cuales cuatro serán elegidos/as por el Consejo Permanente de dicha organización.

Convencidas de que la elección de los y las integrantes de uno de los órganos de derechos humanos más importantes de la región debe realizarse en el marco de un proceso transparente, independiente y participativo, organizaciones de la sociedad civil han vuelto a convocar un Panel Independiente de Expertos y Expertas para evaluar a las personas nominadas. Esta iniciativa nació en 2015 y volvió a desarrollarse para las elecciones tanto de la CIDH como de la Corte IDH en 2017 y 2018.

El Panel -conformado por profesionales de reconocida trayectoria en derechos humanos- invita a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones de profesionales y otros/as interesados/as, a entregar información sobre las candidatas y candidatos a través de este formulario. Las observaciones se recibirán hasta el día 26 de abril.

Las personas nominadas a ocupar los cuatro puestos que quedarán vacantes en la CIDH son:

· Esmeralda Arosemena de Troitiño (propuesta por Panamá)

· Everth Bustamante García (propuesto por Colombia)

· Julissa Mantilla Falcón (propuesta por Perú)

· Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica)

· Eduardo E. Rodriguez Veltzé (propuesto por Bolivia)

· Edgar Stuardo Ralón Orellana (propuesto por Guatemala)

Para más información sobre los/as nominados/as así como sobre los/as integrantes del Panel Independiente y su misión, ingrese aquí. Si desea apoyar el trabajo del Panel con el respaldo de su organización o institución, por favor complete este formulario.

Ante cualquier duda o consulta, no dude en contactarse con la Secretaría del Panel, administrada por el Centro de Derechos Humanos & Derecho Humanitario de American University Washington College of Law, a través de su correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Entre el 26 y 28 de junio de este año, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) elegirá cuatro nuevos/as integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes, los/as candidatos/as propuestos por los Estados miembros de la OEA serán evaluados/as por un grupo de expertos y expertas independientes, convocado por varias organizaciones de la sociedad civil, en un esfuerzo por promover un proceso de selección transparente e imparcial para la conformación del organismo de derechos humanos más importante de toda la región.

Los procesos de nominación de candidaturas y elección de comisionados/as por parte de la OEA han carecido históricamente de procedimientos y criterios transparentes capaces de brindar a las elecciones de los/as miembros de la CIDH las garantías de legitimidad que demandan. La OEA aprobó en 2016, 2017 y 2018 resoluciones recomendando a los Estados miembros que nominen y elijan a personas que permitan asegurar una integración equilibrada en género, con representación de las diferentes regiones, grupos poblacionales y sistemas jurídicos del hemisferio, garantizando que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Asimismo, encomendó al Consejo Permanente una presentación pública de los candidatos y candidatas a la Comisión y a la Corte. Sin embargo, estos procesos de selección aun podrían mejorarse sustantivamente, por ejemplo, mediante la creación un comité consultivo independiente capaz de proporcionar evaluaciones competentes, justas e independientes de los/las nominados/as, tal como los que existen para supervisar los procesos de selección en relación a otros tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Esta y otras recomendaciones pueden encontrarse en los informes de los paneles independientes de expertos/as de 2015, 2017 y 2018, y en el informe “Fortaleciendo desde adentro” elaborado por la Comisión Internacional de Juristas y la Open Society Justice Initiative. El Centro de Derechos Humanos de la UDP ha participado de este debate y convocado, el año pasado, a actividades donde se discutiera sobre los procesos de selección nacionales de los/las comisionados/as, jueces y juezas interamericanos/as.

En este contexto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para un Debido Proceso (DPLF) y la Open Society Justice Initiative (OSJI) volvieron a convocar en 2019 a un Panel Independiente de Expertos/as para evaluar a las y los candidatos/as y así ofrecer mayor transparencia a la elección. Estas organizaciones comparten un compromiso común de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos a través del principio de elecciones justas, transparentes e inclusivas y mediante la nominación de candidatos/as calificados/as e independientes. El Panel Independiente de 2019 está compuesto por cinco juristas internacionalmente reconocidos por su trayectoria en derechos humanos: Mariclaire Acosta, Carlos Ayala, Catalina Botero, Juan Méndez y Judith Schönsteiner. Por segundo año consecutivo, el Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de American University Washington College of Law servirá como Secretaría del Panel, asegurando de esta forma la independencia e imparcialidad del Panel tanto de parte de los Estados como de las organizaciones de la sociedad civil. En años anteriores, el panel fue integrado por Cecilia Medina, ex jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesora emérita de la Universidad Diego Portales.

El Panel Independiente de Expertos/as 2019 abrirá a la brevedad un plazo y un mecanismo para que aquellos grupos o personas interesadas puedan presentar información sobre las candidatas y candidatos. La información que las misiones estatales permanentes ante la OEA han publicado sobre ellos hasta el momento puede encontrarse aquí. El informe del panel se dará a conocer semanas antes de la reunión de la Asamblea General y se publicará en la misma página.

Contactos de prensa:

CEJIL:

Alexandra McAnarney

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Tel: +1 202 319 3000 ext. 117

DPLF:

Santiago Martínez Neira

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Tel: +1 202 462-7701

OSJI:

Liliana Gamboa

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Tel: +1 212 548 0600

Washington College of Law:

Mariela Galeazzi

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Tel.: +1 202 577 2869

El próximo miércoles 27 de Marzo, a las 18:00 hrs, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, se llevará a cabo el Conversatorio: "Refugio y Políticas de Estados: El debilitamiento en la protección de los DDHH" que contará con la participación de la profesora Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. Para más información, revisa el siguiente afiche:

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La Embajada de Canadá en Chile y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales invitan al Seminario "Inclusión Laboral de Personas Migrantes" que se realizará en la Facultad de Derecho de la UDP el 21 de Marzo a las 10:00, donde se analizará la inclusión laboral de personas migrantes desde el  Derecho Comparado. Más detalles a continuación:

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La Profesora y Directora del Centro de DDHH UDP, Lidia Casas, expuso en el conversatorio “Acoso Sexual y Maltrato Laboral en el Sector Público” realizado en la ANEF. Puedes revisar información y fotos del evento en el sitio web de la ANEF y puedes revisar su participación en este video.

Revisa en este enlace un reportaje de La Tercera TV donde se entrevista a la Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas.

La profesora e investigadora del Centro de DD.HH. UDP, Judith Schönsteiner, y el profesor ayudante de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público y DD.HH., Sebastián del Pino, participaron en el workshop Los umbrales de lo tolerable: estudio de los escándalos en Chile contemporáneo dirigido por Paola Diaz (ICSO-COES-UDP), en el marco del proyecto Fondecyt N°3180384 que investiga los casos de abuso sexual y de poder que han involucrado a la Iglesia Católica en Chile en perspectiva transnacional.

Cada uno de los participantes se presentó su trabajo sobre la problemática del abuso infantil en instituciones católicas donde se acordó trabajar sobre las cuestiones de verdad y reparación, planteando preguntas como qué tipo de escucha requieren los sobrevivientes o qué se puede aprender de dispositivos como las Comisiones de verdad establecidas en Chile para las violaciones de derechos humanos (crímenes de Estado).

La profesora Schönsteiner ha escrito sobre la necesidad de que en Chile se cree una comisión de verdad sobre los abusos cometidos por clérigos. “La Comisión de Verdad y Reparación no podrá tener vínculo directo alguno con la jerarquía eclesiástica, ya sea institucional o de parentesco. Su financiamiento debería ser asegurado por la Iglesia, pero ser administrado por un órgano independiente que responda solamente a la misma Comisión”, escribió en El Mostrador.

En tanto, en la Revista Mensaje, explicó -en un texto escrito en conjunto con Daniela Bolivar- que se debe “apuntar a levantar la verdad, lo que significa dar cuenta tanto de la voz de las víctimas como de las estructuras y los factores que permitieron o facilitaron el abuso. Reconocer el dolor de las víctimas e identificar las estructuras nos debe llevar a desarrollar estrategias de reparación que sean significativas para las personas agredidas”.

En el workshop participaron Judith Schönsteiner, Sebastián del Pino y Emiliano Arias (abogado, Fiscal Regional O’Higgins); Daniela Bolivar (psicóloga, criminóloga, PUC); Alexandra Cabrera (Mujeres Iglesia); Lorena Contreras (psicóloga, victimologa, UDP); Carolina del Rio (teóloga); Soledad del Villar (historiadora, Boston College); Paola Diaz (socióloga, UDP); Claudia Leal (teóloga, PUC); José Andrés Murillo (filosofo, Fundación para la confianza) y Jonas Romero (periodista, The Clinic).

*Noticia publicada por La Tercera en su sitio web.

Mientras la cuestión migratoria sigue enfrentando a gobierno y oposición -y además levanta ruido en la coalición oficialista- los expertos en el tema analizan el argumento que ha expresado la administración Piñera por boca de su subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla: “Nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano”. A esa siguió: “si lo fuera, entonces estamos en un mundo sin fronteras”.

¿Es discutible el punto? La Tercera PM contactó a tres abogados y académicos especialistas en la materia. Dos de ellos aluden a tratados y convenciones e incluso cuestiones morales que dicen que migrar sí es un derecho. Veamos.

“Es una cuestión de derechos humanos”, abre la abogada Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Inmigrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales (UDP). En simple: si se puede salir de un país, también se puede entrar a otro.

“Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -tratado internacional firmado por Chile- y ahí se establece el derecho de toda persona a salir del territorio, y eso se conoce como el derecho al libre tránsito”, dice.

Luego aclara: “Desde una lectura poco amigable y cerrada con los derechos humanos, algunas personas pretenden decir que migrar no lo es porque acá lo que se establece es el derecho a salir. Pero resulta que desde la creación de los estados-naciones no existen las ‘tierras de nadie’. Entonces, algunos autores plantean que si tienes derecho a salir y no existen las tierras de nadie, la única forma de hacer operativo el derecho a salir es entender que existe un derecho intrínseco a entrar en otro territorio. Si no, no puedes salir”.

¿Puede ese segundo Estado poner requisitos al ingreso? “Sí, pero tienen que siempre respetar los derechos humanos de las personas, según los tratados internacionales y la Corte Interamericana de DD.HH. El Estado no puede llegar y prohibir el ingreso a una nacionalidad, imponer requisitos incumplibles o discriminatorios”.

Vargas asevera que, así las cosas, la posición del gobierno “no es sustentable” y además agrega que otro de los argumentos del Ejecutivo tampoco tiene piso: “El pacto no regula si va a haber fronteras abiertas o no, sino que plantea un acuerdo entre los estados para trabajar de manera cooperativa internacionalmente para tratar de que exista una migración ordenada, regular y digna. No se le impone a los estados hacer tal o cual cosa, ni se les impone recibir una cierta cantidad de gente. No tiene nada que ver”.

Línea con la que coincide Claudio Nash, profesor de derecho de la Universidad de Chile. “Tanto desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasando por los pactos de Naciones Unidas y la Convención Americana, todos consagran como derecho humano el derecho a salir del país y por lo tanto eso crea una situación de migración y las personas que están en esa situación son titulares de derechos humanos”, subraya.

Según él, “es artificial levantar una discusión si este es o no un derecho humano. Aquí lo importante es que las personas que migran sí son titulares de Derechos Humanos, y por lo tanto el Estado de Chile tiene que garantizarle estos derechos mínimos”. Nash cree que “la marginación de Chile de este pacto es un error” y además “envía un mal mensaje político en términos de un aislamiento de Chile “.

El asunto amerita “una respuesta más larga”, dice Milenko Bertrand-Galindo, profesor de Derecho de la Universidad Católica, “ya que en términos morales claramente debiera serlo, pero desde una mirada positivista no hay ningún tratado que lo reconozca en cuanto el derecho de una persona a inmigrar aun país determinado distinto del de su nacionalidad”.

*Al final de esta nota se encuentra el video del lanzamiento del Informe y el enlace para descargarlo en formato PDF.


Desde 2003 que el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UDP publica el Informe Anual sobre Derechos Humanos, el cual es una investigación multidisciplinaria que revisa el estado de los derechos humanos en el país de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por Chile a ese respecto.

En esta versión decimosexta, 17 autores (15 son mujeres) escribieron 14 capítulos en un texto que supera las 600 páginas y donde casi 48 alumnos de la Facultad de Derecho colaboraron en la investigación. Esto, para el Decano Marcelo Montero demuestra la seriedad del informe. “Cuando uno lo analiza, puede observar un trabajo pausado, serio y prolijo que da cuenta del estado en que se encuentra el respeto y promoción de los DD.HH. en nuestro país. Es una tarea importante y necesaria de hacer”, comentó. 

Por su parte, la directora del Centro de DD.HH. UDP, profesora Lidia Casas, puntualizó que este Informe “no es solo una publicación: es un aporte muy concreto para que la sociedad civil se haga de él, permita y nos facilite la tarea de hacer que el Estado rinda cuentas sobre su actuar y sobre el cumplimiento de sus obligaciones de Derechos Humanos”.

Tomás Vial, profesor del Centro de DD.HH. UDP y editor del Informe, detalló los avances, retrocesos y deudas sobre materias de DD.HH. en Chile. Entre los aspectos positivos destacó la “celebración de elecciones democráticas el año pasado con ejercicio de los derechos de voto y participación política” lo cual es “un fundamento de los Derechos Humanos y eso deberíamos notarlo”. También relevó la movilización feminista durante el 2018 y que son tratados en dos capítulos en el Informe, donde se destaca la mayor participación femenina en la política gracias a la Ley de Cuotas. 

Otro avance, dijo el profesor Vial, fue la aprobación de la Ley de Aborto en tres causales, que son las “mínimas que penalizaban a la mujer en casos extremos”, lo que consideró un triunfo tras años de lucha. Esto, sin perjuicio, de las dificultades que existen en su implementación, ejemplificando con la objección de conciencia institucional. Además, mencionó como un aspecto positivo la aprobación de una Ley de Identidad de Género. “No solo era una necesidad extrema de reconocimiento a las personas trans (…) sino que es una ley que se basa en el principio de autonomía personal en las materias más importante de las personas”, dijo.

Entre los retrocesos, puntualizó sobre la violencia en La Araucanía, que se ejemplificó con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. También los discursos negacionistas respecto a las violaciones de DD.HH., el debilitamiento de la acción del gobierno en materia de justicia y verdad de víctimas de la Dictadura y la “conducta de los tribunales, a lo menos ambigua, con las sentencias en materia de libertades condicionales a presos por crímenes contra lesa humanidad”.

También se analizó negativamente los cambios en política migratoria, donde se han establecido “formas de restricción a la migración y un discurso público que solo pueden fomentar un ingreso ilegal, con sus consiguientes consecuencias de precariedad abuso y discriminación” y la situación de los niños, niñas y adolescentes donde el Estado no ha cumplido, como ya es de público conocimiento, con su deber de protegerlos.

Por último, entre las deudas -que son “aquello que no hemos cumplido como Estado”, dijo Vial- comentó que sobre las violaciones respecto a la Dictadura, Chile aún tiene una “cantidad inmensa de Detenidos Desaparecidos sin que conozca su paradero. Una sociedad no puede considerarse digna sin que haya una acción expresa -más allá de lo que hagan los tribunales- para lograr encontrar los paraderos, los restos o las situaciones que fueron asesinadas esas personas”.

Relacionado ese mismo tema, el profesor Vial, dijo que entre el año 1995 y el 2018 se han dictados “367 sentencias definitivas en materia de violaciones por el pasado, que incluyan a 713 víctimas, básicamente Detenidos Desaparecidos y ejecutados. Eso respecto al universo de víctimas implica que solo el 22% de las víctimas han sido objeto de una sentencia relativas a ellas”. Y, en materia de tortura y prisión política, solo el 0.6% de las víctimas han tenido una sentencia.

Otra de las deudas es sobre las mujeres y la protección que se le otorga a las víctimas de violencia intrafamiliar. Según el capítulo escrito por la profesora Casas, Vial dice que “demuestra que cuando tenemos la protección de derechos esenciales como integridad física y psíquica, el Estado -la policía, la Fiscalía, los demás servicios- fallan en dar una protección efectiva en aquello que parece más esencial: una vida libre de ataques y agresión”.

El Informe fue lanzado el 3 de diciembre y fue comentado por la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, y el director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña S.J.

Puedes descargar el informe completo o algún capítulo por separado en este enlace.

A continuación los invitamos a revisar el video del lanzamiento del Informe:
 

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